N.º 65 - Las perversiones de las palabras
Cuba española se abre paso dentro de Cuba
Y hablando de una nación de creencias, un artículo académico publicado en México por la Dr.ª Martha Prieto, revela una insidiosa maldad: el sistemático y deliberado ocultamiento de la verdad histórica, para sostener un credo nacionalista. Dice la señora catedrática y profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana:
«Al igual que en las primeras Constituciones latinoamericanas, vale decir que en Cuba durante el constitucionalismo mambí, o pre-estatal, la ciudadanía fue objeto de regulación desde la consideración del hombre libre, que tenía derechos y deberes para con la patria. Con el carácter antes señalado se advierte en la Constitución de Guáimaro, la primera de nuestros textos».1
La propia caracterización que hace Martha Prieto del «constitucionalismo mambí» —ciudadanía definida por el hombre libre y su deber para con la patria— revela que la nación cubana se edificó sobre creencias antes que sobre ideas. Se trata de una ciudadanía de adhesión moral y lealtad, más cercana a un credo cívico que a un estatuto institucional. En contraste, el orden gaditano de 1812, que la autora silencia, configuró la ciudadanía desde principios generales, reglas y procedimientos verificables: una arquitectura de ideas. La preferencia historiográfica por Guáimaro sacraliza la pertenencia (fe patriótica) y oculta la juridicidad previa (principios normativos), consolidando una identidad nacional sostenida por relatos y símbolos más que por diseños institucionales. Esta distorsión no es inocente: legitima la ruptura de 1898 como fatalidad épica y encubre que lo que se despojó no fue un mito, sino un estatus jurídico plenamente articulado.
La genealogía jurídica de la ciudadanía en Cuba no comienza en Guáimaro (1869), como dice la doctora Prieto, sino en Cádiz (1812). Presentar el constitucionalismo mambí como «pre-estatal» y, por tanto, como el origen del estatus cívico cubano, desordena los hechos y favorece una narrativa de ruptura. Antes de cualquier texto insurgente, la Constitución de 1812 integró a Cuba en la Nación española «de ambos hemisferios», fijó quiénes eran españoles y quiénes ciudadanos, y reguló adquisición, ejercicio, pérdida y suspensión de la ciudadanía. Ese andamiaje fue derecho positivo vigente en la Isla durante el siglo XIX.
Guáimaro, por el contrario, es un texto de campaña: una norma de guerra, eficaz solo donde mandaban los cuatro gatos que se hacían llamar «República en Armas» y condicionada «mientras dure la guerra». Su diseño no pretende organizar un Estado civil estable, sino legitimar una insurrección. La ciudadanía que dibuja es beligerante y restringida: convierte al ciudadano en soldado por definición y subordina los derechos políticos al deber militar. Llamarla «pre-estatal» es una operación ideológica; técnicamente fue extra-estatal, paralela al orden español que siguió rigiendo hasta 1898.
Guáimaro funda la pertenencia cívica en creencias: adhesión moral, fidelidad y sacrificio por la patria. Cádiz, en cambio, la organiza desde ideas: principios generales, reglas replicables y procedimientos verificables. La preferencia historiográfica por el texto insurgente sacraliza la épica de pertenencia y oculta la juridicidad previa. Resultado: una nación cohesionada por mitos y símbolos antes que por instituciones y normas, con la política actuando como liturgia más que como contrato.
Esa omisión no es menor. Si se borra Cádiz como punto de partida, los naturales de Cuba aparecen como «súbditos coloniales» a punto de emanciparse, y no como ciudadanos españoles con estatus jurídico definido. La consecuencia se proyecta hasta 1898: el artículo IX del Tratado de París no «acomoda» un cambio natural; ejecuta una desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos previamente reconocidos. Esta constatación exige la redirección del debate contemporáneo sobre reparación y restitución: no se trata de inventar derechos ex novo, sino de restaurar una condición jurídica ilegítimamente suprimida.
