Assignación de ISSN et al.
ANNVNTIO VOBIS GAVDIVM MAGNVM: El Semanario ya tiene asignado su ISSN (International Standard Serial Number), un identificador internacional que lo acredita como publicación seriada y órgano oficial de publicidad de Autonomía Concertada para Cuba, Inc. Este paso marca un hito en la proyección institucional de Cuba española, al promover un poco más de formalidad y permanencia en la medida en que se avizora una presencia global, si no, al menos es preciso garantizar EE. UU., España y Cuba, que ya es muchísimo.
El ISSN no es solo unos cuantos números dispuestos de manera única para identificar nuestra publicación; es una llave de entrada al circuito internacional de publicaciones periódicas. Entre sus principales ventajas destacan:
Visibilidad internacional: permite que bibliotecas, bases de datos y centros de documentación de todo el mundo registren y difundan El Semanario.
Reconocimiento oficial: consolida la legitimidad de la publicación, diferenciándola de cualquier otra iniciativa informal.
Acceso a redes de investigación: facilita la citación académica y el seguimiento por parte de investigadores, instituciones y organismos culturales.
Preservación histórica: garantiza que los números de El Semanario puedan ser archivados y consultados en repositorios especializados, asegurando su lugar en la memoria documental.
Darnos caritate: porque, en fin, como aquel poema de Arturo Liendo María, Carmen y Cuca que recitaba tan finamente el maestro Carbonell «¿ella es linda? yo también, si es que hay que darse importancia».
Con este trámite cumplido, El Semanario fortalece su identidad, y en esa nota, aprovecho la oportunidad para reiterar que si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse exponencialmente hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía.
Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras. Comenta nuestras publicaciones y compártelas con familiares, amigos y conocidos, también en tus redes sociales, y si lo haces, ¡etiquétanos! Es un pie formidable para un debate de sobremesa, o para reconectar con esa vieja amistad con la que no te comunicas hace algún tiempo. Ayúdanos a que todos sepan que existimos y por lo que luchamos… luego nos encargamos de convencerlos.
Para resolver un problema lo primero es reconocer que existe, y los cubanos hemos vivido más de un siglo de espaldas a nuestra historia.
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Maikel Arista-Salado
A propósito del I Congreso Internacional Puerto Rico y España
Un grupo de cubanos, boricuas y españoles se han unido en un esfuerzo para promover el reunificacionismo de Cuba y Puerto Rico con España bajo el sugerente título de Comunidades Autónomas 18 & 19. Su principal organizador tuvo la gentil deferencia de invitarme a sus debates, lo cual acepté de inmediato, porque aunque Autonomía Concertada para Cuba, al menos desde 2020 ha abandonado formalmente el reunificacionismo como parte de su plataforma programática, sigue siendo la nuestra su institución decana. Fundada en 2012 por don Ferrán Núñez, quien hoy ocupa la presidencia de honor, ACC ha mantenido vigencia legal continua, con lo cual es, a día de hoy, la más antigua y por tanto su decana.
ACC no reniega de sus orígenes, y aunque no persiga activamente ese objetivo, el reunificacionismo es nuestra familia. Acepté la invitación de inmediato por dos razones: una es la calidad de los debates del grupo, las preguntas y las ideas que los miembros plantean. Preguntas que indican un despertar de la conciencia. Es más, esta entrada, y probablemente la siguiente son nuestra postura respondiendo a algunas de esas preguntas que nos hacen los miembros del grupo. La segunda razón es que por primera vez se reúnen boricuas, cubanos y españoles para conectar, contrastar y generar nuevos estadios de conocimiento, y lo hacen de consuno. No son cubanos por un lado, boricuas por otro, y españoles brincando de uno al otro tratando de mediar. Se trata del reunificacionismo de las Antillas españolas, y en ese sentido, creo que hay un salto cualitativo marcado por la unidad, que sin embargo contrasta notablemente con la grosera preterición de Cuba en este congreso. Huelga explicar mi decisión de no participar.
