N.º 81 - Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos
Entrevista en La Voz de Borinquen
La entrevista provocó el comentario crítico de Eddie Ortiz, amigo de esta casa, del tenor siguiente:
«Quiero responder con respeto a los comentarios de Maikel sobre Puerto Rico. Primero, es importante reconocer algo fundamental. Muchos cubanos, incluyendo a Maikel, sienten una profunda gratitud hacia los Estados Unidos porque este país les brindó oportunidades y estabilidad. Esa experiencia merece respeto y cada persona tiene derecho a sentirse agradecida por el país que le abrió las puertas. Sin embargo, la experiencia personal o el agradecimiento individual no pueden utilizarse para definir la realidad política de Puerto Rico ni para minimizar las condiciones estructurales bajo las cuales viven los puertorriqueños. El análisis de Puerto Rico debe basarse en su realidad legal y política, no en percepciones personales ni en comparaciones generales.
Independientemente del término que se utilice, colonia o territorio describen la misma condición legal. Puerto Rico no es soberano, no es igual a los estados y está sujeto a la autoridad plenaria del Congreso de los Estados Unidos. Bajo la ley federal y las decisiones del Tribunal Supremo, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él en igualdad de condiciones. Tanto una colonia como un territorio comparten la característica esencial de estar bajo el control de otra nación sin plena autonomía política. Cambiar la terminología o llamarlo una anomalía no cambia la naturaleza de la relación.
También es importante aclarar el argumento sobre los plebiscitos. Con frecuencia se afirma que los puertorriqueños han decidido mantener su estatus, pero lo que muchos no entienden es que ninguno de los siete plebiscitos celebrados ha sido vinculante. Todos fueron creados y financiados por el gobierno local y ninguno fue autorizado ni comprometido por el Congreso de los Estados Unidos. La única entidad con autoridad para cambiar el estatus político de Puerto Rico es el Congreso. Mientras el Congreso no convoque o se comprometa a un referéndum vinculante, estos procesos no representan una verdadera autodeterminación. En la práctica, han funcionado como herramientas políticas internas para movilizar votantes sin consecuencias legales reales.
Cuando se afirma que Puerto Rico no está oprimido, es necesario entender que la opresión moderna no siempre se manifiesta con fuerza militar o represión visible. También existe a través de estructuras legales donde las decisiones fundamentales son impuestas sin representación democrática plena. Puerto Rico está sujeto a políticas federales que ningún estado enfrenta. Entre ellas se encuentran el Acta Jones, que encarece el costo de los bienes al restringir el transporte marítimo; la ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo no electo con autoridad superior al gobierno local; la aplicación de leyes federales sin representación con voto en el Congreso; la ausencia del derecho al voto presidencial; las limitaciones para negociar acuerdos comerciales o relaciones internacionales; la imposibilidad de establecer políticas económicas soberanas; y programas contributivos como el Acta 60 que favorecen a inversionistas externos mientras muchos residentes locales enfrentan presión económica y desplazamiento. Cuando una población está sujeta a decisiones tomadas por autoridades que no puede elegir ni remover, existe una forma clara de subordinación estructural.
El argumento de que Puerto Rico está mejor que otros países de América Latina también debe analizarse con cuidado. La apariencia de desarrollo no equivale a estabilidad económica ni a bienestar general. Más del cuarenta por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza, la migración masiva ha reducido significativamente la población, miles de escuelas han cerrado, los servicios de salud se han debilitado y muchos trabajadores ganan menos de veinticinco mil dólares al año. Industrias altamente rentables, incluyendo el sector farmacéutico, operan bajo incentivos contributivos especiales mientras los salarios locales permanecen bajos. Tener alimentos disponibles o infraestructura moderna no significa que la economía esté funcionando para la mayoría de la población.
La migración tampoco debe presentarse como una ventaja estructural. Los puertorriqueños no abandonan la isla simplemente porque pueden hacerlo, sino por la falta de oportunidades económicas, la escasez de empleos, el cierre de escuelas y hospitales y la inestabilidad general. Una migración masiva y sostenida no es un beneficio, es una señal clara de debilidad estructural.
La diferencia fundamental entre Puerto Rico y los países de América Latina es la soberanía. Las naciones latinoamericanas pueden negociar tratados, establecer su propia política económica, definir sus relaciones internacionales y tomar decisiones sin la aprobación de otro país. Puerto Rico no puede hacer ninguna de estas cosas sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la raíz del problema.
Reconocer las oportunidades que ofrece Estados Unidos y sentir gratitud por ellas es válido a nivel personal. Pero el análisis político debe hacerse sobre la base de la estructura legal, los poderes reales y las limitaciones existentes. Gratitud y realidad política no son lo mismo. Cuando se examina el sistema en su totalidad, las limitaciones de soberanía, la subordinación estructural y la desigualdad política de Puerto Rico no pueden negarse.»
Mi respuesta
Gracias, Eddie; aprecio el tono de tu comentario y lo tomo con la seriedad que merece. Empiezo por reconocer lo obvio: Puerto Rico no es soberano, no es un estado, y su relación con Estados Unidos está jurídicamente subordinada al poder del Congreso, lo cual no puede arreglarse con eufemismos. Llamarlo «territorio» no lo convierte en «igual», y llamarlo «colonia» tampoco lo convierte automáticamente en África de 1900. Son marcos distintos, pero el problema de fondo —la desigualdad política— existe.
En lenguaje político se usan como armas, pero históricamente “colonia” describe un tipo de dominación imperial con jerarquías raciales y economías de extracción, sobre todo después de la Conferencia de Berlín. Puerto Rico hoy vive una anomalía constitucional, sí, pero también tiene ciudadanía estadounidense, libre movilidad, derechos federales aplicables, tribunales federales, y un nivel de integración institucional que no encaja en el molde colonial clásico.
Por otro lado, hay que tener cuidado con las frases totalizantes «todo está bien», En re4lación con los plebiscitos, es cierto que no son vinculantes, pero tampoco son irrelevantes. Es decir, el hecho de que no sean vinculantes, o que no hayan sido vinculantes, no les resta legitimidad. Han mostrado por décadas que no hay fuerza para la independencia, por lo tanto, el argumento de la soberanía no tiene relevancia ninguna. Hay un elemento que me preocupa, y es que si defendemos a capa y espada que España no tuvo colonias en América, y para ello damos una serie de elementos históricos, jurídicos, etc., la misma vara ha de funcionar para EE. UU., en lugar de apelar a las emociones. Yo no he dicho ni que a Puerto Rico «le va bien», ni que «la emigración es una ventaja». He dicho que los boricuas pueden perfectamente fijar su residencia en cualquiera de los estados de la unión, y eso, sí es una ventaja que no tiene ningún país hispanoamericano, cuyos habitantes muchas veces no tienen la posibildidad ni siquiera de plantearse emigrar.
Por último, te agradezco tus comentarios y tu visión, lamento que tanto tú como otros miembros de este foro dediquen cuartillas a una opinión de una persona que no es especialista en el tema, en un programa sobre Cuba y EE. UU., en el que PR fue un tema tangencial, absolutamente periférico.