Un breve recuento procesal de dónde estamos: Desde su fundación en 2012 por D. Fernando Núñez, Autonomía Concertada para Cuba ha venido trabajando en la intersección de la historia y el derecho. Durante estos años, la organización ha sostenido una línea de investigación y divulgación centrada en la interdisciplinariedad en relación con el estudio riguroso de las consecuencias jurídicas del Tratado de París de 1898, especialmente en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad española de los naturales de Cuba y Puerto Rico. Una pregunta razonable y pertinente podría ser: ¿cuáles son los obstáculos que impiden hoy a los cubanos y puertorriqueños acceder a la ciudadanía española? Distingamos de los obstáculos endógenos o sustantivos, como puede ser la vigencia de una determinada norma o una jurisprudencia particular, de aquellos que pueden ser exógenos o adjetivos, como la voluntad política, por ejemplo. Analicemos los dos obstáculos endógenos más acuciantes:

Primer obstáculo: el artículo IX del Tratado de París de 1898

La posición que asume ACC es que el artículo IX del Tratado de París no es una cuestión que se agota en 1898. Sus efectos siguen proyectándose hasta el presente, no solo en el plano histórico, sino también en el jurídico-administrativo. En particular, el régimen derivado de dicho artículo no ha sido adecuadamente armonizado con el Derecho de la Unión Europea ni con los tratados internacionales de derechos humanos y de prevención de la apatridia de los que España forma parte. A juicio de quien suscribe, el artículo IX produjo una desnaturalización masiva y forzosa de españoles de origen y su vigencia plantea serios problemas desde la perspectiva de normas imperativas de Derecho internacional, igualdad, nacionalidad y tutela efectiva.

Contra ese núcleo jurídico —el artículo IX y sus efectos actuales— hemos iniciado un procedimiento judicial bajo la dirección letrada de D. Enmanuel Oliva Díaz. La demanda pende en la Audiencia Nacional hace más de dos años esperando la resolución definitiva que, para un caso que la Sala ha definido como «sólo una cuestión de Derecho», ya apunta a una presunta vulneración del derecho fundamental a una justicia sin dilaciones indebidas.

Segundo obstáculo: doctrina administrativa emanada de la DGRN

Ahora bien, el artículo IX no es el único obstáculo que hoy impide a los cubanos y puertorriqueños acceder a la nacionalidad española. Otro doblez igualmente relevante es la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007, al aplicar a Cuba y Puerto Rico del siglo XIX, una sentencia del Tribunal Supremo de España relativa al Sáhara del siglo XX «por identidad de ratio». A nuestro entender, si no basta el mandato constitucional de la irretroactividad de la ley, esa equiparación es históricamente incorrecta y jurídicamente débil, porque Cuba y Puerto Rico no tuvieron la misma posición constitucional, política ni jurídica que el Sáhara español. Esa doctrina administrativa ha condicionado negativamente la interpretación registral sobre los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898.

Por esa razón, he promovido una petición ante la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitando la revisión de dicho criterio administrativo. Sin embargo, no hemos podido asegurar hasta ahora asistencia letrada para un eventual procedimiento contencioso-administrativo contra el silencio de la Dirección General, en caso de que la Administración persista en no resolver expresamente. Hemos presentado asimismo una queja ante el Defensor del Pueblo, que ha sido admitido a trámite, y por segunda vez, sendas cartas a la directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y al secretario de Estado de Justicia.

Estado procesal de nuestras pretensiones:

1. Un procedimiento ya iniciado contra una orden del ministro de AA. EE. que niega la posibilidad de denunciar el artículo IX del Tratado de París y sus efectos, bajo dirección letrada de D. Enmanuel Oliva Díaz.

2. Una vía administrativa distinta, dirigida a obtener la revisión —y eventual derogación— del criterio de la DGRN de 17 de septiembre de 2007, con posible derivación contencioso-administrativa si persiste el silencio administrativo.

3. Una dimensión doctrinal, internacional e institucional que excede el marco estrictamente procesal y que requiere una estrategia jurídica más amplia. En este sentido, estamos preparando un libro para documentar estos esfuerzos.

Cuba española: organización benéfica pública

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos —IRS, por sus siglas en inglés— ha reconocido a Autonomía Concertada para Cuba, Inc., que opera públicamente bajo el nombre de Cuba española, como una organización exenta de impuestos de acuerdo con la sección 501(c)(3) de la ley tributaria estadounidense (Internal Revenue Code), codificada en el Título 26 del Código de los Estados Unidos. Vendría a tener correspondencia funcional con la designación de entidad benéfica pública en España. Esto significa que las donaciones realizadas a nuestra organización pueden ser desgravadas de la declaración de impuestos de los donantes en Estados Unidos, dentro de los límites establecidos por la ley. El documento emitido por el IRS dispone que ACC también puede recibir determinadas subvenciones, legados testamentarios y otras donaciones destinadas a sostener su trabajo.

Más allá de los beneficios fiscales que son obvios y tan necesarios, esta decisión del IRS representa un paso importante en la maduración institucional de Cuba española. Durante años, el trabajo de la organización ha dependido en gran medida del esfuerzo personal, el sacrificio económico y la constancia de un número reducido de personas. Así nacen muchas iniciativas: primero aparece una idea, luego un pequeño grupo que decide defenderla y, finalmente, si existe perseverancia, comienza a formarse una institución, y quiero impulsar a ACC por ese camino, y aquí daré algunas razones que desde luego no agotan el tema.

Un reconocimiento que también impone deberes: necesitamos apoyo

La condición de entidad benéfica pública nos permite solicitar donaciones desgravables, presentar proyectos ante fundaciones y empresas, recibir legados y desarrollar nuevas fuentes de financiación que son absolutamente imprescindibles para poder acometer cualquier proyecto por mínimo que sea, que quiera llevar la voz de los cubanos a las puertas de los tribunales europeos.

Desde su fundación, ACC no ha podido vertebrar una membresía que desplace el foco de la atención hacia una verdadera institución civil y hacia una vida propia que rebase los estrechísimos límites de nuestros existenciarios virtuales. Tener el reconocimiento del gobierno federal nos obliga a trabajar con mayor orden y responsabilidad, llevando una contabilidad adecuada, con los informes exigidos por las autoridades, pero también cumpliendo con las obligaciones registrales y de publicidad con los donantes.

El IRS no ha clasificado a ACC como una fundación privada sostenida por una sola persona o familia. La ha reconocido como una entidad benéfica pública. Esto significa que Cuba española debe contar con una base amplia de apoyo social. No podemos depender de manera permanente de uno o dos donantes, ni del esfuerzo económico de quienes hoy dirigen la organización. Si queremos que Cuba española sobreviva a sus fundadores y continúe su trabajo durante muchos años, debe apoyarse en una comunidad organizada. Por eso ha llegado el momento de vertebrar una verdadera membresía.

De seguidores a miembros

Durante estos años hemos reunido lectores, suscriptores, seguidores, colaboradores, simpatizantes, y también detractores, como es lógico. Todos han sido importantes. Sin embargo, una audiencia no es todavía una organización. Un lector, por improbable sea, puede acompañarnos desde la distancia. Un seguidor puede compartir nuestras publicaciones. Un simpatizante puede estar de acuerdo con nuestros objetivos. Un miembro tiene una relación especial con la organización, porque se convierte en parte de su mismo andamiaje.

El miembro forma parte de la organización, conoce su misión, asume ciertos deberes y contribuye a su continuidad. Esa contribución puede ser económica, profesional, intelectual o simplemente voluntaria, pero tenemos ya que pensar en ese tipo de relación.

Necesitamos investigadores, juristas, historiadores, comunicadores, traductores, diseñadores, organizadores y personas dispuestas a apoyar regularmente el trabajo de ACC. No todos harán lo mismo, pero cada uno debe poder encontrar un lugar dentro de una estructura común. La membresía no puede reducirse al pago de una cuota. Su función principal es convertir una suma dispersa de voluntades en una comunidad organizada.

Construir una institución que perdure

La misión de Cuba española exige tiempo y constancia, pero como he dicho en otras oportunidades, no quisiera yo que llegara al Tribunal Supremo o al Constitucional como la demanda de Maikel Arista-Salado, sino la demanda de Autonomía Concertada para Cuba, una organización que verdaderamente pueda decir que representa un número nada desdeñable de personas dispersas, como mínimo en tres países, y que trae una situación común a miles de personas cuyo derecho fundamental a la ciudadanía española está siendo vulnerado. Para que nos escuchen tenemos que ir todos a tocar la puerta del tribunal.

La denuncia de los efectos del artículo IX del Tratado de París, la defensa de los derechos históricos de los españoles de Cuba y Puerto Rico y de sus descendientes, y la reconstrucción de los vínculos históricos, jurídicos y culturales con España no son tareas de una sola campaña, ni de una sola persona. Son proyectos de largo plazo. Por ello, Cuba Española no puede depender únicamente de la energía de una persona ni funcionar de manera improvisada. Necesita miembros, recursos estables, procedimientos claros y una división responsable del trabajo.

Una organización con una membresía amplia también será más independiente. Podrá dialogar con partidos, gobiernos, instituciones y donantes sin quedar subordinada a ninguno de ellos. Nuestra misión debe ser sostenida por quienes creen en ella.

La próxima etapa

En los próximos meses tendremos que definir las categorías de membresía, las cuotas, los derechos y deberes de los miembros, los mecanismos de participación y las formas de colaborar con los distintos proyectos de ACC, entre ellos sus elecciones internas. hay que lograr que los miembros de ACC elijan periódica y democráticamente a las personas que asumirán los órganos de gobierno de la organización y que deje de ser una parcela quasi-privada de quien esté a cargo, opaca. Se trata de darle una estructura capaz de sostener el trabajo, repartir responsabilidades y asegurar la continuidad.

El reconocimiento del IRS es una buena noticia. Es el comienzo de una etapa más seria y exigente. Hemos obtenido el reconocimiento jurídico de una entidad benéfica pública. Ahora debemos construir la comunidad que le dé vida. Cuba española necesita miembros. Necesita una base social. Necesita personas dispuestas a convertir una causa histórica en una institución duradera.

¡Es hora de dar ese paso! ¡Es hora de volver a casa!

Misión de Cuba española

Proponemos afinarla del siguiente modo:

Autonomía Concertada para Cuba, Inc. (Cuba española) es una asociación civil (corporación sin fines de lucro) realiza investigaciones históricas y jurídicas rigurosas, desarrolla actividades de educación pública y promueve la participación cívica para difundir la desnaturalización masiva y forzosa de españoles de origen, naturales de Ultramar, impuesta por el artículo IX del Tratado de París. Procura asimismo la reparación de esa injusticia histórica, incluido el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de quienes fueron privados ilícitamente de ella, al tiempo que fomenta la reconciliación y aborda los agravios históricos de larga data entre cubanos y españoles.

ACC conducts rigorous historical and legal research, public education, and civic advocacy to expose the collective denaturalization of Spanish citizens by birth under Article IX of the Treaty of Paris and to seek redress for that historical injustice, including recognition of Spanish nationality for their descendants, while fostering reconciliation and addressing longstanding historical grievances between Cuba and Spain.

Campaña de recaudación de fondos

Si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse con fuerza bastante hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía. Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras.

Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

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Muchas gracias y mucha salud para todos

Maikel Arista-Salado

Como parte del compromiso de Autonomía Concertada para Cuba con la transparencia y la preservación íntegra del expediente público relativo a los esfuerzos por revisar y superar los efectos del artículo IX del Tratado de París, se publican ahora dos nuevos documentos: las cartas dirigidas, respectivamente, a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y al secretario de Estado de Justicia.

Ambas comunicaciones dan continuidad a las gestiones iniciadas ante el Ministerio de Justicia para obtener una resolución expresa sobre la revisión del criterio administrativo que afecta a la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898, así como el acceso completo al expediente tramitado. Su publicación permite documentar no solo la evolución jurídica de esta iniciativa, sino también las actuaciones emprendidas frente a la falta de respuesta de la Administración y la necesidad de que una cuestión de esta relevancia histórica y constitucional sea examinada de manera expresa, motivada y conforme a Derecho. He aquí los documentos:

1. Carta a la Sra. D.ª María Ester Pérez Jerez, directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de junio de 2026, sobre actuaciones que aún penden de resolución.

Doc. n.º 1

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2. Carta al Sr. D. Manuel Olmedo Palacios, Secretario de Estado de Justicia, de 10 de junio de 2026 sobre falta de respuesta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y respuesta a las actuaciones del Defensor del Pueblo.

Doc. n.º 2

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Esta publicación se inscribe, además, en una práctica sostenida de documentación rigurosa y fiel de todas las actuaciones oficiales generadas por esta iniciativa. Desde la primera petición presentada en octubre de 2022 hasta las resoluciones administrativas, informes, comunicaciones institucionales, recursos y autos judiciales que permiten conocer el estado procesal de la demanda, el boletín ha procurado ofrecer al público un registro cronológico, íntegro y verificable del procedimiento. No se trata de reconstrucciones retrospectivas ni de resúmenes interesados, sino de la puesta a disposición de las fuentes primarias que permiten seguir directamente la evolución del expediente, examinar los argumentos de las partes y valorar con precisión la respuesta de las instituciones implicadas.

Para quienes se han incorporado recientemente a este boletín y no han seguido desde el inicio el desarrollo de estas actuaciones, se ofrece a continuación una cronología de los principales hitos administrativos y judiciales producidos desde octubre de 2022. Esta relación permite situar cada documento en su contexto, comprender la secuencia de las gestiones realizadas y apreciar la continuidad de una iniciativa que ha transitado desde la petición administrativa inicial hasta la actual fase contencioso-administrativa, así como líneas de ataque adicional como la lucha con la Consulta de la DGRN de 17 de septiembre de 2007 o la solicitud de su expediente administrativo para valorar cuánto rigor aplicó la DGRN en redactarla.

Y justamente porque ya va siendo mucho tiempo sin que tengamos respuesta de la Sala, es que se hace este necesario esfuerzo documental. Pero comencemos por el principio:

Petición al Consejo de Ministros (22 de octubre de 2022)

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Asunto: denuncia del artículo IX del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre de 1898, relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y Puerto Rico

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Orden del ministro de AA. EE. (23 de febrero de 2023)

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por la que se da contestación a la petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández relativo a la denuncia del artículo IX del Tratado de Paz

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Petición a la DGSJFP (6 de enero de 2025)

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Asunto: solicitud de revisión y, en su consecuencia, declaración de variación de criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar

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Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

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Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

Resumen

La implantación del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico respondió a una necesidad específica: documentar la identidad, el nacimiento, la libertad y la capacidad civil de quienes habían estado sometidos a esclavitud o patronato. El real decreto de 8 de enero de 1884 y su reglamento de 6 de noviembre del mismo año establecieron mecanismos destinados expresamente a inscribir a esa población, incluidos libros especiales, presentaciones personales, informaciones de notoriedad y certificaciones registrales. A la luz de la doctrina de Manuel Lozano Serralta sobre la prueba de la nacionalidad, estos asientos no deben entenderse necesariamente como actos constitutivos de naturalización, sino como títulos de legitimación que acreditaban los hechos determinantes de la nacionalidad originaria. Sostengo en esta entrega que, al acceder al registro civil español, los antiguos esclavos nacidos en Cuba y Puerto Rico, fueron incorporados a un ordenamiento que ya atribuía la nacionalidad española a las personas nacidas en esos territorios, de tal suerte que la inscripción perfeccionó ese derecho, o sea, lo hizo jurídicamente visible, demostrable y ejercitable. Cibercuba lo resumió de este modo.

Lo que pudo parecer (o fue) atropellado y carente de sustancia probatoria en el video, aquí lo redimo.

1. Introducción

La abolición de la esclavitud suele exponerse como una sucesión de medidas sustantivas: libertad de vientres, emancipaciones parciales, establecimiento del patronato y, finalmente, extinción de la servidumbre. La transformación de una persona esclavizada en sujeto libre no terminaba con la proclamación legal de la libertad. Exigía que el nuevo estatuto personal pudiera identificarse, acreditarse y hacerse valer frente a los propietarios, las autoridades, los tribunales y terceros.

El nuevo status de persona libre necesitaba una infraestructura documental. La persona liberada debía tener nombre civil, nacimiento comprobable, domicilio, filiación cuando fuera conocida, capacidad determinada y un medio público de acreditar su nueva condición. Sin esas herramientas, la libertad legal podía quedar debilitada por la incertidumbre sobre la identidad del individuo, la persistencia de antiguas relaciones de dependencia o la inexistencia de documentos que demostraran su estado.

La implantación del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico en 1884 respondió, entre otras razones, a ese problema. El legislador no se limitó a extender mecánicamente la Ley provisional del Registro Civil de 1870, sino que introdujo modificaciones para atender las particularidades de las Antillas y reguló expresamente la inscripción de quienes habían estado sometidos a servidumbre. Suárez Inclán, ministro de Ultramar e impulsor de la reforma, declaró que la situación de esas personas lo había llevado a concebir un registro que hiciera constar su consideración legal y les proporcionara una partida de nacimiento capaz de identificar su personalidad (Suárez Inclán, 1884).

El significado de la reforma trasciende, por ello, la historia administrativa. Enlaza la abolición de la esclavitud con la incorporación de los libertos al sistema español de registro ordinario común al resto de los españoles. Quiere esto decir que los antiguos esclavos accedían en condición de igualdad al mismo registro al que accedía un nacido en Madrid o Cuenca. La identidad del tipo de registro supone la identidad de condición.

2. La abolición gradual y el problema de la existencia civil

La Ley de 13 de febrero de 1880 no abolió inmediatamente toda forma de servidumbre en Cuba. Sustituyó formalmente la esclavitud por el patronato, un régimen transitorio en el cual los antiguos esclavos —denominados patrocinados— permanecían sometidos a obligaciones personales y laborales y conservaban una capacidad restringida.

El sistema planteaba graves problemas documentales. El reglamento de la Ley de 1880 había creado un registro de patrocinados, pero ese registro no comprendía adecuadamente a quienes ya habían sido declarados libres ni proporcionaba necesariamente documentos capaces de acreditar de manera completa la existencia y la personalidad civil de los inscritos.

Suárez Inclán describió con claridad la insuficiencia: había personas sin apellido, algunas sin nombre civil suficientemente determinado y muchas sin prueba legal de su personalidad. El problema afectaba tanto a los patrocinados como a quienes habían alcanzado la libertad completa. El Estado había alterado su condición sustantiva, pero no había creado todavía un sistema general que hiciera esa transformación documentalmente segura (Suárez Inclán, 1884).

La cuestión no era meramente nominal. Sin identificación civil segura, podía resultar difícil determinar si una persona era libre o patrocinada, quién había sido su patrono, si el patronato había sido transferido o extinguido, dónde residía, qué edad tenía o qué vínculos familiares podían reconocérsele.

Suárez Inclán vinculó esta incertidumbre con los derechos sociales, civiles y políticos. La determinación del verdadero estado civil de los patrocinados debía servir, según su exposición, como base segura de esos derechos. La reforma registral debía impedir ocultaciones, suplantaciones o mistificaciones y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes abolicionistas (Suárez Inclán, 1884). Por tanto, la implantación del Registro Civil fue parte de la ejecución jurídica de la abolición de la esclavitud.

3. Infraestructura de la emancipación

El real decreto de 8 de enero de 1884 dispuso la publicación en Cuba y Puerto Rico de la Ley provisional del Registro Civil de 17 de junio de 1870, con las modificaciones contenidas en la ley especial que lo acompañaba. La exposición de motivos afirmó que la reforma constituía una garantía de la libertad de los esclavos y una demostración del cumplimiento de la legislación abolicionista. La ley ordenó crear oficinas del Registro Civil en los Gobiernos generales y en las poblaciones que determinara el reglamento. Para los lugares situados a más de cinco kilómetros de una oficina, atribuyó funciones auxiliares a alcaldes y alcaldes de barrio, quienes debían extender actas y remitirlas al registro competente para su inscripción definitiva (Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, 1884, arts. 1-2).

Esa estructura revela una voluntad de cobertura territorial. No bastaba con establecer registros en las capitales. Era necesario que nacimientos, matrimonios y defunciones pudieran documentarse también en poblaciones apartadas y zonas rurales, donde se concentraba una parte considerable de la población sometida anteriormente a la esclavitud.

El artículo 4 estableció la regla probatoria general: los actos concernientes al estado civil ocurridos desde la entrada en vigor de la ley, y aquellos otros expresamente determinados, se probarían mediante certificaciones de los asientos del Registro Civil. Los hechos anteriores continuarían acreditándose por los medios admitidos por la legislación precedente (Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, 1884, art. 4). La certificación registral se convertía en el documento ordinario con eficacia probatoria, con el cual una persona podía acreditar su nacimiento, matrimonio, defunción o las demás circunstancias legalmente inscritas.

El Reglamento de 6 de noviembre de 1884 desarrolló de manera específica la situación de los antiguos esclavos. Entre los actos que debían inscribirse en el Registro del Gobierno general incluyó los nombres, circunstancias y situación legal de los individuos que habían estado sometidos a servidumbre (Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico, 1884, art. 4).

Además, ordenó llevar en Cuba un libro especial para los individuos que, habiendo estado en servidumbre antes de la Ley de 1880, permanecieran sometidos a patronato. En ese libro debían constar el nombre, los apellidos, la naturaleza, la edad, el estado, la ocupación y los demás datos relevantes de cada patrocinado (Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico, 1884, arts. 102-103).

Cuando los datos aportados por las juntas de patronato y los registros locales no coincidieran, debía presentarse personalmente al patrocinado y practicarse una información de notoriedad. La carencia de partida parroquial o de otro documento previo no impedía necesariamente la inscripción: la ley y el reglamento establecieron procedimientos supletorios destinados a reconstruir documentalmente la identidad y el nacimiento. El Registro Civil no fue reservado a personas cuyo estado ya estuviera perfectamente documentado. Fue diseñado también para producir certeza allí donde la esclavitud había dejado ausencia, fragmentación o precariedad documental.

