El derecho de petición, reconocido como fundamental en el artículo 29 de la Constitución española de 1978, y acaso subvalorado o considerado acaso de poco fuste o de muy reciente creación, es, sin embargo, de antiquísima data, y engrana perfectamente en el sistema de derechos humanos que rige hoy en el mundo libre. Era ya un derecho importante a mediados del siglo XIII, cuando se plasmó en ese magnífico código alfonsino, conocido como de las Siete Partidas, al mandar en una de sus leyes que los súbditos castellanos tenían «derecho a presentar peticiones o súplicas al rey». La petición se concibe, por lo tanto, como un instituto procesal y el documento que pone en marcha toda la maquinaria estatal, ora en sede administrativa, ora en sede judicial, para cuestiones de muy diversa índole, desde la solicitud de un escudo de armas, como lo hizo Pánfilo de Narváez en 1516 al gestionar la heráldica que representaría a la entonces Ysla Fernandina durante cuatro largos siglos, o como lo hacían …
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