Desde el ángulo comparado, Cádiz ofrece universalismo jurídico y base representativa común para ambos hemisferios; Guáimaro propone una pertenencia selectiva, militarizada. En uno, la ciudadanía es un estatus civil con reglas; en el otro, un credo movilizador. En condiciones normales, los Estados modernos se edifican sobre ideas; las creencias sirven para arraigar símbolos, no para sustituir la arquitectura institucional. Cuando ocurre al revés, la épica desplaza al Derecho y la ambigüedad se vuelve rasgo estructural.
Una epidemia
La tesis que conviene fijar es sencilla: el énfasis de Martha Prieto Valdés en el «constitucionalismo mambí» no es un caso aislado ni un capricho terminológico, sino parte de una corriente historiográfica extendida que privilegia los textos para-constitucionales insurgentes (Guáimaro, Jimaguayú, La Yaya) como punto de partida del Derecho Público cubano, y deja en penumbra el orden constitucional español que rigió efectivamente en la Isla durante el siglo XIX. Este desplazamiento altera el mapa conceptual de la ciudadanía, la nacionalidad y, por derivación, el encuadre jurídico de 1898 y sus consecuencias.
El marco olvidado es claro: desde 1812, la Constitución de Cádiz integró a Cuba en la Nación española «de ambos hemisferios«, reguló quiénes eran españoles y quiénes ciudadanos, y fijó reglas de adquisición, ejercicio, pérdida y suspensión del estatus. No es retórica; es un derecho positivo aplicable, con base de representación común entre península y ultramar. Ignorar ese cimiento sustituye una arquitectura de ideas (principios, procedimientos, representación) por un amasijo de creencias.
El artículo de Prieto Valdés sobre la ciudadanía cubana recoge la tradición que mira «alrededor y al pasado» para iluminar problemas presentes —doble ciudadanía, dos ciudadanías—, pero ancla el relato en el constitucionalismo mambí como si ahí estuviese el origen funcional del estatus cívico. Al caracterizar ese momento como «pre-estatal» y definir la ciudadanía desde el «hombre libre» y el deber hacia la patria, el texto desplaza, sin discutirlo de frente, la vigencia simultánea del orden español. La operación narrativa es representativa de una tendencia, no una anomalía.
Esa tendencia se ve nítida en trabajos que erigen a Guáimaro como «alborada» del constitucionalismo cubano. Andry Matilla Correa compila y comenta esa carta insurgente como punto inaugural, y la literatura derivada consagra su trascendencia por «institucionalizar« la guerra y asegurar unidad política, una formulación que convierte una constitución de campaña en génesis de estatalidad. El foco no es describir coexistencias normativas (españolas e insurgentes), sino fundar una genealogía propia que arranca en 1869.
En la misma línea, Carlos Manuel Villabella Armengol desarrolla modelos de periodización que colocan al constitucionalismo mambí como «punto de partida» del derecho público nacional. Aunque a veces reconoce la yuxtaposición de «textos heterónomos y autóctonos», la tesis de fondo mantiene el arranque práctico en la República en Armas, con mención marginal a la eficacia del orden peninsular. La visibilidad del tronco mambí y la invisibilidad del tronco gaditano son un rasgo de escuela, no un desliz.
La consolidación de esta lectura es también programática en la historiografía reciente. Fabrizio Mulet Martínez cartografía el campo y registra cómo una parte significativa de los estudios sitúa sus «orígenes« en las normas «concebidas por y para cubanos», «en abierto desconocimiento del régimen jurídico colonial formalmente imperante»: dicho de otro modo, la propia disciplina se reconoce a sí misma como práctica que arranca con lo mambí y prescinde del armazón gaditano. No es una intuición polémica: está documentado en balances de la especialidad.