4. Nombre, nacimiento y personalidad jurídica

La inscripción de los libertos cumplía una función de individualización. El nombre civil permitía distinguir a la persona de la designación incompleta, cambiante o dependiente utilizada durante la esclavitud. El nacimiento fijaba edad, naturaleza y, cuando era posible, filiación. El domicilio situaba al individuo dentro de una comunidad administrativa. La referencia a la libertad o al patronato determinaba su capacidad.

Zeuske y García Martínez (2008) han descrito esta transformación como parte de una genealogía legal de la ciudadanía. Antes de la abolición, los esclavos aparecían en partidas de bautismo, protocolos notariales, compraventas, cartas de libertad, testamentos y documentos de coartación. Esos documentos representaban fragmentariamente a la persona dentro del sistema esclavista. Con la abolición, elementos procedentes de esas escrituras fueron utilizados para construir un nombre civil y registrar masivamente a los antiguos esclavos como nuevos sujetos jurídicos.

La expresión «nuevos ciudadanos», utilizada por los autores, debe manejarse con cautela. Puede describir el ingreso efectivo del liberto en la vida civil documentada, pero no significa que todos adquirieran automáticamente derechos políticos. La ciudadanía política dependía de requisitos electorales, entre ellos el sexo, la edad, la residencia, la capacidad y las condiciones establecidas por la legislación electoral.

No obstante, el cambio fue sustantivo. El esclavo era objeto de propiedad y sujeto limitado de determinadas relaciones jurídicas; el liberto inscrito aparecía ante el Estado como persona identificada, capaz de contraer matrimonio, otorgar testamento, adquirir bienes, comparecer ante autoridades y hacer valer derechos propios.

5. Registro Civil y prueba de la nacionalidad

La relevancia del Registro Civil para la nacionalidad aparece con especial claridad en la doctrina de Lozano Serralta (1952). El autor distingue entre la nacionalidad adquirida mediante un acto específico —como naturalización, opción o recuperación— y la nacionalidad originaria resultante de un hecho jurídico distinto, especialmente el nacimiento o la filiación.

En las adquisiciones derivativas, la inscripción podía tener carácter constitutivo. El acto formal y su inscripción no sólo probaban la nacionalidad, sino que integraban el procedimiento por el cual esta se adquiría. La antigua Sección IV del Registro Civil, denominada de ciudadanía, estaba destinada a registrar los actos de adquisición, pérdida o recuperación de la condición española (Lozano Serralta, 1952).

La nacionalidad originaria funcionaba de otra manera. No nacía normalmente del asiento registral, sino de la aplicación de la ley a hechos como el nacimiento y la filiación. El Registro documentaba esos hechos y proporcionaba una prueba preconstituida de ellos.

Lozano Serralta (1952) subraya que la prueba de la nacionalidad estaba estrechamente unida a la prueba del estado civil. El nacimiento, junto con la filiación, era una de las principales fuentes de nacionalidad. La inscripción de nacimiento debía expresar los datos de los padres y abuelos y mencionar la nacionalidad de los progenitores cuando fueran extranjeros.

De esa estructura extraía una inferencia relevante: si en una inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil español no constaba que el padre fuera extranjero, podía entenderse, en principio, que era español y que el hijo también lo era. La inscripción no eliminaba toda controversia posible, pero generaba una base probatoria y una apariencia jurídica protegible (Lozano Serralta, 1952).

La certificación registral funcionaba como título de legitimación. Permitía probar ante autoridades y particulares los datos determinantes de la nacionalidad y facilitaba el ejercicio de los derechos derivados de ella.

6. La nacionalidad de los antiguos esclavos nacidos en las Antillas

A partir de lo anterior, no es correcto afirmar sin más que la inscripción convirtió a todos los esclavos en españoles. Esa conclusión sería excesiva por tres razones.

En primer lugar, no todos los esclavos habían nacido en Cuba o Puerto Rico. Quienes habían nacido en África o en otro territorio extranjero no podían invocar por ese solo hecho el criterio territorial del artículo 1 de la Constitución de 1876. Su nacionalidad debía determinarse mediante otras normas: filiación, naturalización, vecindad, tratados o disposiciones especiales.

En segundo lugar, la inscripción de nacimiento no equivalía necesariamente a una inscripción constitutiva de adquisición de nacionalidad. La ley distinguía entre la sección de nacimientos y los actos por los cuales se adquiría, perdía o recuperaba la condición española.

En tercer lugar, nacionalidad española y ciudadanía política no eran intercambiables. Una mujer liberta podía ser española, pero carecía de sufragio. Un menor podía ser español sin ser elector. Un varón adulto podía ser nacional y no reunir las condiciones electorales correspondientes.

Respecto de los antiguos esclavos nacidos en Cuba o Puerto Rico, el razonamiento jurídico puede formularse del modo siguiente:

1. La Constitución de 1876 declaraba españolas a las personas nacidas en territorio español.

2. La Constitución fue promulgada oficialmente en Cuba y Puerto Rico en 1881, aunque continuara vigente el principio de especialidad.

3. El ordenamiento español consideraba las Antillas provincias de Ultramar integradas en la Monarquía y les aplicaba leyes españolas mediante el mecanismo previsto en el artículo 89 de la Constitución.

4. La esclavitud y el patronato afectaban la libertad y la capacidad de la persona, pero no constituían por sí mismos una declaración de extranjería.

5. El Registro Civil de 1884 fue implantado expresamente para documentar el nacimiento, la identidad y la situación legal de quienes habían estado sometidos a servidumbre.

6. Las certificaciones registrales eran el medio ordinario de prueba de los hechos inscritos y, conforme a la doctrina registral, servían como título de legitimación de la nacionalidad originaria resultante de aquellos hechos.

El Registro civil permite permite probar oficialmente la nacionalidad española que correspondiera por nacimiento, filiación o cualquier otro título legal. Para el antiguo esclavo nacido en Cuba, la inscripción de nacimiento podía acreditar el hecho territorial del que el artículo 1 de la Constitución hacía depender la nacionalidad. Si no constaba extranjería de los padres ni otra circunstancia impeditiva, la certificación proporcionaba una base particularmente fuerte para considerarlo español.

7. ¿Acceso masivo de los libertos al Registro Civil?

Las fuentes permiten hablar de una operación de incorporación masiva, pero es necesario precisar su alcance.

Zeuske y García Martínez (2008) sostienen que los exesclavos fueron registrados en gran escala como nuevos ciudadanos. Esa conclusión encuentra respaldo normativo en el Reglamento de 1884: creación de libros especiales, obligación de presentar datos, mecanismos de inscripción supletoria, comparecencia personal, comunicaciones entre juntas y registros y producción de estadísticas específicas.

Es razonable suponer que una proporción muy elevada de los asientos de los libros especiales de personas que habían estado en servidumbre correspondía, por definición, a patrocinados y libertos. También es plausible que una parte significativa de las inscripciones tardías o retrospectivas de nacimientos de adultos realizadas durante los primeros años del Registro correspondiera a antiguos esclavos que carecían de documentación civil.

El Registro Civil fue, en ese sentido, algo más que un archivo. Fue el instrumento mediante el cual la emancipación adquirió forma documental y la población salida de la esclavitud entró, con nombre propio, en el orden civil español.

Referencias

Constitución de la Monarquía Española [Const.]. 30 de junio de 1876.
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1876.pdf

Constitución española [Const.]. 18 de junio de 1837.
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1837.pdf

España. (1879, 9 de enero). Ley dictando reglas para la elección de senadores en las islas de Cuba y Puerto Rico. Gaceta de Madrid.

España. (1880, 13 de febrero). Ley de abolición de la esclavitud en la isla de Cuba. Gaceta de Madrid.

España. (1881, 7 de abril). Real Decreto disponiendo que los gobernadores generales de las islas de Cuba y Puerto Rico promulguen la Constitución de la Monarquía. Gaceta de Madrid, 99, 81–82.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1881/04/09/pdfs/GMD-1881-99.pdf

España. (1884, 8 de enero). Real Decreto y Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico. Gaceta de Madrid, 10, 77–79.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1884/01/10/pdfs/GMD-1884-10.pdf

España. (1884, 6 de noviembre). Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil en las islas de Cuba y Puerto Rico. Gaceta de Madrid, 322.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1884/11/17/pdfs/GMD-1884-322.pdf

España. (1886, 7 de octubre). Real Decreto declarando terminado el patronato en la isla de Cuba. Gaceta de Madrid, 281.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1886/10/08/pdfs/GMD-1886-281.pdf

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Boletín Oficial del Estado, 175, de 22 de julio de 2011.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628

Lozano Serralta, M. (1952). La prueba de la nacionalidad. Revista Española de Derecho Internacional, 5(1), 181–229.
https://www.jstor.org/stable/44292948

Suárez Inclán, E. (1884). El gobierno del Ministerio presidido por el Sr. Posada Herrera con respecto a la administración de las provincias de Ultramar. Imprenta de Fortanet.

Zeuske, M., & García Martínez, O. (2008). Estado, notarios y esclavos en Cuba: Aspectos de una genealogía legal de la ciudadanía en sociedades esclavistas. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 8.
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.15842

Nota: Como yo soy fan a Mª Elvira Roca Barea, y en los últimos días ha dictado como tres o cuatro conferencias, todas muy buenas y sobre la hispanidad, las iré intercalando en el texto y así de paso le alivio la vista y la atención que me dispensa, improbable lector. Entre col y col, a Elvira.

Hace varias semanas estoy enfrascado, encofrado y resignadamente recrucetado escribiendo un libro que en un inicio tenía como objetivo documentar los esfuerzos de Autonomía Concertada para Cuba (Cuba española) para la derogación, denuncia, o lo que fuera que sacara de circulación al Artículo IX del Tratado de París. La estrategia en un inicio era muy sencilla: nos enfocamos en ese artículo y con los mecanismos que el Estado de Derecho pone a disposición del ciudadano común, pues activar los mecanismos correspondientes. Pero como una cosa es con guitarra y otra con violín, al cabo de seis años al frente de ACC encontramos un panorama más complicado que aquel trazado por nuestra bisoña inocencia. No digo esto para provocar ningún desánimo en usted, improbable lector, es normal que en la medida en que nos «metemos» en el fango vamos descubriendo los peculiares dobleces, colores y circunstancias que, parafraseando a Ortega y Gasset, forman un todo indisoluble que también requiere una respuesta. Entonces, el librito de humildes orígenes y modestos augurios se ha convertido, a título personal, en una empresa mucho más ambiciosa.

Dividido en tres partes, la 1ª disecta nuestra historia cubana, y sin ánimo de enmendarle la plana a nadie, en ella propongo ver algunas cosas de otra manera, por ejemplo, que la Guerra de los Diez Años no fue antiesclavista, anticolonialista, ni de liberación nacional, que el Pacto del Zanjón tiene un valor cívico superior a la Protesta de Baraguá, porque el entendimiento, el pacto, siempre tiene más valor cívico que la violencia, o que la quema de Bayamo, en lugar de ubicarse en la lista de hechos gloriosos, debe ser reubicado en la lista de actos terroristas en la que Céspedes y Gómez tienen posiciones tan conspicuas, lista que debe incluir también la masacre de la Calendaria, en el Mayarí de 1869 o el asesinato de los estudiantes de Medicina, un crimen cuya culpa no debe seguir cargando Madrid, sino nosotros los cubanos.

Además de no compartir los valores que la historiografía oficiosa extrae de los hechos históricos, convenientemente hilvanados para justificar la existencia del Estado nacional, y luego, de la Revolución, tampoco comulgo con los valores del mambisado. El mambí no puede ser el arquetipo moral de la nación, porque apela a un pathos de destrucción, salvajismo y agresividad, y su justificación moral es la institucionalización de la violencia.

La 2ª parte es un análisis jurídico del Tratado y cuáles han sido las vías de ataque tanto desde los tribunales españoles, como desde los tribunales federales estadounidenses o incluso, desde el Derecho internacional.

La 3ª parte y final es el programa político de Autonomía Concertada para Cuba, pensada como institución nuclear de impulso académico, como legislativo o de políticas públicas incluso en dependencia de cómo evolucionen estas cuestiones. En fin, me he extendido demasiado, pero lo que quiero decir es que ahora, creo, podremos presentar un trabajo mucho más completo, que acaso tocará perfeccionar a la próxima generación de dirigentes de ACC.

Aquí les dejo el primer borrador de la Introducción a un libro que aún no tiene título.

Introducción: los cómos y los porqués de esta obra.

El 10 de diciembre de 1898 se firmó en París un Tratado de Paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y España. Si bien el conflicto armado fue brevísimo —entre el 21 de abril y el 12 de agosto de 1898—, el tratado, sin embargo, no solamente tuvo consecuencias geopolíticas inmediatas de gran calado, como el ascenso de Estados Unidos como potencia militar de proyección global en detrimento de territorio y áreas de influencia de las potencias europeas, cuyos efectos directos e indirectos llegan hasta nuestros días. El Tratado de marras también abrió un nuevo ciclo en la historia de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, al desgajar estos territorios de su matriz española, de lo que podría colegirse también que al documento se le atribuye muchas veces un espíritu fundacional, lo cual ha sido una de las causas de su petrificación jurídica. A poco más de siglo y cuarto de su firma, y pese a los ingentes aportes de la doctrina jurídica, de la historiografía e incluso de la jurisprudencia, el modo dominante de aproximarse al estudio del Tratado de París y sus consecuencias continúa ofreciendo una imagen incompleta.

Esa imagen suele estar marcada por una lectura excesivamente historicista e inamovible. El Tratado aparece con frecuencia como un objeto agotado por la fuerza de los hechos consumados; como una pieza de museo cuya relevancia habría quedado encajonada en el finiséculo; o bien como un episodio superado por la consolidación de nuevas realidades: nuevos Estados, con sus nuevas mitologías. Bajo esa mirada, sus cláusulas se estudian más como vestigios de una derrota imperial que como normas vivas llamadas todavía a producir efectos jurídicos. Textos científicos en muchas de sus variantes suelen discurrir sobre su contexto, sus negociadores, o sus consecuencias geopolíticas traducidas en las redundancias de la pérdida o adquisición de territorios; pero rara vez se interroga, con la misma intensidad, por el destino jurídico de las personas afectadas por aquella operación internacional.

Es en ese contexto que el artículo IX del Tratado de París, impuesto con la mayor violencia por los representantes estadounidenses durante las conferencias de París, sentó las bases para la desnaturalización masiva y forzosa de los cubanos y puertorriqueños nacidos antes de su entrada en vigor, que por haber nacido en territorio español eran ciudadanos españoles de origen contra los cuales el Tratado cometió la más vil injusticia escrita en ley.

Y me explico de inmediato: si territorio y población son dos de los tres elementos esenciales que determinan la existencia de un Estado y el modo en que este ejerce soberanía, resulta llamativo que durante todo el siglo XX los análisis del Tratado de París por la parte española se hayan concentrado casi exclusivamente en la cuestión de la pérdida territorial. España cedió, renunció o vendió territorios; esa es la fórmula que domina el relato. Pero toda alteración territorial de esa magnitud compromete necesariamente a una población. No se modifica la soberanía sobre un espacio vacío, sino sobre comunidades humanas dotadas de vínculos jurídicos generadores de estatutos personales que se traducen en derechos y obligaciones tanto para los miembros de dichas comunidades, como para el Estado. Pero más allá del elemento estrictamente jurídico, la consolidación de esos vínculos permite la existencia de lazos estables familiares, comerciales y personales que devienen identidad cultural. Una pregunta razonable sería la siguiente: ¿tienen los miembros de una comunidad derecho a ser protegidos por el Estado como contraprestación, por ejemplo, al pago de tributos, impuestos, etc.? ¿Alcanza esa protección a la nacionalidad? ¿La alcanzaba en 1898? ¿Por qué la desnaturalización masiva y forzosa de la población española de Ultramar es relevante hoy? ¿Por qué se mantiene vigente una norma que contradice los principios más elementales del Derecho y que niega uno de los pilares básicos del constitucionalismo moderno.

La cuestión no es baladí. Si el Tratado de París afectó directamente la soberanía del Estado español, y si esa soberanía se ejercía no solo sobre territorios sino también sobre poblaciones, el silencio relativo acerca de los efectos personales del tratado revela una profunda asimetría. La pérdida territorial ha sido narrada, estudiada, discutida y simbolizada hasta convertirse en uno de los grandes lugares comunes de la historia española contemporánea. En cambio, los efectos del tratado sobre los naturales de Cuba y Puerto Rico han recibido una atención mucho más escasa, casi marginal, como si nada menos que la condición política y los derechos civiles de aquellas poblaciones hubiese sido una consecuencia accesoria, inevitable o carente de agencia propia.

A esa insuficiencia se suma un segundo problema: la normalización de tales efectos. Allí donde debería abrirse, de oficio, una investigación rigurosa sobre la nacionalidad de las personas afectadas, suele imponerse una suerte de aceptación retrospectiva en el mejor de los casos, y en el peor ya la Administración ha fabricado pruebas inexistentes para que la ley se acomode en los angostos resquicios de la realidad deseada. Lo pérdida de la nacionalidad en el contexto del Tratado de París se presenta como natural porque ocurrió; se presume legítimo porque quedó incorporado al curso posterior de la historia; se trata como jurídicamente inerte porque el tiempo ha depositado sobre ello una pátina de estabilidad, y todo ello en un contexto político español que ha visto justamente lo contrario con las leyes de memoria histórica y memoria democrática, que reconoció y amplió derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como la de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de los reinos católicos en 1492. ¿Si en la fenomenología de la memoria histórica entran agravios que tienen cinco siglos de antigüedad, y el exilio físico, ¿por qué no se considera la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles como una expulsión del seno político u otro exilio con respecto del cuerpo nacional español?

Los derechos no desaparecen únicamente por derogación o por sentencia. También pueden desvanecerse cuando las instituciones encargadas de examinarlos posponen indefinidamente el momento de hacerlo. En ese sentido, la prolongación excesiva de los procedimientos constituye algo más que un problema de gestión administrativa o de carga de trabajo judicial. Puede convertirse, en sí misma, en un mecanismo de conservación del statu quo. Y cuando lo que se encuentra en juego es la revisión de una doctrina que afecta a la nacionalidad de millones de personas y sus descendientes, la demora deja de ser una cuestión meramente procedimental para adquirir una dimensión sustantiva.

En el ámbito administrativo, esa dimensión sustantiva se proyecta sobre la efectividad del derecho de petición, el deber de resolver expresamente y los principios de buena administración. En el ámbito jurisdiccional, la cuestión tiene un peso grave, pues la prolongación extraordinaria del tiempo de espera una vez concluso el procedimiento plantea inevitablemente la presunta vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. La demora no es un elemento que adjetiva el proceso o que lo matiza, sino que deviene un factor capaz de vaciar de contenido los mecanismos de tutela que el propio ordenamiento establece para revisar la actuación de los poderes públicos.

Cuanto más trascendente resulta una cuestión para la determinación de derechos fundamentales o para la revisión de una doctrina administrativa consolidada, mayor debería ser el interés institucional en ofrecer una respuesta clara y motivada. Sin embargo, cuando la respuesta se posterga durante años, el riesgo no es solamente la perpetuación de una determinada interpretación jurídica, sino la erosión de la confianza misma en la capacidad del Estado de Derecho para proporcionar una tutela efectiva frente a los actos y omisiones de la Administración.

Aunque el simple paso del tiempo puede convertir por sí solo una norma jurídica en un asunto irrelevante, o bien un cambio sustancial de las condiciones objetivas puede conducir a la derogación de la norma por obsolescencia, no es el caso del Tratado de París, reconocido como norma vigente por las cancillerías estadounidense[1] y española.[2] Menos aún cuando se trata de un tratado internacional que no puede ser leído únicamente como documento histórico, sino como norma viva, integrada en un ordenamiento que ha cambiado desde 1898, ¿pero cuánto ha cambiado desde entonces en materia de protección a la nacionalidad? El Derecho contemporáneo no es el Derecho de finales del siglo XIX, eso es evidente; sin embargo, la cuestión de la nacionalidad, al ser un elemento nuclear en la formación del Estado liberal moderno, su esencia se ha mantenido incólume en el decurso, tanto es así que, al responder nuestra petición, el gobierno español declaró que «no consta a esta Unidad que en 1898 existieran unas normas de Derecho internacional consuetudinarias o convencionales relativas a tratados diferentes a las comúnmente aceptadas en la actualidad».[3] ¿Qué quiso decir la Administración con esta frase?, pues que a finales del siglo XIX existía un Derecho internacional consuetudinario es decir, con un peso fundamental en la costumbre, que en nuestros días se ha codificado en auténticas normas de Derecho internacional con su sistema de fuentes y una jurisprudencia propia, pero que en esencia ambos tienen el mismo núcleo. La comprensión actual de derechos fundamentales como la nacionalidad, la igualdad, la dignidad de la persona, la prohibición de discriminación, así como su tutela efectiva, obliga a revisar los efectos normativos de los instrumentos heredados a la luz de parámetros superiores.

Por ello, el Tratado de París no puede permanecer aislado en la vitrina de los tratados pretéritos. Si se acepta que conserva relevancia normativa, sus cláusulas deben ser interpretadas de conformidad con el ordenamiento actual, particularmente con los tratados internacionales de derechos humanos y con los principios que informan el orden constitucional español. El artículo 10.2 de la Constitución española ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en la materia. Esa exigencia impide tratar los efectos personales del Tratado de París como una zona inmune al escrutinio contemporáneo. Significa que toda norma viva debe ser armonizada con la Constitución vigente y con los tratados de derechos fundamentales, y esa armonización debe llegar hasta el Tratado de París.

