N.º 84 - Queja ante el Defensor del Pueblo
La apertura de actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia confirma la relevancia institucional de una controversia que afecta directamente a los descendientes de españoles de Ultramar
Autonomía Concertada para Cuba informa a sus lectores que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja formulada frente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la falta de resolución expresa de la petición presentada el 6 de enero de 2025 para revisar y variar el criterio interpretativo aplicado a la nacionalidad española de origen de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898. La queja fue registrada el 11 de marzo de 2026, y en su escrito de 18 de marzo de 2026 el Defensor del Pueblo comunicó formalmente su admisión a trámite, indicando además que ya se habían iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia.
La admisión de la queja no resuelve todavía el fondo del asunto, pero sí supone que una institución constitucional ha considerado que la denuncia reúne los requisitos legales y merece supervisión. En un expediente que llevaba más de un año sin respuesta, esta actuación rompe, al menos por ahora, la cómoda rutina del silencio. Y eso, en materia de nacionalidad, no es poca cosa.
Aquí te dejo nuestra petición:
La queja presentada expone con precisión el núcleo del problema: el 6 de enero de 2025 se dirigió a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) una petición formal para que revisara el criterio interpretativo establecido por la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 17 de septiembre de 2007, en la que se solicita la revisión del criterio vigente, la dejación sin efecto de esa consulta y la declaración de un nuevo criterio interpretativo para los naturales de Cuba y Puerto Rico nacidos antes de la entrada en vigor del Tratado de París de 1898. Sin embargo, transcurrido más de un año desde su presentación, no se había recibido resolución alguna, ni notificación de inadmisión, ni requerimiento de subsanación, ni contestación de fondo. La propia queja recuerda que la Ley Orgánica 4/2001 impone plazos concretos y que la Ley 39/2015 obliga a la Administración a dictar resolución expresa.
Ahora bien, conviene no perder de vista que el silencio administrativo, siendo grave, no es el único problema. El problema de fondo es también el criterio cuya revisión se solicitó. La Consulta de 2007 constituye uno de los muchos dobleces administrativos y doctrinales que, en materia de nacionalidad, han afectado directa y especialmente a los descendientes de españoles de Ultramar. Esa Consulta es, a día de hoy, uno de los obstáculos que con mayor descaro y a ojos vista lacera el derecho de muchos cubanos que hoy reclaman la nacionalidad española. Aunque formalmente se presenta como un documento administrativo, su efecto práctico ha sido mucho mayor: ha operado durante años como si tuviera fuerza normativa, condicionando resoluciones, cerrando vías interpretativas y consolidando una lectura restrictiva del derecho a la nacionalidad española de origen.
Ese es precisamente el punto que ACC viene denunciando. La consulta no se limita a ordenar una cuestión técnica interna. En la práctica, aplica al caso de Cuba y Puerto Rico un régimen doctrinal construido para el Sáhara, pese a que se trata de realidades históricas, constitucionales y jurídicas distintas. Esa equiparación no es inocua. Produce una rebaja artificial de la posición jurídica de Cuba y Puerto Rico dentro de la comunidad política española de su tiempo y sirve de base para restringir derechos a sus descendientes. En román paladino: se traslada una plantilla ajena a dos territorios para los que no fue hecha, y luego se pretende que el resultado sea Derecho.
Desde la perspectiva de ACC, ello entraña una restricción impropia de un derecho de la máxima jerarquía constitucional. La nacionalidad española no puede ser tratada como una dádiva graciosa de la Administración ni quedar sometida a analogías históricamente defectuosas. La nacionalidad es el vínculo jurídico-político fundamental entre la persona y su comunidad natural. Por eso, cualquier restricción de su reconocimiento exige un estándar especialmente riguroso de legalidad, motivación y coherencia histórica. Cuando una consulta administrativa funciona como una limitación material para el acceso a la nacionalidad de origen, estamos ante algo más serio que un simple criterio de despacho.
ACC lleva denunciando abiertamente esta situación, al menos, desde enero de 2025, cuando se presentó formalmente ante la DGSJFP la petición de revisión de ese criterio administrativo. Aquella actuación no fue retórica ni ornamental. Fue un requerimiento institucional, fundado en Derecho, para que la Administración revisara un entendimiento restrictivo que viene produciendo efectos concretos sobre personas concretas. Lo mínimo exigible era una respuesta motivada. Ni siquiera eso ocurrió.
La respuesta del Defensor del Pueblo tiene, por tanto, una relevancia que excede el plano procedimental. Al admitir la queja y abrir actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, la institución reconoce implícitamente que aquí existe una cuestión digna de examen institucional que afecta el ejercicio de un derecho fundamental, la nacionalidad. No estamos ante una discusión académica marginal, ni un preciocismo legislativo. Estamos ante un problema de legalidad administrativa, de interpretación de un derecho que entronca con los derechos a la memoria y de justicia histórica respecto de los descendientes de españoles de Ultramar.
