N.º 86 - Apéndice documental
Documentos oficiales contra el artículo IX del Tratado de París
«Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este pequeñísimo compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios»
I. Contenido, propósito y razón de esta compilación.
Este apéndice documental tiene por objeto exponer, desde la perspectiva del Derecho público español, los dos grandes obstáculos que hoy se oponen al reconocimiento de la nacionalidad española de los descendientes de los naturales de Ultramar. El primero de ellos es el artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, cuya entrada en vigor supuso para España la imposición de un proceso de desnaturalización masiva y forzosa de quienes hasta entonces eran sus nacionales de origen en Cuba y Puerto Rico.
La revisión de publicaciones académicas, institucionales y divulgativas sobre el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 muestra un patrón bastante estable: el tratado sigue muy presente como hito histórico, pero su recuerdo suele venir cargado de una valoración negativa asociada, ante todo, a la pérdida de territorios por parte de España y al nacimiento de la expansión ultramarina de los Estados Unidos. Incluso cuando el tratamiento es más neutro o pedagógico, el foco recae casi siempre en el fin de la guerra hispano-estadounidense, la renuncia de España a Cuba y la cesión de Puerto Rico, Guam y Filipinas. En unos casos se le presenta como el acto que convirtió a Estados Unidos en potencia mundial; en otros, como el cierre del llamado «desastre» español. Lo que domina, en suma, es la lectura geopolítica del tratado: mapas, soberanía, imperio, derrota, ocupación.
Sin embargo, esa memoria dominante deja en sombra su dimensión más grave y menos discutida: los efectos del tratado sobre la condición política de los habitantes de los territorios cedidos o renunciados. El tratado desde luego, no se limita a ordenar una transferencia territorial bajo las figuras de la renuncia de la soberanía y la cesión, sino que hace una distinción entre los españoles peninsulares residentes en esos territorios, a quienes permite conservar su vínculo de lealtad a la Corona si manifiestan esa voluntad dentro de un año después de la entrada en vigor del tratado, y los habitantes nativos de los territorios cedidos, cuya «condición política» queda entregada a la determinación del Congreso de los Estados Unidos. Y allí donde la ley no distingue, no cabe hacer la distinción. Si la ley constitucional española no distingue entre unos y otros, un tratado no debe tampoco hacerlo especialmente cuando el origen nacional es la vara para otorgar —o negar— derechos.
La literatura jurídica más seria sobre Puerto Rico no estudia el fenómeno de desconexión constitucional con España, sino que se centra únicamente en las nuevas relaciones de poder con Estados Unidos, al explotar el tema de la apatridia e indeterminación civil sobrevenidas. La conversación pública recuerda el Tratado de París como pérdida de suelo, pero rara vez lo recuerda también como operación sobre las personas, esto es, como el instrumento que desencadenó la desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios. A mi juicio, una de las mayores cegueras de la historiografía corriente: ha llorado bastante por el territorio y muy poco por los nacionales. Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios.
El segundo obstáculo radica en la construcción de una doctrina administrativa que, por vía de analogía, ha terminado por equiparar a Cuba y Puerto Rico con el Sáhara y la Guinea españoles, aplicando a aquellos territorios una ratio decidendi elaborada para supuestos histórica, política y jurídicamente distintos. Esa traslación, cristalizada en la práctica administrativa contemporánea a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 y de su recepción por la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha servido para consolidar un criterio restrictivo que desconoce la singular posición constitucional, legislativa e institucional que Cuba y Puerto Rico ocuparon dentro de la Monarquía española en el siglo XIX.
A partir de ambos presupuestos, este apéndice no se limitará a describir una dificultad técnica en materia de nacionalidad, sino que intentará demostrar que nos hallamos ante un problema de rango constitucional: el de la continuidad histórica y jurídica de la nacionalidad española, el alcance de la potestad del Estado para privar de ella a sus nacionales de origen, y la legitimidad de una doctrina administrativa que, al desfigurar la naturaleza de los territorios de Ultramar, termina restringiendo injustamente un derecho de la máxima relevancia. En otras palabras, lo que aquí está en juego no es solo una discusión interpretativa, sino la necesidad de revisar críticamente uno de los puntos más oscuros y menos resueltos del ordenamiento español contemporáneo.
Además, este apéndice cumple una función de orden y transparencia documental: en ambos casos se publican los principales instrumentos jurídicos que integran el respectivo tracto procesal, de modo que el lector pueda seguir, con continuidad y precisión, la secuencia completa de actuaciones, peticiones, respuestas, omisiones administrativas, recursos y demás hitos relevantes. No se trata solo de aludir a los expedientes, sino de poner a la vista los textos que los conforman, para que pueda apreciarse de manera directa cómo se ha articulado jurídicamente cada controversia, cuáles han sido sus fundamentos, y en qué puntos concretos se manifiestan las resistencias institucionales que este libro denuncia.
II. Contra el artículo IX del Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898
Petición al Consejo de Ministros. Asunto: denuncia del artículo IX del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre de 1898, relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y Puerto Rico, radicado en el Consulado general de España en Miami, el 7 de octubre de 2022, con número de registro 10094.
Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 23 de febrero de 2023, por la que se da contestación al [Doc n.º 1] escrito de petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández en el que solicita la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, notificada el 20 de marzo de 2023.
Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, de 13 de abril de 2023 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra [Doc n.º 2] Orden dictada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 23 de febrero de 2022 (notificada el 20 de marzo), que deniega [Doc n.º 1] Petición al Consejo de Ministros.
Escrito de demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Procedimiento Ordinario n.º 766/2023. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4.ª
Escrito del Abogado del Estado por el que se da contesta a [Doc. n.º 4] Demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, n.º 766/2023
