Publicado originalmente en 14ymedio, el 13 de septiembre de 2026, al que puede acceder siguiendo este enlace.

Por Rolando Gallardo

MADRID/ El 10 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que reconoce el derecho a la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas antes de 1977 y a sus descendientes directos, cerrando –al menos parcialmente– una deuda histórica que España arrastraba desde su retirada del Sáhara Occidental hace cinco décadas. El texto podría beneficiar a más de cien mil personas y llega en un momento de tensión diplomática con Marruecos.

Su aprobación ha reactivado, a miles de kilómetros de distancia, un debate mucho más antiguo: el de si Cuba y Puerto Rico merecen un reconocimiento equivalente por la desnaturalización masiva que sufrieron sus habitantes tras el Tratado de París de 1898.

La comparación no es nueva. Desde 2022, un ciudadano cubanoamericano, Maikel Arista-Salado, litiga ante la Audiencia Nacional, en Madrid, exigiendo que el Estado español reconozca como nulo el artículo IX de aquel tratado –la cláusula que, según sostiene, despojó «de forma masiva y forzosa» de la nacionalidad española a los cubanos y puertorriqueños nacidos en estas islas– y que instrumente una vía de reparación para sus descendientes. Su caso, hasta ahora desestimado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y pendiente de sentencia definitiva, ha encontrado en la ley saharaui un argumento inesperado: si España puede reparar un despojo de ciudadanía ocurrido hace cincuenta años, ¿por qué no uno de hace ciento veintiocho?

Los dos precedentes –el sefardí de 2015 y el saharaui de 2026– no se sostienen sobre el mismo fundamento legal que reclama el movimiento cubano

La respuesta corta, según juristas consultados y la propia documentación del caso, es que los dos precedentes –el sefardí de 2015 y el saharaui de 2026– no se sostienen sobre el mismo fundamento legal que reclama el movimiento cubano, aunque comparten con él una intuición moral similar.

La ley saharaui no repara una «pérdida de nacionalidad» en sentido estricto: se apoya en que el Sáhara Occidental sigue figurando ante Naciones Unidas como territorio pendiente de descolonizar, porque España, como potencia administradora, jamás completó el proceso de autodeterminación exigido por la Resolución 1514 de la Asamblea General. Es un fundamento de derecho internacional contemporáneo, inexistente como categoría jurídica en 1898.

La ley sefardí de 2015, por su parte, no partió de ninguna declaración de ilegalidad: fue una concesión de nacionalidad por vínculo histórico-cultural a descendientes de la comunidad judía expulsada en 1492, sin que mediara ningún tratado internacional que España tuviera que impugnar.

El caso cubano, en cambio, no encaja en ninguno de los dos moldes. Irónicamente, el propio escrito de petición presentado por Arista-Salado ante el Consejo de Ministros en 2022 rechaza de forma explícita la analogía con el Sáhara, calificando de «error histórico y de derecho» hablar de descolonización en el caso cubano. Su argumento es distinto: sostiene que Cuba y Puerto Rico fueron territorios españoles de pleno derecho durante cuatro siglos –con representación parlamentaria y, desde 1897, autonomía propia–, y que el Estado español «carecía entonces, como carece hoy, de la capacidad jurídica» para negociar la nacionalidad de sus súbditos con una potencia extranjera.

Ese argumento, examinado con detalle, revela una fisura legítima. La Constitución vigente en 1898 establecía en su artículo primero una lista cerrada de solo dos causales para perder la «calidad de español»: naturalizarse en el extranjero o aceptar empleo de un gobierno extranjero sin licencia real. La cesión de territorio no figuraba entre ellas. El mecanismo del artículo IX del Tratado de París –que exigía a los peninsulares residentes en los territorios cedidos declarar su intención de conservar la nacionalidad dentro de un año, bajo pena de perderla automáticamente– introdujo, de facto, una tercera vía de desnaturalización que la norma fundamental española no contemplaba.

Más llamativo aún: el propio texto del tratado ni siquiera menciona explícitamente a los cubanos nacidos en la isla en relación con ese mecanismo de opción. Habla de «súbditos españoles, naturales de la Península». La pérdida de nacionalidad de los criollos –descendientes de españoles nacidos en Cuba, incluidos los que jamás tomaron las armas contra España– fue una inferencia administrativa, plasmada en los reales decretos de 1901, más que un mandato expreso del propio instrumento internacional.

Esta controversia, además, no es una relectura moderna. Ya en 1901, el marqués de Cervera –último alcalde del Marianao español, cuyo verdadero nombre era Manuel de Ciria y Vinent– elevó un Manifiesto a la reina regente y a las Cortes reclamando el reconocimiento de la ciudadanía de los «cubanos fieles» que habían servido a España sin alzarse en armas. El asunto llegó a plantearse, según registran archivos históricos, ante el propio Ministerio de Hacienda. La tensión jurídica que hoy revive Arista-Salado tiene, por tanto, una genealogía centenaria.

Mientras la ley saharaui beneficia a un máximo de 120.000 personas, la aplicación de un criterio similar a «todos los cubanos» afectaría potencialmente a más de once millones de personas

En cambio, convertir esa fisura constitucional en un argumento equivalente al saharaui exige un salto que ningún tribunal ni gobierno español ha estado dispuesto a dar. En 2023, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó formalmente la petición de Arista-Salado, confirmando la vigencia del artículo IX. La demanda judicial que se sigue actualmente en la Audiencia Nacional plantea, de forma más acotada, que fue el propio ministro –y no el Consejo de Ministros, único órgano con competencia para negociar la denuncia de un tratado o plantear un recurso de inconstitucionalidad– quien careció de autoridad para resolver la petición. Es, paradójicamente, el argumento procesal más sólido del caso, más manejable que la pretensión de fondo de declarar nulo un tratado internacional de 1898 reconocido por Estados Unidos.

La escala del reclamo tampoco es menor. Mientras la ley saharaui beneficia a un máximo de 120.000 personas, la aplicación de un criterio similar a «todos los cubanos» –como reclama literalmente el movimiento de Arista-Salado– afectaría potencialmente a más de once millones de personas, un orden de magnitud que ningún gobierno español ha mostrado disposición a asumir, independientemente de la solidez jurídica del argumento constitucional de fondo.

La demanda de Arista-Salado permanece pendiente de sentencia desde abril de 2024, y ningún partido español ha mostrado voluntad de legislar sobre el asunto

Entre la naturalización masiva que exige el litigio y el silencio institucional que ha prevalecido hasta ahora, existe un terreno intermedio que la propia experiencia sefardí y saharaui sugiere: no una declaración de nulidad del Tratado de París, sino una reducción permanente del plazo de residencia legal para la naturalización –hoy fijado en dos años para iberoamericanos– aplicada específicamente a cubanos, puertorriqueños y filipinos, acompañada quizá de un reconocimiento simbólico del Congreso sobre la irregularidad del mecanismo de 1901. Sería una fórmula que reconoce la deuda histórica sin obligar a España a litigar la validez de un tratado internacional centenario ni a asumir el impacto demográfico de una naturalización general.

Por ahora, ese escenario sigue siendo hipotético. La demanda de Arista-Salado permanece pendiente de sentencia desde abril de 2024, y ningún partido español ha mostrado voluntad de legislar sobre el asunto. Pero la ley saharaui, al margen de sus diferencias jurídicas con el caso cubano, ha hecho algo que ningún tribunal había logrado hasta ahora: instalar en el debate público español la pregunta de si la reparación histórica de la ciudadanía tiene, o no, un límite geográfico.

Transición en Cuba: Historia del anexionismo cubano. Con Rolando Gallardo y Maykel Arista-Salado

El pasado sábado, participé junto al historiador Rolando Gallardo en un programa de CiberCuba dedicado al anexionismo en la historia política cubana. La conversación abordó el fenómeno no como una simple «traición» a la nación, sino como una de las varias opciones políticas que coexistieron en Cuba durante el siglo XIX, junto al autonomismo, el reformismo, el integrismo y el independentismo.

Durante el programa se examinaron, entre otros temas, las relaciones históricas entre Cuba y Estados Unidos, la influencia de la esclavitud en el pensamiento político de las elites cubanas, la figura de Narciso López, el alcance de la Asamblea de Guáimaro, la representación política de Cuba dentro del constitucionalismo español y la negativa estadounidense a reconocer la beligerancia de los insurgentes durante la Guerra de los Diez Años. Arista-Salado insistió además en la necesidad de revisar críticamente el relato historiográfico que ha convertido al mambí en arquetipo exclusivo de la cubanidad, desplazando otras corrientes y sectores de la sociedad cubana.

El intercambio concluyó con una reflexión sobre el hispanismo como instrumento de reconciliación con la propia historia: asumir sin complejos tanto los errores como las continuidades de la experiencia española de Cuba y recuperar una visión más amplia, plural y documentada del pasado nacional.

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El Derecho histórico frente a la arbitrariedad administrativa

La Consulta de la DGRN de 17 de septiembre de 2007

Por Maikel Arista-Salado

Hay problemas jurídicos antiguos y problemas jurídicos actuales cuyo origen es antiguo, y esa diferencia no es menor. El artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 pertenece al pasado como acontecimiento histórico, pero sus consecuencias jurídicas no han desaparecido mientras las administraciones y los tribunales continúen atribuyéndole efectos en el presente.

Esta distinción constituye uno de los puntos de partida del libro en el que vengo trabajando. Su propósito no consiste en volver a narrar lo que ya conocemos sobre 1898, sino en examinar una cuestión mucho más puntual: ¿cómo puede sostenerse hoy una determinada interpretación administrativa sobre la condición jurídica de los naturales de Cuba y Puerto Rico cuando esa interpretación contradice las propias normas mediante las cuales España ejecutó el Tratado de París?

El problema adquiere particular importancia a partir de una Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de 17 de septiembre de 2007. Aquella Consulta proyectó sobre Cuba y Puerto Rico, por «identidad de razón», una doctrina jurisprudencial elaborada para otros territorios españoles, singularmente el Sahara español. Esa construcción doctrinal ha sido reproducida posteriormente en resoluciones administrativas que niegan solicitudes de nacionalidad española. Dicho de otra manera: la Administración española ha negado (y presuntamente lesionado el derecho constitucional a la nacionalidad) de cubanos y puertorriqueños amparado en una interpretación que contradice las normas que el gobierno español puso en vigor después de 1898 para implementar el Tratado de París.

Una coincidencia cronológica que exige explicación

La Consulta fue emitida el 17 de septiembre de 2007. Apenas tres meses después, el 26 de diciembre, las Cortes Generales aprobaron la Ley 52/2007, conocida comúnmente como Ley de Memoria Histórica, publicada en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. Su disposición adicional séptima abrió nuevas vías de acceso a la nacionalidad española para determinadas personas cuyos padres o abuelos habían sido originariamente españoles. Precisamente por ello, la Consulta planteaba una cuestión diametralmente opuesta a la que aprobó la ley, y a cuyo tenor, ¿debían considerarse españoles de origen los nacidos en Cuba o Puerto Rico antes de 1898? La Consulta resolvió la cuestión declarando que Cuba y Puerto Rico tenían la misma condición que el Sahara español… total, colonia por colonia… es lo mismo… Y por más de 25 años ese criterio ha regido los destinos de cubanos y puertorriqueños que solicitan la ciudadanía española.

Cuba no era el Sahara

La construcción utilizada por la DGRN tenía un precedente jurisprudencial conocido. En relación con el Sahara Occidental, el Tribunal Supremo había desarrollado una distinción entre «territorio español» y «territorio nacional». Según esta doctrina, la pertenencia de determinado territorio a la soberanía española no implicaba necesariamente su integración plena en el territorio nacional a determinados efectos jurídicos. Puede discutirse la corrección de esa doctrina respecto del propio Sahara. Pero existe una cuestión anterior: ¿puede trasladarse automáticamente a Cuba y Puerto Rico? La respuesta exige estudiar cada territorio dentro de su propio ordenamiento y de su propia evolución constitucional.

Cuba poseía municipios españoles, Diputación Provincial, representación parlamentaria, legislación electoral y, finalmente, un régimen autonómico establecido mediante los reales decretos de 25 de noviembre de 1897. Sus habitantes participaron, con las limitaciones y desigualdades propias del constitucionalismo español del siglo XIX, en instituciones pertenecientes al Estado español. La carta autonómica no creó un Estado extranjero asociado a España, sino que organizó jurídicamente la autonomía de Cuba y Puerto Rico dentro de la Monarquía española.

Por eso resulta insuficiente razonar mediante una simple analogía territorial. La categoría genérica de «territorio ultramarino» no permite borrar las diferencias entre Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guinea o el Sahara, ni sustituye el examen de la legislación específicamente aplicable a cada uno.

La palabra que cambia el problema: «perdieron»

Existe, además, una dificultad todavía mayor para la doctrina administrativa. Después del Tratado de París, el propio Estado español tuvo que determinar cuáles eran las consecuencias jurídicas que la pérdida o renuncia de aquellos territorios producía sobre sus habitantes. La normativa dictada entonces utilizó un lenguaje extraordinariamente significativo. El real decreto de 11 de mayo de 1901 dispuso respecto de determinados naturales de los territorios cedidos o renunciados por España que habían «perdido la nacionalidad española». Nadie puede perder una nacionalidad que nunca tuvo.

Si el legislador y la Administración españoles de comienzos del siglo XX describieron el efecto jurídico producido por el Tratado como una pérdida de la nacionalidad, resulta necesario explicar cómo puede sostenerse un siglo después que aquellas mismas personas carecían originariamente de ella por el mero hecho de haber nacido en Cuba. No estamos ante una cuestión terminológica menor. La pérdida presupone una situación jurídica preexistente. Si una persona era extranjera antes del Tratado, no podía convertirse en extranjera como consecuencia del Tratado, ni podía «perder» por él una nacionalidad española inexistente.

La cuestión se vuelve todavía más importante cuando esa misma concepción aparece en otras disposiciones administrativas y en la jurisprudencia inmediatamente posterior a 1898.

El Tribunal Supremo también habló de pérdida

La jurisprudencia española de comienzos del siglo XX ofrece otro elemento que debe ser incorporado al análisis. En resoluciones relativas a las consecuencias jurídicas de la pérdida de los territorios ultramarinos, el Tribunal Supremo utilizó igualmente el concepto de pérdida de la nacionalidad española respecto de sus naturales. Esto importa por una razón metodológica.

La interpretación de la condición jurídica de los cubanos antes de 1898 no puede comenzar en 1999 ni en 2007. Debe reconstruirse a partir del ordenamiento vigente cuando Cuba pertenecía a España, del Tratado de París y, especialmente, de las normas y decisiones mediante las cuales los propios poderes públicos españoles interpretaron inmediatamente sus consecuencias.

Tenemos así un problema que la Consulta de 2007 debía resolver, no eludir: si las disposiciones españolas posteriores a 1898 afirmaban que determinados naturales de Cuba perdieron la nacionalidad española, ¿sobre qué fundamento puede afirmarse ahora que nunca fueron españoles?

