N.º 97 - Baraguá y la incapacidad del régimen cubano para negociar
Búsqueda de documentos históricos
Cuando no aparece la partida: archivos, ciudadanía y memoria histórica cubana
La ausencia de un documento no equivale a la inexistencia de un derecho
Una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia se refiere a la manera de acreditar la ascendencia de una persona nacida en Cuba durante el siglo XIX cuando no aparece su partida de bautismo o de nacimiento. La inquietud es comprensible: muchos archivos parroquiales desaparecieron como consecuencia de incendios, guerras, traslados, abandono institucional, deterioro material o simples pérdidas administrativas. Sin embargo, la desaparición del libro original no significa necesariamente que haya desaparecido toda prueba de la existencia, nacimiento, filiación o condición jurídica de aquella persona.
El error más común consiste en buscar exclusivamente una partida sacramental y, al no encontrarla, considerar terminada la investigación. La vida jurídica de una persona deja normalmente más de una huella documental. El nacimiento y la filiación podían constar, directa o indirectamente, en expedientes matrimoniales, testamentos, protocolos notariales, padrones de vecinos, censos electorales, expedientes universitarios, hojas de servicio militar, nombramientos administrativos, expedientes profesionales, documentos migratorios y registros de identidad.
Por tanto, la investigación genealógica seria no debe limitarse a una parroquia ni a un solo tipo de documento. Debe reconstruir la trayectoria vital del antepasado.
Comenzar por la vida de la persona
Cuando falta la partida original, la primera pregunta no debe ser únicamente dónde nació la persona, sino qué hizo durante su vida.
¿Estudió en una universidad? ¿Ejerció la medicina, el Derecho o el magisterio? ¿Sirvió en el Ejército? ¿Ocupó un cargo público? ¿Contrajo matrimonio canónico? ¿Otorgó testamento? ¿Poseyó bienes? ¿Emigró? ¿Solicitó un pasaporte? ¿Fue elector o contribuyente?
Cada una de esas actividades podía generar un expediente. En determinados procedimientos, el interesado debía presentar una certificación de bautismo, nacimiento, edad, filiación, naturaleza o vecindad. Aunque el documento parroquial original se haya perdido, una copia, traslado, extracto o referencia puede conservarse dentro de otro expediente.
Los fondos del Archivo Histórico Nacional español contienen, por ejemplo, numerosas series de expedientes personales de funcionarios del Gobierno y la Capitanía General de Cuba. PARES registra expedientes de secretarios, oficiales, archiveros y otros empleados destinados en distintas dependencias cubanas durante el siglo XIX. Esto confirma algo metodológicamente importante: los documentos relativos a una persona no tienen necesariamente que encontrarse en el archivo de la localidad donde nació. Pueden hallarse en el archivo de la institución en la que estudió, trabajó, sirvió o realizó una gestión administrativa.
También existen en la Sección de Ultramar expedientes generales relativos a la naturalización, residencia y domicilio de extranjeros en Cuba, lo que demuestra la amplitud de la documentación administrativa producida para distinguir la naturaleza, la nacionalidad, el domicilio y la vecindad de los habitantes de la isla.
La investigación debe realizarse, por ello, en círculos sucesivos:
La parroquia de nacimiento y las parroquias cercanas.
Los expedientes matrimoniales del interesado, de sus hermanos y de sus hijos.
Los registros civiles, allí donde ya estuvieran implantados.
Los protocolos notariales y testamentarios.
Los padrones municipales y de vecindad.
Los expedientes escolares, universitarios, profesionales, militares o administrativos.
Los fondos del Gobierno General de Cuba y del antiguo Ministerio de Ultramar.
Los documentos de sus familiares, en los cuales puede aparecer reproducida o declarada su filiación.
No toda referencia posee el mismo valor probatorio. Una partida original o una certificación auténtica suele ofrecer una prueba más directa que una simple mención en un padrón. Pero varias pruebas concordantes pueden reconstruir razonablemente un hecho cuando el documento principal ha desaparecido. La investigación histórica y genealógica funciona muchas veces mediante la convergencia documental, no mediante la existencia milagrosa de una sola pieza.