ACC mantendrá su actuación por los cauces legales y con la firmeza que exige la entidad del asunto. Seguiremos sosteniendo que la cuestión de la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898 no puede seguir resolviéndose mediante analogías impropias, consultas administrativas elevadas de hecho a dogma y silencios burocráticos incompatibles con el Estado de Derecho. La verdad histórica no se corrige con formularios, y los derechos no deben quedar a merced de atajos administrativos.
La admisión a trámite de esta queja no cierra la controversia, pero sí intenta poner presión sobre la DGSJFP, e incluso sobre el Secretario de Estado de Justicia para que obtener el resultado que la ley determina. Queda pendiente la vía judicial si estos refuerzos can en saco roto.
El Semanario seguirá informando sobre el curso de estas actuaciones y sobre todos los esfuerzos dirigidos a restaurar la verdad jurídica e histórica en materia de nacionalidad para los descendientes de españoles de Ultramar.
Inicia la batalla en tribunales federales estadounidenses contra el Tratado de París
Comenzamos los esfuerzos para involucrar a los EE. UU. en el manejo de esta nefanda arbitrariedad. En la próxima entrega daremos muchos más detalles sobre esta iniciativa. Recientemente supimos que el puertorriqueño Eddie Ortiz ha interpuesto una demanda judicial en el Tribunal federal de distrito (1era instancia) para el Distrito Central de la Florida, y tuvo la amabilidad de enviarnos la demanda. ¡Éxitos!
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA
ORLANDO DIVISION
EDWIN OBIDIO ORTIZ MONTAÑEZ, Pro Se,
Plaintiff,
v.
UNITED STATES OF AMERICA,
Defendant.
Civil Action No. ___________
PETITION FOR DECLARATORY AND EQUITABLE RELIEF
SEEKING RESTORATION OF PUERTO RICO’S AUTONOMOUS GOVERNMENT
UNLAWFULLY INTERRUPTED IN 1898
I. INTRODUCTION
This is a pro se petition seeking declaratory and equitable relief arising from the unlawful interruption, dismantling, and permanent suppression of the duly constituted Autonomous Government of Puerto Rico, established under Spanish law and ratified by the 1897 Autonomic Constitution (Carta Autonómica), following the United States military invasion of Puerto Rico in 1898.
The 1897 Autonomic Constitution was not a mere administrative charter. It was a Royal Decree of constitutional rank, enacted by the Spanish Crown and recognized by the Spanish Cortes. It established Puerto Rico as a self-governing political entity within the Kingdom of Spain, subordinated to the Spanish Constitution of 1876, yet permanent in character and alterable only by petition of Puerto Rico or Cuba themselves. It constituted Puerto Rico’s own constitution inside the Spanish constitutional system.
Plaintiff does not seek monetary damages, reparations, or compensation. This Petition seeks institutional restoration, legal recognition, and constitutional correction of a government that lawfully existed and was removed through foreign overreach, without the consent of the governed.
Plaintiff asserts that Puerto Rico’s present political condition is the direct result of this overreach, producing a 125-year constitutional vacuum, systematic misdirection of its population, and the erasure of democratically elected autonomous institutions.
II. JURISDICTION AND VENUE
This Court has jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. §§ 1331 and 2201, as this action arises under the Constitution, treaties of the United States, and federal law.
Venue is proper in the Middle District of Florida, Orlando Division, as Plaintiff resides within this District and seeks declaratory and equitable relief against the United States.
III. PARTIES
Plaintiff is Edwin Obidio Ortiz, a United States citizen born in the continental United States; son of Edwin Ovidio Ortiz Toro, a native-born Puerto Rican; and grandson of Antonio Carlos Ortiz Ramírez, born in Puerto Rico in 1897, the same year the Autonomic Constitution was enacted—rendering this action both legal and generationally symbolic.
Defendant is the United States of America.
IV. PUERTO RICO WAS A SELF-GOVERNING POLITICAL ENTITY PRIOR TO 1898
Puerto Rico was not a colony devoid of institutions.
In 1809, Puerto Rico was formally recognized as part of the Spanish nation and granted representation in the Spanish Cortes.
The Spanish Constitution of 1812 (Cádiz Constitution) declared that all Spaniards of both hemispheres constituted one nation, granting Puerto Ricans Spanish nationality and parliamentary representation.
The Spanish Constitution of 1876 reaffirmed Puerto Rico’s constitutional status and representation within Spain’s national legislative framework.
In 1897, Spain enacted the Autonomic Constitution of Puerto Rico, creating a fully autonomous government with:
An elected insular Parliament
An insular Council of Secretaries
Control over internal governance
Fiscal authority
Judicial administration
Spain retained only defense and foreign relations.
V. DEMOCRATIC ELECTIONS UNDER THE 1897 AUTONOMIC CONSTITUTION
On March 27, 1898, Puerto Rico conducted island-wide general elections pursuant to the 1897 Autonomic Constitution.
Historical records indicate that approximately 70–71% of registered voters participated, an exceptionally high level of civic engagement for the era.
The Liberal Fusionist Party, led by Luis Muñoz Rivera, received an overwhelming majority of the popular mandate—estimated at approximately 80% resulting in the formation of a legitimate autonomous government chosen by the people of Puerto Rico. Muñoz Rivera assumed the position of Secretary of State of the Autonomous Government, alongside other duly elected officials.