El problemático facultas soli

La Consulta introduce además otra construcción que merece un examen independiente: la idea de que respecto de determinados nacidos en aquellos territorios no habría operado propiamente un ius soli, sino una suerte de facultas soli. Según esta concepción, el nacimiento en el territorio no produciría por sí mismo la nacionalidad española, sino únicamente una facultad para adquirirla mediante determinados actos posteriores. Pero una afirmación de esa importancia no puede descansar en una fórmula doctrinal retrospectiva. Necesita fundamento normativo.

La pregunta, por tanto, es sencilla: ¿qué disposición vigente en Cuba establecía semejante régimen? No basta con deducirlo de categorías elaboradas posteriormente para territorios distintos. Es necesario identificar la norma, determinar su ámbito temporal y territorial, estudiar las reglas de nacionalidad vigentes y confrontarlas con la práctica administrativa, registral y jurisprudencial. Si esa norma no aparece, mucho me temo que la Administración se la ha sacado del sombrero.

El error metodológico de 2007

Aquí se encuentra, probablemente, el problema fundamental de la Consulta. Antes de extender a Cuba una doctrina concebida para el Sahara, la DGRN debía haber reconstruido el régimen jurídico cubano. Debía preguntarse qué significaba ser natural de Cuba dentro del Derecho español; qué reglas de nacionalidad estaban vigentes; cuál era la relación entre naturaleza, vecindad y ciudadanía; qué efectos produjo la legislación constitucional del siglo XIX; qué importancia tuvo la extensión de derechos constitucionales; qué consecuencias derivaban de la representación parlamentaria y, finalmente, qué posición ocupaba Cuba dentro de la arquitectura constitucional establecida en 1897.

Después debía examinar el artículo IX del Tratado de París y la legislación española dictada para ejecutarlo. Solamente entonces podía determinarse si la jurisprudencia relativa al Sahara era trasladable a Cuba y Puerto Rico. La Consulta parece haber recorrido el camino inverso: parte de una categoría jurisprudencial posterior, identifica territorios históricos diferentes mediante una pretendida «identidad de razón» y proyecta retrospectivamente esa construcción sobre Cuba. El resultado es metodológicamente frágil porque convierte la analogía en sustituto de la investigación histórica del Derecho.

No estamos discutiendo solamente sobre 1898

Puede parecer que todo esto pertenece a una controversia académica sobre acontecimientos ocurridos hace más de un siglo. No es así. Cuando un descendiente de un natural de Cuba solicita hoy el reconocimiento de la nacionalidad española y la Administración determina la condición jurídica de su antepasado mediante aquella doctrina, 1898 entra nuevamente en el expediente administrativo, y deja de ser un problema meramente histórico. Estamos ante una decisión contemporánea de un poder público español que utiliza una determinada interpretación del Derecho histórico para reconocer o negar derechos actuales. Por eso la antigüedad de las normas no resuelve la cuestión. Si sus consecuencias continúan siendo invocadas, su interpretación continúa siendo jurídicamente relevante.

El hecho consumado no sustituye al Derecho

Existe una tendencia comprensible a considerar que el paso del tiempo termina cerrando determinadas controversias jurídicas. Cuba dejó de pertenecer a España hace más de un siglo; generaciones enteras nacieron después del Tratado de París y la realidad política resultante de 1898 está consolidada. Pero ninguna de esas circunstancias responde a la pregunta que aquí se plantea. No se está discutiendo la realidad política contemporánea de Cuba. Se está preguntando qué condición jurídica tenían los naturales de Cuba bajo el Derecho español y qué consecuencias produjo sobre ellos el artículo IX del Tratado de París. Son cuestiones distintas.

Y si la respuesta histórica correcta es que existía un vínculo español de nacionalidad que fue extinguido como consecuencia del Tratado, entonces el problema jurídico cambia radicalmente. Ya no estamos ante personas que pretenden reconstruir retrospectivamente una nacionalidad que nunca existió, sino ante descendientes de una población cuya vinculación nacional con España fue jurídicamente alterada en 1898.

Por qué estoy escribiendo este libro

Esta contradicción explica, en buena medida, la necesidad del libro. No tendría demasiado sentido escribir centenares de páginas para repetir que el Tratado de París se firmó el 10 de diciembre de 1898 o que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Mi preocupación, y el objeto de mi investigación es determinar qué efectos tuvo —y tiene— ese tratado en las personas, y en particular, el derecho a la nacionalidad.

¿Cómo llegamos desde un ordenamiento que hablaba de españoles, ciudadanos, electores y naturales de Cuba; desde unas instituciones españolas establecidas en la Isla; desde una carta autonómica concedida dentro de la Monarquía; desde un Tratado que modificó aquella relación y desde unas normas posteriores que declararon perdida la nacionalidad, hasta una doctrina administrativa que un siglo después sostiene una construcción sustancialmente diferente?

Eso es lo que hay que reconstruir. Y debe hacerse documentalmente, sin convertir sospechas en pruebas ni conclusiones políticas en premisas jurídicas. La Consulta de 17 de septiembre de 2007 no puede ser examinada aisladamente. Tiene que enfrentarse al Tratado de París, a la legislación española anterior y posterior a 1898, a la jurisprudencia histórica, al constitucionalismo español del siglo XIX y a la propia estructura institucional de Cuba. Si después de realizar ese examen la doctrina administrativa resiste, habrá que aceptarlo. Pero si no resiste, el hecho de que haya sido repetida durante casi veinte años no la convierte en correcta. La reiteración administrativa no subsana el error jurídico. Y ese es, precisamente, el problema contemporáneo que tenemos delante.

Muchas gracias a todos

Maikel Arista-Salado

¡Ciudadanía española para todos los cubanos!
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Maikel Arista-Salado

La ausencia de un documento no equivale a la inexistencia de un derecho

Una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia se refiere a la manera de acreditar la ascendencia de una persona nacida en Cuba durante el siglo XIX cuando no aparece su partida de bautismo o de nacimiento. La inquietud es comprensible: muchos archivos parroquiales desaparecieron como consecuencia de incendios, guerras, traslados, abandono institucional, deterioro material o simples pérdidas administrativas. Sin embargo, la desaparición del libro original no significa necesariamente que haya desaparecido toda prueba de la existencia, nacimiento, filiación o condición jurídica de aquella persona.

El error más común consiste en buscar exclusivamente una partida sacramental y, al no encontrarla, considerar terminada la investigación. La vida jurídica de una persona deja normalmente más de una huella documental. El nacimiento y la filiación podían constar, directa o indirectamente, en expedientes matrimoniales, testamentos, protocolos notariales, padrones de vecinos, censos electorales, expedientes universitarios, hojas de servicio militar, nombramientos administrativos, expedientes profesionales, documentos migratorios y registros de identidad.

Por tanto, la investigación genealógica seria no debe limitarse a una parroquia ni a un solo tipo de documento. Debe reconstruir la trayectoria vital del antepasado.

Comenzar por la vida de la persona

Cuando falta la partida original, la primera pregunta no debe ser únicamente dónde nació la persona, sino qué hizo durante su vida.

¿Estudió en una universidad? ¿Ejerció la medicina, el Derecho o el magisterio? ¿Sirvió en el Ejército? ¿Ocupó un cargo público? ¿Contrajo matrimonio canónico? ¿Otorgó testamento? ¿Poseyó bienes? ¿Emigró? ¿Solicitó un pasaporte? ¿Fue elector o contribuyente?

Cada una de esas actividades podía generar un expediente. En determinados procedimientos, el interesado debía presentar una certificación de bautismo, nacimiento, edad, filiación, naturaleza o vecindad. Aunque el documento parroquial original se haya perdido, una copia, traslado, extracto o referencia puede conservarse dentro de otro expediente.

Los fondos del Archivo Histórico Nacional español contienen, por ejemplo, numerosas series de expedientes personales de funcionarios del Gobierno y la Capitanía General de Cuba. PARES registra expedientes de secretarios, oficiales, archiveros y otros empleados destinados en distintas dependencias cubanas durante el siglo XIX. Esto confirma algo metodológicamente importante: los documentos relativos a una persona no tienen necesariamente que encontrarse en el archivo de la localidad donde nació. Pueden hallarse en el archivo de la institución en la que estudió, trabajó, sirvió o realizó una gestión administrativa.

También existen en la Sección de Ultramar expedientes generales relativos a la naturalización, residencia y domicilio de extranjeros en Cuba, lo que demuestra la amplitud de la documentación administrativa producida para distinguir la naturaleza, la nacionalidad, el domicilio y la vecindad de los habitantes de la isla.

La investigación debe realizarse, por ello, en círculos sucesivos:

1. La parroquia de nacimiento y las parroquias cercanas.

2. Los expedientes matrimoniales del interesado, de sus hermanos y de sus hijos.

3. Los registros civiles, allí donde ya estuvieran implantados.

4. Los protocolos notariales y testamentarios.

5. Los padrones municipales y de vecindad.

6. Los expedientes escolares, universitarios, profesionales, militares o administrativos.

7. Los fondos del Gobierno General de Cuba y del antiguo Ministerio de Ultramar.

8. Los documentos de sus familiares, en los cuales puede aparecer reproducida o declarada su filiación.

No toda referencia posee el mismo valor probatorio. Una partida original o una certificación auténtica suele ofrecer una prueba más directa que una simple mención en un padrón. Pero varias pruebas concordantes pueden reconstruir razonablemente un hecho cuando el documento principal ha desaparecido. La investigación histórica y genealógica funciona muchas veces mediante la convergencia documental, no mediante la existencia milagrosa de una sola pieza.

Las cédulas personales y de vecindad

Entre los documentos que merecen atención se encuentran las cédulas personales o de vecindad. Estos instrumentos servían para identificar a la persona y acreditar determinados datos civiles, fiscales, administrativos o policiales. En las provincias de Ultramar también estuvieron vinculados al control de la residencia y de la circulación interior.

PARES conserva, por ejemplo, un expediente de 1872 relativo a un vecino de Morón que solicitó la eliminación de la nota de «vigilado político» que aparecía en la cédula de vecindad de él y de su familia. El documento muestra que la cédula no era una abstracción legislativa, sino un instrumento utilizado efectivamente por la Administración cubana.

Ahora bien, debe evitarse una conclusión excesiva: poseer una cédula personal no demostraba necesariamente que alguien fuera español. Los extranjeros residentes también podían quedar sujetos a obligaciones de identificación y documentación. Su utilidad consiste en que la cédula podía indicar el nombre, la edad, la naturaleza, el domicilio, la profesión y otras circunstancias del titular. Puede ser, por tanto, una pieza de corroboración, aunque no siempre constituya por sí sola prueba concluyente de nacionalidad.

Lo mismo sucede con los padrones. La inscripción como vecino acredita una relación territorial y administrativa relevante, pero vecindad y nacionalidad no son categorías idénticas. Sin embargo, cuando un padrón coincide con un expediente matrimonial, una hoja de servicios, una escritura notarial y una referencia parroquial, el conjunto puede adquirir considerable fuerza probatoria.

¿Dónde buscar?

En España, un punto fundamental es el Archivo Histórico Nacional, especialmente los fondos correspondientes al Ministerio de Ultramar y al Gobierno de Cuba. No todos los expedientes están digitalizados ni descritos individualmente, pero el portal PARES permite identificar series, signaturas y unidades documentales antes de solicitar su consulta.

En Cuba, deben examinarse el Archivo Nacional de la República de Cuba, los archivos provinciales y municipales, los archivos parroquiales y diocesanos, los protocolos notariales y los fondos históricos de instituciones como la Universidad de La Habana. En Puerto Rico, corresponde realizar una investigación equivalente en el Archivo General de Puerto Rico, los archivos eclesiásticos y los fondos municipales.

No debe asegurarse de antemano que un documento concreto se encuentra en una serie determinada. Los fondos históricos han sufrido reorganizaciones, transferencias, pérdidas y cambios de clasificación. La investigación responsable exige consultar los instrumentos descriptivos y, cuando sea necesario, comunicarse directamente con los archiveros.

Propaganda política y precisión histórica

Parte de la confusión procede del lenguaje empleado por los propios autonomistas. Para defender la urgencia de su programa, era políticamente eficaz presentar el régimen anterior como puramente colonial y la autonomía como el nacimiento de una nueva condición política. Era propaganda comprensible dentro de una lucha partidista, pero no debe transformarse automáticamente en descripción jurídica objetiva.

Los programas políticos no son tratados de Derecho público. Exageran agravios, simplifican situaciones y presentan cada reforma como una ruptura histórica. El investigador debe distinguir entre lo que un partido afirmaba para movilizar apoyo y lo que efectivamente disponían la Constitución, las leyes electorales, la legislación provincial y las prácticas administrativas.

La historia constitucional cubana anterior a 1898 fue contradictoria: integración y desigualdad; representación y centralización; ciudadanía formal y sufragio restringido; asimilación legislativa y especialidad ultramarina. Precisamente por eso no puede reducirse a la fórmula según la cual Cuba fue una colonia sin derechos hasta que un decreto de 1897 la convirtió repentinamente en provincia.

Recuperar los documentos para recuperar la historia

La búsqueda de una partida desaparecida y el estudio de la condición constitucional de Cuba parecen asuntos diferentes, pero en realidad están profundamente relacionados. Ambos exigen abandonar las fórmulas heredadas y regresar a los documentos.

Cada partida, padrón, cédula, expediente universitario, hoja de servicios o registro electoral permite reconstruir la vida jurídica de los cubanos antes de 1898. Esos documentos no solo identifican antepasados. También muestran cómo la Administración los clasificaba, qué derechos ejercían, qué obligaciones soportaban y de qué manera estaban incorporados a las instituciones de la Monarquía.

Por eso, cuando no aparece una partida, la investigación no termina: cambia de dirección. Y cuando una interpretación histórica se presenta como indiscutible, también debemos cambiar de dirección y volver a las fuentes.

La memoria jurídica cubana no se recuperará repitiendo consignas, sean independentistas, autonomistas o españolistas. Se recuperará mediante documentos, crítica histórica y precisión conceptual. Ese trabajo puede ser lento, pero es la única base seria para determinar qué fueron jurídicamente Cuba y sus naturales y qué consecuencias produjo sobre ellos la ruptura de 1898.

«No nos entendemos»: Baraguá y la incapacidad del poder cubano para negociar

En marzo de 2026, apenas dos días después de reconocer públicamente que su Gobierno mantenía conversaciones con Washington, Miguel Díaz-Canel recurrió a una imagen profundamente arraigada en la cultura política cubana: la Protesta de Baraguá. Al recordar el encuentro entre Antonio Maceo y Arsenio Martínez Campos, el gobernante reprodujo la frase con la que la tradición resume el desacuerdo del general cubano con el Pacto del Zanjón: «No nos entendemos».