Las cédulas personales y de vecindad
Entre los documentos que merecen atención se encuentran las cédulas personales o de vecindad. Estos instrumentos servían para identificar a la persona y acreditar determinados datos civiles, fiscales, administrativos o policiales. En las provincias de Ultramar también estuvieron vinculados al control de la residencia y de la circulación interior.
PARES conserva, por ejemplo, un expediente de 1872 relativo a un vecino de Morón que solicitó la eliminación de la nota de «vigilado político» que aparecía en la cédula de vecindad de él y de su familia. El documento muestra que la cédula no era una abstracción legislativa, sino un instrumento utilizado efectivamente por la Administración cubana.
Ahora bien, debe evitarse una conclusión excesiva: poseer una cédula personal no demostraba necesariamente que alguien fuera español. Los extranjeros residentes también podían quedar sujetos a obligaciones de identificación y documentación. Su utilidad consiste en que la cédula podía indicar el nombre, la edad, la naturaleza, el domicilio, la profesión y otras circunstancias del titular. Puede ser, por tanto, una pieza de corroboración, aunque no siempre constituya por sí sola prueba concluyente de nacionalidad.
Lo mismo sucede con los padrones. La inscripción como vecino acredita una relación territorial y administrativa relevante, pero vecindad y nacionalidad no son categorías idénticas. Sin embargo, cuando un padrón coincide con un expediente matrimonial, una hoja de servicios, una escritura notarial y una referencia parroquial, el conjunto puede adquirir considerable fuerza probatoria.
¿Dónde buscar?
En España, un punto fundamental es el Archivo Histórico Nacional, especialmente los fondos correspondientes al Ministerio de Ultramar y al Gobierno de Cuba. No todos los expedientes están digitalizados ni descritos individualmente, pero el portal PARES permite identificar series, signaturas y unidades documentales antes de solicitar su consulta.
En Cuba, deben examinarse el Archivo Nacional de la República de Cuba, los archivos provinciales y municipales, los archivos parroquiales y diocesanos, los protocolos notariales y los fondos históricos de instituciones como la Universidad de La Habana. En Puerto Rico, corresponde realizar una investigación equivalente en el Archivo General de Puerto Rico, los archivos eclesiásticos y los fondos municipales.
No debe asegurarse de antemano que un documento concreto se encuentra en una serie determinada. Los fondos históricos han sufrido reorganizaciones, transferencias, pérdidas y cambios de clasificación. La investigación responsable exige consultar los instrumentos descriptivos y, cuando sea necesario, comunicarse directamente con los archiveros.
Propaganda política y precisión histórica
Parte de la confusión procede del lenguaje empleado por los propios autonomistas. Para defender la urgencia de su programa, era políticamente eficaz presentar el régimen anterior como puramente colonial y la autonomía como el nacimiento de una nueva condición política. Era propaganda comprensible dentro de una lucha partidista, pero no debe transformarse automáticamente en descripción jurídica objetiva.
Los programas políticos no son tratados de Derecho público. Exageran agravios, simplifican situaciones y presentan cada reforma como una ruptura histórica. El investigador debe distinguir entre lo que un partido afirmaba para movilizar apoyo y lo que efectivamente disponían la Constitución, las leyes electorales, la legislación provincial y las prácticas administrativas.
La historia constitucional cubana anterior a 1898 fue contradictoria: integración y desigualdad; representación y centralización; ciudadanía formal y sufragio restringido; asimilación legislativa y especialidad ultramarina. Precisamente por eso no puede reducirse a la fórmula según la cual Cuba fue una colonia sin derechos hasta que un decreto de 1897 la convirtió repentinamente en provincia.
Recuperar los documentos para recuperar la historia
La búsqueda de una partida desaparecida y el estudio de la condición constitucional de Cuba parecen asuntos diferentes, pero en realidad están profundamente relacionados. Ambos exigen abandonar las fórmulas heredadas y regresar a los documentos.