Por otra parte, la mera existencia del grupo le da una buena clavada (la definitiva, esperemos) al ataúd vacío del proyecto de nacionalidad reparativa para los puertorriqueños, impulsado por el Sr. Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, abogado según entiendo, profesor de una maestría en alguna universidad española. La iniciativa de Maldonado fue promovida como un proyecto de ley, de cuyo texto, dicho sea de paso, jamás hemos podido leer ni una cuartilla, ni una nota introductoria. Como he dicho en otros espacios, y lo digo con total responsabilidad y conocimiento de causa, me parece que la idea es un soberano disparate, que no tiene fundamento histórico ni jurídico alguno, que atenta contra la hispanidad y debe ser rechazada de plano. En esta entrega explicaré las razones.
Mi frontal oposición al proyecto que lidera el Sr. Maldonado no debe interpretarse como intención de censura de ninguna clase. Sería el primero en respetar y proteger su derecho inalienable a expresarse libremente, que por otra parte ACC defiende a rajatabla. He aquí una de sus conferencias:
La tesis de Maldonado parte de muchos lugares oscuros, como veremos, uno de los cuales es una buena voluntad de las Cortes, es decir, que el Estado español, y como acto graciable, mediante una ley, presumiblemente inspirada en la que en 2015 legislo en materia de nacionalidad para los descendientes de judios sefardíes, que asimismo la otorgue a los puertorriqueños descendientes de los que en 1898 y en virtud del artículo IX del Tratado de París, fueron despojados de ella. Y aquí empieza el rosario de incongruencias de Maldonado.
Primero: reconoce que la nacionalidad española de los puertorriqueños fue usurpada por el Tratado de París, lo cual a todas luces es un acto ilegal, nulo, que privó arbitrariamente a los españoles de Ultramar de su nacionalidad de origen, es decir, la nacionalidad con la que nacieron. Si la ciudadanía es una relación jurídica entre el Estado y el ciudadano, y sólo el Estado tiene la fuerza, el poder suficiente para causar la pérdida de la ciudadanía, y esa privación causada por el artículo IX genera responsabilidad, y por la teoría de la sucesión de Estados, el Estado español hoy, al menos en lo que respecta a los derechos fundamentales, es responsable por actos y omisiones cometidos por sus antecesores. Maldonado diluye esa responsabilidad al mejor estilo hegeliano y niega que tal responsabilidad exista, con lo cual, su proyecto no deja de ser un saludo a la bandera.
El video que presenta Rafael Maldonado, con su propuesta de «nacionalidad española reparativa» para Puerto Rico, parte de una premisa que conviene analizar con cuidado: la idea de que el caso puertorriqueño es singularísimo, distinto de los demás territorios ultramarinos perdidos por España en 1898, y que por ello merece un trato diferenciado. El orador, con buena retórica y abundante despliegue de erudición, intenta demostrar que Puerto Rico no se rebeló, que permaneció leal, y que fue injustamente despojado de la nacionalidad española por un Tratado de París que se firmó en abierta vulneración del orden constitucional español. Hasta ahí, nada que objetar: esas son verdades históricas. El problema surge cuando se toma esa verdad parcial y se la convierte en argumento político para crear un privilegio jurídico exclusivo para una parte, con malsano olvido de los demás.
España no puede permitirse, a estas alturas, construir una historia a la carta. El despojo de la nacionalidad en 1898 no fue una injusticia exclusiva de Puerto Rico: fue una injusticia general contra todos los naturales de ultramar, incluidos los cubanos, los filipinos y los habitantes de las Marianas, Palaos o Guam —que en buena lid habría que investigar si fueron afectados por la desnaturalización masiva y forzosa—. El artículo IX del Tratado de París no distingue entre unos y otros, y la violación del artículo primero de la Constitución de 1876 afectó de manera universal a quienes habían nacido españoles de derecho. Plantear un reconocimiento parcial —como si Puerto Rico mereciera reparación mientras Cuba debe resignarse al olvido— no es una forma de justicia histórica, sino de reeditar el agravio con otro nombre.
Hay que decirlo con claridad: la autonomía de 1897 fue tan válida en Puerto Rico como en Cuba. Que la insurrección cubana la hiciera a la postre inviable en la Isla Grande no quita el hecho jurídico de que, en ambos casos, se reconoció la condición provincial, con derechos y con voz en las Cortes. Si se acepta que Puerto Rico fue provincia de ultramar, también ha de aceptarse que Cuba lo fue. Si se defiende que el despojo de la nacionalidad fue ilegítimo en San Juan, también lo fue en la Habana. El argumento del «singularísimo caso puertorriqueño» es, pues, una falacia de exclusión que debilita la solidez de la reclamación. No hay nada más peligroso que levantar causas sobre privilegios artificiales, porque convierten la reparación en un nuevo motivo de división.