La referencia no fue una evocación histórica inocente. Carla Gloria Colomé advirtió entonces en El País que la alusión podía ofrecer una pista sobre las presiones existentes dentro de unas negociaciones de cuyo contenido apenas se conocían detalles. Mientras Washington reclamaba cambios políticos y económicos sustantivos, la Habana insistía en que cualquier conversación debía desarrollarse sin presiones y sin someter a discusión la continuidad de su sistema político. La recuperación de Baraguá permitió a Díaz-Canel situar el diálogo dentro de una línea reconocible: frente a un adversario poderoso que exige concesiones, Cuba debe responder con la intransigencia de Maceo.

Los acontecimientos posteriores reforzaron aquella impresión. El 30 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reconoció que las conversaciones con Estados Unidos se encontraban paralizadas. El canciller afirmó, además, que las reformas económicas anunciadas por el gobierno cubano eran una cuestión de «total y absoluta soberanía» y que la Habana no estaba interesada en conocer la opinión estadounidense sobre ellas. Las conversaciones habían llegado, una vez más, al punto en que ambas partes podían hablar, pero no alcanzar un acuerdo sustantivo.

El fracaso puede explicarse por múltiples razones. La Administración estadounidense, considera insuficientes las reformas ofrecidas por el régimen y reclamaba la excarcelación de presos políticos, una mayor apertura económica y cambios estructurales. Existe, sin embargo, una dificultad insuperable. El poder cubano no concibe la negociación como un ejercicio ordinario de reciprocidad, límites y concesiones mutuas. Tiende a entenderla como una prueba de resistencia en la que ceder puede equivaler a perder y en la que aceptar condiciones impuestas por el adversario amenaza no solo determinados intereses, sino la propia dignidad política del régimen.

La «Revolución cubana» se representa como heredera de una tradición histórica de intransigencia que no comienza en 1959. Dentro de la narrativa oficial, Céspedes inicia una sola revolución en 1868; Maceo preserva su honor en Baraguá; Martí la reorganiza en 1895; y Fidel Castro la conduce finalmente al poder. La continuidad entre aquellos episodios permite presentar al régimen actual no como una forma contingente de gobierno, sino como la culminación histórica de la nación.

Dentro de ese relato, el pacto ocupa un lugar moralmente inferior. El Pacto del Zanjón, que puso fin a la Guerra de los Diez Años y abrió posteriormente cauces de participación política, representación parlamentaria y organización partidista, quedó asociado con la capitulación. La Protesta de Baraguá, en cambio, fue elevada a expresión suprema de dignidad, firmeza e intransigencia revolucionaria, vista ésta última como parámetro moral. Y así se enseña en las escuelas.

La prensa oficial no oculta esta interpretación. Granma ha definido Baraguá como «símbolo eterno de la intransigencia revolucionaria» y ha reiterado que el futuro de Cuba será «un eterno Baraguá». En marzo de 2026, mientras se desarrollaban las conversaciones con Estados Unidos, dirigentes del Partido Comunista volvieron a contraponer la firmeza de Maceo frente a los «zanjoneros de ayer y hoy» y prometieron que Cuba no claudicaría jamás.

No hay mucho espacio para la ambiguedad. En otro artículo, el propio órgano oficial del PCC había resumido el legado de Baraguá mediante una frase particularmente reveladora: la Revolución cubana «no negocia sus principios y objetivos». En el vocabulario del régimen cubano, los principios tienden a abarcar también el monopolio del Partido Comunista, la ausencia de elecciones competitivas y la exclusión de cualquier alternativa organizada, la brutal represión de toda disidencia. La soberanía de Cuba termina confundiéndose con la indisponibilidad del régimen.

Esta concepción del poder encuentra una explicación cultural especialmente lúcida en Guillermo Rodríguez Rivera. En Por el camino de la mar, o Nosotros, los cubanos, el escritor vincula la memoria de Antonio Maceo con una determinada sensibilidad cubana respecto del honor, el engaño y la derrota:

«Todo cubano siente, desde algún lugar de sí, ese reclamo del honor que le insufló el mulato Maceo, el hombre al que él creció oyendo llamar el Titán de Bronce. Pero aquel viejo “que no me jodan”, alimentado por muchos años de frustraciones, viene también desde algún lugar de su conciencia para contribuir a la conformación de su ética, que no es únicamente la de tiempos de guerra».

«Ello, a fin de cuentas, cimenta su fama de “cabrón de la vida”, que es una suerte de envés del “comemierda” —lo pongo en el modo en el que él lo dice, y que resulta muy grosero para un extranjero—, acaso lo peor que, para él mismo, pueda ser considerado un cubano».

«El “comemierda” es un “perdedor” no por sus defectos intrínsecos, sino porque es manipulado, porque alguien lo usa para su beneficio. El “comemierda” no es que lo sea esencialmente, sino que “lo cogen de comemierda”. Hay un error en su apreciación, una tonta ingenuidad en su conducta que el otro le induce a ejercer o que el otro utiliza para aprovecharse de ella. Ser “cogido de comemierda” implica una derrota que daña hondamente la autoestima del cubano» (Rodríguez Rivera, 2016).

La vulgaridad de los términos no debe ocultar la importancia del argumento. Rodríguez Rivera identifica una representación cultural dentro de la cual imponerse conserva el honor, mientras confiar, ceder o aceptar una transacción expone al individuo a ser utilizado. El «comemierda» no es necesariamente un incapaz. Es el que permitió que otro se aprovechara de él. Su derrota es tanto material como moral.

Trasladado a la política, este código contamina la negociación con la sospecha del engaño. Pactar puede parecer ingenuidad. Conceder puede interpretarse como humillación. Aceptar un resultado imperfecto puede significar que el adversario ha logrado «cogerte de comemierda».

La asociación con Maceo es explícita y permite comprender la desigual valoración histórica del Zanjón y Baraguá. Quienes aceptaron el pacto desaparecen como sujetos políticos capaces de evaluar el agotamiento de la guerra, ponderar sus posibilidades y buscar una salida negociada. Quedan reducidos a «zanjoneros», derrotistas u hombres incapaces de sostener los principios. Maceo, por el contrario, se convierte en depositario del honor colectivo, incluso cuando su protesta no pudo impedir el final efectivo de la contienda.

Baraguá entonces se erige en vara permanente de la dignidad cubana, y el Zanjón en sinónimo de claudicación. Con ello se obvia por completo que ese pacto se tradujo en derechos políticos palpables y en un auge económico no superado aún.

El contraste ha sido reforzado sistemáticamente por la historiografía y el ceremonial oficial. El Informe del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al Primer Congreso exaltó a Maceo como símbolo del «espíritu y la indomable voluntad de lucha» del pueblo cubano, pero evitó mencionar expresamente el pacto frente al cual se produjo la protesta. Al amputar el Zanjón del relato, Maceo parece protestar casi en el vacío. La negociación desaparece como alternativa política legítima y solo sobrevive la intransigencia como virtud.

El Partido Comunista ha declarado repetidamente que el «espíritu de Baraguá» permanece arraigado en la vida política de la nación. La resistencia no es presentada como un recurso excepcional frente a una amenaza concreta, sino como cualidad permanente del poder revolucionario. He ahí la verdadera dificultad de cualquier negociación con La Habana. Una negociación auténtica exige reconocer que la contraparte posee intereses legítimos, admitir que ninguna parte puede obtenerlo todo, distinguir entre principios esenciales y posiciones revisables, y aceptar compromisos verificables. También obliga a reconocer que el adversario puede tener razón en algunos extremos y que el acuerdo no es una rendición, sino una forma de administrar civilizadamente el desacuerdo.

Difícilmente el régimen de la Habana admitirá una negociación en la que el poder mismo reconozca límites permanentes, acepte a sus adversarios como actores legítimos y renuncie a su pretensión de encarnar exclusivamente a la nación. Admitir que la Revolución no es Cuba; que la oposición no es necesariamente mercenaria ni anticubana; y que la soberanía popular no puede quedar permanentemente secuestrada por una organización que se considera heredera exclusiva de las guerras del siglo XIX son concesiones que la tiranía no está dispuesta a asumir porque implicaría revisar el fundamento histórico del poder. Si el régimen deriva su legitimidad de una Revolución única e ininterrumpida, reconocer el pluralismo equivaldría a admitir que posee un derecho perpetuo a gobernar.

Por eso la intransigencia no es una obstinación ocasional del poder cubano. Es uno de sus títulos históricos de legitimidad. Con esto no quiero decir que Maceo sea responsable de los fracasos diplomáticos del siglo XXI ni que Baraguá haya causado directamente el autoritarismo castrista. La historia no funciona mediante líneas causales tan simples. Significa que la canonización in extremis de Baraguá suministró una sustrato político de larga duración mediante la cual la resistencia adquiere prestigio moral y el pacto queda bajo sospecha.

El castrismo heredó ese tamiz, lo radicalizó y la convirtió en doctrina de Estado, e incluso, en un «valor patrio», o sea, que a cada cubano le toca la intransigencia por la libreta. En su relato, la intrnasigencia confirma la «validez revolucionaria», mientras que la concesión amenaza con desmentirla. El régimen puede soportar el aislamiento, la pobreza, los apagones y el deterioro económico con mayor facilidad que un acuerdo que lo obligue a reconocerse limitado.

La evocación de Baraguá realizada por Díaz-Canel en medio de las conversaciones con Washington fue, por ello, muy reveladora. No constituyó solamente una advertencia dirigida a Estados Unidos. También fue una declaración hacia el interior del sistema: el Gobierno podía conversar, pero no estaba dispuesto a ser identificado con los «zanjoneros». Podía sentarse a la mesa, siempre que nadie interpretara el diálogo como una disposición a revisar los fundamentos del poder.

«No nos entendemos» no fue solo una cita histórica. Fue la descripción anticipada del resultado.

Cuando una sociedad política convierte la resistencia en virtud absoluta, negociar puede parecer una deshonra. El adversario no es alguien con quien se construye un acuerdo imperfecto, sino alguien que intenta imponerse, humillar o «cogerte de comemierda».

Mientras esa lógica siga organizando la memoria histórica y la legitimidad del poder cubano, las conversaciones podrán comenzar muchas veces. El entendimiento será mucho más difícil.

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Maikel Arista-Salado

Todavía se repite que Cuba fue una colonia hasta 1897 —mentes tan preclaras como Rafael Mª de Labra lo decía… y lo publicaba—, y que solo con la concesión de la autonomía pasó a convertirse en provincia española o a incorporarse verdaderamente al orden constitucional de la Monarquía. Esta interpretación confunde tres cuestiones distintas: la pertenencia territorial a España, la condición jurídica de los naturales de Cuba y el régimen político-administrativo aplicado a la isla.

La carta autonómica de 25 de noviembre de 1897 modificó profundamente el gobierno interior de Cuba y Puerto Rico. Creó instituciones autonómicas, distribuyó competencias y permitió la formación de un gobierno insular con responsabilidad política propia. Sin embargo, no puede ser el punto de partida de la nacionalidad. No extendió el vínculo nacional español para el territorio ni convirtió por primera vez a los cubanos en españoles. Mucho menos transfirió a Cuba una porción separada de la soberanía nacional. La autonomía debe ser entendida como la última gran reforma del régimen ultramarino español, no como el nacimiento jurídico de Cuba dentro de España.

Una parte de la confusión procede del lenguaje utilizado por los propios autonomistas cubanos. Para justificar la necesidad de transformar el sistema vigente, el autonomismo contrapuso frecuentemente la futura autonomía al supuesto régimen «colonial» anterior. Aquella fórmula poseía una clara eficacia política: presentaba la reforma como una ruptura entre un pasado de subordinación y un futuro de gobierno propio.

La tesis de que los cubanos solo adquirieron derechos políticos mediante la carta autonómica encuentra una dificultad insuperable: Cuba participaba en las Cortes de la Monarquía mucho antes de su promulgación, y por otra parte, el real decreto de 25 de noviembre no crea la nacionalidad española de los cubanos, sino que la presupone para entonces ordenar la igualdad en el disfrute de los derechos constitucionales y de sus garantías. Tras la Paz del Zanjón, la legislación electoral extendió a Cuba y Puerto Rico el sistema de representación parlamentaria de la Restauración. Desde 1879, las provincias cubanas eligieron diputados y senadores para las Cortes españolas. La representación no fue meramente simbólica, sino que representantes electos de la isla intervinieron institucionalmente en la formación de órganos legislativos comunes a toda la Monarquía. La existencia de representación parlamentaria no significa que el régimen fuese plenamente democrático ni que todos los habitantes de Cuba disfrutasen de iguales posibilidades reales de participación. El sufragio estaba limitado por requisitos legales y por las prácticas políticas características de la época que además, eran distintas de las que se aplicaban en la península.

Otro error consiste en atribuir a la carta autonómica rango constitucional. La norma fue aprobada mediante real decreto por el Gobierno de la Regencia, invocando las facultades para el régimen de Ultramar previstas en el artículo 89 de la Constitución. La norma fundamental de la Monarquía continuó siendo la Constitución de 30 de junio de 1876. Su artículo 89 disponía que las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales, aunque autorizaba al gobierno a aplicarles, con las modificaciones convenientes, las leyes promulgadas o que se promulgasen para la península. Este precepto establecía un régimen de especialidad legislativa; no declaraba que Cuba fuese un territorio extranjero ni una entidad soberana separada.

La legislación peninsular fue además extendiéndose progresivamente a las Antillas. Un ejemplo significativo es la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, cuyo artículo 56 dispuso expresamente su aplicación en Cuba y Puerto Rico. No se trataba de una incorporación completa y uniforme de todo el Derecho peninsular, pero sí de un proceso de integración legislativa incompatible con la imagen de dos comunidades políticas enteramente separadas.

En 1881 se extendió a Cuba y Puerto Rico el título constitucional relativo a los derechos de los españoles. Esa medida tampoco creó ex novo la nacionalidad de los naturales de las islas. Lo que hizo fue ampliar la aplicación territorial de determinadas garantías constitucionales dentro de un régimen hasta entonces marcado por la especialidad ultramarina.

La autonomía no transfirió soberanía a Cuba

También resulta problemática la afirmación de que España cedió una parte de su soberanía al establecer el régimen autonómico. La autonomía supone descentralización política o territorial: determinadas competencias dejan de ser ejercidas directamente por los órganos centrales y pasan a instituciones territoriales. Pero la descentralización no equivale necesariamente a una división de la soberanía.

Bajo la Constitución de 1876, la potestad legislativa correspondía conjuntamente al rey y a las Cortes. La carta autonómica creó instituciones insulares, pero estas derivaban su autoridad del ordenamiento español. No poseían poder constituyente originario ni capacidad internacional independiente. La defensa, las relaciones exteriores y otras materias esenciales permanecieron vinculadas al Estado.

Por tanto, la autonomía no produjo una transmisión de soberanía desde España hacia una nación cubana jurídicamente preexistente. Creó un ámbito de autogobierno subordinado a la Constitución y a la Corona. Como decimos en Cuba: una cosa es con flauta y otra con violín. Una cosa es reconocer que el régimen autonómico concedió competencias políticas sustanciales, y otra muy distinta, afirmar que mediante un decreto el Estado español se desprendió de una parte de su soberanía nacional.