Within months of these elections, and before the autonomous government could complete a single full year of constitutional governance, the United States invaded Puerto Rico in July 1898, forcibly dissolving a democratically elected government lawfully established through popular vote.
VI. THE 1898 INVASION AND TREATY OF PARIS CONSTITUTED FOREIGN OVERREACH
The Treaty of Paris (1898) was executed without Puerto Rican participation, consent, or representation.
Article IX of the Treaty provided Spanish nationals born in Spain a one-year option to retain Spanish nationality. No equivalent option or notice was extended to native-born Puerto Ricans, rendering the population stateless.
This constituted foreign governmental overreach, stripping Puerto Rico of:
Its elected government
Its constitutional institutions
Its citizenship framework
Its economic autonomy
VII. STATELESSNESS AND LEGAL LIMBO (1898–1917)
From 1898 to 1917, Puerto Ricans existed in a condition of statelessness, deprived of Spanish nationality and denied United States citizenship.
During this period, Puerto Ricans were described by U.S. officials and courts as “nationals,” a classification comparable to that of American Samoa, reflecting profound constitutional ambiguity.
United States citizenship was imposed by statute in 1917, without plebiscite or consent, coinciding with military conscription.
VIII. SYSTEMATIC DISMANTLING OF AUTONOMY BY APPOINTED GOVERNORS
Following the invasion, U.S.-appointed military and civil governors dismantled Puerto Rico’s autonomous structures, including:
Elimination of Puerto Rico’s currency
Displacement of local banking systems
Termination of international trade relationships
Restructuring of education and civil institutions
Prior to 1898, Puerto Rico maintained its own currency, banks, export industries, and trade with Europe and Latin America. These systems were eliminated by imposition, not democratic choice.
IX. THE MYTH OF SELF-GOVERNMENT UNDER THE ELA (COMMONWEALTH)
The Estado Libre Asociado (ELA), established in 1952, did not grant sovereignty or remove Congressional authority.
Puerto Rico remains an unincorporated territory subject to Congress’s plenary power under the Territorial Clause. Congress retains authority to override, modify, or nullify Puerto Rico’s laws and constitution, as confirmed by Supreme Court decisions including Downes v. Bidwell, Harris v. Rosario, Sánchez Valle, and by the imposition of PROMESA in 2016.
If Puerto Rico were genuinely self-governing, PROMESA would have been constitutionally impossible.
X. MISDIRECTION THROUGH NON-BINDING REFERENDA
Puerto Rico has held seven plebiscites: 1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020, and 2024.
All were legally null and void ab initio because Puerto Rico remains unincorporated. Congress has never granted incorporation, rendering each referendum legally ineffective from inception.
XI. DENIAL OF PRESIDENTIAL VOTING RIGHTS (IGARTÚA CASES)
In Igartúa de la Rosa v. United States and related cases, federal courts denied presidential voting rights to Puerto Ricans not due to incapacity, but because Puerto Rico remains unincorporated, confirming structural disenfranchisement.
XII. REPRESENTATION UNDER SPAIN VS. DISENFRANCHISEMENT UNDER U.S. RULE
Under Spanish sovereignty, Puerto Rico elected representatives to Spain’s national legislature. Ramón Power y Giralt, a Puerto Rican, served as a deputy in the Spanish Cortes, demonstrating full participation in sovereign governance.
Under U.S. rule, Puerto Rico has never had voting representation in Congress or the Senate. The Resident Commissioner holds no floor vote.
XIII. CONTRAST WITH OTHER U.S. TERRITORIES
Hawaii was incorporated shortly after annexation and admitted as a state following a binding plebiscite.
Puerto Rico remains unincorporated 125 years later.
Palmyra Atoll, an incorporated and virtually uninhabited territory, possesses greater constitutional standing than Puerto Rico’s 3.2 million residents.
XIV. PATTERN OF IDEOLOGICAL SUPPRESSION
The carpetas surveillance program demonstrates systematic suppression of political self-determination through ideological policing and intimidation.
XV. RELIEF REQUESTED
Plaintiff respectfully requests that this Court:
A. Declare that the 1898 termination of Puerto Rico’s autonomous government constituted unlawful foreign overreach.
B. Declare that Puerto Rico remains a non-self-governing territory under domestic and international law.
C. Declare that the autonomous government of 1897–1898 was lawfully constituted and democratically elected.
D. Order the United States to initiate formal dialogue with Puerto Rico and the Kingdom of Spain to facilitate lawful restoration and decolonization.
E. Order that Puerto Ricans displaced to the United States due to economic hardship or natural disasters be permitted to vote in any future status referendum from abroad.
F. Order that any future referendum be conducted as a standalone election, separate from local partisan elections.
G. Grant such further equitable relief as justice requires.
XVI. CONCLUSION
This Petition does not seek compensation.
It seeks restoration of government, dignity, and lawful continuity interrupted by force.
Puerto Rico asks not for something new, but for the return of what already existed.
Respectfully submitted,
Edwin Obidio Ortiz
Pro Se