Cada partida, padrón, cédula, expediente universitario, hoja de servicios o registro electoral permite reconstruir la vida jurídica de los cubanos antes de 1898. Esos documentos no solo identifican antepasados. También muestran cómo la Administración los clasificaba, qué derechos ejercían, qué obligaciones soportaban y de qué manera estaban incorporados a las instituciones de la Monarquía.
Por eso, cuando no aparece una partida, la investigación no termina: cambia de dirección. Y cuando una interpretación histórica se presenta como indiscutible, también debemos cambiar de dirección y volver a las fuentes.
La memoria jurídica cubana no se recuperará repitiendo consignas, sean independentistas, autonomistas o españolistas. Se recuperará mediante documentos, crítica histórica y precisión conceptual. Ese trabajo puede ser lento, pero es la única base seria para determinar qué fueron jurídicamente Cuba y sus naturales y qué consecuencias produjo sobre ellos la ruptura de 1898.
«No nos entendemos»: Baraguá y la incapacidad del poder cubano para negociar
En marzo de 2026, apenas dos días después de reconocer públicamente que su Gobierno mantenía conversaciones con Washington, Miguel Díaz-Canel recurrió a una imagen profundamente arraigada en la cultura política cubana: la Protesta de Baraguá. Al recordar el encuentro entre Antonio Maceo y Arsenio Martínez Campos, el gobernante reprodujo la frase con la que la tradición resume el desacuerdo del general cubano con el Pacto del Zanjón: «No nos entendemos».
La referencia no fue una evocación histórica inocente. Carla Gloria Colomé advirtió entonces en El País que la alusión podía ofrecer una pista sobre las presiones existentes dentro de unas negociaciones de cuyo contenido apenas se conocían detalles. Mientras Washington reclamaba cambios políticos y económicos sustantivos, la Habana insistía en que cualquier conversación debía desarrollarse sin presiones y sin someter a discusión la continuidad de su sistema político. La recuperación de Baraguá permitió a Díaz-Canel situar el diálogo dentro de una línea reconocible: frente a un adversario poderoso que exige concesiones, Cuba debe responder con la intransigencia de Maceo.
Los acontecimientos posteriores reforzaron aquella impresión. El 30 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reconoció que las conversaciones con Estados Unidos se encontraban paralizadas. El canciller afirmó, además, que las reformas económicas anunciadas por el gobierno cubano eran una cuestión de «total y absoluta soberanía» y que la Habana no estaba interesada en conocer la opinión estadounidense sobre ellas. Las conversaciones habían llegado, una vez más, al punto en que ambas partes podían hablar, pero no alcanzar un acuerdo sustantivo.
El fracaso puede explicarse por múltiples razones. La Administración estadounidense, considera insuficientes las reformas ofrecidas por el régimen y reclamaba la excarcelación de presos políticos, una mayor apertura económica y cambios estructurales. Existe, sin embargo, una dificultad insuperable. El poder cubano no concibe la negociación como un ejercicio ordinario de reciprocidad, límites y concesiones mutuas. Tiende a entenderla como una prueba de resistencia en la que ceder puede equivaler a perder y en la que aceptar condiciones impuestas por el adversario amenaza no solo determinados intereses, sino la propia dignidad política del régimen.
La «Revolución cubana» se representa como heredera de una tradición histórica de intransigencia que no comienza en 1959. Dentro de la narrativa oficial, Céspedes inicia una sola revolución en 1868; Maceo preserva su honor en Baraguá; Martí la reorganiza en 1895; y Fidel Castro la conduce finalmente al poder. La continuidad entre aquellos episodios permite presentar al régimen actual no como una forma contingente de gobierno, sino como la culminación histórica de la nación.
Dentro de ese relato, el pacto ocupa un lugar moralmente inferior. El Pacto del Zanjón, que puso fin a la Guerra de los Diez Años y abrió posteriormente cauces de participación política, representación parlamentaria y organización partidista, quedó asociado con la capitulación. La Protesta de Baraguá, en cambio, fue elevada a expresión suprema de dignidad, firmeza e intransigencia revolucionaria, vista ésta última como parámetro moral. Y así se enseña en las escuelas.