El vínculo común de la nacionalidad no implica necesariamente igualdad política

Durante buena parte del siglo XIX, las provincias de Ultramar —léase Cuba y Puerto Rico— fueron gobernadas por un principio de especialidad con respecto de los territorios llamados metropolitanos. La Constitución de 1837 excluyó de hecho a Ultramar de la aplicación ordinaria del sistema constitucional y remitió su gobierno a legislación particular. Las facultades de los capitanes generales, la centralización administrativa, la esclavitud, las restricciones políticas y la desigual aplicación de derechos justifican que numerosos autores describan el sistema como colonial. Sería insostenible negar las desigualdades existentes o presentar el régimen ultramarino como idéntico al de las provincias peninsulares. No lo fue. Pero la desigualdad de régimen no destruye por sí sola la relación de pertenencia política ni el vínculo nacional. En los Estados históricos era frecuente que distintos territorios estuviesen sometidos a leyes, instituciones y privilegios diferentes sin dejar de integrar una misma comunidad política. La uniformidad normativa no constituye el único criterio posible de pertenencia estatal.

Por eso deben rechazarse dos simplificaciones opuestas. No es correcto afirmar que Cuba disfrutaba de una igualdad constitucional plena con la Península. Tampoco lo es sostener que permaneció completamente fuera de España hasta que un decreto de 1897 la convirtió en provincia o hizo españoles a sus habitantes. Cuba formaba parte de la Monarquía española y sus naturales poseían nacionales españoles, a pesar del, régimen de especialidad y de las restricciones en el ejercicio de los derechos políticos que, sin embargo, se fueron constitucionalizando en Cuba paulatinamente.

La autonomía fue una culminación, no un comienzo

La carta autonómica debe situarse al final de un proceso histórico más amplio que comienza a tomar cuerpo con la representación en Cortes, la extensión de leyes civiles fundamentales del reino, el reconocimiento de derechos constitucionales y la gradual transformación del régimen administrativo de Ultramar. Su importancia no necesita ser exagerada para ser reconocida. Fue la reforma más avanzada del gobierno cubano bajo soberanía española y pudo haber abierto una etapa de autogobierno más extensa si la guerra y la intervención estadounidense no hubieran precipitado el final de la presencia española.

Pero no creó desde cero la relación política entre Cuba y España. Tampoco puede utilizarse como frontera absoluta entre una Cuba jurídicamente colonial y otra repentinamente provincial y española. Cuando Estados Unidos ocupó Cuba en 1898, no recibió un territorio que hubiese comenzado a formar parte de España apenas unos meses antes. Recibió una isla que llevaba siglos integrada en la Monarquía, cuyos habitantes habían estado sujetos a sus leyes, habían ocupado cargos públicos, habían participado en instituciones locales y, desde mucho antes de 1897, habían contado con representación en las Cortes. La autonomía fue el último estadio del orden constitucional español en Cuba, pero no su punto de partida.

Esta conclusión posee consecuencias que van más allá de la terminología histórica. Si los cubanos y puertorriqueños ya formaban parte de la comunidad política española antes de 1897, su condición jurídica en 1898 no puede reconstruirse como la de una población colonial sin nacionalidad definida. El artículo IX del Tratado de París debe examinarse desde una premisa distinta: la cesión territorial afectó a personas que, al producirse el cambio de soberanía, estaban vinculadas jurídicamente a España.

Ese es el verdadero problema que la interpretación tradicional suele eludir.

Actualización de junio de 2026

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Maikel Arista-Salado

Una respuesta a una pregunta. Un amigo de este foro me hizo una de las preguntas más serias, genuinas y legítimas que he recibido desde que comencé a ocuparme con mayor intensidad de la injusticia producida por el Tratado de París de 1898:

Hola Maikel, quisiera saber qué piensas o qué sientes sobre la bandera actual de Cuba. Yo personalmente siento repulsión por ella, no acepto que me represente y no quisiera verla como parte de una nueva Cuba, sino solamente como el recuerdo de una historia dolorosa. ¿Cómo la ves tú?

La pregunta es interesantísima, entre otras razones, porque plantea una interrogante que pone en evidencia el problemático origen de la que hoy se considera bandera nacional pero que, al mismo tiempo, lleva más de siglo y medio asociada a Cuba. Una entrevista publicada en CiberCuba, da cuenta de su valoración estética, y reza: «La bandera cubana es una obra maestra del diseño».

Lo sigo pensando. La bandera atribuida a Narciso López y Miguel Teurbe Tolón posee una composición extraordinariamente eficaz. Es sencilla, reconocible a gran distancia, equilibrada y difícil de confundir con otras enseñas. Su calidad como diseño, sin embargo, no resuelve la cuestión moral de su origen, que merece sin dudas un debate.

I. Una bandera es un trapo

Conviene comenzar despojando a las banderas de la falsa sacralidad con la que suelen revestirlas los ceremoniales de Estado y los nacionalismos, porque por ambas ramas nos llega a los cubanos ese carácter sacrosanto. Una bandera es, físicamente, un pedazo de tela, o sea un trapo, sobre el que se disponen determinados colores y figuras y cuyo propósito puede ser representar un cuerpo nacional, un cuerpo político, o ambos, sin perder de vista que sigue siendo un trapo, de esa manera evitamos el fetichismo que transforma la bandera en una especie de objeto sagrado, inmune a la crítica y merecedor de reverencias obligatorias.

La bandera, junto con otros símbolos en su sentido más convencional, en tanto creaciones humanas, quedan sujetos también al capricho de quienes los instituyen, reinterpretan, disputan o reemplazan conforme cambian las necesidades de legitimación de cada época, razón por la cual deben someterse al cuestionamiento que exige el rigor histórico y la búsqueda de la verdad.

II. Estado, nación y libertad individual

Estado y nación no son términos equivalentes. El Estado es una organización jurídico-política: un conjunto de instituciones y mecanismos de autoridad que actúan sobre una población y un territorio. La nación, en cambio, es una comunidad histórica cuya existencia depende de elementos culturales, psicológicos y sociales: recuerdos compartidos, formas de vida, vínculos de procedencia y cierta conciencia —real o imaginada— de continuidad y destino común.

Ambas realidades pueden coincidir, pero no tienen por qué hacerlo. Existen Estados que contienen varias comunidades nacionales y naciones repartidas entre distintos Estados. También existen símbolos que, al mismo tiempo, representan jurídicamente a un Estado y socialmente a una comunidad histórica. Eso ocurre con la bandera de Narciso López, reconocida como símbolo del Estado, a través de actos normativos o institucionales, pero es también símbolo de la nación, reconocida por una incuestionable mayoría de cubanos.

El Estado puede determinar cuáles son sus símbolos oficiales, establecer sus características y regular su empleo en edificios, documentos, ceremonias, unidades militares o actos públicos. Lo que el Estado no puede hacer legítimamente es regular los símbolos de la nación, porque no tiene capacidad jurídica suficiente. Su poder se agota en el ámbito estatal.

La Constitución cubana vigente identifica expresamente la bandera de la estrella solitaria como uno de los símbolos nacionales y remite a la ley la regulación de sus características, uso y conservación. El Estado no puede convertirse en dueño absoluto de todos los significados del símbolo. Tampoco puede ordenar a una persona que sienta afecto, veneración o fidelidad interior hacia él. De ahí que tanto la Constitución vigente, como la ley n.º 128/2019, ley de los Símbolos Nacionales, incurran en error de concepto. Lo correcto es que ambas normas hubiesen instituido los símbolos del Estado, o de la república, pero no de la nación.

El Estado cubano ha pretendido monopolizar el significado de los símbolos y convertirlos en instrumentos de disciplina ideológica. Los ha presentado como propiedad exclusiva de una determinada narración revolucionaria, cuando esos símbolos preceden al régimen y han sido utilizados por cubanos de ideas incompatibles entre sí. La bandera no pertenece al Partido Comunista, como tampoco perteneció exclusivamente a los gobiernos de la República, ni a los exilios. Ningún poder político puede apropiarse definitivamente de aquello que la historia ha hecho de todos.

III. Sobre su origen

La Ley n.º 128/2019, ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, establece lo siguiente:

Artículo 5. La bandera de la estrella solitaria es un símbolo de la nación y constituye la Bandera Nacional.
Fue adoptada en la Asamblea de Guáimaro el 11 de abril de 1869.
Es un emblema de lealtad, honor e inspiración en las luchas por la independencia de Cuba.

Desde un punto de vista gramatical, la frase «es un símbolo de la nación y constituye la Bandera Nacional» es prácticamente tautológica. La Constitución y el artículo 2 de la propia ley ya habían establecido ambas cosas. El artículo 5 debería comenzar directamente por la identificación jurídica de la enseña o por sus características técnicas. El origen de este galimatías linguístico está en la redacción histórica que ha tenido este artículo. La Constitución de 1940, por ejemplo, decía que la bandera nacional era la de Narciso López. Además, «constituye la Bandera Nacional» es una construcción innecesariamente aparatosa. Por otra parte, es discutible que el Estado declare, decrete, ordene, que esa bandera es un símbolo de la nación. El Estado no puede dictar pautas de conducta a la nación.

La expresión «Fue adoptada en la Asamblea de Guáimaro» es cierta, pero históricamente insuficiente y técnicamente imprecisa. Debería decir que fue adoptada como bandera de la República de Cuba en Armas. Guáimaro no era una asamblea estatal ordinaria con jurisdicción pacífica y efectiva sobre toda Cuba, sino el órgano constituyente de un movimiento insurreccional en guerra, que tampoco tenía ni el mandato ni la representación del pueblo cubano. Al omitir esa precisión, la ley proyecta retrospectivamente sobre 1868 la condición nacional y estatal consolidada varias décadas después, con claros fines de cristalización del mito fundacional, al que también endilgan el origen de los símbolos, y absoluto silencio se hace sobre su creación en el exilio de New York en 1849, pero también sobre Narciso López, por extranjero y anexionista, Ramón Pintó y Llinás, por catalán y anexionista, y Joaquín de Agüero y Agüero por revoltoso y anexionista. Y silencio también sobre el declarado anexionismo de Céspedes y de la Cámara de Representantes, ¿o por qué escogieron ese diseño? ¿Olvido, como dice Olga Portuondo?

Por último, la frase «Es un emblema de lealtad, honor e inspiración en las luchas por la independencia de Cuba» no tiene valor jurídico ninguno. ¿Lealtad a quién? ¿Honor? Si la llevaron a Cárdenas —donde además fue rendida— filibusteros bajo la promesa de unos dólares y algunos palmos de tierra, y con el propósito de instalar en Cuba la economía de plantación con mano esclava en su más cruda extensión, nada de lo cual fueron luchas por la independencia.

La historia de la bandera cubana suele presentarse mediante relatos sentimentales destinados a sustraerla del análisis. Una de las versiones más difundidas afirma que Narciso López, dormido en un parque de Nueva York, despertó, contempló los colores del cielo, una nube roja y una estrella luminosa, y recibió así una suerte de revelación providencial.

La bandera apareció dentro de un contexto político concreto. Narciso López encabezó expediciones filibusteras organizadas desde Estados Unidos que pretendían provocar una insurrección en Cuba. Su movimiento estuvo relacionado con redes anexionistas y recibió apoyo de sectores expansionistas del Sur estadounidense, interesados en la incorporación de Cuba a la Unión y en la preservación del sistema esclavista.

No todos los participantes en aquel movimiento compartían necesariamente idénticos propósitos. En torno a López coincidieron independentistas, anexionistas, aventureros, exiliados y defensores de intereses económicos y esclavistas. Sería incorrecto reducir todas esas motivaciones a una sola. Pero también sería deshonesto borrar el anexionismo, el filibusterismo y la defensa de la esclavitud de plantación del escenario en que surgió la bandera.

La enseña fue llevada a Cárdenas durante la expedición de mayo de 1850. Aquella operación no consiguió provocar el levantamiento popular esperado. Los expedicionarios ocuparon temporalmente la localidad, pero tuvieron que retirarse. La falta de apoyo suficiente a una expedición militar destruye la imagen de una población que, al contemplar la bandera, habría reconocido espontáneamente en ella su destino nacional. Ese dato debe incorporarse a nuestra memoria histórica sin maquillajes. Y si el pueblo cardenense no apoyó el levantamiento, ¿por qué la insistencia en llamar a Cárdenas «Ciudad Bandera»?

IV. Los símbolos se resignifican

Reconocer el origen de la bandera no obliga, sin embargo, a concluir que su significado actual sea exactamente el mismo que tuvo en 1850. Los símbolos no permanecen hipotecados para siempre a las intenciones de quienes los crearon. Una comunidad puede apropiarse de ellos, alterar su significado y emplearlos para representar proyectos que sus autores originales no previeron.

La bandera de López fue adoptada posteriormente por el movimiento «separatista» —que no vaciló en pedir también la anexión, en respuesta de la cual recibió la Cámara el portazo de Nora, digo de Grant—; un diseño muy elegante y único, su uso continuo en el exilio, junto con adelantos tecnológicos relacionados con la cartografía1 dieron un impulso extraordinario a la bandera, al identificarse internacionalmente con Cuba. Ya en 1868 aparece en el Johnson’s New Chart of National Emblems, publicado en Nueva York.

La bandera contiene, por tanto, una contradicción que debemos asumir. Nació vinculada a un proyecto profundamente cuestionable, pero fue incorporada después a la experiencia histórica cubana. No representa hoy únicamente a López, al anexionismo ni a los esclavistas del Sur estadounidense, pero tampoco puede ser presentada como una creación inmaculada de un pueblo unido desde tiempos remotos en torno a una misma idea de independencia que un día, de repente, decidió despertar de un misterioso letargo. Recoge una historia más complicada y contingente.

V. Dos banderas

Para el estudio de su significado propongo una bifurcación: por un lado representa oficialmente a la República de Cuba, y por otro, a la nación cubana. Son dos símbolos distintos, a tal punto que nunca podrán coincidir en un mismo objeto. Es decir, una bandera que represente al Estado cubano no podrá jamás representar también a la nación, en buena medida porque ambas representaciones tienen causas distintas: la oficial tiene su causa en la norma, en el Derecho, mientras que la representación de la nación podría decirse que resulta de la preponderancia de la sumatoria de las distintas identificaciones personales que practican los miembros de la nación. Para regular el símbolo del Estado, basta una ley, pero nadie posee autoridad para ordenar los sentimientos nacionales de los demás. Cambiar el símbolo nacional requiere cambiar lo que la bandera representa en cada miembro de la nación, y por lo tanto, la hace inmune a cualquier decreto.