El énfasis exclusivista alcanza también estudios monográficos sobre Jimaguayú que reconstruyen la historia constitucional decimonónica desde el prisma «revolucionario» (constituciones de la guerra, civilismo vs militarismo, organización de la república en armas). Estos enfoques, valiosos para entender la lógica insurgente, tienden a leer el XIX cubano como prehistoria del Estado independiente, y no como parte de una comunidad constitucional más amplia de ciudadanía española de origen. La omisión del ordenamiento gaditano es absolutamente estructural.
Esta teleología mambisa, tan frustrante como frustrada en sí mismo, no funciona ni como mito cívico. Es, además, deficitaria como historia jurídica. Al sustituir la «arquitectura de ideas» de Cádiz por el «catecismo patriótico» de Guáimaro, se consolida la creencia nacional, el tristemente célebre cuento de la malanga. La consecuencia práctica es conocida: cuando se llega a 1898, la desnaturalización impuesta por el artículo IX del Tratado de París aparece como un desenlace de independencia, no como lo que fue: la sustracción de un estatus civil ya reconocido bajo el orden español. Si la disciplina borra el cimiento, la política hereda la coartada.
Reconducir el relato no requiere negar el valor del constitucionalismo mambí, sino reubicarlo: es una respuesta bélica que coexiste con un orden estatal vigente que confería ciudadanía y representación a los «españoles de ambos hemisferios». Integrar ambos planos —recepción hispánica e innovación insurgente— ofrece una historia completa y, sobre todo, útil para el presente: clarifica que el expediente contemporáneo no es crear derechos nuevos, sino restituir un vínculo jurídico indebidamente cortado y ordenar, de una vez, la arquitectura normativa de nacionalidad y ciudadanía. Esa es la diferencia entre construir instituciones con ideas o sostener identidades con creencias.
Referencias clave (acceso abierto): Prieto Valdés (2016) en Boletín Mexicano de Derecho Comparado; Matilla Correa (comp., 2009/2020) Guáimaro. Alborada…; Villabella Armengol (varios, 2014–2021); Mulet Martínez (2018) Historia Constitucional; estudios sobre Jimaguayú (2017, SciELO/Dialnet); y el texto íntegro de Cádiz 1812 (Congreso de los Diputados).
Entrevista con Santiago Alpízar, Rolando Nápoles y Enmanuel Oliva
En la conversación se plantea si, ante las dificultades migratorias en EE. UU., «irse a España» es una alternativa; aclaro desde los primeros minutos que no es un plan B, sino el legítimo reclamo del ejercicio de un derecho: la ciudadanía española de los cubanos y puertorriqueños fue ilegítimamente arrebatada por el artículo IX del Tratado de París (1898), y por eso llevamos hoy una demanda al Estado español; el caso, bajo la dirección letrada del Ldo. Manuel Oliva, está admitido y “visto para sentencia” en la Audiencia Nacional. Se explica en el decurso que la anulación (o declaración de anulabilidad) de ese artículo permitiría reconocer la nacionalidad de origen a los descendientes de quienes nacieron en Cuba antes de 1898 (incluso hasta 1900 por inexistencia de Estado cubano), lo que simplificaría trámites frente a la vía vigente de la Ley de Memoria Democrática y la caótica gestión consular. Señalan tres frentes: 1) el recurso contencioso por denegación del derecho de petición, 2) las solicitudes por la LMD hasta su vencimiento, y 3) una Iniciativa Legislativa Popular que requiere 500 000 firmas de españoles para una ley especial. Subrayan que la ciudadanía española puede coexistir con la cubana y ofrece claras ventajas prácticas; critican la «consulta» de 2007 que equiparó Cuba y Puerto Rico con Sáhara y Guinea y recuerdan la vigencia constitucional española en Cuba (1876, aplicada en 1881). Cierran llamando a informarse y coordinarse vía cubaespanola.com para preparar la movilización y las firmas.
Cuba y España: ¿Estados Libres Asociados Temporalmente?
por Pablo Martínez de Anguita
Publicado por la COPE el 20 de julio de 2025 [Enlace al original]
España puede tener un papel único y conciliador en la transición cubana. Tenemos algo único en nuestra relación, aún estamos enamorados.