La prensa oficial no oculta esta interpretación. Granma ha definido Baraguá como «símbolo eterno de la intransigencia revolucionaria» y ha reiterado que el futuro de Cuba será «un eterno Baraguá». En marzo de 2026, mientras se desarrollaban las conversaciones con Estados Unidos, dirigentes del Partido Comunista volvieron a contraponer la firmeza de Maceo frente a los «zanjoneros de ayer y hoy» y prometieron que Cuba no claudicaría jamás.
No hay mucho espacio para la ambiguedad. En otro artículo, el propio órgano oficial del PCC había resumido el legado de Baraguá mediante una frase particularmente reveladora: la Revolución cubana «no negocia sus principios y objetivos». En el vocabulario del régimen cubano, los principios tienden a abarcar también el monopolio del Partido Comunista, la ausencia de elecciones competitivas y la exclusión de cualquier alternativa organizada, la brutal represión de toda disidencia. La soberanía de Cuba termina confundiéndose con la indisponibilidad del régimen.
Esta concepción del poder encuentra una explicación cultural especialmente lúcida en Guillermo Rodríguez Rivera. En Por el camino de la mar, o Nosotros, los cubanos, el escritor vincula la memoria de Antonio Maceo con una determinada sensibilidad cubana respecto del honor, el engaño y la derrota:
«Todo cubano siente, desde algún lugar de sí, ese reclamo del honor que le insufló el mulato Maceo, el hombre al que él creció oyendo llamar el Titán de Bronce. Pero aquel viejo “que no me jodan”, alimentado por muchos años de frustraciones, viene también desde algún lugar de su conciencia para contribuir a la conformación de su ética, que no es únicamente la de tiempos de guerra».
«Ello, a fin de cuentas, cimenta su fama de “cabrón de la vida”, que es una suerte de envés del “comemierda” —lo pongo en el modo en el que él lo dice, y que resulta muy grosero para un extranjero—, acaso lo peor que, para él mismo, pueda ser considerado un cubano».
«El “comemierda” es un “perdedor” no por sus defectos intrínsecos, sino porque es manipulado, porque alguien lo usa para su beneficio. El “comemierda” no es que lo sea esencialmente, sino que “lo cogen de comemierda”. Hay un error en su apreciación, una tonta ingenuidad en su conducta que el otro le induce a ejercer o que el otro utiliza para aprovecharse de ella. Ser “cogido de comemierda” implica una derrota que daña hondamente la autoestima del cubano» (Rodríguez Rivera, 2016).
La vulgaridad de los términos no debe ocultar la importancia del argumento. Rodríguez Rivera identifica una representación cultural dentro de la cual imponerse conserva el honor, mientras confiar, ceder o aceptar una transacción expone al individuo a ser utilizado. El «comemierda» no es necesariamente un incapaz. Es el que permitió que otro se aprovechara de él. Su derrota es tanto material como moral.
Trasladado a la política, este código contamina la negociación con la sospecha del engaño. Pactar puede parecer ingenuidad. Conceder puede interpretarse como humillación. Aceptar un resultado imperfecto puede significar que el adversario ha logrado «cogerte de comemierda».
La asociación con Maceo es explícita y permite comprender la desigual valoración histórica del Zanjón y Baraguá. Quienes aceptaron el pacto desaparecen como sujetos políticos capaces de evaluar el agotamiento de la guerra, ponderar sus posibilidades y buscar una salida negociada. Quedan reducidos a «zanjoneros», derrotistas u hombres incapaces de sostener los principios. Maceo, por el contrario, se convierte en depositario del honor colectivo, incluso cuando su protesta no pudo impedir el final efectivo de la contienda.
Baraguá entonces se erige en vara permanente de la dignidad cubana, y el Zanjón en sinónimo de claudicación. Con ello se obvia por completo que ese pacto se tradujo en derechos políticos palpables y en un auge económico no superado aún.