Otra grieta en el discurso es el uso del paralelo con los sefardíes. No niego la nobleza del gesto de España en 2015, pero el caso sefardí, si bien se trata igualmente de una desnaturalizacion masiva y forzosa, tiene un fundamento distinguible: se trataba de descendientes de súbditos expulsados de los reinos peninsulares medievales, no de ciudadanos en el marco del Estado constitucional moderno, desnaturalizados en abierta violación del texto de 1876. Los naturales de ultramar no precisan «similitud» con los sefardíes: su derecho es más sólido, porque descansa en la legalidad vigente al momento del despojo. Llamarlo «reparativo» es incluso un error conceptual: no se trata de reparar, sino de restituir lo que nunca debió perderse. La nacionalidad de origen no se concede por gracia: se reconoce porque es un derecho fundamental, adquirido e inalienable.
Además, el planteamiento ignora la responsabilidad política de España frente a la integridad de su propio marco constitucional. En lugar de insistir en la excepcionalidad de Puerto Rico, lo coherente es denunciar en su conjunto la nulidad de aquel artículo IX que privó a millones de españoles —cubanos, puertorriqueños, filipinos— de su condición jurídica. Seleccionar un caso y olvidarse de los demás es, en el mejor de los escenarios, una torpeza política; en el peor, una injusticia que reitera la discriminación histórica.
La posición que propone Maldonado en su propuesta de ley reparativa es altamente nociva porque instala premisas falsas para construir una realidad jurídica de conveniencia. Como programa jurídico se queda corto y hasta resulta peligroso: corto, porque no atiende a la totalidad de los afectados; peligroso, porque establece un precedente parcialista, donde la reparación depende del grado de «docilidad histórica» de cada territorio. ¿Acaso el precio de la justicia es la sumisión? ¿Merece más derechos quien no se rebeló? Esa es la conclusión implícita, y es profundamente injusta. He insistido en más de una oportunidad que la ciudadanía no es un premio por la lealtad, no puede operar de esa manera.
El camino correcto, a mi juicio, no es otorgar «nacionalidades reparativas» al por menor, sino exigir la derogación del artículo IX del Tratado de París y el reconocimiento pleno de la nacionalidad de origen a todos los descendientes de los naturales de ultramar. Solo así se salda la deuda, solo así se repara de verdad, solo así se evita que la historia vuelva a repetirse en clave de desigualdad. Los puertorriqueños, sí; pero también los cubanos, también los españoles de Filipinas, y los que lo eran también siendo naturales de las demás islas cedidas. La justicia no puede ser selectiva, ni la historia puede escribirse con favoritismos.
El proyecto de Maldonado, con erudición y buena intención cuestionables, se convierte en una reivindicación a medias que se parapeta en la negación sistemática a los cubanos de ese mismo derecho. Reconoce una herida conveniente, como conveniente y parcial también es la cura que propone. Y las curas parciales, como enseña la historia, suelen ser fuente de nuevas enfermedades. España no necesita parches, necesita coherencia: o todos, o ninguno.
Maldonado tampoco parece haberse percatado —porque no hizo la diligencia debida— de que su proyecto choca frontalmente con el propio artículo IX del Tratado de París. Allí se estableció que la condición política y los derechos civiles de los habitantes naturales de los territorios cedidos a los Estados Unidos serían determinados por el Congreso de ese país. Esto significa, en la práctica, que España renunció a legislar sobre la ciudadanía de los puertorriqueños, transfiriendo esa competencia al parlamento estadounidense. Si esa es la cláusula vigente, entonces las Cortes Generales carecen de facultades para otorgar unilateralmente la nacionalidad española a los puertorriqueños. El proyecto de «nacionalidad reparativa» ignora esta restricción básica, y por tanto incurre en un vicio de origen: intenta legislar sobre lo que el propio tratado quitó de las manos del legislador español.
Gracias a todos,
Maikel Arista-Salado