¡Pobre pueblo cubano!¡Tan irrelevante y tan sólo en el mundo! ¡Los apagones son una metáfora de la oscuridad y la pobreza en las que las ha sumergido dos tercios de siglo de comunismo a aquel trozo de España en el que se construyó el primer ferrocarril español en 1837 de La Habana a Bejucal, que era llamado "sostén de la monarquía" durante el siglo XIX y cuyos impuestos aportaban más a la Corona española que muchas provincias peninsulares sumidas ellas entonces en la miseria! Cuba ha pasado de ser para España su preciada joya a una casi desconocida y olvidada.
Pero esa Cuba linda tiene un amor escondido y “ñángaro”, su antigua madre Patria. Aún mira a su ex-esposa, España, con ciertos ojos de enamorado abandonado, y como prueba de su nostalgia y respeto por nuestra patria, sus jóvenes más que cualquier otro hispanoamericano, han estudiado las obras de españoles como María Zambrano mejor que nosotros mismos, o han leído el Quijote como pate de su herencia cultural, que unida a la de José Martí o Alejo Carpentier han fusionado lo español con lo caribeño. Cuba es la segunda patria de las grandes editoriales españolas que han dado visibilidad a autores cubanos dentro y fuera de la isla, generando un intercambio de una familia cultural que no se ha roto. A diferencia de países como México que han asumido durante los últimos decenios la leyenda negra contra España, Cuba fue España hasta 1898, y los cubanos se siguen sintiendo orgullosos de sus ancestros españoles con los que compartieron patria. El mexicano aún anda maldiciendo a sus abuelos “conquistadores” con el mismo afán que el cubano venera a los suyos fundadores de la patria. Por algo a ambos lados del atlántico cantamos esa habanera tan simpática de “La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz es La Habana con más salero...” un juego poético y afectuoso que hermana las dos ciudades portuarias a través de su historia común, su cultura mestiza y su alegría caribeña o andaluza. Al fin y al cabo, la provincia cubana tenía sus diputados en las cortes de Cádiz, y de ello, y de nuestros 388 años compartiendo patria, los cubanos son mucho más conscientes que los españoles, que nos olvidamos de Cuba con el desastre del 98 y aún no nos hemos re-encontrado con el orgullo de nuestro pasado hispanoamericano, de nuestro hermoso y común baroco enriquecido en las américas y en concreto en aquella colonial virreinal que fue Cuba, primero en el Virreinato de Nueva España bajo control indirecto desde México hasta 1764 y luego directamente como Capitanía General.
Esta Cuba apagada y “apagonada” es hoy en día un país que pasó de tener unos dos millones de habitantes a comienzos del siglo XX a alcanzar un pico de 11,3 en 2020 y de ahí a comenzar el descenso porcentual más acentuado de población del mundo de un país que no está en guerra. La pobre Cuba solo tiene tres amigos, Rusia, China y Venezuela (por que Nicaragua es más bien un cuñado…) y dos vecinos. Al primero, Estados Unidos le basta con que no molesten más de la cuenta, y México es como un amigo chismoso que se aprovecha de la desgracia cubana para quejarse profundamente de un bloqueo estadounidense (que por cierto no bloquea nada más allá del comercio entre estos dos países en determinados ámbitos, ¿acaso Estados Unidos no es el principal proveedor de medicinas para Cuba?) para marcar su territorio al vecino común.
¿Y sobre los amigos? pues igual, ni son los mejores ni los más fieles. Los rusos dicen que quieren invertir en la isla, pero su PIB es inferior al italiano y no están para muchos líos externos, los chinos en el otro lado del mundo, su segundo socio comercial tras Europa, cuando pierdan el canal de Panamá a manos de Estados Unidos y abandonen por fin la idea de construir el eternamente futuro canal de Nicaragua no tendrán capacidad de llegar desde el pacífico, por mucho que quisieran tener un territorio inverso a Taiwán junto a las costas del gigante estadounidense (además, ya tienen Nicaragua), y ¡qué decir de Venezuela!… para amigos como éstos no hacen falta enemigos. ¡Exporta más exiliados en términos globales que la propia isla!