El contraste ha sido reforzado sistemáticamente por la historiografía y el ceremonial oficial. El Informe del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al Primer Congreso exaltó a Maceo como símbolo del «espíritu y la indomable voluntad de lucha» del pueblo cubano, pero evitó mencionar expresamente el pacto frente al cual se produjo la protesta. Al amputar el Zanjón del relato, Maceo parece protestar casi en el vacío. La negociación desaparece como alternativa política legítima y solo sobrevive la intransigencia como virtud.
El Partido Comunista ha declarado repetidamente que el «espíritu de Baraguá» permanece arraigado en la vida política de la nación. La resistencia no es presentada como un recurso excepcional frente a una amenaza concreta, sino como cualidad permanente del poder revolucionario. He ahí la verdadera dificultad de cualquier negociación con La Habana. Una negociación auténtica exige reconocer que la contraparte posee intereses legítimos, admitir que ninguna parte puede obtenerlo todo, distinguir entre principios esenciales y posiciones revisables, y aceptar compromisos verificables. También obliga a reconocer que el adversario puede tener razón en algunos extremos y que el acuerdo no es una rendición, sino una forma de administrar civilizadamente el desacuerdo.
Difícilmente el régimen de la Habana admitirá una negociación en la que el poder mismo reconozca límites permanentes, acepte a sus adversarios como actores legítimos y renuncie a su pretensión de encarnar exclusivamente a la nación. Admitir que la Revolución no es Cuba; que la oposición no es necesariamente mercenaria ni anticubana; y que la soberanía popular no puede quedar permanentemente secuestrada por una organización que se considera heredera exclusiva de las guerras del siglo XIX son concesiones que la tiranía no está dispuesta a asumir porque implicaría revisar el fundamento histórico del poder. Si el régimen deriva su legitimidad de una Revolución única e ininterrumpida, reconocer el pluralismo equivaldría a admitir que posee un derecho perpetuo a gobernar.
Por eso la intransigencia no es una obstinación ocasional del poder cubano. Es uno de sus títulos históricos de legitimidad. Con esto no quiero decir que Maceo sea responsable de los fracasos diplomáticos del siglo XXI ni que Baraguá haya causado directamente el autoritarismo castrista. La historia no funciona mediante líneas causales tan simples. Significa que la canonización in extremis de Baraguá suministró una sustrato político de larga duración mediante la cual la resistencia adquiere prestigio moral y el pacto queda bajo sospecha.
El castrismo heredó ese tamiz, lo radicalizó y la convirtió en doctrina de Estado, e incluso, en un «valor patrio», o sea, que a cada cubano le toca la intransigencia por la libreta. En su relato, la intrnasigencia confirma la «validez revolucionaria», mientras que la concesión amenaza con desmentirla. El régimen puede soportar el aislamiento, la pobreza, los apagones y el deterioro económico con mayor facilidad que un acuerdo que lo obligue a reconocerse limitado.
La evocación de Baraguá realizada por Díaz-Canel en medio de las conversaciones con Washington fue, por ello, muy reveladora. No constituyó solamente una advertencia dirigida a Estados Unidos. También fue una declaración hacia el interior del sistema: el Gobierno podía conversar, pero no estaba dispuesto a ser identificado con los «zanjoneros». Podía sentarse a la mesa, siempre que nadie interpretara el diálogo como una disposición a revisar los fundamentos del poder.
«No nos entendemos» no fue solo una cita histórica. Fue la descripción anticipada del resultado.
Cuando una sociedad política convierte la resistencia en virtud absoluta, negociar puede parecer una deshonra. El adversario no es alguien con quien se construye un acuerdo imperfecto, sino alguien que intenta imponerse, humillar o «cogerte de comemierda».
Mientras esa lógica siga organizando la memoria histórica y la legitimidad del poder cubano, las conversaciones podrán comenzar muchas veces. El entendimiento será mucho más difícil.
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Maikel Arista-Salado