N.º 58 - Las prioridades claras, Sr. Albares
concesiones a los regionalismos anti-españoles vs. negación de derechos fundamentales de todos los españoles, especialmente aquellos desprotegidos.
El artículo 10.2 de la Constitución española, ordena con claridad providencial que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Sobre esta línea de razonamiento, el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a la nacionalidad y prohíbe la privación arbitraria, al tiempo que extiende su protección a todos los individuos, ciudadanos o no. Por lo tanto, el Estado español, desde Su Majestad el Rey hasta cada ministro vienen obligados, por mandato constitucional, a la protección de la ciudadanía.
El 14 de julio de 2025, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró desde Bruselas que el catalán, el euskera y el gallego sufren una «discriminación» en el seno de la Unión Europea por no ser lenguas oficiales. «Esto es una discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional», dijo, con tono solemne, al asegurar que aunque no pueda garantizar que el próximo día 18 sea «el día D», sí habrá «un día D» para lograr esa oficialidad.1
Mientras tanto, los millones de descendientes de españoles nacidos en Cuba y Puerto Rico antes de 1898 —territorios ultramarinos incorporados de pleno derecho al reino, no colonias— siguen privados del reconocimiento de su ciudadanía española de origen. En marzo de 2023, el mismo ministro Albares negó toda posibilidad de restituirla, amparándose en tecnicismos jurídicos y alegando que el Tratado de París no puede ser denunciado unilateralmente. No hubo memorándum, ni ofensiva diplomática, ni “día D” prometido.2
¿En qué clase de Estado las lenguas regionales tienen más peso político que el solemnísimo respeto a los derechos fundamentales, y especialmente el de ciudadanía, considerado el derecho a tener derechos, piedra angular del Estado moderno?
Discriminación: una palabra mal usada
El catalán, por ejemplo, es una lengua regional protegida por la Constitución española. Es oficial en su territorio, enseñada en escuelas, usada en la administración y con presencia internacional. ¿Que no se le permite usarse en trámites de la UE? Podría calificarse de «limitación», incluso de «desigualdad de trato», pero es una discriminación perfectamente justificada porque el español es la lengua común de todos los españoles, y porque sería un absurdo descomunal, por extensión, elevar todas las lenguas regionales europeas a que sean también de trabajo para la Unión, lo cual supondría una exacción millonaria que entorpecería el trabajo ya bastante intrusivo de Europa. Pero hablar de discriminación hacia esas lenguas por no considerarse dentro de las oficiales europeas es un uso irresponsable del lenguaje, y también una perversión absoluta de la dimensión jurídica de la discriminación.
La verdadera discriminación, Sr. Albares, la sufrieron quienes fueron privados de su nacionalidad de forma colectiva e ilegal en 1898, sin opción de conservarla, sin consulta, sin resarcimiento, sin derecho al retorno, y la que sufren hoy sus descendientes. Como tuve el honor de exponerse, Sr. Albares, el artículo IX del Tratado de París provocó la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles de origen, que además de ser un escándalo internacional de cuyo silencio somos todos cómplices, y que fue impuesto, no negociado, y que encima no contó con la preceptiva autorización de las Cortes que imponía el artículo 55.4 de la Constitución de la Monarquía, que articulaba una barrera adicional de protección a los españoles para protegerlos de tratados que generaran obligaciones personales. Esa, Excelencia, es una forma de exclusión institucional que merece el calificativo de «discriminación estructural» y que a día de hoy usted, y el gobierno al que usted pertenece, permiten que persista, a sabiendas de su existencia y su antijuricidad ab initio.
Un doble rasero diplomático
El Gobierno de España ha mostrado que su política exterior responde a prioridades internas, no a principios universales. Para satisfacer a sectores nacionalistas, presiona en Bruselas para lograr una medida simbólica: la oficialidad lingüística. Pero para reparar una violación histórica que afecta derechos fundamentales consustanciales con la misma esencia de un pacto sagrado llamado a mantener la integridad territorial y poblacional de España —la nacionalidad, la identidad, la pertenencia— no mueve un dedo. La diferencia está en la rentabilidad política.
Mientras se agitan banderas identitarias en Europa, se ignora a quienes deberían ser reconocidos como españoles de pleno derecho. El gobierno califica de «ofensa a nuestra identidad nacional» que no se oficialicen ciertas lenguas, pero ve como una cuestión cerrada la restitución de la ciudadanía a quienes fueron despojados de ella sin razón legal ni moral, y teniendo a la vista el importantísimo precedente de la ley de concesión de la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de los reinos católicos hace cinco siglos. Si sirve para medio milenio cuando ni siquiera estaban sentadas las bases del Estado moderno, debe servir para un siglo, porque Cuba y Puerto Rico entraron en la vida política española durante su etapa constitucional.
¿Qué revela esta inversión de prioridades?
Que el Estado español sigue más preocupado por la representación simbólica que por la reparación de derechos, derechos, debo añadir, que no son poca cosa, sino que son los derechos que sostienen la noción de permanencia de la nación española, y que la negativa suya, Sr. Albares, vulnera. Revela una clarísima y patente violación del orden constitucional, y su grosera preterición para anotarse puntos apócrifos y efímeros y garantizar la permanencia —si bien precaria— en el poder. Y por último, que la sensibilidad con las «identidades culturales» no se extiende, curiosamente, a quienes comparten apellido, sangre y legado jurídico con la nación española, de la que fueron expulsados, como lo fueron los judíos, pero esta vez, de un plumazo aciago, caprichoso y arbitrario.
Lo que se pide no es un favor, ni una gracia política. Es una reparación. Es un derecho fundamental cuya tutela efectiva está garantizada por la Constitución. España aún está a tiempo de corregir esa injusticia. Pero para hacerlo, debe entender que la ciudadanía es más importante que la visibilidad en Bruselas. Que los derechos fundamentales no pueden subordinarse a estrategias de apaciguamiento territorial. Y que no hay «identidad nacional» completa mientras millones de sus hijos sigan considerados extranjeros por una traición jurídica firmada en 1898, a la que han sucedido toda clase de desidias y supina ignorancia de los propios españoles, sobre todo aquellos llamados a tener un dominio absoluto del Derecho e Historia españoles.
El día D que promete Albares para las lenguas regionales de España no es urgente. El día D que necesitan los españoles del ultramar lleva 126 años de retraso. Que se pongan ambas cuestiones en la misma balanza, y veremos cuál pesa más. El gobierno tiene la obligación, moral y constitucional de elegir entre la coherencia histórica o la conveniencia política. Por ahora, ha optado por lo segundo. Los que estamos aquí no nos vamos a callar.
Por el reencuentro del pueblo español, ¡es hora de volver a casa!
Maikel Arista-Salado
Ballester Esquivias, J. M. (2023, marzo 31). Albares niega la nacionalidad a los cubanos perjudicados por el Tratado de París de 1898. El Debate.