Haciendo un análisis más pormenorizado de los datos demográficos de Cuba, el economista Juan Carlos Albizu-Campos, estima que con la abrupta caída de la población desde 2020 hasta 2024, la población de la isla en 2025 es de 8.025.624 personas. Esta cifra representa una disminución del 24% en comparación con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Por otra parte, todas las proyecciones futuras apuntan a descenso continuado de los residentes isleños, especialmente de las generaciones jóvenes que aún sueñan con un porvenir de prosperidad en libertad, y que por primera vez creen que es real porque lo han visto en las redes sociales de sus teléfonos móviles.
En este escenario se observa una crisis demográfica sin precedentes en Cuba. Haciendo un sencillo y generoso cálculo lineal, si Cuba pierde medio millón de personas al año, su población se habrá reducido a la mitad de su máximo (11,3millones de personas/2= 5.750.000) en menos de ocho años, de las cuales la mayor parte de los que aún queden serán mayores de 60 años. Pero es que, además, dada su pirámide demográfica, con el grupo más grande de población entre los 55 y los 59, y su baja natalidad (70.000 bebés anuales), que es aproximadamente la mitad de la media de los que mueren anualmente (127.000)1, y la emigración precisamente sucediendo entre los jóvenes que podrían todavía reproducirse en el país ( y generalmente entre los más preparados)… dentro de diez años si China, Rusia o Estados Unidos quiere quedarse con la isla lo único que tendrá que hacer es entrar preguntando si hay alguien ahí.
Será una isla zombi, y como tal puede ser un peligroso lugar de confrontación de potencias. Su proximidad a Estados Unidos la hace deseable para el vecino del Norte, pero quizá también para los adversarios de Estados Unidos, es decir para China, que podría ir sucediendo a Rusia en el soporte de la isla si consiguen ambos países superar los escollos que impiden la inversión China en Cuba, a saber las deudas significativas con empresas chinas como Huawei y Yutong, que han generado cautela en nuevas inversiones, y sobre todo la falta de reformas orientadas al mercado en Cuba, que ha sido precisamente señalada por China como un impedimento para una mayor inversión. Pero Cuba no se atreve a cambiar su “Patria o muerte”, y va a ser que va a ganar la segunda opción si no hay un cambio.
Por otra parte, los casi dos millones y medio de cubanos que emigraron a Miami (un millón casi en los últimos tres años) están deseosos de entrar de nuevo en la isla y “Miamizarla”, mientras que los que se quedaron y resistieron los años del “período especial”, los apagones, el hambre, la opresión y la miseria temen convertirse ahora en la mano de obra barata de los nuevos recién llegados cargados de dólares. Por otra parte, recientemente ha aparecido un nuevo grupo de exiliados, los cubanos que se han refugiado en España y que son ya una décima parte, unos 250.000, respecto a los de Estados Unidos.
En líneas generales el exilio cubano-norteamericano es más beligerante que el español. Es más reivindicativo, desea la continuidad del embargo, de modo que cuando se fuerce un cambio, los cubano-estadounidenses puedan entrar de nuevo con sus inversiones, negocios y franquicias americanas. Son emigrantes llegados desde los años 60, que hoy forman un potente lobby de empresarios, políticos y opositores (quizá el mayor exponente es el senador republicano por Florida, Marco Rubio) y que mantienen una posición firme de ruptura total con el régimen cubano, sin concesiones y con un total rechazo a negociaciones o diálogos sin cambios estructurales en Cuba tales como el multipartidismo y libertades plenas. El exilio cubano en España, llegado sobre todo a partir de los años 90 y 2000 por motivos económicos, políticos o artísticos, tiene una mayor presencia de intelectuales, escritores, periodistas y activistas cuyos enfoques son más críticos, pero menos ideológicos, y sus estrategias son más dialogantes. Están generalmente abiertos a diálogos graduales, reformas internas o cooperación internacional si hay mejoras en derechos humanos. Si bien son críticos con el castrismo, también lo son con el embargo estadounidense, y no necesariamente se identifican con el discurso más radical de Miami. Quizá más complacientes con el socialismo, o cuanto menos con la interpretación de los valores democráticos europeos, los cubano- españoles consideran que no habría que perder logros de la revolución tales como la sanidad universal o la educación gratuita, que no parecería fueran a mantenerse si Cuba adopta el modelo y los modos estadounidenses. Ambos exilios comparten el deseo de una Cuba libre, próspera y democrática y desean volver a ellas para reconstruir institucionalmente el país, abrirlo económicamente al mundo y lograr el reencuentro entre cubanos dentro y fuera del país.
