N.º 93 - Apéndice documental (iii)
cronología de comunicaciones para quienes se han incorporado recientemente
Como parte del compromiso de Autonomía Concertada para Cuba con la transparencia y la preservación íntegra del expediente público relativo a los esfuerzos por revisar y superar los efectos del artículo IX del Tratado de París, se publican ahora dos nuevos documentos: las cartas dirigidas, respectivamente, a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y al secretario de Estado de Justicia.
Ambas comunicaciones dan continuidad a las gestiones iniciadas ante el Ministerio de Justicia para obtener una resolución expresa sobre la revisión del criterio administrativo que afecta a la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898, así como el acceso completo al expediente tramitado. Su publicación permite documentar no solo la evolución jurídica de esta iniciativa, sino también las actuaciones emprendidas frente a la falta de respuesta de la Administración y la necesidad de que una cuestión de esta relevancia histórica y constitucional sea examinada de manera expresa, motivada y conforme a Derecho. He aquí los documentos:
Carta a la Sra. D.ª María Ester Pérez Jerez, directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de junio de 2026, sobre actuaciones que aún penden de resolución.
Carta al Sr. D. Manuel Olmedo Palacios, Secretario de Estado de Justicia, de 10 de junio de 2026 sobre falta de respuesta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y respuesta a las actuaciones del Defensor del Pueblo.
Esta publicación se inscribe, además, en una práctica sostenida de documentación rigurosa y fiel de todas las actuaciones oficiales generadas por esta iniciativa. Desde la primera petición presentada en octubre de 2022 hasta las resoluciones administrativas, informes, comunicaciones institucionales, recursos y autos judiciales que permiten conocer el estado procesal de la demanda, el boletín ha procurado ofrecer al público un registro cronológico, íntegro y verificable del procedimiento. No se trata de reconstrucciones retrospectivas ni de resúmenes interesados, sino de la puesta a disposición de las fuentes primarias que permiten seguir directamente la evolución del expediente, examinar los argumentos de las partes y valorar con precisión la respuesta de las instituciones implicadas.
Para quienes se han incorporado recientemente a este boletín y no han seguido desde el inicio el desarrollo de estas actuaciones, se ofrece a continuación una cronología de los principales hitos administrativos y judiciales producidos desde octubre de 2022. Esta relación permite situar cada documento en su contexto, comprender la secuencia de las gestiones realizadas y apreciar la continuidad de una iniciativa que ha transitado desde la petición administrativa inicial hasta la actual fase contencioso-administrativa, así como líneas de ataque adicional como la lucha con la Consulta de la DGRN de 17 de septiembre de 2007 o la solicitud de su expediente administrativo para valorar cuánto rigor aplicó la DGRN en redactarla.
Y justamente porque ya va siendo mucho tiempo sin que tengamos respuesta de la Sala, es que se hace este necesario esfuerzo documental. Pero comencemos por el principio:
Audiencia Nacional admite demanda a trámite
Lo que en octubre de 2022 comenzó como una petición al Consejo de ministros al amparo del derecho fundamental de petición, reconocido en la Constitución española y regulado por ley orgánica, se encuentra ya en la Audiencia Nacional como demanda judicial contra el Estado español que busca la nulidad del art. IX del Tratado de Paz.
N.º 84 - Queja ante el Defensor del Pueblo
La apertura de actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia confirma la relevancia institucional de una controversia que afecta directamente a los descendientes de españoles de Ultramar
Campaña de recaudación de fondos
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Muchas gracias a todos,
Maikel Arista-Salado