Maikel Arista-Salado

La nueva historia de Cuba: Terapia de choque para una nación en ruinas

por Rolando Gallardo2

La reconstrucción del país exigirá entender que somos los herederos del colono y del mambí, del esclavista y del abolicionista, del burgués republicano y, trágicamente, de los excesos de la Revolución

Una Cuba que aspira a la reconstrucción económica y moral, tras más de seis décadas de profunda decadencia, requiere mucho más que un cambio de modelo productivo o una inyección de capital extranjero. Exige una ruptura fundamental: una terapia de choque en nuestro «yo» colectivo.

Para levantar los escombros físicos de las ciudades, primero es imperativo demoler el espejo distorsionado del adoctrinamiento estatal. La nación necesita mutar hacia una imagen realista, desprovista de la cosmética del excepcionalismo, para entender con claridad meridiana de dónde venimos, quiénes somos y por qué hemos llegado hasta aquí.

Durante más de medio siglo, la historiografía oficial cubana ha operado bajo un enfoque victimista que ha generado un trauma fundacional y paralizante. Se ha cultivado el síndrome del eterno agraviado, una indefensión aprendida que ha despojado al ciudadano de su agencia. Para que nazca la «nueva historia de Cuba», el primer paso es abandonar el cómodo refugio de la culpa ajena y asumir la responsabilidad histórica de nuestros orígenes.

El relato habitual en las aulas cubanas suele comenzar con una frase pasiva y distanciadora: «Cuando fuimos conquistados por los españoles». Bajo este mantra se ha ido gestando una programación neurolingüística enfermiza, diseñada para alinear al cubano moderno con la figura del indígena pacífico y masacrado.

Sin embargo, a la llegada de los pobladores peninsulares, la nación cubana sencillamente no existía. Las exiguas comunidades taínas, diezmadas rápidamente por las epidemias, los conflictos y el mestizaje, dieron paso a una realidad demográfica innegable: desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, la población de la Isla se nutrió abrumadoramente de la inmigración ibérica.

El rigor histórico y la evidencia genética exigen un cambio de pronombres. No deberíamos decir «cuando los españoles llegaron a Cuba», sino «cuando nosotros llegamos a Cuba». Romper con el «ellos» para instituir el «nosotros» es un acto de adultez cívica. Por las venas del cubano actual corre la sangre aventurera de los marinos extremeños, el apego a la tierra del campesino canario y la tenacidad de gallegos y asturianos.

Hasta el más afrodescendiente de los cubanos comparte, a través del sincretismo y el mestizaje de los siglos, esa herencia ibérica.

Fuimos un territorio de España, poblado por españoles y edificado por criollos. Acabar con el victimismo de la conquista significa aceptar que debemos salir de la actual parálisis para reconstruir las villas que fundaron nuestros propios ancestros a las órdenes de Diego Velázquez.

Asumir nuestro linaje fundacional no implica justificar sus atrocidades; por el contrario, nos obliga a mirar de frente nuestros pecados originales sin escudarnos en que «otros» los cometieron. Debemos cargar con la vergüenza que amerita la triste cruz de la esclavitud, a la que sometimos a cientos de miles de africanos.

La historiografía romántica ha intentado purificar a los padres de la patria, despojándolos de sus contradicciones materiales para convertirlos en deidades de mármol. Pero la historia real es más compleja. Se omite, por incomodidad, la constante negativa de los hacendados cubanos a prescindir de la fuerza de trabajo esclava. Se silencia que los intentos anexionistas del general venezolano Narciso López, a mediados del siglo XIX, buscaban, en gran medida, la integración en Estados Unidos con el apoyo de los esclavistas sureños para proteger la institución de la esclavitud ante el abolicionismo europeo.

Nuestros próceres independentistas fueron hombres de su tiempo, atrapados en la moralidad de su clase y de su época. Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, poseyó esclavos hasta el mismo día del Alzamiento de La Demajagua, en 1868; pudo haberlos manumitido años antes, pero lo hizo cuando la guerra exigió sumar brazos al Ejército Libertador. Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía y presidente de la República en Armas, retuvo a los suyos mientras el contexto se lo permitió. Incluso en la Asamblea de Guáimaro de 1869, piedra fundacional del constitucionalismo cubano, los constituyentes aún debatían acaloradamente cómo indemnizar a los tenedores de esclavos.

Bajar a estos hombres del pedestal para devolverles su humanidad no mengua su coraje al levantarse en armas contra la metrópoli, pero destruye el mito de la perfección moral absoluta. Una nación madura no necesita dioses infalibles; necesita entender las falibilidades de sus fundadores para no repetir sus cegueras éticas.

Si la relación con España ha sido falseada por el victimismo, el tratamiento del vínculo entre Cuba y Estados Unidos ha rozado el delirio. En el relato oficial, el vecino del norte siempre ha tenido oscuras y unilaterales «intenciones» de absorción, mientras la Isla desempeñaba el papel de la doncella virgen y asediada que se resistía heroicamente.

La evidencia documental muestra otra historia: una relación guiada por un pragmatismo descarnado en ambas direcciones.

Desde principios del siglo XIX, tanto Washington como La Habana —específicamente, la sacarocracia y la burguesía criolla— desearon una relación íntimamente cercana. Estados Unidos buscaba asegurar un punto geoestratégico vital en el Caribe, pero las élites cubanas anhelaban activamente la abundancia y la estabilidad que prometía el acceso irrestricto a ese mercado colosal.

A pesar de las demostrables y reiteradas solicitudes de anexión por parte de sectores influyentes en Cuba, Estados Unidos jamás anexó el país. Las razones fueron múltiples, pero entre ellas pesó lo profundamente anacrónico e incómodo que resultaba para la Unión anglosajona, blanca y protestante asimilar un estado abrumadoramente hispano, católico y con un alto componente de población negra. El prolongado y aún irresuelto estatus de Puerto Rico —que sigue esperando la estadidad más de un siglo después— es un testimonio de esa reticencia.

Es hora de desechar la historia de la novia acosada. Las motivaciones históricas de Cuba no fueron meramente defensivas; hubo un deseo pragmático, racional y soberano de integración económica. Reconocer esto desmitifica la retórica antiimperialista y nos permite analizar las relaciones geopolíticas como lo que son: transacciones de intereses mutuos, no epopeyas morales.

Uno de los mecanismos más perversos de la propaganda revolucionaria ha sido su tratamiento de los combatientes independentistas una vez terminada la guerra de 1898. Para el imaginario popular, el mambí en la manigua es el contenedor de todas las virtudes; sin embargo, en cuanto esos mismos hombres depusieron las armas y asumieron el poder republicano, la narrativa los despojó de sus colores para convertirlos en vulgares «títeres» del imperialismo o en villanos corruptos.

Esta visión tóxica y perfeccionista ignora las complejidades de construir un Estado moderno desde las cenizas de una guerra devastadora. Desde Tomás Estrada Palma —hombre de la más absoluta confianza de José Martí y primer presidente de Cuba— hasta Federico Laredo Brú, quien sancionó la vanguardista Constitución de 1940, pasando por la figura trágica de Gerardo Machado, todos fueron veteranos independentistas. Su transición de héroes a gobernantes estuvo plagada de errores, ambiciones desmedidas, clientelismo y dictaduras, pero también de modernización acelerada, logros arquitectónicos, desarrollo de la sociedad civil y crecimiento económico.

La historia republicana —1902-1959— fue indudablemente accidentada, pero merece una revisión justa. El objetivo del relato oficial al satanizar esos 57 años ha sido construir una premisa falsa: hacer parecer que la nación era un caos inhabitable que solo podía ser redimido por el desastre de 1959.

Resulta tétrico y profundamente doloroso para el alma nacional reconocer que la causa del actual estado de ruina —el colapso de la infraestructura, el éxodo masivo, la pobreza sistémica y la asfixia de las libertades— fue vendida al mundo y a los propios cubanos como un acto de salvación pública. La Revolución de 1959, que surgió como respuesta al golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952, terminó por secuestrar los anhelos democráticos de la nación para imponer un totalitarismo de Estado.

Llegará el momento en que, pasada la euforia de una futura refundación, la etapa de la dictadura castrista deba ser mirada también con justeza historiográfica. En medio de los escombros actuales es difícil avistar matices, pero el rigor intelectual nos exigirá en el futuro analizar cómo una sociedad entera sucumbió, colaboró o fue silenciada por el experimento socialista.

La reconstrucción de Cuba no puede basarse en cambiar un mito por otro. Exigirá asumir nuestra historia completa, sin amputaciones por conveniencia política. Exigirá entender que somos los herederos del colono y del mambí, del esclavista y del abolicionista, del burgués republicano y, trágicamente, de los excesos de la Revolución.

Acabar con el victimismo a las puertas de un cambio inminente mostrará el verdadero espíritu de la Cuba nueva. Solo abandonando el relato de la culpa eterna podremos desarrollar el carácter cívico necesario para limpiar los escombros, labrar la tierra y volver a edificar una nación que asuma su destino con las manos abiertas y la mirada limpia.

Un breve recuento procesal de dónde estamos: Desde su fundación en 2012 por D. Fernando Núñez, Autonomía Concertada para Cuba ha venido trabajando en la intersección de la historia y el derecho. Durante estos años, la organización ha sostenido una línea de investigación y divulgación centrada en la interdisciplinariedad en relación con el estudio riguroso de las consecuencias jurídicas del Tratado de París de 1898, especialmente en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad española de los naturales de Cuba y Puerto Rico. Una pregunta razonable y pertinente podría ser: ¿cuáles son los obstáculos que impiden hoy a los cubanos y puertorriqueños acceder a la ciudadanía española? Distingamos de los obstáculos endógenos o sustantivos, como puede ser la vigencia de una determinada norma o una jurisprudencia particular, de aquellos que pueden ser exógenos o adjetivos, como la voluntad política, por ejemplo. Analicemos los dos obstáculos endógenos más acuciantes:

Primer obstáculo: el artículo IX del Tratado de París de 1898

La posición que asume ACC es que el artículo IX del Tratado de París no es una cuestión que se agota en 1898. Sus efectos siguen proyectándose hasta el presente, no solo en el plano histórico, sino también en el jurídico-administrativo. En particular, el régimen derivado de dicho artículo no ha sido adecuadamente armonizado con el Derecho de la Unión Europea ni con los tratados internacionales de derechos humanos y de prevención de la apatridia de los que España forma parte. A juicio de quien suscribe, el artículo IX produjo una desnaturalización masiva y forzosa de españoles de origen y su vigencia plantea serios problemas desde la perspectiva de normas imperativas de Derecho internacional, igualdad, nacionalidad y tutela efectiva.

Contra ese núcleo jurídico —el artículo IX y sus efectos actuales— hemos iniciado un procedimiento judicial bajo la dirección letrada de D. Enmanuel Oliva Díaz. La demanda pende en la Audiencia Nacional hace más de dos años esperando la resolución definitiva que, para un caso que la Sala ha definido como «sólo una cuestión de Derecho», ya apunta a una presunta vulneración del derecho fundamental a una justicia sin dilaciones indebidas.

Segundo obstáculo: doctrina administrativa emanada de la DGRN

Ahora bien, el artículo IX no es el único obstáculo que hoy impide a los cubanos y puertorriqueños acceder a la nacionalidad española. Otro doblez igualmente relevante es la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007, al aplicar a Cuba y Puerto Rico del siglo XIX, una sentencia del Tribunal Supremo de España relativa al Sáhara del siglo XX «por identidad de ratio». A nuestro entender, si no basta el mandato constitucional de la irretroactividad de la ley, esa equiparación es históricamente incorrecta y jurídicamente débil, porque Cuba y Puerto Rico no tuvieron la misma posición constitucional, política ni jurídica que el Sáhara español. Esa doctrina administrativa ha condicionado negativamente la interpretación registral sobre los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898.

Por esa razón, he promovido una petición ante la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitando la revisión de dicho criterio administrativo. Sin embargo, no hemos podido asegurar hasta ahora asistencia letrada para un eventual procedimiento contencioso-administrativo contra el silencio de la Dirección General, en caso de que la Administración persista en no resolver expresamente. Hemos presentado asimismo una queja ante el Defensor del Pueblo, que ha sido admitido a trámite, y por segunda vez, sendas cartas a la directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y al secretario de Estado de Justicia.

Estado procesal de nuestras pretensiones:

1. Un procedimiento ya iniciado contra una orden del ministro de AA. EE. que niega la posibilidad de denunciar el artículo IX del Tratado de París y sus efectos, bajo dirección letrada de D. Enmanuel Oliva Díaz.

2. Una vía administrativa distinta, dirigida a obtener la revisión —y eventual derogación— del criterio de la DGRN de 17 de septiembre de 2007, con posible derivación contencioso-administrativa si persiste el silencio administrativo.

3. Una dimensión doctrinal, internacional e institucional que excede el marco estrictamente procesal y que requiere una estrategia jurídica más amplia. En este sentido, estamos preparando un libro para documentar estos esfuerzos.

Cuba española: organización benéfica pública

El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos —IRS, por sus siglas en inglés— ha reconocido a Autonomía Concertada para Cuba, Inc., que opera públicamente bajo el nombre de Cuba española, como una organización exenta de impuestos de acuerdo con la sección 501(c)(3) de la ley tributaria estadounidense (Internal Revenue Code), codificada en el Título 26 del Código de los Estados Unidos. Vendría a tener correspondencia funcional con la designación de entidad benéfica pública en España. Esto significa que las donaciones realizadas a nuestra organización pueden ser desgravadas de la declaración de impuestos de los donantes en Estados Unidos, dentro de los límites establecidos por la ley. El documento emitido por el IRS dispone que ACC también puede recibir determinadas subvenciones, legados testamentarios y otras donaciones destinadas a sostener su trabajo.

Más allá de los beneficios fiscales que son obvios y tan necesarios, esta decisión del IRS representa un paso importante en la maduración institucional de Cuba española. Durante años, el trabajo de la organización ha dependido en gran medida del esfuerzo personal, el sacrificio económico y la constancia de un número reducido de personas. Así nacen muchas iniciativas: primero aparece una idea, luego un pequeño grupo que decide defenderla y, finalmente, si existe perseverancia, comienza a formarse una institución, y quiero impulsar a ACC por ese camino, y aquí daré algunas razones que desde luego no agotan el tema.

Un reconocimiento que también impone deberes: necesitamos apoyo

La condición de entidad benéfica pública nos permite solicitar donaciones desgravables, presentar proyectos ante fundaciones y empresas, recibir legados y desarrollar nuevas fuentes de financiación que son absolutamente imprescindibles para poder acometer cualquier proyecto por mínimo que sea, que quiera llevar la voz de los cubanos a las puertas de los tribunales europeos.

Desde su fundación, ACC no ha podido vertebrar una membresía que desplace el foco de la atención hacia una verdadera institución civil y hacia una vida propia que rebase los estrechísimos límites de nuestros existenciarios virtuales. Tener el reconocimiento del gobierno federal nos obliga a trabajar con mayor orden y responsabilidad, llevando una contabilidad adecuada, con los informes exigidos por las autoridades, pero también cumpliendo con las obligaciones registrales y de publicidad con los donantes.