Esta obra parte de la gigantesca anomalía que significa la vigencia de un tratado que legaliza la desnaturalización de ciudadanos originarios. Durante más de un siglo se ha hablado con amplitud de la pérdida de territorios, pero no con igual rigor acerca de la población sobre la que se proyectó esa pérdida. Se ha estudiado la transferencia de soberanía, pero se ha prestado una atención insuficiente al estatuto personal de quienes quedaron atrapados en ella. Se ha aceptado la eficacia histórica del tratado, pero no siempre se ha examinado su compatibilidad interpretativa con el marco jurídico posterior. Esa desproporción es la que exige volver sobre el artículo IX, no como una curiosidad archivística ni como una reliquia diplomática, sino como el centro de un problema jurídico todavía necesitado de esclarecimiento, que en este contexto significa declarar la nulidad por inconstitucionalidad del artículo IX del Tratado de París, y expulsarlo del ordenamiento jurídico español, y al ser nulo ese acto, es como si nunca hubiese existido. Sus efectos jurídicos se retrotraen al momento anterior a su entrada en vigor, con lo cual, la desnaturalización nunca existió, su bisabuelo nunca dejó de ser español, por lo tanto, pudo transmitir la nacionalidad a su abuelo, y éste a su vez a uno de sus progenitores, y por último a usted, improbable lector. Y con ello, buena parte de la población cubana, por no decir casi la totalidad tendría derecho a la ciudadanía española.

El problema, en suma, no consiste solo en saber qué perdió España en 1898, sino en determinar qué perdieron quienes, hasta entonces, habían vivido bajo su soberanía. La historiografía ha respondido abundantemente la primera pregunta. El Derecho, en cambio, aún debe responder con la misma seriedad la segunda.

[1] United States Department of State (enero 1, 2025). Treaties in Force. A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2025, p. 404. Consultado el 8 de junio de 2026, de https://www.state.gov/treaties-in-force

[2] España. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2026, 15 de abril). Guía de Tratados Bilaterales con Estados, p. 121. Consultado el 8 de junio de 2026, de

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/TratadosInternacionales/Paginas/Tratados-con-Estados.aspx

[3] España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2023, 23 de febrero). Orden por la que se da contestación al escrito de petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández en el que solicita la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, firmada por el ministro don José Manuel Albares Bueno el 23 de febrero de 2023, notificada el 20 de marzo.

Muchas gracias y mucha salud!

La defensa de la Hispanidad ha cumplido una función necesaria en nuestro tiempo: romper el monopolio de la leyenda negra, recuperar la autoestima histórica y recordar que la obra española en América no puede ser reducida a una caricatura de violencia, atraso y opresión. Esa reacción era inevitable. Durante demasiado tiempo, el mundo hispánico fue educado en la sospecha de sí mismo, en la vergüenza de su pasado y en la aceptación pasiva de relatos fabricados por sus adversarios políticos, religiosos, comerciales e imperiales. Frente a esa mutilación de la memoria, el primer gesto fue levantar la cabeza.

Pero una causa histórica madura no puede quedarse en la reacción. Reaccionar es necesario; no basta. La Hispanidad no se defiende bien con consignas, ni con frases de sobremesa, ni con explicaciones totales que reducen procesos complejos a tres enemigos permanentes: Inglaterra, la masonería y la traición interna. Esos factores existieron, desde luego. Inglaterra tuvo intereses geopolíticos, comerciales y navales contrarios a la continuidad hispánica. La masonería operó como espacio de sociabilidad, circulación ideológica y articulación política en distintos momentos del ciclo revolucionario atlántico. Hubo también élites locales que actuaron contra la unidad del mundo hispánico, por ambición, cálculo, resentimiento o interés de clase. Negar todo eso sería ingenuo.

Cuando todo se explica por Inglaterra, dejamos de estudiar la estructura interna de la Monarquía, sus reformas, sus tensiones fiscales, sus conflictos territoriales, la crisis de representación, el impacto de la invasión napoleónica, la debilidad institucional posterior y la transformación del comercio atlántico. Cuando todo se explica por la masonería, se abandona el análisis de las ideas políticas, de las redes familiares, de los intereses económicos, de las rivalidades regionales, de la guerra, del constitucionalismo y de la disputa por la soberanía. Cuando todo se explica por la traición, desaparece la historia y solo queda una moralización elemental del pasado.

Ese hispanismo de reflejo, nacido contra la leyenda negra, corre el riesgo de construir una leyenda inversa. Y una leyenda inversa no repara la verdad; solo cambia el signo de la propaganda. La leyenda negra decía: España fue excepcionalmente cruel, atrasada y depredadora. La leyenda rosa responde a veces: España fue casi impecable, generosa y civilizadora en todo. Ninguna de las dos posiciones sirve. La primera es falsa por demonización; pero la segunda también idealiza y debilita el argumento. Una presunta defensa de España necesita comenzar por conocerse a si misma, tarea tan difícil que sólo se logra en el contraste de ideas. Y ese contraste traerá borrascas de éxitos, y ventiscas de polvo. Lo bueno y lo malo que forman ese pozo común del que todos bebemos.

La obra española en América fue una construcción jurídica, institucional, religiosa, lingüística, urbana, universitaria, municipal y civilizatoria de enorme densidad. Esa afirmación es suficientemente fuerte como para no necesitar adornos, y aun así, no basta con solo proclamarlo. Exige la onerosa carga de la prueba.

Ese hispanismo de reacción necesita fuste. Tener fuste no significa hablar con más solemnidad. Significa tener columna vertebral intelectual. Significa conocer las fuentes, distinguir períodos, manejar conceptos, evitar anacronismos, comparar instituciones y entenderlas, y no confundir emoción con argumento. Cada palabra arrastra un mundo jurídico y político. Usarlas sin criterio rector debilita la causa. Significa saber cuándo se habla de Monarquía Católica, de reinos de Indias, de provincias de Ultramar, de ciudadanía o de naturaleza y que lejos de rechazarlos, necesitamos sabernos herederos de toda esa tradición, para bien y para mal. Por eso, si la defensa de la Hispanidad quiere dejar de ser una comunidad de reacción y convertirse en una fuerza cultural e institucional, tiene que cambiar de método. Ese cambio no exige abandonar la pasión, pero sí pide a gritos introducir la carga probatoria estricta.

El orgullo histórico es legítimo cuando nace del conocimiento. La emoción patriótica puede ser fecunda cuando empuja al estudio. La indignación contra la leyenda negra puede ser útil si conduce a la biblioteca, al archivo y al trabajo intelectual. Lo que no puede hacerse es sustituir la investigación por un catálogo de culpables prefabricados. Inglaterra tuvo su papel; no fue la causa de todo. La masonería tuvo su influencia; no fue una maquinaria omnipotente que explica por sí sola la desmembración del mundo hispánico. Las élites locales tuvieron relación directa; pero esa relación debe estudiarse dentro de estructuras políticas, económicas y sociales concretas, con el rigor científico que ha menester. El mismo rigor que ha de exigirse a los que, de manera irresponsable y acrítica, hablan de «una derrota pactada», o de «un hito en la gran traición» para referirse a 1898, o sugieren que el hispanismo está «contaminado de Ilustración y masonería». Y son voces relevantes en buena parte de la comunidad.

El hispanismo que a mi juicio necesitamos debe ser capaz de sostener, entre otras, dos verdades al mismo tiempo. La primera: la leyenda negra ha deformado profundamente la imagen de España y de su obra americana. La segunda: esa deformación no se derrota con simplificaciones de signo contrario, sino con una lectura más exigente de la historia. Solo una defensa sobria puede ser duradera. Solo una defensa documentada puede llegar a la universidad, a los tribunales, a los parlamentos, a los archivos, a los ministerios y a la opinión pública culta. Lo demás puede servir para animar una reunión; no sirve para fundar una doctrina.

Esta exigencia es todavía más importante cuando se habla de Cuba. La historia cubana ha sido narrada durante más de un siglo desde una matriz separatista que convirtió la ruptura con España en destino inevitable, el mambisado en arquetipo moral de la nación y la continuidad española en una forma de atraso, servilismo o extranjería. Frente a esa construcción, no basta responder que «todo fue culpa de Inglaterra», «todo fue culpa de la masonería» o «todo fue una conspiración contra España». Esa respuesta puede contener fragmentos de verdad, pero no alcanza el núcleo del problema.

El núcleo del problema es demostrar que Cuba no fue una exterioridad colonial separada del cuerpo histórico español, sino un territorio de Ultramar integrado en un orden jurídico, político y social determinado; que los naturales de Cuba no eran extranjeros frente a España; que participaron en estructuras civiles, militares, administrativas, judiciales, eclesiásticas, nobiliarias y parlamentarias; y que la ruptura de 1898 produjo consecuencias jurídicas concretas, entre ellas la desnaturalización impuesta por el artículo IX del Tratado de París. Ese argumento no se sostiene con lugares comunes. Se sostiene con derecho, historia institucional y prueba documental.

Por eso el hispanismo cubano debe aspirar a una forma superior de intervención pública. No debe avergonzarse de combatir la leyenda negra, pero tampoco debe quedar preso de una retórica defensiva y repetitiva. Su tarea no es fabricar una mitología de reemplazo, sino reconstruir una continuidad histórica ocultada, degradada o manipulada. Esa tarea exige rigor, porque cuanto más seria sea la reclamación, más hostil será el examen al que será sometida.

La madurez de una causa se mide por su capacidad para corregirse a sí misma. El hispanismo que no tolera matices se debilita. El hispanismo que confunde crítica con traición se encierra. El hispanismo que necesita héroes puros y enemigos absolutos termina pareciéndose demasiado a los relatos que combate. En cambio, un hispanismo con fuste puede defender a España sin convertirla en ídolo; puede denunciar la propaganda antihispánica sin caer en paranoia; puede reconocer errores sin entregar la tesis central; puede discutir con adversarios sin rebajarse a la consigna.

La cuestión, entonces, no es abandonar al público que llegó a la Hispanidad por indignación, intuición o reacción emocional. Ese público es valioso. Muchos han llegado primero por una frase, un video, una bandera, una celebración o una refutación sencilla de la leyenda negra. No hay que despreciar ese punto de partida. Hay que darle continuidad. Hay que decirle: esto que has intuido es importante, pero ahora hay que estudiarlo; esta emoción que has sentido es legítima, pero ahora hay que darle forma; esta causa que has abrazado merece más que consignas.

El paso siguiente es convertir la reacción en formación. Y después, la formación en institución.

Ese debe ser el horizonte: un hispanismo capaz de producir libros, seminarios, archivos digitales, cursos, repertorios documentales, estudios jurídicos, investigaciones genealógicas, ediciones críticas, expedientes probatorios y estrategias de intervención pública. Un hispanismo que no dependa de la repetición acrítica de los tres mismos culpables, sino de una comprensión entera y más sosegada del proceso histórico. Un hispanismo que pueda hablar a un público general sin embrutecer el argumento, y que pueda hablar a la academia sin perder su razón moral.

Salud y gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

Brochazos históricos y doctrinales de la ciudadanía en EE. UU.

Aunque en 1898 la Corte Suprema de los Estados Unidos todavía no había elaborado una doctrina completa sobre la protección del individuo frente a la privación arbitraria de la nacionalidad, el siglo XIX ofrece algunas señales sobre las que inferir cuál hubiese podido ser el entendimiento que de ella tenían tanto el gobierno federal en sentido lato cuanto los individuos que, en nombre de la Unión se sentaron en una habitación del Ministerio de Asuntos Exteriores (en la Quai d’Orsay): grosso modo, la ciudadanía se va consolidando como un estatuto personal absolutamente central del Derecho interno y, progresivamente, como un núcleo especialmente protegido de los derechos de la persona, plasmados en los códigos políticos de nuestros días, es decir, en las Constituciones.

Sin embargo, al ser la Constitución estadounidense de primera generación, nos encontramos en la antesala de la dogmática de los «derechos fundamentales», es decir, un régimen jurídico anterior a la ciudadanía, que se ocupa más bien de la condición de súbdito natural, y de un hondo calado jurisprudencial, que en el Derecho anglosajón podría traducirse como un derecho de common law.

¿Qué significa common law?

La expresión common law designa, en su sentido más característico, un Derecho que no nace exclusivamente de la ley escrita promulgada por la autoridad, sino más bien del razonamiento judicial acumulado en el tiempo. Se llama common porque es un Derecho «común» al reino, elaborado históricamente por los tribunales ingleses frente a particularismos locales (recordemos que es el rey el que imparte justicia, quien delega esa facultad en sus tribunales), y también porque expresa soluciones jurídicas que, al reiterarse y consolidarse, pasan a formar parte de un patrimonio común de la comunidad política. Por eso se contrapone al statutory law, esto es, al Derecho que procede de los statutes, de los actos formalmente dictados por el legislador. En términos continentales, cabría decir que el statutory law se aproxima a las leyes dadas o paccionadas, mientras que el common law se alimenta de las decisiones judiciales.

En su origen intelectual, esta tradición descansa sobre una convicción fundamental: el ser humano, por estar dotado de razón, posee cierta intuición de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Esa intuición no basta por sí sola para resolver conflictos concretos, pero constituye el humus desde el cual el juez razona. El magistrado no inventa arbitrariamente la justicia; más bien intenta descubrirla prudencialmente en las circunstancias del caso. De ahí que la decisión judicial sea un ejercicio de razón práctica: una búsqueda argumentada de lo justo. El Derecho, está en la vida, IVS IN VITAE como decían los antiguos. Por eso su color es el rojo, como el de la sangre, que trae vida.

La segunda idea fundamental es que en toda tradición jurídica existen normas dadas o promulgadas por la autoridad competente. La ley en su sentido más formal y estricto es el ejemplo paradigmático. Suelen formularse en un lenguaje abstracto y general. Precisamente por ello no pueden anticipar en detalle la infinita variedad de los casos humanos. Corresponde entonces al juez la difícil tarea de determinar si la situación concreta que tiene ante sí constituye, o no, una manifestación de la abstracción que la ley intuye. El núcleo duro del trabajo judicial sigue siendo interpretativo: extrapolar lo general a lo específico, lo abstracto a lo concreto, en la búsqueda de una justicia que se espera descanse en la letra y el espíritu de la ley.

Ambos procesos intelectuales —el razonamiento sobre lo justo cuando no hay ley precisa, y la interpretación concreta del texto cuando este existe— han generado, con el paso de los siglos, un cuerpo doctrinal estable y abundante. Ese conjunto de decisiones, distinciones y criterios, precisamente porque está razonado y sedimentado por la experiencia, acaba convirtiéndose también en Derecho, por derecho propio. Esa es la entraña del common law.

Algo semejante puede observarse en el Derecho romano. Mucho de lo que hoy conocemos de él es, en realidad, ius praetorium, es decir, derecho pretoriano. La magistratura romana surgió como órgano de gobierno y jurisdicción dentro de la República. La pretura como una de las magistraturas romanas tuvo una relevancia extraordinaria porque los praetores impartían justicia y, mediante sus edictos, razonaban la resolución de los litigios. Aunque no abolía formalmente el ius civile, lo corregía, suplía y ayudaba a aplicar. Su importancia radica en que mostraba cómo la interpretación jurídica no es una actividad secundaria, sino uno de los lugares originarios donde el Derecho verdaderamente vive, se ajusta a la realidad y se perfecciona.

¿Y a qué vino todo este cuento del common law? ¡Ah, sí! En la tradición inglesa, la condición de súbdito natural (natural subject) se ha entendido como un derecho de common law, como también lo es el matrimonio, por ejemplo. Esto quiere decir que no nació de una ley general que definiera de modo abstracto dicha condición, sino de la elaboración jurisprudencial de las cortes. El ejemplo paradigmático es el Caso Calvin o Case of the Postnati de 1608, en el que se fijó la doctrina según la cual quien nacía bajo la obediencia y protección natural del soberano era súbdito natural y no extranjero. Ese desarrollo jurisprudencial permite explicar por qué, en el ordenamiento estadounidense, existió durante buena parte del siglo XIX un aparente vacío legislativo en torno a la definición general de la ciudadanía por nacimiento: no porque la cuestión careciera de regla jurídica, sino porque se entendía en buena medida regulada por principios heredados del common law. Solo después de la Guerra Civil, con la Civil Rights Act de 1866 y, sobre todo, con la Decimocuarta Enmienda, esa regla fue trasladada al lenguaje positivo del Derecho federal estadounidense.

Los tratados de adquisición de territorio en la definición de ciudadanía

Los tratados que expandieron el territorio estadounidense durante el siglo XIX plantearon influyeron sobre la ciudadanía y la membresía política de los Estados Unidos, toda vez que fueron verdaderos puntos de inflexión donde concepciones de pertenencia nacional se cristalizaron en disposiciones legales concretas que generaron consecuencias duraderas para millones de personas.

Tratado de San Lorenzo (1795)

El Tratado de San Lorenzo —un acuerdo de límites, navegación y relaciones bilaterales con España— estableció límites territoriales definitivos entre Estados Unidos y el reino trasatlántico. Aunque este tratado no incorporó nuevos territorios a la Unión con poblaciones hispanas sustanciales inmediatamente, estableció como precedente legal que los tratados serían los instrumentos mediante los cuales Estados Unidos adquiriría territorios e, implícitamente, las poblaciones que los habitaban. Este precedente, atado aún al concepto de alianza perpetua y de anclaje a la tierra. La cuestión aparece, con fuerza, cuando Estados Unidos adquiere territorios y debe decidir qué estatuto corresponde a sus habitantes. Léase su Artículo VII:

ARTICULO VII.

Se ha convenido que los súbditos y ciudadanos de una de las Partes Contratantes, sus buques ó efectos, no podrán su-jetarse á ningun embargo ó detencion de parte de la otra, á causa de alguna expedicion militar, uso público ó particular de qualquiera que sea. Y en los casos de aprehension, deten cion, ó arresto, bien sea por deudas contraidas, ú ofensas co-metidas por algun ciudadano ó súbdito de una de las Partes Contratantes en la jurisdiccion de la otra, se procederá úni camente por orden y autoridad de la Justicia, y segun los trá mites ordinarios seguidos en semejantes casos. Se permitirá á los ciudadanos y súbditos de ambas Partes emplear los aboga-dos, procuradores, notarios, agentes o factores que juzguen mas á propósito en todos sus asuntos, y en todos los pleytos que podran tener en los tribunales de la otra Parte, a los quales se permitirá igualmente el tener libre acceso en las causas, y estar presentes á todo exâmen y testimonios que podrán ocurrir en los pleytos.1

Tratado de Cesión de la Luisiana (1803)

Así, el artículo III del Tratado de Cesión de la Luisiana (1803) estableció que los habitantes del territorio cedido serían incorporados a la Unión y admitidos, tan pronto como fuese posible conforme a la Constitución federal, al goce de los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, pero quedaban entretanto protegidos en su libertad, propiedad y religión. El lenguaje es bastante operativo: la cesión territorial no se agota en el suelo; abre un proceso de incorporación personal y de acceso a un estatuto de ciudadanía.

Tratado de Adams-Onís (1819)

La misma lógica reaparece en el Tratado Adams–Onís respecto de la cesión de las Floridas: sus habitantes serían incorporados lo antes posible según los principios constitucionales, y admitidos al goce de los privilegios, derechos e inmunidades de los ciudadanos de los demás Estados. Y en el caso de Texas, la admisión en la Unión «en pie de igualdad» con los Estados originarios conduce, por operación del Derecho constitucional interno, a la integración plena de sus ciudadanos en la ciudadanía estadounidense.

Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848)

Aquí aparece por primera vez un mecanismo de opción: los nacionales mexicanos en los territorios cedidos podían conservar su nacionalidad; pero debían declararlo en el plazo previsto, y la permanencia sin declaración operaba como elección de la ciudadanía de los Estados Unidos. La ciudadanía empieza, así, a tomar forma como estatuto articulado por reglas: incorporación, derechos, plazos y voluntad.

Ahora bien, esa evolución no fue lineal. De manera paralela, en Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857), la Corte Suprema negó —según la mayoría— la posibilidad de ciudadanía federal para las personas de ascendencia africana, al preterir su acceso a los derechos y privilegios propios de la naturaleza federal. El trauma político y jurídico de esa tesis ayuda a entender por qué, tras la Guerra de Secesión, la 14.ª Enmienda (1868) constitucionalizó una regla general: quienes nacen o se naturalizan en Estados Unidos y están sujetos a su jurisdicción, son ciudadanos del Estado.

Más tarde, esa intuición —la ciudadanía como estatuto personal y no como simple consecuencia automática de la diplomacia— se volvió doctrina constitucional explícita en la jurisprudencia de la Corte Suprema: en Afroyim v. Rusk (1967) sostuvo que un ciudadano no puede ser privado de su ciudadanía sin su voluntaria renuncia, esto es, sin un asentimiento personal inequívoco. Y en Vance v. Terrazas (1980) afinó el estándar: para que exista renuncia no basta con probar un «acto» legalmente tipificado; debe probarse además la intención de relinquish (abandonar) la ciudadanía, porque la pérdida de nacionalidad opera por renuncia, es decir, exige la manifestación de la voluntad, con lo cual se aleja de automatismos. En otras palabras, incluso cuando el ordenamiento permite renunciar, la renuncia tiene que ser un acto voluntario: la ciudadanía se pierde por decisión del ciudadano, no del Estado.

Corolario

El Tratado de París de 1898 rompe con la tradición dominante de los tratados estadounidenses de adquisición territorial porque sustituye la fórmula clásica de incorporación + promesa de derechos/ciudadanía por una cláusula de delegación al Congreso: los derechos civiles y el estatus político de los habitantes nativos de los territorios cedidos quedarían determinados por el Congreso. En el caso cubano, que no fue cedido, sino renunciado por España, hay silencio, pero la desnaturalización operó de similar manera. Esa fórmula aparece en el artículo IX del tratado y contrasta con la práctica anterior de Luisiana, Florida, Guadalupe Hidalgo y Alaska.