España puede tener un papel único y conciliador en esta tesitura. Tenemos algo único, que nos diferencia del resto de todos los países en relación con Cuba. Se podría decir que aún estamos enamorados mutuamente. ¿En qué otro país se ha visto que dos dictadores como Franco y Fidel Castro de signos tan opuestos se respetaran y admiraran tanto?
Estados Unidos tiene el poder, pero nosotros la poesía. Estados Unidos ha intervenido militarmente en varios países a lo largo de su historia. Le debemos nuestra libertad en Europa. El plan Marshall fue una ayuda esencial para reconstruir plenamente nuestro viejo continente.
Sin embargo, en los últimos cincuenta años una gran parte de las intervenciones de Estados Unidos sobre otros países han acabado en situaciones de estado fallido, países donde el gobierno pierde el control efectivo del territorio, no puede garantizar los servicios básicos, y como consecuencia se deterioran la seguridad, la economía y las instituciones. Con anterioridad, la invasión "yanquee" de Nicaragua de 1909 y 1927 trajo dictadores como los Somoza, que a su vez y en su contra alumbraron a aquellos sandinistas revolucionarios que aun gobiernan dictatorialmente este país; el presidente Reagan en 1990 logró derribar el telón de acero, pero lo democracia no se instaló en Rusia, y ahí tenemos al dictador Putin invadiendo Ucrania. En 2003, EE. UU. lideró una coalición para derrocar a Saddam Hussein bajo el pretexto de armas de destrucción masiva (que no existían..., una historia que a veces recuerda a la extraña explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana que permitió a los Estados Unidos atacar a los españoles de Cuba y prácticamente quedarse la isla hasta transformarla en una próspera dictadura liderada por el general Fulgencio Batista, fiel al vecino del Norte y antagonista de los comunistas cubanos que le derrocaron en 1959, por cierto, gracias sino al apoyo, sí a la pasividad estadounidense). Volviendo a Irak, tras la caída del régimen de Sadam Hussein vino el colapso institucional, el auge del sectarismo, y lo que es peor, el surgimiento del Estado Islámico (ISIS). A pesar de la experiencia, los Estados Unidos no mejoraron mucho su “afterwar” cuando invadieron Afganistán en 2001. Tras 20 años de conflicto, corrupción y dependencia de ayuda externa, el gobierno colapsó en 2021 cuando EE. UU. se retiró y los talibanes retomaron el poder.
El caso de Libia es aún más sangrante. EE. UU. participó en los bombardeos de la OTAN contra el régimen de Gadafi durante la Primavera Árabe, Gadafi fue derrocado y asesinado estallando una guerra civil entre milicias rivales, colapsando las instituciones dejando al país fragmentado en una serie de gobiernos rivales soportados por la presencia de grupos armados y extranjeros. Otro caso de estado fallido tras una intervención militar estadounidense es Haití, que ha sido intervenida o invadida. en varias ocasiones (1915–1934, 1994, 2004) para proteger intereses geoestratégicos o restaurar gobiernos amigos. Hoy en día es un quizá el estado más frágil de occidente sin apenas instituciones, corrupción endémica, colapso de la seguridad y los servicios públicos, así como el control territorial en manos de pandillas. Meritoria y desinteresada fue la intervención en Somalia, llevada a cabo por Estados Unidos para garantizar que la comida de Naciones Unidas llegaba a los más afectados por la hambruna y que sin embargo también terminó en un conflicto, la anarquía, la inestabilidad y la ausencia de un gobierno central efectivo.