El IRS no ha clasificado a ACC como una fundación privada sostenida por una sola persona o familia. La ha reconocido como una entidad benéfica pública. Esto significa que Cuba española debe contar con una base amplia de apoyo social. No podemos depender de manera permanente de uno o dos donantes, ni del esfuerzo económico de quienes hoy dirigen la organización. Si queremos que Cuba española sobreviva a sus fundadores y continúe su trabajo durante muchos años, debe apoyarse en una comunidad organizada. Por eso ha llegado el momento de vertebrar una verdadera membresía.

De seguidores a miembros

Durante estos años hemos reunido lectores, suscriptores, seguidores, colaboradores, simpatizantes, y también detractores, como es lógico. Todos han sido importantes. Sin embargo, una audiencia no es todavía una organización. Un lector, por improbable sea, puede acompañarnos desde la distancia. Un seguidor puede compartir nuestras publicaciones. Un simpatizante puede estar de acuerdo con nuestros objetivos. Un miembro tiene una relación especial con la organización, porque se convierte en parte de su mismo andamiaje.

El miembro forma parte de la organización, conoce su misión, asume ciertos deberes y contribuye a su continuidad. Esa contribución puede ser económica, profesional, intelectual o simplemente voluntaria, pero tenemos ya que pensar en ese tipo de relación.

Necesitamos investigadores, juristas, historiadores, comunicadores, traductores, diseñadores, organizadores y personas dispuestas a apoyar regularmente el trabajo de ACC. No todos harán lo mismo, pero cada uno debe poder encontrar un lugar dentro de una estructura común. La membresía no puede reducirse al pago de una cuota. Su función principal es convertir una suma dispersa de voluntades en una comunidad organizada.

Construir una institución que perdure

La misión de Cuba española exige tiempo y constancia, pero como he dicho en otras oportunidades, no quisiera yo que llegara al Tribunal Supremo o al Constitucional como la demanda de Maikel Arista-Salado, sino la demanda de Autonomía Concertada para Cuba, una organización que verdaderamente pueda decir que representa un número nada desdeñable de personas dispersas, como mínimo en tres países, y que trae una situación común a miles de personas cuyo derecho fundamental a la ciudadanía española está siendo vulnerado. Para que nos escuchen tenemos que ir todos a tocar la puerta del tribunal.

La denuncia de los efectos del artículo IX del Tratado de París, la defensa de los derechos históricos de los españoles de Cuba y Puerto Rico y de sus descendientes, y la reconstrucción de los vínculos históricos, jurídicos y culturales con España no son tareas de una sola campaña, ni de una sola persona. Son proyectos de largo plazo. Por ello, Cuba Española no puede depender únicamente de la energía de una persona ni funcionar de manera improvisada. Necesita miembros, recursos estables, procedimientos claros y una división responsable del trabajo.

Una organización con una membresía amplia también será más independiente. Podrá dialogar con partidos, gobiernos, instituciones y donantes sin quedar subordinada a ninguno de ellos. Nuestra misión debe ser sostenida por quienes creen en ella.

La próxima etapa

En los próximos meses tendremos que definir las categorías de membresía, las cuotas, los derechos y deberes de los miembros, los mecanismos de participación y las formas de colaborar con los distintos proyectos de ACC, entre ellos sus elecciones internas. hay que lograr que los miembros de ACC elijan periódica y democráticamente a las personas que asumirán los órganos de gobierno de la organización y que deje de ser una parcela quasi-privada de quien esté a cargo, opaca. Se trata de darle una estructura capaz de sostener el trabajo, repartir responsabilidades y asegurar la continuidad.

El reconocimiento del IRS es una buena noticia. Es el comienzo de una etapa más seria y exigente. Hemos obtenido el reconocimiento jurídico de una entidad benéfica pública. Ahora debemos construir la comunidad que le dé vida. Cuba española necesita miembros. Necesita una base social. Necesita personas dispuestas a convertir una causa histórica en una institución duradera.

¡Es hora de dar ese paso! ¡Es hora de volver a casa!

Misión de Cuba española

Proponemos afinarla del siguiente modo:

Autonomía Concertada para Cuba, Inc. (Cuba española) es una asociación civil (corporación sin fines de lucro) realiza investigaciones históricas y jurídicas rigurosas, desarrolla actividades de educación pública y promueve la participación cívica para difundir la desnaturalización masiva y forzosa de españoles de origen, naturales de Ultramar, impuesta por el artículo IX del Tratado de París. Procura asimismo la reparación de esa injusticia histórica, incluido el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de quienes fueron privados ilícitamente de ella, al tiempo que fomenta la reconciliación y aborda los agravios históricos de larga data entre cubanos y españoles.

ACC conducts rigorous historical and legal research, public education, and civic advocacy to expose the collective denaturalization of Spanish citizens by birth under Article IX of the Treaty of Paris and to seek redress for that historical injustice, including recognition of Spanish nationality for their descendants, while fostering reconciliation and addressing longstanding historical grievances between Cuba and Spain.

Campaña de recaudación de fondos

Si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse con fuerza bastante hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía. Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras.

Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

Donación GoFundme

Muchas gracias y mucha salud para todos

Maikel Arista-Salado

Como parte del compromiso de Autonomía Concertada para Cuba con la transparencia y la preservación íntegra del expediente público relativo a los esfuerzos por revisar y superar los efectos del artículo IX del Tratado de París, se publican ahora dos nuevos documentos: las cartas dirigidas, respectivamente, a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y al secretario de Estado de Justicia.

Ambas comunicaciones dan continuidad a las gestiones iniciadas ante el Ministerio de Justicia para obtener una resolución expresa sobre la revisión del criterio administrativo que afecta a la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898, así como el acceso completo al expediente tramitado. Su publicación permite documentar no solo la evolución jurídica de esta iniciativa, sino también las actuaciones emprendidas frente a la falta de respuesta de la Administración y la necesidad de que una cuestión de esta relevancia histórica y constitucional sea examinada de manera expresa, motivada y conforme a Derecho. He aquí los documentos:

1. Carta a la Sra. D.ª María Ester Pérez Jerez, directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de junio de 2026, sobre actuaciones que aún penden de resolución.

Doc. n.º 1

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2. Carta al Sr. D. Manuel Olmedo Palacios, Secretario de Estado de Justicia, de 10 de junio de 2026 sobre falta de respuesta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y respuesta a las actuaciones del Defensor del Pueblo.

Doc. n.º 2

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Esta publicación se inscribe, además, en una práctica sostenida de documentación rigurosa y fiel de todas las actuaciones oficiales generadas por esta iniciativa. Desde la primera petición presentada en octubre de 2022 hasta las resoluciones administrativas, informes, comunicaciones institucionales, recursos y autos judiciales que permiten conocer el estado procesal de la demanda, el boletín ha procurado ofrecer al público un registro cronológico, íntegro y verificable del procedimiento. No se trata de reconstrucciones retrospectivas ni de resúmenes interesados, sino de la puesta a disposición de las fuentes primarias que permiten seguir directamente la evolución del expediente, examinar los argumentos de las partes y valorar con precisión la respuesta de las instituciones implicadas.

Para quienes se han incorporado recientemente a este boletín y no han seguido desde el inicio el desarrollo de estas actuaciones, se ofrece a continuación una cronología de los principales hitos administrativos y judiciales producidos desde octubre de 2022. Esta relación permite situar cada documento en su contexto, comprender la secuencia de las gestiones realizadas y apreciar la continuidad de una iniciativa que ha transitado desde la petición administrativa inicial hasta la actual fase contencioso-administrativa, así como líneas de ataque adicional como la lucha con la Consulta de la DGRN de 17 de septiembre de 2007 o la solicitud de su expediente administrativo para valorar cuánto rigor aplicó la DGRN en redactarla.

Y justamente porque ya va siendo mucho tiempo sin que tengamos respuesta de la Sala, es que se hace este necesario esfuerzo documental. Pero comencemos por el principio:

Petición al Consejo de Ministros (22 de octubre de 2022)

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Asunto: denuncia del artículo IX del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre de 1898, relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y Puerto Rico

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Orden del ministro de AA. EE. (23 de febrero de 2023)

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por la que se da contestación a la petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández relativo a la denuncia del artículo IX del Tratado de Paz

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Petición a la DGSJFP (6 de enero de 2025)

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Asunto: solicitud de revisión y, en su consecuencia, declaración de variación de criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar

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Si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse con fuerza bastante hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía. Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras.

Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

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Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

Resumen

La implantación del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico respondió a una necesidad específica: documentar la identidad, el nacimiento, la libertad y la capacidad civil de quienes habían estado sometidos a esclavitud o patronato. El real decreto de 8 de enero de 1884 y su reglamento de 6 de noviembre del mismo año establecieron mecanismos destinados expresamente a inscribir a esa población, incluidos libros especiales, presentaciones personales, informaciones de notoriedad y certificaciones registrales. A la luz de la doctrina de Manuel Lozano Serralta sobre la prueba de la nacionalidad, estos asientos no deben entenderse necesariamente como actos constitutivos de naturalización, sino como títulos de legitimación que acreditaban los hechos determinantes de la nacionalidad originaria. Sostengo en esta entrega que, al acceder al registro civil español, los antiguos esclavos nacidos en Cuba y Puerto Rico, fueron incorporados a un ordenamiento que ya atribuía la nacionalidad española a las personas nacidas en esos territorios, de tal suerte que la inscripción perfeccionó ese derecho, o sea, lo hizo jurídicamente visible, demostrable y ejercitable. Cibercuba lo resumió de este modo.

Lo que pudo parecer (o fue) atropellado y carente de sustancia probatoria en el video, aquí lo redimo.

1. Introducción

La abolición de la esclavitud suele exponerse como una sucesión de medidas sustantivas: libertad de vientres, emancipaciones parciales, establecimiento del patronato y, finalmente, extinción de la servidumbre. La transformación de una persona esclavizada en sujeto libre no terminaba con la proclamación legal de la libertad. Exigía que el nuevo estatuto personal pudiera identificarse, acreditarse y hacerse valer frente a los propietarios, las autoridades, los tribunales y terceros.

El nuevo status de persona libre necesitaba una infraestructura documental. La persona liberada debía tener nombre civil, nacimiento comprobable, domicilio, filiación cuando fuera conocida, capacidad determinada y un medio público de acreditar su nueva condición. Sin esas herramientas, la libertad legal podía quedar debilitada por la incertidumbre sobre la identidad del individuo, la persistencia de antiguas relaciones de dependencia o la inexistencia de documentos que demostraran su estado.

La implantación del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico en 1884 respondió, entre otras razones, a ese problema. El legislador no se limitó a extender mecánicamente la Ley provisional del Registro Civil de 1870, sino que introdujo modificaciones para atender las particularidades de las Antillas y reguló expresamente la inscripción de quienes habían estado sometidos a servidumbre. Suárez Inclán, ministro de Ultramar e impulsor de la reforma, declaró que la situación de esas personas lo había llevado a concebir un registro que hiciera constar su consideración legal y les proporcionara una partida de nacimiento capaz de identificar su personalidad (Suárez Inclán, 1884).

El significado de la reforma trasciende, por ello, la historia administrativa. Enlaza la abolición de la esclavitud con la incorporación de los libertos al sistema español de registro ordinario común al resto de los españoles. Quiere esto decir que los antiguos esclavos accedían en condición de igualdad al mismo registro al que accedía un nacido en Madrid o Cuenca. La identidad del tipo de registro supone la identidad de condición.

2. La abolición gradual y el problema de la existencia civil

La Ley de 13 de febrero de 1880 no abolió inmediatamente toda forma de servidumbre en Cuba. Sustituyó formalmente la esclavitud por el patronato, un régimen transitorio en el cual los antiguos esclavos —denominados patrocinados— permanecían sometidos a obligaciones personales y laborales y conservaban una capacidad restringida.

El sistema planteaba graves problemas documentales. El reglamento de la Ley de 1880 había creado un registro de patrocinados, pero ese registro no comprendía adecuadamente a quienes ya habían sido declarados libres ni proporcionaba necesariamente documentos capaces de acreditar de manera completa la existencia y la personalidad civil de los inscritos.

Suárez Inclán describió con claridad la insuficiencia: había personas sin apellido, algunas sin nombre civil suficientemente determinado y muchas sin prueba legal de su personalidad. El problema afectaba tanto a los patrocinados como a quienes habían alcanzado la libertad completa. El Estado había alterado su condición sustantiva, pero no había creado todavía un sistema general que hiciera esa transformación documentalmente segura (Suárez Inclán, 1884).

La cuestión no era meramente nominal. Sin identificación civil segura, podía resultar difícil determinar si una persona era libre o patrocinada, quién había sido su patrono, si el patronato había sido transferido o extinguido, dónde residía, qué edad tenía o qué vínculos familiares podían reconocérsele.

Suárez Inclán vinculó esta incertidumbre con los derechos sociales, civiles y políticos. La determinación del verdadero estado civil de los patrocinados debía servir, según su exposición, como base segura de esos derechos. La reforma registral debía impedir ocultaciones, suplantaciones o mistificaciones y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes abolicionistas (Suárez Inclán, 1884). Por tanto, la implantación del Registro Civil fue parte de la ejecución jurídica de la abolición de la esclavitud.

3. Infraestructura de la emancipación

El real decreto de 8 de enero de 1884 dispuso la publicación en Cuba y Puerto Rico de la Ley provisional del Registro Civil de 17 de junio de 1870, con las modificaciones contenidas en la ley especial que lo acompañaba. La exposición de motivos afirmó que la reforma constituía una garantía de la libertad de los esclavos y una demostración del cumplimiento de la legislación abolicionista. La ley ordenó crear oficinas del Registro Civil en los Gobiernos generales y en las poblaciones que determinara el reglamento. Para los lugares situados a más de cinco kilómetros de una oficina, atribuyó funciones auxiliares a alcaldes y alcaldes de barrio, quienes debían extender actas y remitirlas al registro competente para su inscripción definitiva (Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, 1884, arts. 1-2).

Esa estructura revela una voluntad de cobertura territorial. No bastaba con establecer registros en las capitales. Era necesario que nacimientos, matrimonios y defunciones pudieran documentarse también en poblaciones apartadas y zonas rurales, donde se concentraba una parte considerable de la población sometida anteriormente a la esclavitud.

El artículo 4 estableció la regla probatoria general: los actos concernientes al estado civil ocurridos desde la entrada en vigor de la ley, y aquellos otros expresamente determinados, se probarían mediante certificaciones de los asientos del Registro Civil. Los hechos anteriores continuarían acreditándose por los medios admitidos por la legislación precedente (Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico, 1884, art. 4). La certificación registral se convertía en el documento ordinario con eficacia probatoria, con el cual una persona podía acreditar su nacimiento, matrimonio, defunción o las demás circunstancias legalmente inscritas.