La ruptura, sin embargo, debe matizarse: la tradición anterior tampoco fue plenamente igualitaria. El tratado de Alaska excluyó expresamente a las “tribus nativas no civilizadas” de la admisión a los derechos de ciudadanía. Por tanto, París no inventa la desigualdad territorial, pero sí la eleva a un rango casi constitucional de modo nuevo al separar adquisición, incorporación y ciudadanía. La consecuencia más visible es que 127 años después, se trata de una norma aún vigente que a pesar de legalizar un acto que contraviene todo Derecho y toda práctica histórica, cuyo rango la ha hecho intocable y muy difícil de derogar, al tiempo que no ha sido contrastada y armonizada con el ordenamiento vigente. Más sobre esto en la próxima entrega…

Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

I. El problema de su lectura historiográfica

El eminente habanero José Silverio Jorrín y Bramosio (La Habana, 1816-New York, 1897) es autor de uno de los documentos de diagnósticos más lúcidos y políticamente significativos de las crisis y tensiones que sacudieron la convivencia pacífica de los cubanos dentro de la Monarquía española en el siglo XIX. El llamado Folleto de Ginebra,1 publicado en 1876, en un momento en que la guerra que impulsaban los insurgentes se encontraba en una fase de estancamiento destructivo, quiere apelar a la opinión pública europea y estadounidense, en la búsqueda de una salida que conciliara la soberanía española con la dignidad y el progreso de los cubanos.

Y aunque ya me ocupé, si bien someramente del asunto, aquí, con algo de catarsis contra los rebeldes,

aprovecho la oportunidad para proponerte revisitar el tema, acaso con arguments más acabados. José Silverio Jorrín denuncia que la insurrección de Yara no puede entenderse sin remontarse a la fractura constitucional de 1836. Explica Jorrín que en ese año, las Cortes españolas «tomaron la decisión unilateral de excluir a los diputados de las provincias de ultramar del Congreso Nacional». Y es que cuando se habla de 1837 en la historia política de Cuba, con frecuencia se parte de una fórmula con valor moral añadido, porque con esa decisión, el constituyente sancionó el principio de especialidad frente al de asimilación, y sobre aquél redefinió las relaciones políticas de dichas provincias con las peninsulares o intramarinas. Las Cortes se cerraron para la isla, y ese cierre inaugura y engrosa la letanía de agravios que la propaganda nacionalista cubana ha fabricado y promovido como piedra angular de su relato de exclusión, desposesión y ruptura irreparable con la monarquía española.

Esa formulación simplista y maniquea que recae casi unilateralmente en una voluntad de España contiene sin embargo una cuota de verdad,2 pero suele dejar fuera elementos que, a mi juicio, tienen una innegable centralidad, y cuya omisión lastra la comprensión de un hecho histórico fundamental y gravísimo para la historia de Cuba, no solamente porque con él los cubanos perdimos una representación parlamentaria en la Cámara popular, sino que ese hecho ha sido contado con frecuencia sin las explicaciones históricas necesarias (Bernal Gómez, 2012; Valdés Domínguez, 1879).

La bibliografía no es uniforme. Existe una línea seria de historia constitucional que ha reconstruido con detalle la complejidad del problema ultramarino y del quiebre de 1837. Pero también es cierto que una parte relevante de la literatura ha tendido a presentar 1837 principalmente como exclusión, segregación o arranque de la ruptura cubana, sin desarrollar con la misma densidad el contexto estratégico de Madrid, la agencia conciliadora de las élites cubanas, el contexto geopolítico americano, y los compromisos internacionales contraídos por España.

II. Antecedentes históricos y económicos

La primera omisión importante, y que es absolutamente esencial para analizar 1837 es de orden económico, determinado por dos hechos históricos: (1) el breve lapso de ocupación inglesa de la Habana, y (2) la revolución de Santo Domingo. La transformación de Cuba no empezó con la revolución haitiana. Empezó antes. La toma de La Habana por los ingleses en 1762 fue el primer gran sacudimiento. La ocupación mostró el valor estratégico extraordinario de la ciudad, pero también abrió de manera brusca a Cuba a circuitos mercantiles más amplios del Atlántico. Nikolaus Böttcher mostró que las consecuencias de 1762-1763 fueron duraderas: se intensificaron el comercio, la importación de esclavos y la orientación económica de la isla hacia el Atlántico norte (Böttcher, 1997).

El salto decisivo llegó con la revolución de Saint-Domingue. El derrumbe del gran productor azucarero haitiano abrió para Cuba un espacio excepcional en el mercado atlántico. El ascenso no fue instantáneo, pero sí rápido y sostenido: hacia fines de la década de 1820 la isla ya aparecía como el principal productor mundial de azúcar, y hacia 1860 aportaba aproximadamente una cuarta parte de la oferta mundial (Tomich, 2003, 2018).

Ese crecimiento tuvo una condición básica: la expansión de la esclavitud. El mismo ciclo azucarero exigió más tierra, más capital y más mano de obra forzada. Por eso, el auge del azúcar y la continuidad de la trata no fueron procesos separados, sino partes de la misma transformación (Tomich, 2018). Ahí cambia de verdad la posición de Cuba dentro de la Monarquía. La isla pasó a ser una de las posesiones más ricas del reino. Ya no se trataba sólo de conservar la llave del Golfo, sino de preservar una economía de enorme rendimiento, ligada a una poderosa clase de hacendados. Cuanto más valiosa se volvía Cuba, menos dispuesta estaba la Monarquía a exponer su orden interno a los riesgos de una integración parlamentaria ordinaria que pusiera en riesgo el nuevo motor impulsor de la economía.

En este contexto surge la sacarocracia cubana, una élite de hacendados que manejaba capitales inmensos y que entendía que su prosperidad dependía de un orden social que el liberalismo ordinario no podía garantizar. Esa sacarocracia no fue una víctima pasiva de la exclusión de 1837; fue una coautora interesada. Para estos hacendados, la aplicación de la Constitución de 1837 en su totalidad —con su libertad de imprenta y derechos de asociación— era un «incendio» potencial para una sociedad donde la población esclavizada era el motor productivo. El pacto fue cínico pero efectivo: la élite cubana renunciaba a enviar diputados a Madrid a cambio de que Madrid, mediante las «leyes especiales», mantuviera a Cuba fuera del alcance de las leyes abolicionistas y preservara la paz en los ingenios.

III. Escenario internacional americano

Formado en las dos décadas anteriores. Un punto de partida obligado es el Tratado de Adams-Onís de 1819. España, debilitada por la invasión napoleónica y por el deterioro general de su posición en América, cedió las Floridas a los Estados Unidos a cambio de una delimitación que reconocía su soberanía sobre Texas. Sumado a la compra de Luisiana en 1803, ese acuerdo obligó a la Monarquía a reconocer que en el Golfo y en el Caribe ya no iba a contender sólo con potencias europeas, sino con un soberano local de enorme crecimiento territorial, asentado además sobre una amplia franja meridional de economía esclavista de plantación, lo cual suponía una importante fuente de preocupación para España: la isla quedaba frente a una potencia cercana cuya estructura económica presentaba afinidades profundas con la suya y cuya expansión geopolítica alteraba ya el equilibrio del área.

Poco después, la Doctrina Monroe dio a ese cambio una formulación política más clara. En 1823, los Estados Unidos declararon que el continente americano no debía quedar abierto a nuevas empresas coloniales europeas y que cualquier intento de extender el sistema político europeo en el hemisferio sería visto como una amenaza para su seguridad. La doctrina no equivalía todavía a control efectivo sobre todo el espacio americano, pero sí fijaba una dirección: la restauración del viejo poder europeo en América pasaba a ser, al menos en principio, una hipótesis hostil para España.

México reaccionó al mismo problema desde su propia posición y con una ambición propia. La política exterior de Lucas Alamán no fue un simple programa de cooperación amistosa, sino un intento de organizar a las nuevas repúblicas hispanoamericanas bajo una fórmula de concertación estable que preservara su independencia y reforzara su peso colectivo. La historiografía mexicana ha destacado que ese Pacto de Familia fue concebido como una política regional de gran escala y que México aspiraba a desempeñar en ella un papel rector. En ese sentido, puede leerse como una respuesta mexicana al mismo vacío estratégico que la Doctrina Monroe pretendía ocupar desde los Estados Unidos. Las dos potencias continentales más cercanas a Cuba aparecían, por tanto, como actores con vocación de ordenar el espacio americano, y ambas tenían razones para ver con recelo la permanencia de la soberanía española sobre la isla.

A ese cuadro se añadió en 1825 otro elemento de gran peso simbólico y político: el reconocimiento francés del Estado haitiano. Francia reconoció finalmente la independencia de Haití, pero lo hizo bajo presión armada y a cambio de una indemnización gigantesca. Ese acto cerraba formalmente un largo ciclo revolucionario y confirmaba que en el corazón del Caribe existía ya un Estado negro soberano, nacido de una revolución de esclavos y reconocido por una potencia europea. Para Cuba, cuya prosperidad descansaba cada vez más sobre la plantación esclavista, el efecto psicológico y político de ese precedente era enorme. Haití no era una abstracción; era un vecino cercano y un ejemplo inquietante.

Ese miedo no se alimentaba sólo de fantasías. Desde años antes, la isla había conocido conspiraciones y movimientos que enlazaban el descontento local con el clima revolucionario continental. La conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, surgida en 1823, fue expresión directa de ese cruce entre influjo bolivariano, redes hispanoamericanas y proyecto separatista cubano. Y en 1825, el gran levantamiento esclavo de Matanzas volvió a mostrar que el orden interno de la isla era mucho menos estable de lo que la autoridad colonial deseaba aparentar. El Caribe que rodeaba a Cuba no ofrecía calma; ofrecía ejemplos de independencia, de insurrección y de contagio político.

V. El Tratado de Madrid de 1835 y el motín de la Granja de San Ildefonso

A partir de 1835, la contradicción se convirtió en un problema de gobierno inmediato. El Tratado de Madrid de 28 de junio de 1835 con Gran Bretaña endureció los compromisos contra la trata en el momento en que Cuba más dependía de ella. Cumplir el tratado significaba golpear la base material del sistema azucarero. España asumía compromisos internacionales cada vez más estrictos contra el tráfico esclavista, precisamente cuando la riqueza cubana 0dependía de manera creciente de esa misma estructura económica. La cuestión dejaba entonces de ser sólo militar o administrativa. Se convertía en una decisión difícil, casi imposible: cómo conservar una isla estratégica y riquísima sin desmontar el orden esclavista del que dependía buena parte de su prosperidad, y cómo hacerlo además dentro de un marco constitucional liberal que, llevado a sus últimas consecuencias, podía dar a los intereses cubanos un cauce de defensa parlamentaria incompatible con el nuevo rumbo formal del Estado.

Visto así, 1837 no fue simplemente un episodio de malquerencia metropolitana, ni tampoco una pura traición abstracta al constitucionalismo. Fue la formalización constitucional de una excepción que ya venía incubándose. Cuba siguió dentro del aparato político de la Monarquía, pero quedó apartada de la integración representativa ordinaria porque su valor estratégico y económico la convertía en un caso singular. La exclusión no nació en el vacío. Nació del cruce entre seguridad imperial, auge azucarero, esclavitud y presión internacional antitratista.

La solución de las «leyes especiales» no fue solo una expulsión de diputados, sino una regresión estratégica hacia lógicas de excepción. En la Cuarta Junta Preparatoria del 20 de octubre de 1836 (Diario de Sesiones, n.º 4), el debate sobre la validez de los poderes de los diputados de ultramar fue la fachada de este pacto. Durante las discusiones, el diputado González Alonso articuló la justificación del régimen de excepción bajo la tesis de que, en momentos de crisis, «no hay más ley que la de la necesidad» (C-0004-00015.pdf).

Esta «necesidad» era el mantenimiento del statu quo económico. La sacarocracia cubana, consciente de que la Constitución de 1812 era un «incendio» para una sociedad esclavista, aceptó el fin de la representación a cambio de autonomía fáctica. La Gaceta de Madrid (N.º 842, 1837) formalizó esta estructura bajo la premisa de que la homogeneidad legal era imposible. Una Cuba plenamente integrada podía llevar al centro del sistema la defensa de intereses esclavistas incompatibles con la política internacional del Estado. La «especialidad» permitió preservar el orden económico sin someterlo al escrutinio del parlamentarismo liberal ordinario.

V. Conclusiones

La solución de 1837 fue, ante todo, una necesidad impuesta por la Realpolitik. España optó por una fórmula de compromiso para asegurar la permanencia de Cuba en un contexto de vulnerabilidad estratégica y presión abolicionista. Este arreglo supuso que Cuba quedara al margen del régimen de libertades públicas, pero no implicó la revocación de la nacionalidad española de sus habitantes.

El verdadero precio del compromiso de 1837 fue conservar a Cuba dentro de España mediante un pacto de silencio y excepción: la metrópoli mantenía la soberanía y las rentas, mientras la sacarocracia conservaba su sistema productivo a salvo de las leyes comunes de la nación.

Muchas gracias y buena salud para todos.

Maikel Arista-Salado

El presente índice cronológico documenta, de manera sucinta, las principales actuaciones que ha promovido Cuba española (ACC) para solicitar la revisión de la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007, por considerar que su criterio interpretativo ha perjudicado gravemente las aspiraciones de quienes sostenemos que los naturales de Ultramar nacidos bajo soberanía española fueron españoles de origen. No se trata aquí de una controversia meramente académica, sino de un problema con consecuencias humanas y jurídicas concretas, pues esa doctrina administrativa ha servido para cerrar, en la práctica, una vía de reconocimiento que estimo ajustada a la historia, al derecho y a la propia lógica del vínculo político entre España y sus territorios de ultramar.

Con ese entendimiento, el 6 de enero de 2025 presenté ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública una petición formal de revisión del criterio. Al no haber recibido respuesta, acudí posteriormente al Defensor del Pueblo mediante una queja por silencio administrativo, que fue admitida a trámite. Más adelante, solicité también acceso íntegro al expediente administrativo de la Consulta, con el propósito de conocer con exactitud sus antecedentes, fundamentos y alcance. En conjunto, estas actuaciones reflejan un esfuerzo perseverante, aunque respetuoso de los cauces institucionales, encaminado a obtener no un privilegio, sino una reconsideración fundada de una interpretación administrativa que, a mi juicio, merece ser revisada.

III. Contra la Consulta de la Dirección de Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007.

1. Petición a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Reino de España. Asunto: Solicitud de revisión y, en su consecuencia, declaración de variación de criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar, radicada el 6 de enero de 2025 en el Consulado general de España en Chicago, con número de registro REGAGE25e00000730112

   

   Doc n.º 1

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2. Queja al Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública por silencio administrativo, incompatible con el derecho de petición, presentada en el Registro electrónico del Defensor del Pueblo el 11 de marzo de 2026, con número de entrada 26027185.

   

   Doc n.º 2

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3. Oficio del Defensor del Pueblo por el que se notifica admitida a trámite la queja, con registro de salida n.º 26036876 y fecha 19 de marzo de 2026.

   

   Doc n.º 3

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4. Escrito de solicitud de acceso a información pública, de 26 de marzo de 2026, dirigido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitando copia integra, completa y legible del expediente administrativo relativo a la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007 (Anuario DGRN, 2007, vol. III, Estado civil, pp. 3586-3590), presentado en el Consulado general de España en Chicago, con numero de registro REGAGE26e00031545659.

Doc n.º 4

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Un descanso…

Sobre el antiguo derecho de petición

Hace algún tiempo escribí sobre este importantísimo y con frecuencia poco valorado derecho, que sin embargo hunde sus raíces en el código alfonsino del siglo XIII.

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Nuestro trabajo depende, ante todo, de que se nos escuche. Y para eso hacen falta medios, incluso en lo más básico: buenos micrófonos, mejor difusión, más capacidad para llevar esta voz donde hoy no llega. La tarea es ardua. No solo debemos presentar una idea que contradice más de un siglo de enseñanza pública en Cuba; también tenemos que lograr que en España este asunto, al menos, exista como cuestión pública. Ni siquiera aspiro de entrada a una opinión favorable. Me conformo, por ahora, con algo previo y más elemental: que se hable del tema, que se discuta, que deje de estar sepultado en el silencio. Si conseguimos eso, ya será mucho. Ayúdanos a dar esa batalla.

Donación GoFundMe

¡Es hora de volver a casa!

Buena salud, buena suerte y muchas gracias.

Maikel Arista-Salado

«Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este pequeñísimo compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios»

I. Contenido, propósito y razón de esta compilación.

Este apéndice documental tiene por objeto exponer, desde la perspectiva del Derecho público español, los dos grandes obstáculos que hoy se oponen al reconocimiento de la nacionalidad española de los descendientes de los naturales de Ultramar. El primero de ellos es el artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, cuya entrada en vigor supuso para España la imposición de un proceso de desnaturalización masiva y forzosa de quienes hasta entonces eran sus nacionales de origen en Cuba y Puerto Rico.

La revisión de publicaciones académicas, institucionales y divulgativas sobre el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 muestra un patrón bastante estable: el tratado sigue muy presente como hito histórico, pero su recuerdo suele venir cargado de una valoración negativa asociada, ante todo, a la pérdida de territorios por parte de España y al nacimiento de la expansión ultramarina de los Estados Unidos. Incluso cuando el tratamiento es más neutro o pedagógico, el foco recae casi siempre en el fin de la guerra hispano-estadounidense, la renuncia de España a Cuba y la cesión de Puerto Rico, Guam y Filipinas. En unos casos se le presenta como el acto que convirtió a Estados Unidos en potencia mundial; en otros, como el cierre del llamado «desastre» español. Lo que domina, en suma, es la lectura geopolítica del tratado: mapas, soberanía, imperio, derrota, ocupación.

Sin embargo, esa memoria dominante deja en sombra su dimensión más grave y menos discutida: los efectos del tratado sobre la condición política de los habitantes de los territorios cedidos o renunciados. El tratado desde luego, no se limita a ordenar una transferencia territorial bajo las figuras de la renuncia de la soberanía y la cesión, sino que hace una distinción entre los españoles peninsulares residentes en esos territorios, a quienes permite conservar su vínculo de lealtad a la Corona si manifiestan esa voluntad dentro de un año después de la entrada en vigor del tratado, y los habitantes nativos de los territorios cedidos, cuya «condición política» queda entregada a la determinación del Congreso de los Estados Unidos. Y allí donde la ley no distingue, no cabe hacer la distinción. Si la ley constitucional española no distingue entre unos y otros, un tratado no debe tampoco hacerlo especialmente cuando el origen nacional es la vara para otorgar —o negar— derechos.

La literatura jurídica más seria sobre Puerto Rico no estudia el fenómeno de desconexión constitucional con España, sino que se centra únicamente en las nuevas relaciones de poder con Estados Unidos, al explotar el tema de la apatridia e indeterminación civil sobrevenidas. La conversación pública recuerda el Tratado de París como pérdida de suelo, pero rara vez lo recuerda también como operación sobre las personas, esto es, como el instrumento que desencadenó la desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios. A mi juicio, una de las mayores cegueras de la historiografía corriente: ha llorado bastante por el territorio y muy poco por los nacionales. Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios.

El segundo obstáculo radica en la construcción de una doctrina administrativa que, por vía de analogía, ha terminado por equiparar a Cuba y Puerto Rico con el Sáhara y la Guinea españoles, aplicando a aquellos territorios una ratio decidendi elaborada para supuestos histórica, política y jurídicamente distintos. Esa traslación, cristalizada en la práctica administrativa contemporánea a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 y de su recepción por la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha servido para consolidar un criterio restrictivo que desconoce la singular posición constitucional, legislativa e institucional que Cuba y Puerto Rico ocuparon dentro de la Monarquía española en el siglo XIX.

A partir de ambos presupuestos, este apéndice no se limitará a describir una dificultad técnica en materia de nacionalidad, sino que intentará demostrar que nos hallamos ante un problema de rango constitucional: el de la continuidad histórica y jurídica de la nacionalidad española, el alcance de la potestad del Estado para privar de ella a sus nacionales de origen, y la legitimidad de una doctrina administrativa que, al desfigurar la naturaleza de los territorios de Ultramar, termina restringiendo injustamente un derecho de la máxima relevancia. En otras palabras, lo que aquí está en juego no es solo una discusión interpretativa, sino la necesidad de revisar críticamente uno de los puntos más oscuros y menos resueltos del ordenamiento español contemporáneo.

Además, este apéndice cumple una función de orden y transparencia documental: en ambos casos se publican los principales instrumentos jurídicos que integran el respectivo tracto procesal, de modo que el lector pueda seguir, con continuidad y precisión, la secuencia completa de actuaciones, peticiones, respuestas, omisiones administrativas, recursos y demás hitos relevantes. No se trata solo de aludir a los expedientes, sino de poner a la vista los textos que los conforman, para que pueda apreciarse de manera directa cómo se ha articulado jurídicamente cada controversia, cuáles han sido sus fundamentos, y en qué puntos concretos se manifiestan las resistencias institucionales que este libro denuncia.

II. Contra el artículo IX del Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898

1. Petición al Consejo de Ministros. Asunto: denuncia del artículo IX del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre de 1898, relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y Puerto Rico, radicado en el Consulado general de España en Miami, el 7 de octubre de 2022, con número de registro 10094.

   

   Doc n.º 1

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2. Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 23 de febrero de 2023, por la que se da contestación al [Doc n.º 1] escrito de petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández en el que solicita la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, notificada el 20 de marzo de 2023.

   

   Doc n.º 2

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3. Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, de 13 de abril de 2023 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra [Doc n.º 2] Orden dictada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 23 de febrero de 2022 (notificada el 20 de marzo), que deniega [Doc n.º 1] Petición al Consejo de Ministros.