Estados Unidos sabe ganar guerras. Lo que no está tan claro es que sepa ganar las paces. Al contrario, España es especialista en perder guerras, pero también en ganar paces. Hemos sido una potencia que ha perdido todos sus territorios, y lo que es peor, nos hemos enzarzado en disputas entre los propios españoles. Pero también hemos aprendido a reconciliarnos y a construir un futuro juntos. Somos maestros en “transiciones democráticas”. El paso del franquismo a la monarquía parlamentaria es un ejemplo de buen hacer para todas las naciones. Y es justo el camino que Cuba más necesita transitar.
Más tarde o más temprano es de esperar que las actuales autoridades cubanas (Raúl Castro tiene 94 años en 2025) empiecen a buscar una salida a la insostenible situación de miseria de su isla. Y ahí debe estar España, pendiente de su antigua joya, como una madre (patria) está pendiente de sus hijos aun cuando se hayan ido de casa. Una posibilidad creativa para ayudar al pueblo cubano a transitar hacia la democracia y el progreso podría ser la de ofrecer al pueblo cubano transformar su isla en un Estado Libre Asociado Temporal a España.
Una relación en la que Cuba se convirtiera en un Estado Libre Asociado a España sería un escenario político y jurídico extraordinario, con pocas referencias históricas recientes. Sin embargo, tomando como base modelos existentes (como el caso de Puerto Rico con EE. UU. o los territorios de ultramar franceses), podemos esbozar cómo podría estructurarse esa relación, siempre dentro de un marco hipotético y voluntario.
Un Estado Libre Asociado es una forma de autogobierno en la que un territorio mantiene su soberanía interna, pero establece un vínculo político, económico y/o jurídico especial con otro país. No se trata de una colonia, ni tampoco de una comunidad autónoma o una independencia completa: es una asociación voluntaria y pactada, generalmente reconocida por ambas partes y por el derecho internacional. Esta asociación o ELAt Cuba-España (t de temporal) podría empezar con un horizonte temporal de 25 o 50 años y podría implicar:
Gobierno autónomo cubano: Cuba mantendría su parlamento, presidente o primer ministro y el control sobre su legislación interna. España no gobernaría Cuba directamente, pero ofrecería marco institucional, garantías democráticas y apoyo constitucional si así se pacta. Cuba podría hacer su transición aceptando la constitución española como texto común (que a su vez quizá tendría que ser modificada en España).
Ciudadanía dual y libre tránsito: Los cubanos podrían optar a una ciudadanía compartida o especial, con derecho a residir, estudiar y trabajar en España y la UE. A cambio, los ciudadanos españoles podrían tener acceso preferente a Cuba. Los cubanos podrían ayudarnos inicialmente con nuestro déficit de población trabajadora al tiempo que se benefician de nuestro sobreabundante sistema educativo y universitario, y nosotros podríamos desarrollar la industria hostelera, automovilística, etc. en Cuba como puente hacia los mercados iberoamericanos.
Política exterior y defensa compartida: España podría representar a Cuba en ciertos foros internacionales o asistirla diplomáticamente al tiempo que podría existir un pacto de defensa común, con presencia coordinada o acuerdos militares limitados dándole independencia a Cuba respecto a Rusia, Estados Unidos y China.
Sistema económico e inversión: Cuba podría recibir fondos de cohesión o inversión pública española y europea, como ocurre con Canarias o territorios franceses de ultramar, así como participar del libre comercio, acceso preferente al mercado europeo, y la consiguiente modernización de infraestructuras y digitalización.