El Reglamento de 6 de noviembre de 1884 desarrolló de manera específica la situación de los antiguos esclavos. Entre los actos que debían inscribirse en el Registro del Gobierno general incluyó los nombres, circunstancias y situación legal de los individuos que habían estado sometidos a servidumbre (Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico, 1884, art. 4).

Además, ordenó llevar en Cuba un libro especial para los individuos que, habiendo estado en servidumbre antes de la Ley de 1880, permanecieran sometidos a patronato. En ese libro debían constar el nombre, los apellidos, la naturaleza, la edad, el estado, la ocupación y los demás datos relevantes de cada patrocinado (Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil en Cuba y Puerto Rico, 1884, arts. 102-103).

Cuando los datos aportados por las juntas de patronato y los registros locales no coincidieran, debía presentarse personalmente al patrocinado y practicarse una información de notoriedad. La carencia de partida parroquial o de otro documento previo no impedía necesariamente la inscripción: la ley y el reglamento establecieron procedimientos supletorios destinados a reconstruir documentalmente la identidad y el nacimiento. El Registro Civil no fue reservado a personas cuyo estado ya estuviera perfectamente documentado. Fue diseñado también para producir certeza allí donde la esclavitud había dejado ausencia, fragmentación o precariedad documental.

4. Nombre, nacimiento y personalidad jurídica

La inscripción de los libertos cumplía una función de individualización. El nombre civil permitía distinguir a la persona de la designación incompleta, cambiante o dependiente utilizada durante la esclavitud. El nacimiento fijaba edad, naturaleza y, cuando era posible, filiación. El domicilio situaba al individuo dentro de una comunidad administrativa. La referencia a la libertad o al patronato determinaba su capacidad.

Zeuske y García Martínez (2008) han descrito esta transformación como parte de una genealogía legal de la ciudadanía. Antes de la abolición, los esclavos aparecían en partidas de bautismo, protocolos notariales, compraventas, cartas de libertad, testamentos y documentos de coartación. Esos documentos representaban fragmentariamente a la persona dentro del sistema esclavista. Con la abolición, elementos procedentes de esas escrituras fueron utilizados para construir un nombre civil y registrar masivamente a los antiguos esclavos como nuevos sujetos jurídicos.

La expresión «nuevos ciudadanos», utilizada por los autores, debe manejarse con cautela. Puede describir el ingreso efectivo del liberto en la vida civil documentada, pero no significa que todos adquirieran automáticamente derechos políticos. La ciudadanía política dependía de requisitos electorales, entre ellos el sexo, la edad, la residencia, la capacidad y las condiciones establecidas por la legislación electoral.

No obstante, el cambio fue sustantivo. El esclavo era objeto de propiedad y sujeto limitado de determinadas relaciones jurídicas; el liberto inscrito aparecía ante el Estado como persona identificada, capaz de contraer matrimonio, otorgar testamento, adquirir bienes, comparecer ante autoridades y hacer valer derechos propios.

5. Registro Civil y prueba de la nacionalidad

La relevancia del Registro Civil para la nacionalidad aparece con especial claridad en la doctrina de Lozano Serralta (1952). El autor distingue entre la nacionalidad adquirida mediante un acto específico —como naturalización, opción o recuperación— y la nacionalidad originaria resultante de un hecho jurídico distinto, especialmente el nacimiento o la filiación.

En las adquisiciones derivativas, la inscripción podía tener carácter constitutivo. El acto formal y su inscripción no sólo probaban la nacionalidad, sino que integraban el procedimiento por el cual esta se adquiría. La antigua Sección IV del Registro Civil, denominada de ciudadanía, estaba destinada a registrar los actos de adquisición, pérdida o recuperación de la condición española (Lozano Serralta, 1952).

La nacionalidad originaria funcionaba de otra manera. No nacía normalmente del asiento registral, sino de la aplicación de la ley a hechos como el nacimiento y la filiación. El Registro documentaba esos hechos y proporcionaba una prueba preconstituida de ellos.

Lozano Serralta (1952) subraya que la prueba de la nacionalidad estaba estrechamente unida a la prueba del estado civil. El nacimiento, junto con la filiación, era una de las principales fuentes de nacionalidad. La inscripción de nacimiento debía expresar los datos de los padres y abuelos y mencionar la nacionalidad de los progenitores cuando fueran extranjeros.

De esa estructura extraía una inferencia relevante: si en una inscripción de nacimiento practicada en el Registro Civil español no constaba que el padre fuera extranjero, podía entenderse, en principio, que era español y que el hijo también lo era. La inscripción no eliminaba toda controversia posible, pero generaba una base probatoria y una apariencia jurídica protegible (Lozano Serralta, 1952).

La certificación registral funcionaba como título de legitimación. Permitía probar ante autoridades y particulares los datos determinantes de la nacionalidad y facilitaba el ejercicio de los derechos derivados de ella.

6. La nacionalidad de los antiguos esclavos nacidos en las Antillas

A partir de lo anterior, no es correcto afirmar sin más que la inscripción convirtió a todos los esclavos en españoles. Esa conclusión sería excesiva por tres razones.

En primer lugar, no todos los esclavos habían nacido en Cuba o Puerto Rico. Quienes habían nacido en África o en otro territorio extranjero no podían invocar por ese solo hecho el criterio territorial del artículo 1 de la Constitución de 1876. Su nacionalidad debía determinarse mediante otras normas: filiación, naturalización, vecindad, tratados o disposiciones especiales.

En segundo lugar, la inscripción de nacimiento no equivalía necesariamente a una inscripción constitutiva de adquisición de nacionalidad. La ley distinguía entre la sección de nacimientos y los actos por los cuales se adquiría, perdía o recuperaba la condición española.

En tercer lugar, nacionalidad española y ciudadanía política no eran intercambiables. Una mujer liberta podía ser española, pero carecía de sufragio. Un menor podía ser español sin ser elector. Un varón adulto podía ser nacional y no reunir las condiciones electorales correspondientes.

Respecto de los antiguos esclavos nacidos en Cuba o Puerto Rico, el razonamiento jurídico puede formularse del modo siguiente:

1. La Constitución de 1876 declaraba españolas a las personas nacidas en territorio español.

2. La Constitución fue promulgada oficialmente en Cuba y Puerto Rico en 1881, aunque continuara vigente el principio de especialidad.

3. El ordenamiento español consideraba las Antillas provincias de Ultramar integradas en la Monarquía y les aplicaba leyes españolas mediante el mecanismo previsto en el artículo 89 de la Constitución.

4. La esclavitud y el patronato afectaban la libertad y la capacidad de la persona, pero no constituían por sí mismos una declaración de extranjería.

5. El Registro Civil de 1884 fue implantado expresamente para documentar el nacimiento, la identidad y la situación legal de quienes habían estado sometidos a servidumbre.

6. Las certificaciones registrales eran el medio ordinario de prueba de los hechos inscritos y, conforme a la doctrina registral, servían como título de legitimación de la nacionalidad originaria resultante de aquellos hechos.

El Registro civil permite permite probar oficialmente la nacionalidad española que correspondiera por nacimiento, filiación o cualquier otro título legal. Para el antiguo esclavo nacido en Cuba, la inscripción de nacimiento podía acreditar el hecho territorial del que el artículo 1 de la Constitución hacía depender la nacionalidad. Si no constaba extranjería de los padres ni otra circunstancia impeditiva, la certificación proporcionaba una base particularmente fuerte para considerarlo español.

7. ¿Acceso masivo de los libertos al Registro Civil?

Las fuentes permiten hablar de una operación de incorporación masiva, pero es necesario precisar su alcance.

Zeuske y García Martínez (2008) sostienen que los exesclavos fueron registrados en gran escala como nuevos ciudadanos. Esa conclusión encuentra respaldo normativo en el Reglamento de 1884: creación de libros especiales, obligación de presentar datos, mecanismos de inscripción supletoria, comparecencia personal, comunicaciones entre juntas y registros y producción de estadísticas específicas.

Es razonable suponer que una proporción muy elevada de los asientos de los libros especiales de personas que habían estado en servidumbre correspondía, por definición, a patrocinados y libertos. También es plausible que una parte significativa de las inscripciones tardías o retrospectivas de nacimientos de adultos realizadas durante los primeros años del Registro correspondiera a antiguos esclavos que carecían de documentación civil.

El Registro Civil fue, en ese sentido, algo más que un archivo. Fue el instrumento mediante el cual la emancipación adquirió forma documental y la población salida de la esclavitud entró, con nombre propio, en el orden civil español.

Referencias

Constitución de la Monarquía Española [Const.]. 30 de junio de 1876.
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1876.pdf

Constitución española [Const.]. 18 de junio de 1837.
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1837.pdf

España. (1879, 9 de enero). Ley dictando reglas para la elección de senadores en las islas de Cuba y Puerto Rico. Gaceta de Madrid.

España. (1880, 13 de febrero). Ley de abolición de la esclavitud en la isla de Cuba. Gaceta de Madrid.

España. (1881, 7 de abril). Real Decreto disponiendo que los gobernadores generales de las islas de Cuba y Puerto Rico promulguen la Constitución de la Monarquía. Gaceta de Madrid, 99, 81–82.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1881/04/09/pdfs/GMD-1881-99.pdf

España. (1884, 8 de enero). Real Decreto y Ley provisional del Registro Civil para las islas de Cuba y Puerto Rico. Gaceta de Madrid, 10, 77–79.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1884/01/10/pdfs/GMD-1884-10.pdf

España. (1884, 6 de noviembre). Reglamento para la ejecución de la Ley del Registro Civil en las islas de Cuba y Puerto Rico. Gaceta de Madrid, 322.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1884/11/17/pdfs/GMD-1884-322.pdf

España. (1886, 7 de octubre). Real Decreto declarando terminado el patronato en la isla de Cuba. Gaceta de Madrid, 281.
https://www.boe.es/gazeta/dias/1886/10/08/pdfs/GMD-1886-281.pdf

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Boletín Oficial del Estado, 175, de 22 de julio de 2011.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628

Lozano Serralta, M. (1952). La prueba de la nacionalidad. Revista Española de Derecho Internacional, 5(1), 181–229.
https://www.jstor.org/stable/44292948

Suárez Inclán, E. (1884). El gobierno del Ministerio presidido por el Sr. Posada Herrera con respecto a la administración de las provincias de Ultramar. Imprenta de Fortanet.

Zeuske, M., & García Martínez, O. (2008). Estado, notarios y esclavos en Cuba: Aspectos de una genealogía legal de la ciudadanía en sociedades esclavistas. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 8.
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.15842

Nota: Como yo soy fan a Mª Elvira Roca Barea, y en los últimos días ha dictado como tres o cuatro conferencias, todas muy buenas y sobre la hispanidad, las iré intercalando en el texto y así de paso le alivio la vista y la atención que me dispensa, improbable lector. Entre col y col, a Elvira.

Hace varias semanas estoy enfrascado, encofrado y resignadamente recrucetado escribiendo un libro que en un inicio tenía como objetivo documentar los esfuerzos de Autonomía Concertada para Cuba (Cuba española) para la derogación, denuncia, o lo que fuera que sacara de circulación al Artículo IX del Tratado de París. La estrategia en un inicio era muy sencilla: nos enfocamos en ese artículo y con los mecanismos que el Estado de Derecho pone a disposición del ciudadano común, pues activar los mecanismos correspondientes. Pero como una cosa es con guitarra y otra con violín, al cabo de seis años al frente de ACC encontramos un panorama más complicado que aquel trazado por nuestra bisoña inocencia. No digo esto para provocar ningún desánimo en usted, improbable lector, es normal que en la medida en que nos «metemos» en el fango vamos descubriendo los peculiares dobleces, colores y circunstancias que, parafraseando a Ortega y Gasset, forman un todo indisoluble que también requiere una respuesta. Entonces, el librito de humildes orígenes y modestos augurios se ha convertido, a título personal, en una empresa mucho más ambiciosa.

Dividido en tres partes, la 1ª disecta nuestra historia cubana, y sin ánimo de enmendarle la plana a nadie, en ella propongo ver algunas cosas de otra manera, por ejemplo, que la Guerra de los Diez Años no fue antiesclavista, anticolonialista, ni de liberación nacional, que el Pacto del Zanjón tiene un valor cívico superior a la Protesta de Baraguá, porque el entendimiento, el pacto, siempre tiene más valor cívico que la violencia, o que la quema de Bayamo, en lugar de ubicarse en la lista de hechos gloriosos, debe ser reubicado en la lista de actos terroristas en la que Céspedes y Gómez tienen posiciones tan conspicuas, lista que debe incluir también la masacre de la Calendaria, en el Mayarí de 1869 o el asesinato de los estudiantes de Medicina, un crimen cuya culpa no debe seguir cargando Madrid, sino nosotros los cubanos.

Además de no compartir los valores que la historiografía oficiosa extrae de los hechos históricos, convenientemente hilvanados para justificar la existencia del Estado nacional, y luego, de la Revolución, tampoco comulgo con los valores del mambisado. El mambí no puede ser el arquetipo moral de la nación, porque apela a un pathos de destrucción, salvajismo y agresividad, y su justificación moral es la institucionalización de la violencia.

La 2ª parte es un análisis jurídico del Tratado y cuáles han sido las vías de ataque tanto desde los tribunales españoles, como desde los tribunales federales estadounidenses o incluso, desde el Derecho internacional.

La 3ª parte y final es el programa político de Autonomía Concertada para Cuba, pensada como institución nuclear de impulso académico, como legislativo o de políticas públicas incluso en dependencia de cómo evolucionen estas cuestiones. En fin, me he extendido demasiado, pero lo que quiero decir es que ahora, creo, podremos presentar un trabajo mucho más completo, que acaso tocará perfeccionar a la próxima generación de dirigentes de ACC.

Aquí les dejo el primer borrador de la Introducción a un libro que aún no tiene título.

Introducción: los cómos y los porqués de esta obra.

El 10 de diciembre de 1898 se firmó en París un Tratado de Paz que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y España. Si bien el conflicto armado fue brevísimo —entre el 21 de abril y el 12 de agosto de 1898—, el tratado, sin embargo, no solamente tuvo consecuencias geopolíticas inmediatas de gran calado, como el ascenso de Estados Unidos como potencia militar de proyección global en detrimento de territorio y áreas de influencia de las potencias europeas, cuyos efectos directos e indirectos llegan hasta nuestros días. El Tratado de marras también abrió un nuevo ciclo en la historia de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, al desgajar estos territorios de su matriz española, de lo que podría colegirse también que al documento se le atribuye muchas veces un espíritu fundacional, lo cual ha sido una de las causas de su petrificación jurídica. A poco más de siglo y cuarto de su firma, y pese a los ingentes aportes de la doctrina jurídica, de la historiografía e incluso de la jurisprudencia, el modo dominante de aproximarse al estudio del Tratado de París y sus consecuencias continúa ofreciendo una imagen incompleta.