   

   Doc n.º 3

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4. Escrito de demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Procedimiento Ordinario n.º 766/2023. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4.ª

   

   Doc. n.º 4

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5. Escrito del Abogado del Estado por el que se da contesta a [Doc. n.º 4] Demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, n.º 766/2023

   

   Doc. n.º 5

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El 5 de noviembre de 1900, treinta y un delegados inauguraban una convención constituyente en el Irijoa, nombre de aquel magnífico teatro al que rebautizaron, como no podía ser de otra manera, Martí. La Convención Constituyente tuvo a su cargo la redacción del código de la naciente república, con un matiz: el gobierno interventor «sugirió amablemente» a los constituyentistas que aprobaran el texto de la Enmienda Platt1 como condición a la evacuación de las tropas estadounidenses. O sea aprobaba el texto aquel, o la república no nacía. Los delegados no tuvieron más remedio que aprobarlo como un apéndice a la Constitución, y que además, ordenaba la celebración de un tratado de relaciones entre Cuba y Estados Unidos que reprodujese el articulado del apéndice constitucional.

En esencia, la Enmienda Platt es una modificación ordinaria que se introduce en la «Ley sobre autorización de asignación de recursos presupuestarios para el sostenimiento del Ejército correspondiente al ejercicio fiscal, el cual concluye el 30 de junio de 1902», Pub. L. 56-803;2 31 Stat. 895, 897,3 pero por sí sola no surte efectos jurídicos en Cuba. La norma cubana fue el Apéndice constitucional, que luego sirvió de base al Tratado de Relaciones de 22 de mayo de 1903.

La consabida enmienda ha sido estigmatizada como un símbolo absoluto del abuso norteamericano. Durante décadas, se ha presentado como la prueba incontestable de que la república nació humillada, vejada. Es más: ha sido la coartada perfecta para endilgarle el epíteto de «neocolonial». Esa lectura no es gratuita: la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba, la consecuente imposición del Apéndice Constitucional y el Tratado de 1903, con todas sus consecuencias (v.gr.: limitación de la capacidad jurídica internacional, limitación de la deuda pública, derecho de intervención, estaciones navales, etc.) forman parte de otro de los perversos motores de la historia cubana: el antinorteamericanismo, que luego la propaganda marxista pintó como antiimperialismo.

La Enmienda Platt como una obligación que impone el Derecho internacional

Estados Unidos había derrotado a España, ocupado la isla y creado con sus propios actos la situación que daría nacimiento a la nueva república. Si se tiene en cuenta, además, que toda esta operación se hace contra la voluntad tácita del cuerpo electoral cubano, expresada en sendas elecciones, tanto las de 1897 para el régimen autonómico, como las generales de marzo de 1898 para diputados a Cortes, puede entenderse que Estados Unidos se hace responsable por la organización política que deja al retirarse de Cuba como se desprende de la interpretación del Tratado de París. En ese sentido, la Enmienda Platt es el mecanismo por el que se plantea la tutela estadounidense del futuro Estado nacional cubano, y solo podía hacerse antes de que este naciera plenamente.

Una vez que existiera un gobierno cubano ya instalado y operativamente funcional, no tendría sentido pensar que aceptaría de buen grado limitaciones sobre deuda, tratados, integridad territorial o intervención. Por eso el momento decisivo fue la Convención Constituyente, como único momento en el que se podía positivizar el protectorado de la novísima república.

Análisis crítico de las fuentes: la Enmienda Platt como mito político

No suele aparecer en las fuentes como una disposición histórica que se analiza con frialdad, sino como el centro de un campo semántico enteramente condenatorio. En torno a ella se agrupan, una y otra vez, vocablos como «humillante«, «férrea», «camisa de fuerza», «afrenta», «tutela», «dominación», «hegemonía», «intervención» y «protectorado», éste último además con una notable carga negativa. No se trata de adjetivos aislados, sino de una red verbal coherente que convierte la norma en emblema de subordinación nacional. En el discurso oficial cubano, esa operación es especialmente visible: el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores la inserta en el lenguaje del «plattismo» y de la pérdida de cubanía, mientras Cubadebate la define directamente como una «humillante y férrea camisa de fuerza».

Ese campo semántico funciona además como mecanismo de fijación ideológica: se convierte en símbolo total: resume tutela extranjera, lesión de soberanía y trauma fundacional de la república. Por eso aparecen formulaciones como «mecanismo de dominación», «instrumento de hegemonía» o fórmulas equivalentes sobre la nación «de rodillas». El hecho histórico deja de ser tal para convertirse en drama nacional, cargado de valor moral trascendente y en un gran pecado original.

Lo más revelador es que esa carga semántica no se limita al aparato estatal. Incluso en medios no oficiales o críticos del régimen, la Enmienda Platt sigue apareciendo asociada a registros como «humillantes condiciones», «intervenir cuando así lo estimaran», «preservar el orden» como eufemismo de intervención, o la idea de que Cuba quedó reducida a una soberanía disminuida.

Esa continuidad permite sostener, con bastante base, que la Enmienda ocupa en la memoria pública digital hispana un campo semántico casi enteramente negativo: no se la invoca para discutirla, sino para condenarla. Cuando un hecho histórica absorbe un vocabulario completo de humillación y dependencia, se convierte en mito político

Frente a esa lectura manida de la Enmienda Platt, mi posición es que aquellas cláusulas buscaban preservar un Estado que nacía frágil, devastado y en manos de élites poco fiables. Esta no es una idea inventada hoy para «lavarle la cara» a Washington. Incluso en documentos de la época aparecen voces cubanas que desconfiaban de una independencia brusca. González Lanuza,4 por ejemplo, rechazó la idea de una independencia «inmediata» y «absoluta», y sostuvo que, «para el bien de Cuba», convenía que la intervención durara un poco más, al menos hasta que existiera «un orden económico bien asentado».

Ese dato importa porque rompe una simplificación que se ha vuelto casi sagrada: la de que todo el país estaba unánimemente lanzado hacia la independencia total y que Estados Unidos vino solo a frustrar una voluntad nacional ya cerrada. La realidad fue bastante más compleja. El estudio de Inés Roldán de Montaud muestra que en las elecciones al parlamento insular de fines de 1897, el 80% de la Cámara de Representantes resultó autonomista, y que en las últimas elecciones generales celebradas bajo soberanía española, participó alrededor del 48% del cuerpo electoral, ya bajo el régimen de sufragio universal. La autora afirma que ese resultado respondía a la «fuerza real» del autonomismo. Eso no convierte aquellas elecciones en un plebiscito técnico, pero sí deja claro que la independencia inmediata no era la única opción viva en el país, ni por la que optaba la mayoría de la población.

En otras palabras: Estados Unidos no actuó sobre una tabla rasa. Intervino sobre una isla en guerra, con instituciones destruidas, con una experiencia autonómica recién estrenada y con una sociedad dividida. Ese dato obliga a abandonar el cuento de los malos españoles contra los buenos cubanos.

Un libro abiertamente hostil a la primera intervención norteamericana admite que el gobierno de ocupación trabajó en materias como sanidad, educación, finanzas, creación de: Tribunal Supremo, Guardia Rural y juzgados correccionales, ampliación de carreras en la Universidad de la Habana, alcantarillado, pavimentación de calles, etc. Eso no convierte la ocupación en una obra benéfica, ni tiene por qué serlo, pero sí desmonta la caricatura de que todo fue únicamente pillaje.

Lo más serio, entonces, es sostener dos cosas a la vez. Primera: el discurso tradicional cubano exagera cuando presenta la Enmienda Platt como si fuese solo una máquina de dominación imperial y nada más. Segunda: tampoco tiene sentido irse al extremo contrario y pintarla como un regalo providencial. Lo que hubo fue una fórmula de tutela, severa y discutible, nacida de una relación de fuerza, pero también de un problema real: cómo evitar que la nueva república se deshiciera antes de empezar.

Ese equilibrio se entiende mejor si se separan dos planos. Un plano es el de la preservación del Estado. Ahí puede decirse que limitar la deuda, impedir tratados que comprometieran la independencia o la integridad territorial de la nueva república, o exigir el saneamiento de la isla respondía a una lógica de garantía, que a su vez depende de otra garantía que es la que articula el Apéndice Constitucional.

Esa distinción sigue siendo útil hoy. No solo para cómo se crea la república de 1902, sino también para pensar el futuro. Cuba vive otra vez una devastación, esta vez causada por el aparato comunista. Hay colapso material, hambre, infraestructura arruinada y una crisis moral de enormes proporciones. En esas condiciones, hablar de «transición» como si bastara con quitar a una camarilla y celebrar elecciones al día siguiente es una ingenuidad. La experiencia histórica enseña que la libertad política necesita andamiaje institucional, reglas, garantías y tiempo, lo cual no significa que toda tutela deba convertirse en humillación permanente.

Por eso conviene dejar de usar la Enmienda Platt como espantajo antiyanqui. Sirve más como advertencia que como consigna. Advierte que una república puede nacer débil y necesitar garantías, y que también pueden degenerar en una tutela abusiva si no se reconocen sus límites. Y, sobre todo, advierte que la historia de Cuba no se entiende repitiendo mitos, sino examinando quién creó cada situación, quién asumió responsabilidades y quién fue capaz —o incapaz— de construir un Estado estable.

La Enmienda Platt no debe ser demonizada con la pereza mental del relato escolar. Fue una solución dura, imperfecta y polémica a un problema real. Quien quiera entender el pasado de Cuba —y prepararse para su futuro— haría bien en empezar por ahí.

Solicitud de Acceso a Información Pública a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

El pasado 25 de marzo de 2026 radiqué una Solicitud de acceso a información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El documento te lo dejo a líneas seguidas, al que he adjuntado en la última página el justificante de entrega, es decir, la prueba de que efectivamente quedó registrado en el Registro Electrónico de la Administración General del Estado, con número de registro: REGAGE26e00031545659

Solicitud de acceso a informacion publica

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Solicitud de Información pública al amparo de los artículos 12 y sgts. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. SOLICITA Primero.— Copia de la Consulta DGRN de 17 de septiembre de 2007 (Anuario DGRN 2007, vol. III, Estado civil, pp. 3585-3590) Segundo.— Copia íntegra del expediente administrativo relativo a su elaboración, tramitación, aprobación, archivo, difusión o comunicación.

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¿Cuáles son las razones por las que se hace esta solicitud?

La primera es probatoria. La solicitud no persigue solo conseguir una copia de un documento; persigue fijar oficialmente qué dijo exactamente la Consulta de 17 de septiembre de 2007, cómo se gestó, quién intervino en su elaboración y qué soporte documental tuvo. Eso importa porque, cuando un criterio administrativo ha producido efectos jurídicos tangibles sobre derechos subjetivos fundamentales o expectativas jurídicas, ya no basta con hablar de él de oídas o mediante citas parciales. Hay que ponerle cuerpo: texto auténtico, expediente, antecedentes, notas internas, informes. En derecho administrativo, muchas veces el poder no está solo en la resolución final, sino en el expediente que revela su lógica interna. El estudio del expediente nos indicará cuáles normativas se tuvieron en cuenta, y cuáles no.

La segunda es estratégica. Si esa Consulta ha servido como criterio para resolver asuntos de nacionalidad, entonces conocer su tramitación permite evaluar su solidez jurídica. Puede revelar si fue una respuesta aislada, una interpretación improvisada, una construcción sin verdadero respaldo normativo o, por el contrario, un criterio elaborado con cierta sistematicidad. Esa diferencia no es menor. Una cosa es enfrentarse a una disposición clara y formalmente asentada; otra, muy distinta, es desmontar un criterio administrativo que quizá ha operado durante años con más inercia que fundamento. Esta solicitud no sólo busca una información determinada, sino la seriedad, el fundamento que condujo a esa información.

La tercera es política e institucional. Obliga a la Administración a definirse. Si entrega la documentación, reconoce implícitamente que existe un criterio administrativo identificable, trazable y susceptible de escrutinio. Si no la entrega, o dice que no consta, o que no encuentra expediente, o que no hay estadísticas, eso también habla. Y habla mucho. Porque puede revelar opacidad, desorden administrativo o ausencia de soporte suficiente para un criterio que ha tenido efectos sobre personas concretas.

Campaña de recaudación de fondos

Si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse con fuerza bastante hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía. Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras.

Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

Campaña GoFundMe

Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

La apertura de actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia confirma la relevancia institucional de una controversia que afecta directamente a los descendientes de españoles de Ultramar

Autonomía Concertada para Cuba informa a sus lectores que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja formulada frente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la falta de resolución expresa de la petición presentada el 6 de enero de 2025 para revisar y variar el criterio interpretativo aplicado a la nacionalidad española de origen de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898. La queja fue registrada el 11 de marzo de 2026, y en su escrito de 18 de marzo de 2026 el Defensor del Pueblo comunicó formalmente su admisión a trámite, indicando además que ya se habían iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia.

La admisión de la queja no resuelve todavía el fondo del asunto, pero sí supone que una institución constitucional ha considerado que la denuncia reúne los requisitos legales y merece supervisión. En un expediente que llevaba más de un año sin respuesta, esta actuación rompe, al menos por ahora, la cómoda rutina del silencio. Y eso, en materia de nacionalidad, no es poca cosa.

Aquí te dejo nuestra petición:

La queja presentada expone con precisión el núcleo del problema: el 6 de enero de 2025 se dirigió a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) una petición formal para que revisara el criterio interpretativo establecido por la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 17 de septiembre de 2007, en la que se solicita la revisión del criterio vigente, la dejación sin efecto de esa consulta y la declaración de un nuevo criterio interpretativo para los naturales de Cuba y Puerto Rico nacidos antes de la entrada en vigor del Tratado de París de 1898. Sin embargo, transcurrido más de un año desde su presentación, no se había recibido resolución alguna, ni notificación de inadmisión, ni requerimiento de subsanación, ni contestación de fondo. La propia queja recuerda que la Ley Orgánica 4/2001 impone plazos concretos y que la Ley 39/2015 obliga a la Administración a dictar resolución expresa.

Ahora bien, conviene no perder de vista que el silencio administrativo, siendo grave, no es el único problema. El problema de fondo es también el criterio cuya revisión se solicitó. La Consulta de 2007 constituye uno de los muchos dobleces administrativos y doctrinales que, en materia de nacionalidad, han afectado directa y especialmente a los descendientes de españoles de Ultramar. Esa Consulta es, a día de hoy, uno de los obstáculos que con mayor descaro y a ojos vista lacera el derecho de muchos cubanos que hoy reclaman la nacionalidad española. Aunque formalmente se presenta como un documento administrativo, su efecto práctico ha sido mucho mayor: ha operado durante años como si tuviera fuerza normativa, condicionando resoluciones, cerrando vías interpretativas y consolidando una lectura restrictiva del derecho a la nacionalidad española de origen.

Queja Al Defensor Del Pueblo Contra Dgsjfp

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Primero.— El 6 de enero de 2025 presenté escrito de petición con número de registro REGAGE25e00000730112, contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) Segundo.— A pesar del tiempo transcurrido, no he recibido resolución expresa ni notificación por parte de la DGSJFP sobre dicha petición. La inactividad persiste, sin motivación formal conocida. Tercero.- Estos hechos evidencian un funcionamiento anormal de la Administración. La falta de resolución expresa frente a una petición ejercitada en el marco del art. 29 constitucional vulnera un derecho fundamental (art. 11.1 LORDFP); y segundo porque la malograda gestión de la certificación del silencio y el tracto registral tiene un impacto directo en la seguridad jurídica y en el control ciudadano de la actuación administrativa.

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Ese es precisamente el punto que ACC viene denunciando. La consulta no se limita a ordenar una cuestión técnica interna. En la práctica, aplica al caso de Cuba y Puerto Rico un régimen doctrinal construido para el Sáhara, pese a que se trata de realidades históricas, constitucionales y jurídicas distintas. Esa equiparación no es inocua. Produce una rebaja artificial de la posición jurídica de Cuba y Puerto Rico dentro de la comunidad política española de su tiempo y sirve de base para restringir derechos a sus descendientes. En román paladino: se traslada una plantilla ajena a dos territorios para los que no fue hecha, y luego se pretende que el resultado sea Derecho.

Desde la perspectiva de ACC, ello entraña una restricción impropia de un derecho de la máxima jerarquía constitucional. La nacionalidad española no puede ser tratada como una dádiva graciosa de la Administración ni quedar sometida a analogías históricamente defectuosas. La nacionalidad es el vínculo jurídico-político fundamental entre la persona y su comunidad natural. Por eso, cualquier restricción de su reconocimiento exige un estándar especialmente riguroso de legalidad, motivación y coherencia histórica. Cuando una consulta administrativa funciona como una limitación material para el acceso a la nacionalidad de origen, estamos ante algo más serio que un simple criterio de despacho.

ACC lleva denunciando abiertamente esta situación, al menos, desde enero de 2025, cuando se presentó formalmente ante la DGSJFP la petición de revisión de ese criterio administrativo. Aquella actuación no fue retórica ni ornamental. Fue un requerimiento institucional, fundado en Derecho, para que la Administración revisara un entendimiento restrictivo que viene produciendo efectos concretos sobre personas concretas. Lo mínimo exigible era una respuesta motivada. Ni siquiera eso ocurrió.

La respuesta del Defensor del Pueblo tiene, por tanto, una relevancia que excede el plano procedimental. Al admitir la queja y abrir actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, la institución reconoce implícitamente que aquí existe una cuestión digna de examen institucional que afecta el ejercicio de un derecho fundamental, la nacionalidad. No estamos ante una discusión académica marginal, ni un preciocismo legislativo. Estamos ante un problema de legalidad administrativa, de interpretación de un derecho que entronca con los derechos a la memoria y de justicia histórica respecto de los descendientes de españoles de Ultramar.

Exp. n.º 26036876 - Defensor del Pueblo admite la queja a trámite

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Estudiada la queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los rsquisitos establecido en el artículo 54 de la Constitución española, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensor del Pueblo. Se inician las actuaciones oportunas ante la Secretaría de Estado de Justicia.

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ACC mantendrá su actuación por los cauces legales y con la firmeza que exige la entidad del asunto. Seguiremos sosteniendo que la cuestión de la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898 no puede seguir resolviéndose mediante analogías impropias, consultas administrativas elevadas de hecho a dogma y silencios burocráticos incompatibles con el Estado de Derecho. La verdad histórica no se corrige con formularios, y los derechos no deben quedar a merced de atajos administrativos.

La admisión a trámite de esta queja no cierra la controversia, pero sí intenta poner presión sobre la DGSJFP, e incluso sobre el Secretario de Estado de Justicia para que obtener el resultado que la ley determina. Queda pendiente la vía judicial si estos refuerzos can en saco roto.

El Semanario seguirá informando sobre el curso de estas actuaciones y sobre todos los esfuerzos dirigidos a restaurar la verdad jurídica e histórica en materia de nacionalidad para los descendientes de españoles de Ultramar.

Inicia la batalla en tribunales federales estadounidenses contra el Tratado de París

Comenzamos los esfuerzos para involucrar a los EE. UU. en el manejo de esta nefanda arbitrariedad. En la próxima entrega daremos muchos más detalles sobre esta iniciativa. Recientemente supimos que el puertorriqueño Eddie Ortiz ha interpuesto una demanda judicial en el Tribunal federal de distrito (1era instancia) para el Distrito Central de la Florida, y tuvo la amabilidad de enviarnos la demanda. ¡Éxitos!

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA
ORLANDO DIVISION

EDWIN OBIDIO ORTIZ MONTAÑEZ, Pro Se,

Plaintiff,

v.

UNITED STATES OF AMERICA,

Defendant.

Civil Action No. ___________

PETITION FOR DECLARATORY AND EQUITABLE RELIEF
SEEKING RESTORATION OF PUERTO RICO’S AUTONOMOUS GOVERNMENT
UNLAWFULLY INTERRUPTED IN 1898

I. INTRODUCTION

This is a pro se petition seeking declaratory and equitable relief arising from the unlawful interruption, dismantling, and permanent suppression of the duly constituted Autonomous Government of Puerto Rico, established under Spanish law and ratified by the 1897 Autonomic Constitution (Carta Autonómica), following the United States military invasion of Puerto Rico in 1898.

The 1897 Autonomic Constitution was not a mere administrative charter. It was a Royal Decree of constitutional rank, enacted by the Spanish Crown and recognized by the Spanish Cortes. It established Puerto Rico as a self-governing political entity within the Kingdom of Spain, subordinated to the Spanish Constitution of 1876, yet permanent in character and alterable only by petition of Puerto Rico or Cuba themselves. It constituted Puerto Rico’s own constitution inside the Spanish constitutional system.

Plaintiff does not seek monetary damages, reparations, or compensation. This Petition seeks institutional restoration, legal recognition, and constitutional correction of a government that lawfully existed and was removed through foreign overreach, without the consent of the governed.

Plaintiff asserts that Puerto Rico’s present political condition is the direct result of this overreach, producing a 125-year constitutional vacuum, systematic misdirection of its population, and the erasure of democratically elected autonomous institutions.

II. JURISDICTION AND VENUE

This Court has jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. §§ 1331 and 2201, as this action arises under the Constitution, treaties of the United States, and federal law.

Venue is proper in the Middle District of Florida, Orlando Division, as Plaintiff resides within this District and seeks declaratory and equitable relief against the United States.

III. PARTIES

Plaintiff is Edwin Obidio Ortiz, a United States citizen born in the continental United States; son of Edwin Ovidio Ortiz Toro, a native-born Puerto Rican; and grandson of Antonio Carlos Ortiz Ramírez, born in Puerto Rico in 1897, the same year the Autonomic Constitution was enacted—rendering this action both legal and generationally symbolic.

Defendant is the United States of America.

IV. PUERTO RICO WAS A SELF-GOVERNING POLITICAL ENTITY PRIOR TO 1898

Puerto Rico was not a colony devoid of institutions.

In 1809, Puerto Rico was formally recognized as part of the Spanish nation and granted representation in the Spanish Cortes.

The Spanish Constitution of 1812 (Cádiz Constitution) declared that all Spaniards of both hemispheres constituted one nation, granting Puerto Ricans Spanish nationality and parliamentary representation.

The Spanish Constitution of 1876 reaffirmed Puerto Rico’s constitutional status and representation within Spain’s national legislative framework.