Justicia y derechos humanos: Cuba debería alinear su sistema judicial y constitucional con estándares democráticos europeos acordes a las garantías constitucionales españolas, facilitando así una rápida transición que garantizara la libertad de prensa, el multipartidismo, las elecciones libres y la división de poderes.
Protección cultural e identidad: Cuba conservaría plenamente su identidad nacional, símbolos y cultura, si bien se fomentaría un intercambio cultural e histórico renovado entre Cuba y España.
Para empezar a pensar en una transición sostenida por España como Estado Libre Asociado temporal, habría en primer lugar que facilitar la entrada a todos los cubanos que quieran salir en estos tiempos de crisis de Cuba. El Banco de España estima que España necesitaremos 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Podríamos empezar por facilitar el ingreso de los cubanos que lo deseen (¿y porque no? nicas, haitianos y venezolanos del programa “parole humanitario” de Estados Unidos implementado por el gobierno de Joe Biden para reducir la inmigración irregular por la frontera que benefició a más de 530.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y que ahora quiere cancelar Donald Trump). Cuantos más cubanos pisen España más sólida será la alianza entre la madre patria y la perla. Esto desde luego habrá que hacerlo teniendo en cuenta un proceso constituyente cubano, con consulta popular sobre el modelo y que garantice como lo hizo La Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977) que fue la ley de la transición española que borró los delitos políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, es decir cometidos durante la dictadura franquista, una cierta tolerancia en la convivencia entre quienes han oprimido al pueblo y los que han sido oprimidos. La justicia, la convivencia, y el bienestar son un triángulo muy difícil de sostener unido, al menos al inicio.
Después procedería una negociación bilateral entre gobiernos, refrendada en parlamentos y posiblemente por referéndums en ambos países, y que finalmente debería gozar del reconocimiento internacional de la ONU y la UE y tener el visto bueno de los Estados Unidos, a quien habría que convencerle de que le estamos quitando un problema de encima.
Puede sonar a política ficción. Quien escribe estas líneas es un forestal sin grandes conocimientos políticos, pero eso sí, enamorado de Hispanoamérica. España nunca ha sido o tenido un "Estado Libre Asociado" en su marco constitucional moderno, y menos aún uno temporal (se podría firmar por 25 o 50 años y llegado el paso de dicho tiempo renovarlo, cancelarlo, modificarlo o incluso que Cuba solicitara la incorporación a España como Comunidad Autónoma). Realmente estaríamos ante una innovación radical política, ante una nueva forma de modificar fronteras y estados de modo pacífico, fluido y dinámico (como hacemos con las empresas). Sé que habrá quien diga: “ya tenemos suficientes problemas en España como para preocuparme por Cuba…” pero a veces dejar de mirarnos al ombligo y salir de nosotros mismos puede ser el inicio de un cambio de ciclo. Y España necesita uno ya...
España requiere inmigrante a ser posible cualificados en mecánica, enfermería, geriatras, camareros, albañiles, cuidadores o informáticos entre otras profesiones y que además sean capaces, trabajadores, integrables y similares a nosotros. Los cubanos pueden hacer funcionar un "almedrón" de los 50, son excelentes sanitarios, saben de hostelería, y su mayor deseo es salir adelante y encontrar un sitio en el que con su trabajo duro puedan vivir con dignidad. Cuba requiere alguien que les ayude a preparar y ejecutar una transición política que deje atrás el terrible grito “Patria o muerte” y quizá lo sustituya por algún son cubano fusionado con unas bulerías gaditanas aderezadas con una guitarra y un cajón que cante algo así como:
España y Cuba, amor de “patria y vida”,
abrazo de madre que nunca se olvida.
Sufrida “perla del caribe”, esta es tu casa
donde el alma española a su hija abraza.
¿Y si nunca nos hubiéramos separado?
Prieto Valdés, M. (2016). La ciudadanía cubana. Mirando alrededor y al pasado para resolver un problema de hoy. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 49(145), 173–194. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2016.145.4995