In 1897, Spain enacted the Autonomic Constitution of Puerto Rico, creating a fully autonomous government with:

An elected insular Parliament

An insular Council of Secretaries

Control over internal governance

Fiscal authority

Judicial administration

Spain retained only defense and foreign relations.

V. DEMOCRATIC ELECTIONS UNDER THE 1897 AUTONOMIC CONSTITUTION

On March 27, 1898, Puerto Rico conducted island-wide general elections pursuant to the 1897 Autonomic Constitution.

Historical records indicate that approximately 70–71% of registered voters participated, an exceptionally high level of civic engagement for the era.

The Liberal Fusionist Party, led by Luis Muñoz Rivera, received an overwhelming majority of the popular mandate—estimated at approximately 80% resulting in the formation of a legitimate autonomous government chosen by the people of Puerto Rico. Muñoz Rivera assumed the position of Secretary of State of the Autonomous Government, alongside other duly elected officials.

Within months of these elections, and before the autonomous government could complete a single full year of constitutional governance, the United States invaded Puerto Rico in July 1898, forcibly dissolving a democratically elected government lawfully established through popular vote.

VI. THE 1898 INVASION AND TREATY OF PARIS CONSTITUTED FOREIGN OVERREACH

The Treaty of Paris (1898) was executed without Puerto Rican participation, consent, or representation.

Article IX of the Treaty provided Spanish nationals born in Spain a one-year option to retain Spanish nationality. No equivalent option or notice was extended to native-born Puerto Ricans, rendering the population stateless.

This constituted foreign governmental overreach, stripping Puerto Rico of:

Its elected government

Its constitutional institutions

Its citizenship framework

Its economic autonomy

VII. STATELESSNESS AND LEGAL LIMBO (1898–1917)

From 1898 to 1917, Puerto Ricans existed in a condition of statelessness, deprived of Spanish nationality and denied United States citizenship.

During this period, Puerto Ricans were described by U.S. officials and courts as “nationals,” a classification comparable to that of American Samoa, reflecting profound constitutional ambiguity.

United States citizenship was imposed by statute in 1917, without plebiscite or consent, coinciding with military conscription.

VIII. SYSTEMATIC DISMANTLING OF AUTONOMY BY APPOINTED GOVERNORS

Following the invasion, U.S.-appointed military and civil governors dismantled Puerto Rico’s autonomous structures, including:

Elimination of Puerto Rico’s currency

Displacement of local banking systems

Termination of international trade relationships

Restructuring of education and civil institutions

Prior to 1898, Puerto Rico maintained its own currency, banks, export industries, and trade with Europe and Latin America. These systems were eliminated by imposition, not democratic choice.

IX. THE MYTH OF SELF-GOVERNMENT UNDER THE ELA (COMMONWEALTH)

The Estado Libre Asociado (ELA), established in 1952, did not grant sovereignty or remove Congressional authority.

Puerto Rico remains an unincorporated territory subject to Congress’s plenary power under the Territorial Clause. Congress retains authority to override, modify, or nullify Puerto Rico’s laws and constitution, as confirmed by Supreme Court decisions including Downes v. Bidwell, Harris v. Rosario, Sánchez Valle, and by the imposition of PROMESA in 2016.

If Puerto Rico were genuinely self-governing, PROMESA would have been constitutionally impossible.

X. MISDIRECTION THROUGH NON-BINDING REFERENDA

Puerto Rico has held seven plebiscites: 1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020, and 2024.

All were legally null and void ab initio because Puerto Rico remains unincorporated. Congress has never granted incorporation, rendering each referendum legally ineffective from inception.

XI. DENIAL OF PRESIDENTIAL VOTING RIGHTS (IGARTÚA CASES)

In Igartúa de la Rosa v. United States and related cases, federal courts denied presidential voting rights to Puerto Ricans not due to incapacity, but because Puerto Rico remains unincorporated, confirming structural disenfranchisement.

XII. REPRESENTATION UNDER SPAIN VS. DISENFRANCHISEMENT UNDER U.S. RULE

Under Spanish sovereignty, Puerto Rico elected representatives to Spain’s national legislature. Ramón Power y Giralt, a Puerto Rican, served as a deputy in the Spanish Cortes, demonstrating full participation in sovereign governance.

Under U.S. rule, Puerto Rico has never had voting representation in Congress or the Senate. The Resident Commissioner holds no floor vote.

XIII. CONTRAST WITH OTHER U.S. TERRITORIES

Hawaii was incorporated shortly after annexation and admitted as a state following a binding plebiscite.

Puerto Rico remains unincorporated 125 years later.

Palmyra Atoll, an incorporated and virtually uninhabited territory, possesses greater constitutional standing than Puerto Rico’s 3.2 million residents.

XIV. PATTERN OF IDEOLOGICAL SUPPRESSION

The carpetas surveillance program demonstrates systematic suppression of political self-determination through ideological policing and intimidation.

XV. RELIEF REQUESTED

Plaintiff respectfully requests that this Court:

A. Declare that the 1898 termination of Puerto Rico’s autonomous government constituted unlawful foreign overreach.

B. Declare that Puerto Rico remains a non-self-governing territory under domestic and international law.

C. Declare that the autonomous government of 1897–1898 was lawfully constituted and democratically elected.

D. Order the United States to initiate formal dialogue with Puerto Rico and the Kingdom of Spain to facilitate lawful restoration and decolonization.

E. Order that Puerto Ricans displaced to the United States due to economic hardship or natural disasters be permitted to vote in any future status referendum from abroad.

F. Order that any future referendum be conducted as a standalone election, separate from local partisan elections.

G. Grant such further equitable relief as justice requires.

XVI. CONCLUSION

This Petition does not seek compensation.

It seeks restoration of government, dignity, and lawful continuity interrupted by force.

Puerto Rico asks not for something new, but for the return of what already existed.

Respectfully submitted,

Edwin Obidio Ortiz

Pro Se

A todos los que han donado, compartido y acompañado este esfuerzo: gracias.

Cada aporte confirma que esta causa no está sola. Lo que estamos construyendo no es solo una campaña, sino una estructura seria para defender una verdad histórica y una reclamación de justicia que durante demasiado tiempo ha sido ignorada.

Seguimos avanzando. Detrás de cada paso hay horas de estudio, organización, estrategia y trabajo constante para darle forma institucional y jurídica a esta lucha. Nada de esto ocurre por inercia. O se empuja, o se queda en el olvido.

Su apoyo nos permite seguir empujando.

Gracias por creer en este proyecto, por sostenerlo y por ayudar a que más personas conozcan una causa que merece salir de la sombra.

Seguimos.

Historiografía constitucional cubana

por Maikel Arista-Salado

En agosto de 2025 publiqué en este boletín algunas ideas sobre cómo, a mi juicio, el discurso nacionalista va pervirtiendo hasta nuestra comprensión del pasado. Lo hace a través de dos elementos que operan de manera simultánea: el marcado y la atomización; el marcado es la impresión de ciertos axiomas, dogmas, desde edades muy tempranas, antes de que se forme una mínima capacidad de raciocinio, verbigracia: la bandera cubana es la más linda del mundo. A simple vista puede parecer una nimiedad, pero de una en una se construyen complejos sistemas simbólicos de un profundísimo calado psicológico. La atomización, por su parte, garantiza que ese relato no aparezca como una consigna aislada, sino como una verdad distribuida y reproducida por todos los miembros del cuerpo social y a través de sus manifestaciones culturales: desde los manuales escolares hasta la literatura, desde el preámbulo de un texto constitucional hasta las canciones populares.

Así se produce la apariencia de consenso, continuidad y coherencia. En el campo de la historiografía constitucional, este doble mecanismo permite que ciertos textos —Guáimaro, Jimaguayú, la Yaya— queden marcados como hitos fundacionales casi sagrados, mientras el constitucionalismo español que rigió efectivamente en Cuba durante buena parte del siglo XIX es atomizado, esto es, descompuesto en menciones sueltas, referencias marginales o simples antecedentes coloniales sin densidad propia.

La historiografía constitucional cubana puede leerse como un ejemplo particularmente eficaz de atomización, es decir, es otra vez el mismo relato de epopeya redentora llevado en forma de publicación académica para lograr un objetivo: justificar la existencia del Estado cubano. En agosto de 2025 publiqué algunas líneas sobre cómo una destacada catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de la Habana se convierte en operadora de esta atomización al considerar que la ciudadanía como status cívico de los cubanos se inaugura con las constituciones mambisas o «pre-estatales», lo cual automáticamente niega la existencia de ese derecho en el ordenamiento jurídico español, del que formaban parte los cubanos.

Una de las trampas más persistentes de cierta historiografía cubana consiste en mencionar el constitucionalismo español solo para quitárselo de encima. El artículo de Santiago Bahamonde Rodríguez y Fabricio Mulet Martínez sobre Jimaguayú es un buen ejemplo. Desde el sumario se ve dónde está el corazón del texto:

«II. Marco general del constitucionalismo revolucionario cubano de la segunda mitad del siglo XIX. III. Las Constituciones de la Guerra de los Diez Años. IV. El pensamiento martiano… V. La Asamblea Constituyente de Jimaguayú».1

No hay un apartado equivalente dedicado al orden constitucional español vigente en Cuba. El diseño del artículo ya delata la preferencia: España queda como un telón de fondo, como un accesorio, o una exterioridad.

Los autores admiten que Cuba «permaneció bajo el dominio colonial español a lo largo de todo el siglo XIX» y que la invasión napoleónica y las Cortes de Cádiz actuaron como catalizador de los primeros replanteamientos político-jurídicos en la isla. Incluso afirman que ahí pueden situarse «los albores del constitucionalismo cubano». Pero, hecha esa concesión, el relato gira enseguida hacia las conspiraciones, la guerra y las constituciones insurgentes. Cádiz aparece como una obligada introducción, para luego solazarse en Jimaguayú.

Sobre Guáimaro, ya me he pronunciado aquí, aquí:

y aquí:

Lo más llamativo es la contradicción que el propio artículo deja expuesta. Bahamonde y Mulet conceden que las constituciones mambisas tuvieron un «alcance en extremo limitado» y una «vigencia efectiva más que cuestionable», pues solo regían en las «estrechas fronteras» del campo insurrecto. Añaden además que, para Montoro y Govín, habían nacido «en la guerra y para la guerra», sin verdadera «fuerza normativa» en sentido estricto. Y, sin embargo, pese a esa eficacia reducida, les dedican el grueso del análisis y las convierten en el centro del relato constitucional.

El derecho español, que fue el orden positivo general de la isla durante décadas, queda reducido a unas líneas introductorias. En cambio, los textos insurgentes, aunque jurídicamente precarios, reciben toda la densidad doctrinal y toda la carga épica. No porque rigieran más, sino porque sirven mejor a una narrativa nacionalista. El artículo lo dice sin querer cuando explica cómo la «literatura de campaña» y autores posteriores «redimensionaron el valor del constitucionalismo revolucionario», hasta el punto de sostener que con él se erigía “por primera” un Estado propiamente cubano.

Este patrón no es exclusivo de Bahamonde y Mulet. Rafael Rojas incurre en una versión más elegante del mismo problema. Reconoce que la historia constitucional cubana tiene un «momento liberal (1812-1901)»2 y admite que en Cuba rigieron “las cinco constituciones peninsulares” —1812, 1837, 1845, 1869 y 1876— bajo “el régimen constitucional colonial del imperio español”. Pero una secuencia de más de ocho décadas de derecho vigente queda comprimida en una formulación general, mientras el interés del relato se desplaza hacia las grandes etapas ideológicas.

El resultado de todo esto es grave: se fabrica la impresión de que entre Cádiz y Jimaguayú hubo poco más que coloniaje amorfo, una especie de vacío sin verdadera sustancia constitucional. Y una vez fabricado ese vacío, las constituciones mambisas pasan a parecer necesarias, inevitables, fundacionales. Pero el vacío no estaba en la historia; estaba en la pluma. Cuba no pasó de la nada a la manigua. Pasó por un largo siglo de constitucionalismo español, desigual y excepcional si se quiere, pero real. Borrarlo o comprimirlo no aclara la historia, sino que sigue envolviendo en hagiografías inventadas a los cuatreros insurgentes.

Maikel Arista-Salado

Don Buenaventura Abárzuza y Ferrer

por Alejandro Fernández de Castro

Cuando Buenaventura Abárzuza y Ferrer estampó su firma en el Tratado de París, en diciembre de 1898, ponía fin a más de cuatro siglos de historia compartida entre España y la tierra que lo vio nacer. Había llegado a aquella mesa de negociación por un largo camino que empezó en La Habana, siguió en Cádiz y terminó en los ministerios de Madrid. Su biografía es la de un político liberal atrapado en la tormenta perfecta del final de siglo: la de un hombre que quiso reformar para conservar cuando ocupó el cargo de Ministro de Ultramar, pero terminó asistiendo, como firmante, a la liquidación. Fue ministro de Ultramar entre el 4 de noviembre de 1894 y el 23 de marzo de 1895, un período breve, pero decisivo, en el que intentó articular una salida descentralizadora para las Antillas españolas.

Nació en La Habana en 1841, hijo mayor del matrimonio formado por Teresa Ferrer y José Abárzuza Imbrech. Ella era habanera; él, un gaditano que había cruzado el Atlántico para hacer fortuna en el comercio indiano. Su historia no era excepcional: miles de españoles peninsulares se establecían en la isla, formaban familia con españolas naturales de Cuba y, en muchos casos, echaban raíces definitivas allí. Otros, sin embargo, tomaban un camino distinto: regresaban a la Península con sus mujeres y sus hijos, trayéndose consigo los capitales acumulados y aquel aire de América que los distinguía. Debe advertirse, no obstante, que algunas fichas parlamentarias posteriores consignan 1843 como año de nacimiento, aunque otras fuentes de referencia biográfica lo sitúan en 1841.

La familia Abárzuza Ferrer perteneció a estos últimos. Cuando Buenaventura era todavía un niño, su padre decidió fijar la residencia familiar en Cádiz, ciudad que era por entonces la antesala de América, llena de barcos, de negocios y de noticias de Ultramar. José Abárzuza, hombre bien relacionado, se integró rápidamente en la élite local: fue diputado provincial, vocal de Instrucción Pública, regidor municipal, y accionista del ferrocarril, del Banco de Cádiz y de la naviera de Antonio López. En ese ambiente de burguesía mercantil se crió el muchacho, que desde muy joven formó parte, junto a su padre y sus hermanos, de la casa comercial Abárzuza Hermanos.

La madre, Teresa Ferrer, aparece en las fuentes como “la habanera”, pero esa precisión no era entonces una rareza exótica. Era simplemente una española de una provincia lejana, y su presencia en Cádiz recordaba los lazos que unían ambos lados del Atlántico. Que su hijo llegara a ser ministro de la Corona no requería ningún trámite extraordinario: los nacidos en Cuba eran españoles de pleno derecho, y cuando la familia regresó a la Península, conservaron esa condición sin necesidad de naturalización alguna. España consideraba suyos a los nacidos en las Antillas españolas.

Antes de ocupar Ultramar, Abárzuza ya había recorrido una trayectoria política y diplomática notable: fue diputado en el Sexenio, periodista vinculado al entorno de Castelar, embajador en París durante la Primera República y, más tarde, senador del Reino. Ese perfil explica por qué no fue elegido al azar para encargarse del problema antillano: era un hombre del régimen, pero también un político con experiencia en transacciones delicadas.

Su paso por el Ministerio de Ultramar tuvo un objetivo preciso: contener la crisis de Ultramar mediante una fórmula de descentralización política y administrativa. El proyecto que impulsó, construido sobre la base de los planes anteriores de Antonio Maura, pero corregido para hacerlo más aceptable dentro del sistema de la Restauración, buscaba ofrecer a Cuba y Puerto Rico una cuota real de autogobierno sin romper la unidad de la Monarquía. En Puerto Rico, la historiografía señala expresamente que fue nombrado para encargarse de ese rediseño reformista; en Cuba, la ley asociada a su nombre preveía un Consejo de Administración con capacidad para preparar el presupuesto insular, imponer tributos locales y gestionar amplios ramos de la administración interior, desde las obras públicas y las comunicaciones hasta la instrucción pública, la beneficencia y la sanidad.

El sentido político de aquella reforma era claro: Madrid empezaba, por fin, a renunciar a intervenir directamente en ciertos ámbitos de la administración local antillana, transfiriéndolos a instituciones radicadas en las propias islas. Era, en sustancia, un intento de reformar para conservar: conceder gobierno propio para mantener la soberanía compartida bajo la Corona. Pero el proyecto nació tarde, en medio de un clima ya envenenado por la desconfianza, la polarización y la inminencia de la guerra. La Ley de Bases fue aprobada en marzo de 1895, apenas días antes de la dimisión de Abárzuza; quedó así marcada desde su origen por la precariedad política y por la rapidez con que los acontecimientos militares la desbordaron.

Tres años después, en 1898, se sentó a negociar la paz, pero pagando por ella el enorme precio de la unidad territorial de España. Hubo de ser el trago más amargo de su vida.

La guerra civil de 1895 a través de la familia Freyre de Andrade

por don Alejandro Fernández de Castro

La historia de Cuba es, ante todo, historia de España. Durante más de cuatro siglos, la isla fue una prolongación natural de la madre patria, una provincia española de ultramar donde se forjó una identidad hispánica compartida a ambos lados del Atlántico. Frente a la narrativa interesada que habla de una «conquista» entre extraños, la realidad documental demuestra que Cuba era España, habitada por españoles que construyeron su prosperidad bajo el amparo de la Corona. La Guerra de 1895 no fue, por tanto, un conflicto entre naciones extranjeras, sino una guerra civil entre españoles, el episodio más doloroso de una familia que se desgarraba a sí misma.

Para comprender esta verdad histórica, nada mejor que observar una estirpe que encarna este vínculo indisoluble: la familia Freyre de Andrade. Su árbol genealógico, sus servicios militares y su entrega a España y a Cuba constituyen la prueba irrefutable de que la historia de la isla es, en esencia, historia de España.

Un patriarca desde el mar: Servicio a la Real Armada Española

La presencia española en Cuba no fue la de unos administradores lejanos y explotadores, sino la de familias que durante generaciones sirvieron a la Corona y edificaron el país con su trabajo, su esfuerzo y su sangre. El origen de los Freyre de Andrade en la isla lo establece el abuelo de nuestro personaje principal, Don Fernando Freyre de Andrade y Mella, cuya trayectoria ejemplifica la España que construyó Cuba.

Natural de Ferrol (La Coruña, Galicia), cuna de la Marina española y corazón de la Armada que protegió las rutas con América, Don Fernando dedicó su vida al servicio de la Real Armada. Su hoja de servicios es la de un oficial ejemplar: ingresó en las Reales Compañías de Guardias-Marinas en 1818, alcanzando el grado de Teniente de Navío. Su pericia y lealtad a España le llevaron a ocupar puestos de alta responsabilidad en la administración naval de la isla, siendo nombrado Ayudante de Matrículas y, crucialmente, Capitán del puerto de Batabanó, en la isla de Cuba. Este cargo le convertía en la máxima autoridad marítima de esa región, responsable del control portuario, el comercio y la defensa del territorio español. Los españoles no solo “conquistaban”, como falsamente se afirma: gestionaban, poblaban, defendían y amaban esta tierra como parte de la nación.

Su integración en la sociedad cubana fue total, porque no había sociedad cubana separada de la española: todo era España. El 5 de octubre de 1836, en la parroquia del Espíritu Santo en La Habana, contrajo matrimonio con Doña María Ramona Van-Herck y Beyens. Ella era natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), perteneciente a una familia con profundísimas raíces militares: su padre, Don Francisco Teófilo Van-Herck y Arzola, era Coronel de Infantería de los Reales Ejércitos. Este matrimonio entre un oficial de la Armada y la hija de un coronel del Ejército, celebrado en una iglesia habanera bajo el amparo de la Corona, simboliza la unidad indisoluble de la familia española en ambos lados del Atlántico.

La siguiente generación: defendiendo a España en África

El legado español y la conciencia de pertenencia a una gran nación se transmitieron a la siguiente generación. El hijo del matrimonio, Don Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck, nació en La Habana y fue bautizado en la misma parroquia del Espíritu Santo el 19 de agosto de 1837. Era, por tanto, un español nacido en territorio español ultramarino. Y como buen español, siguió la tradición familiar de servir a la patria con honor.

Don Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck fue Capitán de Infantería de los Ejércitos Nacionales. Su servicio no se limitó a las guarniciones de la isla, sino que acudió a defender los intereses de España allí donde la patria lo necesitaba. Participó heroicamente en la Guerra de África de 1859, luchando a las órdenes del General O’Donnell y ganándose una de las más altas distinciones militares: la Cruz de África. Este hecho es de una importancia capital: un español nacido en Cuba empuñó las armas para defender el honor y la integridad territorial de España en el norte de África, demostrando que la lealtad a la nación española no solo no estaba reñida con el amor por su tierra natal, sino que lo fortalecía. Falleció en La Habana el 17 de septiembre de 1888, dejando un legado de honor y servicio que honrarían sus hijos.

El drama de la guerra civil: de magistrado español a general del bando separatista

La figura cumbre de esta saga es Fernando Freyre de Andrade y Velázquez, nacido en La Habana el 10 de septiembre de 1863. Su vida es el espejo perfecto de la tragedia que supuso la guerra civil de 1895, cuando españoles de uno y otro lado del espectro político se enfrentaron en un conflicto fratricida. Formado en las más altas instituciones de la nación, se graduó como abogado en la Universidad de Madrid y revalidó su título en la Universidad de La Habana en 1885. Su carrera en la administración de justicia española fue meteórica: en 1890 era fiscal sustituto de la Audiencia de La Habana, y para 1894 ya era Magistrado suplente. Era, sin duda, un español exitoso que había alcanzado altas cotas de responsabilidad gracias a las instituciones de la madre patria.

Sin embargo, como muchos españoles de ultramar, discrepaba profundamente de las políticas erráticas de los sucesores del General Martínez Campos. Fue precisamente su patriotismo, su deseo de una España mejor y más justa, lo que le llevó a tomar una decisión dramática. En 1896, en lugar de permanecer impasible ante lo que consideraba errores del gobierno, se trasladó a Estados Unidos y se puso a las órdenes de Tomás Estrada Palma. No traicionaba a su patria, sino que elegía un bando en una guerra que enfrentaba a españoles entre sí. Integró la tercera expedición que llegó a Cuba en octubre de 1896.

El General Máximo Gómez, español nacido en Baní (actual República Dominicana), que había hecho de la causa cubana la suya, lo incorporó como Comandante de Caballería a su Cuartel General. Para 1897, fue elegido representante y el Consejo de Gobierno revolucionario, reconociendo su excepcional formación española y su prestigio, lo nombró Jefe del Jurídico Militar con el grado de General de Brigada. El antiguo magistrado formado en Madrid se convirtió en la máxima autoridad judicial del bando separatista. Paradójicamente, los conocimientos y la formación que España le había proporcionado los utilizaba ahora en su contra.

Tras la intervención estadounidense, que truncó cualquier posibilidad de reconciliación entre españoles, y el fin de la guerra, Freyre de Andrade, como tantos otros, continuó su vida en la nueva República. Fue Fiscal del Supremo, Secretario de Gobernación, Presidente de la Cámara de Representantes y, finalmente, Alcalde de La Habana en 1912.

Conclusión: Una familia, dos Españas, una misma sangre

La trayectoria de los Freyre de Andrade no es la excepción, sino la prueba fehaciente de la españolidad de Cuba y de la naturaleza civil del conflicto de 1895. El abuelo fue un oficial de la Armada que sirvió a España en territorio español; el padre fue un Capitán condecorado por luchar por España en África; el hijo fue un magistrado español que, por sus convicciones políticas, se alzó en armas contra el gobierno de su propia nación para intentar construir una nueva.

Negar el origen español de los cubanos es un ejercicio de manipulación histórica que ignora que hombres como Fernando Freyre de Andrade y Velázquez estudiaron en Madrid gracias a las instituciones españolas, ejercieron la ley en La Habana bajo soberanía española y, cuando llegó el momento, lucharon con la misma pasión que sus padres y abuelos, aunque en el bando contrario. La Guerra de 1895 no fue una conquista de extraños, sino el último y más desgarrador episodio de una larga guerra civil entre españoles que, divididos por sus ideas pero unidos por su sangre, su lengua y su historia, decidieron el futuro de una de las provincias más queridas y españolas de la nación. Porque antes de ser cubanos, fueron españoles; y muchos, en el fondo, lo siguieron siendo siempre.

Referencias:

Santa Cruz y Mallén, F. X. de. (1943). Historia de familias cubanas (Tomo 3). Editorial Hércules.

EcuRed. (s. f.). Familia Freyre de Andrade (Rama cubana). Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://www.ecured.cu/Familia_Freyre_de_Andrade_(Rama_cubana)

Geneanet. (s. f.). Pessoa: ANDRADE, La Habana, Cuba – Pesquisar todos os registos [Base de datos]. Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://pt.geneanet.org/fonds/individus/?country__0__=CUB&go=1&nom=ANDRADE&page=2&region__0__=LHA&size=50&zonegeo__0__=La+Habana,+Cuba

Heráldica de apellidos. (s. f.). Origen y significado del apellido Freyre de Andrade. Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://heraldicadeapellidos.com/index.php/origen-de-los-apellidos/origen-de-apellidos-letra-f/9164-origen-y-significado-del-apellido-freyre-de-andrade

La nacionalidad como derecho histórico

por Maikel Arista-Salado

Me ha sorprendido la enorme resistencia de los cubanos a reconocer que nuestra ciudadanía antes de 1898 era la española. El cuento independentista necesita la orfandad política para existir. Vaya por delante que «ciudadanía» es un término muy reciente, pero su origen funcional está en la «naturaleza» de la época medieval y moderna. La naturaleza era una condición personal mediante la cual un individuo tenía pleno reconocimiento en la comunidad política: no era una metáfora identitaria, sino un estatuto jurídico que delimitaba quién pertenecía y quién quedaba fuera.

En el régimen indiano, además, la extranjería no se definía por un «sentimiento nacional», sino por la territorialidad del derecho: «la extranjería es una aplicación del principio de territorialidad de la ley» (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Y lo decisivo es que esa territorialidad no operaba respecto del virreinato como si Indias fuese un país distinto, sino respecto de Castilla como reino rector; por eso, como consecuencia de la accesión, «se era extranjero… respecto de los reinos de Castilla, y… también respecto de todo el territorio de Indias» (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Si se podía ser extranjero en Indias por referencia a Castilla, también se podía ser natural en Indias por esa misma referencia: pertenencia política plena, no una pertenencia degradada.

Este es el punto que echa por tierra la leyenda de la orfandad. La Monarquía no concibió Indias como una fábrica de «quasi-ciudadanos», sino como un espacio incorporado, donde el estatuto personal se organizaba con categorías internas. No por casualidad, desde muy temprano el nacimiento ultramarino aparece jurídicamente computado dentro del radio de la naturaleza. Oropeza destaca que los hijos nacidos “en los reinos castellanos (lo cual incluye a la isla La Española) también serían considerados naturales” (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Traducido al lenguaje contemporáneo: en el circuito jurídico que nace con la conquista, la pertenencia política se podía adquirir y consolidar en ultramar.

Por eso el artículo IX del Tratado de París de 1898 debe leerse como el punto de partida de una ruptura violenta del estatuto personal: la mutilación por tratado de un vínculo que había sido construido, reconocido y practicado durante siglos. Si la naturaleza castellana, luego española, ha sido siempre el vínculo político fundamental de la Monarquía, entonces la desnaturalización de 1898 vulneró un derecho consolidado durante más de veinte generaciones. Otra de las razones por las cuales Y esa es, precisamente, la razón por la cual el mito independentista necesita negar la continuidad: porque admitirla obliga a reconocer que en 1898 no nacimos políticamente; nos despojaron.

El problema de la nacionalidad española de los cubanos no empieza en 1898 ni se decide con categorías del Estado-nación proyectadas hacia atrás. Empieza en la arquitectura jurídico-política que acompaña a la conquista, la incorporación y el gobierno de Indias. En ese mundo, lo que hoy llamamos “ciudadanía” se articulaba mediante nociones premodernas —naturaleza, vecindad y vasallaje— que cumplían una función equivalente: delimitar pertenencia al cuerpo político y acceso a sus efectos jurídicos. Por eso, para comprender el alcance del artículo IX del Tratado de París, hay que reconstruir primero qué significaba ser “natural” en el derecho indiano y cómo se definía, en espejo, la condición de “extranjero”.

La extranjería, en el derecho indiano y castellano, no se presenta como un atributo biográfico inherente, sino como una imputación jurídica dependiente de un sistema normativo territorial. La idea se formula con nitidez: “La extranjería es una aplicación del principio de territorialidad de la ley” (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Esa frase obliga a abandonar lecturas identitarias o esencialistas: el extranjero no “es” extranjero por esencia, sino que “resulta” extranjero cuando el ordenamiento, desde una lógica territorial, le atribuye esa categoría. La pertenencia, por tanto, no es una cuestión moral sino de estatuto personal reconocido por el derecho.

La consecuencia inmediata es sustantiva: la extranjería en Indias se definía, de entrada, por referencia a Castilla como reino rector. Dicho de otro modo, no se trataba de una extranjería «virreinal» o «local», sino de una extranjería respecto de los reinos que proyectaban su régimen personal sobre los territorios incorporados. En este marco, la figura que explica la integración y sus efectos personales es la accesión. La doctrina indiana que recoge Oropeza distingue entre «reinos unidos» (con una misma naturaleza, sin extranjería interna) y «reinos separados» (con naturaleza distinta y extranjería recíproca). Y, en ese esquema, afirma: «Mediante la figura de la accesión, se unieron las islas Canarias y (no sin discusión) las Indias» (Oropeza Chávez, 2018, p. 17). El inciso “no sin discusión” no debilita el argumento: revela que la disputa fue sobre el título y la técnica de integración, no sobre la realidad funcional de la proyección del régimen personal. Si Indias se integra por accesión, entonces el aparato conceptual de naturaleza/extranjería se vuelve aplicable de manera coherente a los nacidos y residentes en los territorios americanos.

Este punto es decisivo para nuestra tesis, porque permite enunciar la continuidad de la nacionalidad española de los cubanos como continuidad de estatuto personal. No se trata de afirmar que Indias era «igual» a Castilla en todo (nadie serio sostendría eso), sino que, en lo que aquí importa —la adscripción personal al cuerpo político—, el ordenamiento opera con categorías integradoras. La pertenencia no surge por una concesión tardía del siglo XIX; se asienta en una tradición institucional que arranca con la propia construcción jurídica de la Monarquía en ultramar. ¿Qué quiere decir esto? Que

La prueba más útil para un alegato de continuidad no es, sin embargo, una declaración abstracta, sino una regla operativa que muestre que el nacimiento en ultramar podía computar, jurídicamente, como nacimiento dentro del marco de la naturaleza. En ese sentido, retomo el análisis de la real cédula de 8 de febrero de 1505. Allí se recoge que ciertos extranjeros avecindados con bienes raíces, matrimonio de larga duración y asiento en los reinos podían «pasar por naturales como hijos que hayan nacido» (Archivo General de Indias, 1505/8 de febrero, como se cita en Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Oropeza subraya además un elemento capital para el hilo indiano: «los hijos de esos extranjeros nacidos en los reinos castellanos (lo cual incluye a la isla La Española) también serían considerados naturales» (Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Aquí se condensa un argumento que, bien trabajado, es demoledor contra cualquier tesis que pretenda presentar a los nacidos en el Nuevo Mundo como sujetos políticamente «externos» por definición: desde los albores del régimen indiano, un territorio americano podía computar en la lógica de reinos para efectos de naturaleza. Si el ordenamiento admite ese cómputo, la pertenencia política de los naturales de ultramar deja de ser una construcción tardía y se convierte en una continuidad histórica jurídicamente rastreable.

La otra pieza que conviene fijar es la distinción entre autorización puntual y cambio de estatuto. El derecho indiano conoció licencias y mercedes para actividades específicas, pero cuando se pretendía consolidar pertenencia con plenitud de efectos se acudía a la carta de naturaleza. Y aquí la autora es inequívoca: «la carta de naturaleza era constitutiva y no declarativa de derechos» (Oropeza Chávez, 2018, p. 149). Es decir: no bastaba el arraigo sociológico; la naturaleza existía cuando se estaba en titularidad de la carta. Esto muestra, a la vez, que la pertenencia era un instituto serio del estatuto personal y que el sistema disponía de mecanismos jurídicos para integrar; no era un régimen diseñado para mantener, como regla, a los ultramarinos en una condición política degradada.

Con estas bases, el puente hacia Cuba se vuelve estrictamente jurídico. Cuba, como territorio indiano de la Monarquía, se inserta en el mismo universo normativo donde la pertenencia se articula mediante naturaleza, donde la extranjería se imputa desde una lógica territorial (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX), donde Indias se integra por accesión (Oropeza Chávez, 2018, p. 17) y donde el nacimiento en territorio americano puede operar, en contextos relevantes, como nacimiento dentro del circuito de naturaleza (Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Por tanto, sostener que los cubanos carecen de una continuidad de nacionalidad española previa a 1898 equivale a negar la propia racionalidad histórica del estatuto personal indiano. La nacionalidad española de los cubanos —en tanto continuidad funcional de la naturaleza— no es una invención de última hora: es un derecho consolidado por siglos de integración jurídico-institucional.

Y precisamente aquí se revela la naturaleza real del artículo IX del Tratado de París de 1898: no es una simple “reordenación” de pertenencias por traslado de soberanía; es una ruptura impuesta sobre un estatuto personal previamente consolidado. Si durante cuatro siglos la pertenencia se estructuró como condición personal (naturaleza) dentro de un orden que integró Indias por accesión y que admitió, desde temprano, el cómputo ultramarino para efectos de naturalidad, entonces la desnaturalización producida por el artículo IX opera como una amputación jurídica: corta por acto internacional un vínculo personal que no era mera expectativa, sino titularidad. Esto es lo que tu libro puede y debe afirmar con precisión: en 1898 no se apaga un vínculo reciente; se vulnera un derecho consolidado por cuatro siglos.

En el Antiguo Régimen, naturaleza funciona como ciudadanía histórica; y el artículo IX, leído desde esa continuidad, deviene un acto de disposición masiva sobre la condición personal, con consecuencias de desposesión, lo cual convierte un agravio histórico en un problema jurídico de primer orden.

Referencias

Archivo General de Indias. (1505, 8 de febrero). Real Cédula al doctor Sancho de Matienzo y a Francisco de Pinelo, tesorero y factor de la Casa de la Contratación, en respuesta a carta al secretario Gaspar de Gricio sobre diversos asuntos relativos a mercancías de extranjeros, entre otros temas [Manuscrito]. Sección Gobierno, Indiferente General, Indiferente, 418, L.1, ff. 145v–146v. Sevilla, España. (Citada en Oropeza Chávez, 2018, p. 132).

Oropeza Chávez, A. B. (2018). La extranjería en el derecho indiano: De las Partidas a la Recopilación de 1680. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. ISBN 978-607-30-1131-0.

La entrevista provocó el comentario crítico de Eddie Ortiz, amigo de esta casa, del tenor siguiente:

«Quiero responder con respeto a los comentarios de Maikel sobre Puerto Rico. Primero, es importante reconocer algo fundamental. Muchos cubanos, incluyendo a Maikel, sienten una profunda gratitud hacia los Estados Unidos porque este país les brindó oportunidades y estabilidad. Esa experiencia merece respeto y cada persona tiene derecho a sentirse agradecida por el país que le abrió las puertas. Sin embargo, la experiencia personal o el agradecimiento individual no pueden utilizarse para definir la realidad política de Puerto Rico ni para minimizar las condiciones estructurales bajo las cuales viven los puertorriqueños. El análisis de Puerto Rico debe basarse en su realidad legal y política, no en percepciones personales ni en comparaciones generales.

Independientemente del término que se utilice, colonia o territorio describen la misma condición legal. Puerto Rico no es soberano, no es igual a los estados y está sujeto a la autoridad plenaria del Congreso de los Estados Unidos. Bajo la ley federal y las decisiones del Tribunal Supremo, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él en igualdad de condiciones. Tanto una colonia como un territorio comparten la característica esencial de estar bajo el control de otra nación sin plena autonomía política. Cambiar la terminología o llamarlo una anomalía no cambia la naturaleza de la relación.

También es importante aclarar el argumento sobre los plebiscitos. Con frecuencia se afirma que los puertorriqueños han decidido mantener su estatus, pero lo que muchos no entienden es que ninguno de los siete plebiscitos celebrados ha sido vinculante. Todos fueron creados y financiados por el gobierno local y ninguno fue autorizado ni comprometido por el Congreso de los Estados Unidos. La única entidad con autoridad para cambiar el estatus político de Puerto Rico es el Congreso. Mientras el Congreso no convoque o se comprometa a un referéndum vinculante, estos procesos no representan una verdadera autodeterminación. En la práctica, han funcionado como herramientas políticas internas para movilizar votantes sin consecuencias legales reales.

Cuando se afirma que Puerto Rico no está oprimido, es necesario entender que la opresión moderna no siempre se manifiesta con fuerza militar o represión visible. También existe a través de estructuras legales donde las decisiones fundamentales son impuestas sin representación democrática plena. Puerto Rico está sujeto a políticas federales que ningún estado enfrenta. Entre ellas se encuentran el Acta Jones, que encarece el costo de los bienes al restringir el transporte marítimo; la ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo no electo con autoridad superior al gobierno local; la aplicación de leyes federales sin representación con voto en el Congreso; la ausencia del derecho al voto presidencial; las limitaciones para negociar acuerdos comerciales o relaciones internacionales; la imposibilidad de establecer políticas económicas soberanas; y programas contributivos como el Acta 60 que favorecen a inversionistas externos mientras muchos residentes locales enfrentan presión económica y desplazamiento. Cuando una población está sujeta a decisiones tomadas por autoridades que no puede elegir ni remover, existe una forma clara de subordinación estructural.

El argumento de que Puerto Rico está mejor que otros países de América Latina también debe analizarse con cuidado. La apariencia de desarrollo no equivale a estabilidad económica ni a bienestar general. Más del cuarenta por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza, la migración masiva ha reducido significativamente la población, miles de escuelas han cerrado, los servicios de salud se han debilitado y muchos trabajadores ganan menos de veinticinco mil dólares al año. Industrias altamente rentables, incluyendo el sector farmacéutico, operan bajo incentivos contributivos especiales mientras los salarios locales permanecen bajos. Tener alimentos disponibles o infraestructura moderna no significa que la economía esté funcionando para la mayoría de la población.

La migración tampoco debe presentarse como una ventaja estructural. Los puertorriqueños no abandonan la isla simplemente porque pueden hacerlo, sino por la falta de oportunidades económicas, la escasez de empleos, el cierre de escuelas y hospitales y la inestabilidad general. Una migración masiva y sostenida no es un beneficio, es una señal clara de debilidad estructural.

La diferencia fundamental entre Puerto Rico y los países de América Latina es la soberanía. Las naciones latinoamericanas pueden negociar tratados, establecer su propia política económica, definir sus relaciones internacionales y tomar decisiones sin la aprobación de otro país. Puerto Rico no puede hacer ninguna de estas cosas sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la raíz del problema.

Reconocer las oportunidades que ofrece Estados Unidos y sentir gratitud por ellas es válido a nivel personal. Pero el análisis político debe hacerse sobre la base de la estructura legal, los poderes reales y las limitaciones existentes. Gratitud y realidad política no son lo mismo. Cuando se examina el sistema en su totalidad, las limitaciones de soberanía, la subordinación estructural y la desigualdad política de Puerto Rico no pueden negarse.»

Mi respuesta

Gracias, Eddie; aprecio el tono de tu comentario y lo tomo con la seriedad que merece. Empiezo por reconocer lo obvio: Puerto Rico no es soberano, no es un estado, y su relación con Estados Unidos está jurídicamente subordinada al poder del Congreso, lo cual no puede arreglarse con eufemismos. Llamarlo «territorio» no lo convierte en «igual», y llamarlo «colonia» tampoco lo convierte automáticamente en África de 1900. Son marcos distintos, pero el problema de fondo —la desigualdad política— existe.

En lenguaje político se usan como armas, pero históricamente “colonia” describe un tipo de dominación imperial con jerarquías raciales y economías de extracción, sobre todo después de la Conferencia de Berlín. Puerto Rico hoy vive una anomalía constitucional, sí, pero también tiene ciudadanía estadounidense, libre movilidad, derechos federales aplicables, tribunales federales, y un nivel de integración institucional que no encaja en el molde colonial clásico.

Por otro lado, hay que tener cuidado con las frases totalizantes «todo está bien», En re4lación con los plebiscitos, es cierto que no son vinculantes, pero tampoco son irrelevantes. Es decir, el hecho de que no sean vinculantes, o que no hayan sido vinculantes, no les resta legitimidad. Han mostrado por décadas que no hay fuerza para la independencia, por lo tanto, el argumento de la soberanía no tiene relevancia ninguna. Hay un elemento que me preocupa, y es que si defendemos a capa y espada que España no tuvo colonias en América, y para ello damos una serie de elementos históricos, jurídicos, etc., la misma vara ha de funcionar para EE. UU., en lugar de apelar a las emociones. Yo no he dicho ni que a Puerto Rico «le va bien», ni que «la emigración es una ventaja». He dicho que los boricuas pueden perfectamente fijar su residencia en cualquiera de los estados de la unión, y eso, sí es una ventaja que no tiene ningún país hispanoamericano, cuyos habitantes muchas veces no tienen la posibildidad ni siquiera de plantearse emigrar.

Por último, te agradezco tus comentarios y tu visión, lamento que tanto tú como otros miembros de este foro dediquen cuartillas a una opinión de una persona que no es especialista en el tema, en un programa sobre Cuba y EE. UU., en el que PR fue un tema tangencial, absolutamente periférico.

Es verdad que uno no tiene que tener una opinión sobre cuanto acontece en el mundo. Es verdad también, como me decía mi abuela, «calladito te ves más bonito», pero a veces hay que hablar, y hay que alzar la voz, porque el silencio se vuelve complicidad, y porque si quiero «ser justo», como manda mi moto, y si yo espero tocar el corazón de quienes me leen (por improbables que fueren esos lectores), también debo ser capaz de la empatía, y del sentido común, pero sobre todo porque es un tema que no me es tan ajeno. Así que aquí va, y que salga el sol por do saliere.

En los círculos hispanistas se ha condenado la captura del terrorista, narcotraficante, dictador, y asesino de Nicolás Maduro, y de su esposa, otra que bien baila. Uno de esos artículos ha sido escrito por Marcelino Lastra. Lo pueden consultar aquí.

Marcelino Lastra intenta ganar el argumento con una jugarreta retórica: instala la idea de que la diferencia “fundamental” entre el chavismo y el régimen anterior sería, en esencia,…

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Esta semana quiero compartir un dato concreto: en los últimos siete días hemos recaudado US$426 de los USD$3,500 que inicialmente nos hemos propuesto recaudar para cubrir gastos se van acumulando, que parece que no, pero suman. La campaña fue anunciada en el número anterior, que aquí te dejo:

Lo recaudado no es una cifra enorme, pero sí es una señal clara: hay gente dispuesta a sostener esta causa con hechos. Y eso, para mí, vale doble. Vale por el dinero —que es la médula práctica del esfuerzo— y vale por el mensaje: que no estamos solos, que hay comunidad, y que la idea está caminando.

Como prometí, esto va con transparencia. En los próximos días publicaré un resumen sencillo de ingresos y gastos, y seguiremos avanzando en la separación de funciones para que el control del dinero no dependa de una sola persona: el Presidente ejecuta y administra; el Tesorero aprueba pagos y reembolsos; y para montos mayores, doble autorización.

Gracias a todos los que do…

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Fragmento de la entrevista «a seis manos» entre Baudilio Martínez, director de La Voz de Borinquen, Eddie Ortiz, presidente de The National Puerto Rico and Spain Initiative, y servidor conversando sobre los muchos dobleces que el Tratado de París impone a los descendientes de Ultramar, especialmente acerca de cómo se implementa el derecho de opción. De inmediato te dejo la entrevista completa.

Si el hispanismo quiere avanzar una agenda real —que no mueran en las consignas— hay un punto que, a mi juicio, es medular. No es la «reunificación» como palabra grandilocuente, sino la nacionalidad como condición jurídica básica. Lo digo con modestia porque no pretendo erigirme en árbitro del movimiento, pero me cuesta entender que tantos espacios hispanistas pasen por alto lo que, en términos prácticos, puede ser el motor de todo lo demás. Si hay un asunto capaz de ordenar el debate y forzar resultados verificables, es éste.

Ello sostiene un orden lógico: primero la nacionalidad; después, si alguien quiere discutir reunificación o fórmulas políticas, que lo haga, pero como segundo capítulo. Pretender «reunificar» sin resolver el problema previo de quién es quién en términos de ciudadanía es construir un techo sin paredes. No es que desprecie el horizonte reunificacionista; al contrario, lo considero no solamente una consecuencia posible y deseable, sino en el caso cubano, posiblemente la única opción que puede garantizar desarrollo y paz. Pero sin la reparación del agravio jurídico, la reunificación se vuelve un discurso flotante, dependiente del clima político del día. Y yo no estoy defendiendo un favor: estoy defendiendo un derecho fundamental, ilegalmente conculcado por la más nefanda violencia aplicada por EE. UU. sobre España.

El centro de gravedad de todo esto, tal como lo explico, es el artículo IX del Tratado de París. Ahí señalo una fractura que me parece atendible: se introduce una distinción práctica entre españoles, permitiendo una opción efectiva a unos —en el debate se precisa que, en la realidad, a los nacidos en la península— y negándosela a otros, aunque todos eran españoles bajo el ordenamiento previo. Esa distinción no es un tecnicismo inocuo; es el corazón de la arbitrariedad. Porque la ciudadanía, entendida seriamente, no admite grados ni porcentajes: o se es español o no se es. Lo contrario es admitir una ciudadanía de «primera» y otra de «segunda» dentro del mismo sujeto político, y eso no es coherente con la idea misma de nacionalidad, al menos no en el ámbito español.

Para reforzar el punto, traigo una comparación histórica: durante mucho tiempo, en las cesiones territoriales operaba una práctica casi automática —cambia el soberano, cambian las adscripciones políticas— y, con el desarrollo del enfoque humanitario, se instala la lógica de un «derecho de opción», esto es, la posibilidad de que el individuo elija su pertenencia, y que no esté atado a la tierra. Si existe opción, debe existir para todos los afectados, no sólo para un subconjunto definido por el lugar de nacimiento. Si no, lo que se llama «opción» se convierte en una herramienta de ingeniería política: un mecanismo para seleccionar quién conserva continuidad y quién queda cortado.

Esa desnaturalización garantizó que los cubanos quedasen imposibilitados de regresar a su antigua patria. Si se mantiene la ciudadanía, se mantiene una continuidad política que puede tener consecuencias —sociales, demográficas, incluso electorales— y eso es precisamente lo que se intenta impedir. Es una operación magistral que se sella con el apéndice constitucional, es decir, si el artículo IX impide que los cubanos individualmente conserven su ciudadanía española, la enmienda Platt clausura la posibilidad de que el Estado lo haga. Se despoja a una población de su condición para cerrar puertas, neutralizar retornos, impedir que el cuerpo político se reconstituya. Por eso repito que el foco no debe dispersarse: el artículo IX es la «madre del cordero», el punto del que cuelga lo demás.

No se trata de un solo obstáculo. Otro doblez que atenta contra el derecho fundamental de los cubanos a la ciudadanía española es la doctrina administrativa y judicial en España que, según se comenta, ha encuadrado a Cuba y Puerto Rico bajo razonamientos que los degradan a un estatus colonial o los aproximan a categorías posteriores que no les corresponden. Mi respuesta es que ese razonamiento no se sostiene bien si uno mira con cuidado: se apoya en normas que, en rigor, no prueban la inexistencia de ciudadanía. Que un territorio se rija por «leyes especiales» no equivale, por sí solo, a negar la condición de ciudadano. Y subrayo un dato que considero dinamita lógica: si un texto posterior afirma que los naturales de ultramar «perdieron» la nacionalidad, entonces admite, por definición, que antes la tenían. Ese solo verbo —perder— desarma muchos atajos argumentales.

Luego aparece el debate del Sáhara como espejo y como trampa. Se menciona una sentencia de 1999 y una consulta de 2007 que intenta extender por «identidad de razón» ese marco a Cuba y Puerto Rico. Al respecto, objeté dos cosas: primero, que aplicar un esquema posterior a una realidad anterior choca con el principio de irretroactividad (al menos como regla general del orden jurídico). Segundo, que la identidad de razón es falsa, porque Cuba y Puerto Rico no eran territorios bajo administración española, sino que España ejercía la plena soberanía en ambas islas, que formaban con el resto de la península, un solo cuerpo político: hubo representación, elecciones, participación institucional. Si el Sáhara se describe como «territorio español» pero no territorio nacional en cierto razonamiento, ese molde no puede calcarse mecánicamente sobre realidades que sí formaban parte del circuito político español de su tiempo.

Insisto en que aquí no se le está pidiendo a España ningún favor. Si esto se aborda como un asunto de benevolencia legislativa —convencer a diputados, etc.—, se desnaturaliza el problema. Los derechos fundamentales no dependen de la complacencia de turno; su ejercicio y defensa vienen garantidos por el Estado y son los tribunales los órganos encargados de hacerlos valer. Por eso digo, en mi opinión profana, que los tribunales son el vehículo natural. No se está pidiendo limosnas de ciudadanía, sino que esta causa, precisamente, busca lo contrario: reafirmar que se trató de una privación arbitraria y, por tanto, resarcible con medidas efectivas.

Ahora bien, también soy práctico: litigar cuesta. En el intercambio se habla sin romanticismo de dinero, de contratar equipos especializados, de evitar la improvisación. La coordinación entre organizaciones —y la posibilidad de abrir frentes también en tribunales norteamericanos— aparece como un paso lógico en una lucha larga, cuesta arriba, pero no imposible si se sostiene con difusión y estructura.

Cierro, entonces, con una idea que recorre todo el tramo: esto no es un capricho identitario ni una nostalgia teatral. Es una reclamación de coherencia del Estado con su propia historia jurídica.

Lanzamiento de la campaña en GoFundMe

En octubre de 2022 presenté una petición al Consejo de Ministros, usando del derecho fundamental de petición, reconocido en la Constitución española y regulado por ley orgánica. En ella solicité la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 1898. Esa petición se ha convertido hoy en una demanda judicial que pende en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, rollo 766/2023.

Ese artículo, impuesto por la Comisión estadounidense que negociaba en París el texto definitivo del tratado, forzó a España a decretar la desnaturalización masiva y forzosa los españoles nacidos en Ultramar, i.e.: Cuba y Puerto Rico.

Desde el advenimiento del régimen democrático, España ha venido sistemáticamente enfrentándose a su pasado con una ejemplar gallardía, al resarcir importantes deudas históricas en los descendientes de aquellos que fueron preteridos, verbigracia, los judíos sefardíes o los emigrados por la guerra civil; pero nadie habla de los casos de Cuba y Puerto Rico, cuyos naturales, españoles de origen por ley y por tradición, fueron despojados arbitrariamente de la nacionalidad que durante 4 siglos ostentó su estirpe.

Se trata de una urgencia impostergable, y es por eso que esta demanda reviste especial importancia, por primera vez en 127 años, es decir, durante toda la vida jurídica del tratado, el artículo IX ha pervivido y pervive hoy como la norma europea más antigua en vigor que legaliza la privación arbitraria de la nacionalidad, lo cual contradice medio milenio de práctica jurídica y medio siglo de normativa y jurisprudencia de los tribunales europeos.

El artículo IX fue ilegal al momento de su firma, pero sigue siendo ilegal hoy. La ciudadanía es un derecho fundamental, el derecho a tener derechos, y su privación arbitraria, una clara violación de normas imperativas de Derecho Internacional general.

Su donación sostiene tres frentes concretos:

1. Batalla judicial: exigen cotejo de jurisprudencia, honorarios a procuradores y abogados, tasas, traslados, etc. En la medida en que aumente la importancia del tribunal, suelen corresponder los gastos y honorarios asociados al litigio.

2. Investigación documental: el acceso a bases de datos, pero por otra parte el mantenimiento de aquellas que genere nuestra investigación genera costos, en cumplimiento de las leyes de protección de datos, así como hospedaje, dominio, etc.

3. Divulgación: porque una injusticia desconocida es vulnerable. Si no se explica, no se entiende; si no se entiende, nadie la defiende; si nadie la defiende, el poder la archiva. La divulgación debe ser cuantitativamente abarcadora y ello implica generar varios modelos discursivos con distintos niveles de complejidad, según aconsejen las particularidades de cada comunidad, pero la idea es llegar a todos, hasta el último cubano.

¿Y qué gano yo con esto?, podría preguntarse:

Que cubanos y puertorriqueños nos reconciliemos con nuestro pasado y con nuestra madre, que se haga justicia con aquellos que perdieron una parte importante de su identidad, que la ley se respete y el Derecho prevalezca, y si encima —¡oh gracia divina!— los cubanos podemos recobrar nuestra libertad, y podemos entrar al primer mundo de la mano de España, y poder seguir leyendo la historia en el mismo idioma en que fue escrita, y leer como propia la poesía que escribieron nuestros abuelos, ¡qué felicidad tan grande! Gana quizá algo más íntimo: la tranquilidad, el desasosiego de haber contribuido a saber quiénes somos, de dónde venimos y de qué pata cojeamos. Es una apuesta por la verdad, que yo llamo «verdad benedictina», al recordar el lema de Benedicto XVI «Cooperatores veritatis».

https://gofund.me/897334abd

¿Qué hace su aporte, en la práctica?

- Mantiene vivo el expediente y bien defendido.
- Permite responder a cada trámite con precisión y a tiempo.
- Financia la obtención y organización de pruebas.
- Sostiene la comunicación pública con seriedad (no propaganda barata).
- Evita que esta lucha dependa del agotamiento personal de una sola persona.

No le pido una fe ciega. Le pido apoyo consciente. Y le ofrezco algo a cambio: transparencia y credibilidad, ejes centrales de mi accionar.

Ayúdame a ganar esta batalla en defensa de los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la ciudadanía española.

¡Es hora de volver a casa!

Maikel Arista-Salado

Sobre la pérdida de la nacionalidad

Me revienta el eufemismo formulaico de «pérdida de la nacionalidad». El concepto de «pérdida de la nacionalidad» es una construcción legal que existe en muchos ordenamientos jurídicos, entre ellos el español, uno de cuyos exponentes es el tristement célebre real decreto de 11 de mayo de 1901, que en su parte dispositiva, lejos de disponer, declara que los naturales de Ultramar perdieron su nacionalidad. Sin embargo, yo diría que es engañoso como mínimo, ya que se usa indistintamente en situaciones fundamentalmente distintas: por un lado, la pérdida voluntaria, que ocurre cuando un individuo, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, renuncia expresamente a su nacionalidad al adoptar otra, o bien esta pérdida opera por imperio de la ley en el caso que el ordenamiento no contemple la doble nacionalidad. Por otro lado tenemos la desnaturalización forzosa, que implica la privación involuntaria de la nacionalidad, a menudo bajo circunstancias de dudosa legalidad, especialmente cuando se trata de una nacionalidad originaria y no se ha adquirido otra en su lugar. El concepto legal en una situación de esta naturaleza no puede ser el de pérdida, sino privación arbitraria o desnaturalización forzosa. A mi juicio, es imprescindible establecer una distinción clara entre ambos conceptos, al marcar una diferencia meridiana y categórica entre la «pérdida de la nacionalidad» como un acto voluntario, y la «desnaturalización forzosa o privación arbitraria», entendida como un acto lesivo a la dignidad humana y contrario al Derecho internacional. El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha declarado, en fecha tan reciente como 2023 y en respuesta a la desnaturalización forzosa impuesta por el Estado nicaragüense a opositores, que es función del Estado garantir el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia.

Entendemos, por lo tanto, que es un eufemismo insistir en la pérdida de la nacionalidad española por parte de los cubanos y puertorriqueños tras la Guerra Hispanoamericana de 1898. La firma del Tratado de París supuso una desnaturalización forzosa para los españoles de Ultramar. España quedó obligada, en virtud del artículo IX de dicho instrumento internacional, a privar a sus ciudadanos de un vínculo sagrado para lo que carecía entonces, como carece hoy el Estado español, de capacidad jurídica para hacerlo. En la actualidad, diversos movimientos buscan revertir este hecho mediante acciones legales y políticas que demandan la restitución de la ciudadanía española a los descendientes de aquellos despojados en 1898, uno de ellos es el que encabeza Cuba española, con una demanda que pende en la Audiencia Nacional y que por primera vez en 127 años, invita a un tribunal español a revisar la constitucionalidad de dicho artículo.

Este artículo examina la ilegalidad del Tratado de París desde una perspectiva jurídica, la viabilidad de la reivindicación de la nacionalidad española para cubanos y puertorriqueños, y las comparaciones con otros precedentes históricos en los que España ha concedido la nacionalidad a comunidades que históricamente fueron parte de su territorio.

La ilegalidad del Tratado de París (1898)

Uno de los principales argumentos en la reivindicación de la nacionalidad española para cubanos y puertorriqueños radica en la falta de legitimidad del Tratado de París. Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

• Desnaturalización forzosa: El retiro de la ciudadanía española a cubanos y puertorriqueños se hizo sin su consentimiento y sin ofrecerles una opción para mantenerla. Fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad y convertidos en apátridas. El artículo IX del Tratado de París es hoy la norma europea vigente más antigua que promueve la apatridia.

• Corrupción y traición: La clase política española de la época actuó de manera negligente (quizá culposa), al permitir que las antiguas provincias fueran cedidas a Estados Unidos sin respetar la voluntad de sus ciudadanos, voluntad que fue manifestada y debidamente documentada en las elecciones de abril de 1898, en las que participó cerca del 50% del padrón electoral, con una clara mayoría decantada por conservar sus lazos con España.

Estos elementos cuestionan la validez del tratado y abren la posibilidad de una revisión jurídica ante instancias como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, o instancias europeas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Existen antecedentes en los que España ha concedido la nacionalidad a comunidades que históricamente formaron parte de su territorio. Algunos de los más relevantes son:

• Los sefardíes: En 2015, España aprobó una ley que permitía a los descendientes de judíos sefardíes expulsados en 1492 recuperar la nacionalidad española.

• Los saharauis: España ha concedido la nacionalidad a personas del Sáhara Occidental, reconociendo sus lazos históricos con el territorio y recientemente ha admitido a trámite parlamentario una ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los naturales de aquella provincia bajo administración española.

Si bien estos casos tienen características particulares, demuestran que España ha reconocido su responsabilidad histórica con antiguas comunidades. Bajo esta misma lógica, los cubanos y puertorriqueños deberían poder optar por la nacionalidad española.

Nacionalidad española de los saharauis

Recientemente, el Congreso de los Diputados admitió a trámite parlamentario una proposición de ley para otorgar la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a aquellas personas nacidas en el Sáhara occidental durante la administración española. El País y El Mundo reportaron sobre este notable acontecimiento con algunos tímidos comentarios. Aquí te presento algunas ideas sobre su repercusión en relación con los esfuerzos de Cuba española para lograr lo mismo para los descendientes de los españoles desnaturalizados de Ultramar. Bifurcación del análisis de los efectos para cubanos y puertorriqueños que podría tener la aprobación de dicha proposición de ley en materia de adquisición de la nacionalidad española de origen:

(1) teoría de la identidad de ratio: el criterio interpretativo vigente impuesto por una Consulta de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) de septiembre de 2007, establece que existe una identidad de ratio entre el Sahara y los territorios de Ultramar como Cuba y Puerto Rico antes de 1898, por lo tanto, si las Cortes determinan que los saharuis nacidos bajo administración española tienen derecho a la nacionalidad, entonces, por esa presunta identidad de ratio, también lo tendrían cubanos y puertorriqueños nacidos antes de 1898, incluso diría antes de 1902 para evitar la apatridia. Este es el statu quo. Si se aprueba, al ser más favorable, podría aplicarse retroactivamente a casos pendientes.

Este es el criterio interpretativo que aplica el Estado español a día de hoy, a pesar de que, a mi juicio, es completamente ilegal, incluso prima facie, y me cuesta trabajo entender cómo es posible que una consulta de la DGRN tan notablemente deficiente y vulneradora de derechos fundamentales se haya mantenido en plena vigencia por pasi dos décadas, y que en todo ese tiempo ningún catedrático de Derecho constitucional —de casi una centena—, ningún fiscal —de más de dos mil—, ni ningún Defensor de los muchos pueblos que conforman la nacionalidad española, haya dicho jamás un ¡ay!, con lo cual se consolida una vulneración estructural del Estado español con respecto del disfrute del derecho humano a la nacionalidad.

(2) teoría de la soberanía: España no fue potencia administradora en Cuba y Puerto Rico, sino que ejerció soberanía plena, renunciada en uno y otro caso por el Tratado de París. Si una administración de territorio puede generar lazos de ciudadanía, entonces los de la soberanía plena son indiscutibles, porque la soberanía plena presupone un lazo de mayor peso, importancia o entidad que los de una administración. Por lo tanto, el parlamento español vendría obligado a reconocer la ciudadanía española para cubanos y puertorriqueños.

Como ya he dicho en otra oportunidad, el artículo IX del Tratado de Paris de 1898, impuesto por los comisionados norteamericanos es inconstitucional por las siguientes razones:
- Reconoce el derecho de nacionalidad solamente a los súbditos españoles naturales de la península, quienes deben acudir a una oficina de registro para declarar su voluntad de mantener la nacionalidad española. España no sólo pare españoles en la península, también existen españoles africanos y españoles insulares, y también, cómo no, españoles ultramarinos como los que por cuatro siglos poblaron las Antillas. El tratado no reconoce el derecho de opción a ningún español natural de Cuba o Puerto Rico, a pesar de que eran ciudadanos de origen.

- Ningún tratado ni ningún gobierno puede obligar a ningún español a inscribirse en ningún registro que no sea el Civil, a cuyo cargo se encuentran las autoridades civiles españolas. El registro de la población es una obligación del Estado que no puede delegar ni negociar por tratado. Es una cuestión de soberanía.

- La ciudadanía o nacionalidad española es una relación jurídica que se establece entre el ciudadano y el Estado, en este caso el español, sin que un tercer Estado tenga capacidad jurídica suficiente para intervenir en ella. No es jurídicamente posible traficar la nacionalidad originaria de los españoles en un tratado. La nacionalidad no puede ser nunca objeto de un tratado ni público ni privado. Es un bien no disponible. Su adquisición es ius cogens, que no admite derogación ni por tratado, con lo cual, todo el artículo IX es inconstitucional.

- La aplicación del art. IX del Tratado de Paz supuso la desnaturalización masiva y forzosa de todos los españoles naturales de Ultramar, al no poder ni siquiera ejercer el derecho de opción. Al ser esos españoles despojados forzosamente de su nacionalidad originaria y convertidos en apátridas, tanto el Estado norteamericano al imponer esa pena, como el español en su aquiescencia, incurren en responsabilidad internacional.

- Forzar de manera dolosa la apatridia de los españoles naturales de Ultramar es crimen de lesa humanidad, habida cuenta que la ciudadanía es el derecho a tener derechos.

- La desnaturalización masiva y forzosa de españoles originarios de Ultramar nunca fue transcrita al Registro civil, y por lo tanto, carece de un elemento esencial para su validez, tal y como lo ordena la legislación en esa materia.

El 6 de marzo pasado se cumplieron 2 meses de haber presentado la Petición de variación del criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar antes de la entrada en vigor del Tratado de París ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de España (DGSJFP).

La Dirección General de Registros y del Notariado (antecesora de la DGSJFP), en una consulta de septiembre de 2007, determinó que los territorios de Cuba y Puerto Rico, en materia de su calidad para generar lazos civiles de ciudadanía, tienen la misma naturaleza que los del Sáhara español «por identidad de ratio». Además de nunca probar tal cosa con lo cual hay una vulneración importante de la seguridad jurídica, esta conclusión alcanzada por el mencionado superior órgano administrativo tiene tres problemas insalvables que anulan la teoría de una presunta identidad de ratio: 1º, España ejerció en el Sáhara un dominio cualitativamente inferior a la soberanía plena. En tanto potencia administradora de dicho territorio, ejerció una tutela limitada como consecuencia de un título de dominio de naturaleza contractual, pactada, con jefes tribales nómades, que a su vez tenían vínculos previos con el sultán de Marruecos; 2º, el marco jurídico por el que se regula el Sáhara abarca el siglo XX y tiene como base «quasi-constitucional» las leyes fundamentales del franquismo, por lo tanto, resulta imposible aplicarlo retroactivamente a la Restauración, que tiene su propio marco jurídico que descansa en la Constitución de 1876, la retroactividad de las leyes está taxativamente prohibida por la Constitución española; y 3º, pasa por alto el Derecho positivo español, como la ley de 9 de enero de 1879 o los reales decretos de 2 de abril de 1881 y 25 de noviembre de 1897.

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