Esa imagen suele estar marcada por una lectura excesivamente historicista e inamovible. El Tratado aparece con frecuencia como un objeto agotado por la fuerza de los hechos consumados; como una pieza de museo cuya relevancia habría quedado encajonada en el finiséculo; o bien como un episodio superado por la consolidación de nuevas realidades: nuevos Estados, con sus nuevas mitologías. Bajo esa mirada, sus cláusulas se estudian más como vestigios de una derrota imperial que como normas vivas llamadas todavía a producir efectos jurídicos. Textos científicos en muchas de sus variantes suelen discurrir sobre su contexto, sus negociadores, o sus consecuencias geopolíticas traducidas en las redundancias de la pérdida o adquisición de territorios; pero rara vez se interroga, con la misma intensidad, por el destino jurídico de las personas afectadas por aquella operación internacional.

Es en ese contexto que el artículo IX del Tratado de París, impuesto con la mayor violencia por los representantes estadounidenses durante las conferencias de París, sentó las bases para la desnaturalización masiva y forzosa de los cubanos y puertorriqueños nacidos antes de su entrada en vigor, que por haber nacido en territorio español eran ciudadanos españoles de origen contra los cuales el Tratado cometió la más vil injusticia escrita en ley.

Y me explico de inmediato: si territorio y población son dos de los tres elementos esenciales que determinan la existencia de un Estado y el modo en que este ejerce soberanía, resulta llamativo que durante todo el siglo XX los análisis del Tratado de París por la parte española se hayan concentrado casi exclusivamente en la cuestión de la pérdida territorial. España cedió, renunció o vendió territorios; esa es la fórmula que domina el relato. Pero toda alteración territorial de esa magnitud compromete necesariamente a una población. No se modifica la soberanía sobre un espacio vacío, sino sobre comunidades humanas dotadas de vínculos jurídicos generadores de estatutos personales que se traducen en derechos y obligaciones tanto para los miembros de dichas comunidades, como para el Estado. Pero más allá del elemento estrictamente jurídico, la consolidación de esos vínculos permite la existencia de lazos estables familiares, comerciales y personales que devienen identidad cultural. Una pregunta razonable sería la siguiente: ¿tienen los miembros de una comunidad derecho a ser protegidos por el Estado como contraprestación, por ejemplo, al pago de tributos, impuestos, etc.? ¿Alcanza esa protección a la nacionalidad? ¿La alcanzaba en 1898? ¿Por qué la desnaturalización masiva y forzosa de la población española de Ultramar es relevante hoy? ¿Por qué se mantiene vigente una norma que contradice los principios más elementales del Derecho y que niega uno de los pilares básicos del constitucionalismo moderno.

La cuestión no es baladí. Si el Tratado de París afectó directamente la soberanía del Estado español, y si esa soberanía se ejercía no solo sobre territorios sino también sobre poblaciones, el silencio relativo acerca de los efectos personales del tratado revela una profunda asimetría. La pérdida territorial ha sido narrada, estudiada, discutida y simbolizada hasta convertirse en uno de los grandes lugares comunes de la historia española contemporánea. En cambio, los efectos del tratado sobre los naturales de Cuba y Puerto Rico han recibido una atención mucho más escasa, casi marginal, como si nada menos que la condición política y los derechos civiles de aquellas poblaciones hubiese sido una consecuencia accesoria, inevitable o carente de agencia propia.

A esa insuficiencia se suma un segundo problema: la normalización de tales efectos. Allí donde debería abrirse, de oficio, una investigación rigurosa sobre la nacionalidad de las personas afectadas, suele imponerse una suerte de aceptación retrospectiva en el mejor de los casos, y en el peor ya la Administración ha fabricado pruebas inexistentes para que la ley se acomode en los angostos resquicios de la realidad deseada. Lo pérdida de la nacionalidad en el contexto del Tratado de París se presenta como natural porque ocurrió; se presume legítimo porque quedó incorporado al curso posterior de la historia; se trata como jurídicamente inerte porque el tiempo ha depositado sobre ello una pátina de estabilidad, y todo ello en un contexto político español que ha visto justamente lo contrario con las leyes de memoria histórica y memoria democrática, que reconoció y amplió derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como la de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de los reinos católicos en 1492. ¿Si en la fenomenología de la memoria histórica entran agravios que tienen cinco siglos de antigüedad, y el exilio físico, ¿por qué no se considera la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles como una expulsión del seno político u otro exilio con respecto del cuerpo nacional español?

Los derechos no desaparecen únicamente por derogación o por sentencia. También pueden desvanecerse cuando las instituciones encargadas de examinarlos posponen indefinidamente el momento de hacerlo. En ese sentido, la prolongación excesiva de los procedimientos constituye algo más que un problema de gestión administrativa o de carga de trabajo judicial. Puede convertirse, en sí misma, en un mecanismo de conservación del statu quo. Y cuando lo que se encuentra en juego es la revisión de una doctrina que afecta a la nacionalidad de millones de personas y sus descendientes, la demora deja de ser una cuestión meramente procedimental para adquirir una dimensión sustantiva.

En el ámbito administrativo, esa dimensión sustantiva se proyecta sobre la efectividad del derecho de petición, el deber de resolver expresamente y los principios de buena administración. En el ámbito jurisdiccional, la cuestión tiene un peso grave, pues la prolongación extraordinaria del tiempo de espera una vez concluso el procedimiento plantea inevitablemente la presunta vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. La demora no es un elemento que adjetiva el proceso o que lo matiza, sino que deviene un factor capaz de vaciar de contenido los mecanismos de tutela que el propio ordenamiento establece para revisar la actuación de los poderes públicos.

Cuanto más trascendente resulta una cuestión para la determinación de derechos fundamentales o para la revisión de una doctrina administrativa consolidada, mayor debería ser el interés institucional en ofrecer una respuesta clara y motivada. Sin embargo, cuando la respuesta se posterga durante años, el riesgo no es solamente la perpetuación de una determinada interpretación jurídica, sino la erosión de la confianza misma en la capacidad del Estado de Derecho para proporcionar una tutela efectiva frente a los actos y omisiones de la Administración.

Aunque el simple paso del tiempo puede convertir por sí solo una norma jurídica en un asunto irrelevante, o bien un cambio sustancial de las condiciones objetivas puede conducir a la derogación de la norma por obsolescencia, no es el caso del Tratado de París, reconocido como norma vigente por las cancillerías estadounidense[1] y española.[2] Menos aún cuando se trata de un tratado internacional que no puede ser leído únicamente como documento histórico, sino como norma viva, integrada en un ordenamiento que ha cambiado desde 1898, ¿pero cuánto ha cambiado desde entonces en materia de protección a la nacionalidad? El Derecho contemporáneo no es el Derecho de finales del siglo XIX, eso es evidente; sin embargo, la cuestión de la nacionalidad, al ser un elemento nuclear en la formación del Estado liberal moderno, su esencia se ha mantenido incólume en el decurso, tanto es así que, al responder nuestra petición, el gobierno español declaró que «no consta a esta Unidad que en 1898 existieran unas normas de Derecho internacional consuetudinarias o convencionales relativas a tratados diferentes a las comúnmente aceptadas en la actualidad».[3] ¿Qué quiso decir la Administración con esta frase?, pues que a finales del siglo XIX existía un Derecho internacional consuetudinario es decir, con un peso fundamental en la costumbre, que en nuestros días se ha codificado en auténticas normas de Derecho internacional con su sistema de fuentes y una jurisprudencia propia, pero que en esencia ambos tienen el mismo núcleo. La comprensión actual de derechos fundamentales como la nacionalidad, la igualdad, la dignidad de la persona, la prohibición de discriminación, así como su tutela efectiva, obliga a revisar los efectos normativos de los instrumentos heredados a la luz de parámetros superiores.

Por ello, el Tratado de París no puede permanecer aislado en la vitrina de los tratados pretéritos. Si se acepta que conserva relevancia normativa, sus cláusulas deben ser interpretadas de conformidad con el ordenamiento actual, particularmente con los tratados internacionales de derechos humanos y con los principios que informan el orden constitucional español. El artículo 10.2 de la Constitución española ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en la materia. Esa exigencia impide tratar los efectos personales del Tratado de París como una zona inmune al escrutinio contemporáneo. Significa que toda norma viva debe ser armonizada con la Constitución vigente y con los tratados de derechos fundamentales, y esa armonización debe llegar hasta el Tratado de París.

Esta obra parte de la gigantesca anomalía que significa la vigencia de un tratado que legaliza la desnaturalización de ciudadanos originarios. Durante más de un siglo se ha hablado con amplitud de la pérdida de territorios, pero no con igual rigor acerca de la población sobre la que se proyectó esa pérdida. Se ha estudiado la transferencia de soberanía, pero se ha prestado una atención insuficiente al estatuto personal de quienes quedaron atrapados en ella. Se ha aceptado la eficacia histórica del tratado, pero no siempre se ha examinado su compatibilidad interpretativa con el marco jurídico posterior. Esa desproporción es la que exige volver sobre el artículo IX, no como una curiosidad archivística ni como una reliquia diplomática, sino como el centro de un problema jurídico todavía necesitado de esclarecimiento, que en este contexto significa declarar la nulidad por inconstitucionalidad del artículo IX del Tratado de París, y expulsarlo del ordenamiento jurídico español, y al ser nulo ese acto, es como si nunca hubiese existido. Sus efectos jurídicos se retrotraen al momento anterior a su entrada en vigor, con lo cual, la desnaturalización nunca existió, su bisabuelo nunca dejó de ser español, por lo tanto, pudo transmitir la nacionalidad a su abuelo, y éste a su vez a uno de sus progenitores, y por último a usted, improbable lector. Y con ello, buena parte de la población cubana, por no decir casi la totalidad tendría derecho a la ciudadanía española.

El problema, en suma, no consiste solo en saber qué perdió España en 1898, sino en determinar qué perdieron quienes, hasta entonces, habían vivido bajo su soberanía. La historiografía ha respondido abundantemente la primera pregunta. El Derecho, en cambio, aún debe responder con la misma seriedad la segunda.

[1] United States Department of State (enero 1, 2025). Treaties in Force. A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2025, p. 404. Consultado el 8 de junio de 2026, de https://www.state.gov/treaties-in-force

[2] España. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2026, 15 de abril). Guía de Tratados Bilaterales con Estados, p. 121. Consultado el 8 de junio de 2026, de

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/TratadosInternacionales/Paginas/Tratados-con-Estados.aspx

[3] España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2023, 23 de febrero). Orden por la que se da contestación al escrito de petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández en el que solicita la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, firmada por el ministro don José Manuel Albares Bueno el 23 de febrero de 2023, notificada el 20 de marzo.

Muchas gracias y mucha salud!

La defensa de la Hispanidad ha cumplido una función necesaria en nuestro tiempo: romper el monopolio de la leyenda negra, recuperar la autoestima histórica y recordar que la obra española en América no puede ser reducida a una caricatura de violencia, atraso y opresión. Esa reacción era inevitable. Durante demasiado tiempo, el mundo hispánico fue educado en la sospecha de sí mismo, en la vergüenza de su pasado y en la aceptación pasiva de relatos fabricados por sus adversarios políticos, religiosos, comerciales e imperiales. Frente a esa mutilación de la memoria, el primer gesto fue levantar la cabeza.

Pero una causa histórica madura no puede quedarse en la reacción. Reaccionar es necesario; no basta. La Hispanidad no se defiende bien con consignas, ni con frases de sobremesa, ni con explicaciones totales que reducen procesos complejos a tres enemigos permanentes: Inglaterra, la masonería y la traición interna. Esos factores existieron, desde luego. Inglaterra tuvo intereses geopolíticos, comerciales y navales contrarios a la continuidad hispánica. La masonería operó como espacio de sociabilidad, circulación ideológica y articulación política en distintos momentos del ciclo revolucionario atlántico. Hubo también élites locales que actuaron contra la unidad del mundo hispánico, por ambición, cálculo, resentimiento o interés de clase. Negar todo eso sería ingenuo.

Cuando todo se explica por Inglaterra, dejamos de estudiar la estructura interna de la Monarquía, sus reformas, sus tensiones fiscales, sus conflictos territoriales, la crisis de representación, el impacto de la invasión napoleónica, la debilidad institucional posterior y la transformación del comercio atlántico. Cuando todo se explica por la masonería, se abandona el análisis de las ideas políticas, de las redes familiares, de los intereses económicos, de las rivalidades regionales, de la guerra, del constitucionalismo y de la disputa por la soberanía. Cuando todo se explica por la traición, desaparece la historia y solo queda una moralización elemental del pasado.

Ese hispanismo de reflejo, nacido contra la leyenda negra, corre el riesgo de construir una leyenda inversa. Y una leyenda inversa no repara la verdad; solo cambia el signo de la propaganda. La leyenda negra decía: España fue excepcionalmente cruel, atrasada y depredadora. La leyenda rosa responde a veces: España fue casi impecable, generosa y civilizadora en todo. Ninguna de las dos posiciones sirve. La primera es falsa por demonización; pero la segunda también idealiza y debilita el argumento. Una presunta defensa de España necesita comenzar por conocerse a si misma, tarea tan difícil que sólo se logra en el contraste de ideas. Y ese contraste traerá borrascas de éxitos, y ventiscas de polvo. Lo bueno y lo malo que forman ese pozo común del que todos bebemos.

La obra española en América fue una construcción jurídica, institucional, religiosa, lingüística, urbana, universitaria, municipal y civilizatoria de enorme densidad. Esa afirmación es suficientemente fuerte como para no necesitar adornos, y aun así, no basta con solo proclamarlo. Exige la onerosa carga de la prueba.

Ese hispanismo de reacción necesita fuste. Tener fuste no significa hablar con más solemnidad. Significa tener columna vertebral intelectual. Significa conocer las fuentes, distinguir períodos, manejar conceptos, evitar anacronismos, comparar instituciones y entenderlas, y no confundir emoción con argumento. Cada palabra arrastra un mundo jurídico y político. Usarlas sin criterio rector debilita la causa. Significa saber cuándo se habla de Monarquía Católica, de reinos de Indias, de provincias de Ultramar, de ciudadanía o de naturaleza y que lejos de rechazarlos, necesitamos sabernos herederos de toda esa tradición, para bien y para mal. Por eso, si la defensa de la Hispanidad quiere dejar de ser una comunidad de reacción y convertirse en una fuerza cultural e institucional, tiene que cambiar de método. Ese cambio no exige abandonar la pasión, pero sí pide a gritos introducir la carga probatoria estricta.

El orgullo histórico es legítimo cuando nace del conocimiento. La emoción patriótica puede ser fecunda cuando empuja al estudio. La indignación contra la leyenda negra puede ser útil si conduce a la biblioteca, al archivo y al trabajo intelectual. Lo que no puede hacerse es sustituir la investigación por un catálogo de culpables prefabricados. Inglaterra tuvo su papel; no fue la causa de todo. La masonería tuvo su influencia; no fue una maquinaria omnipotente que explica por sí sola la desmembración del mundo hispánico. Las élites locales tuvieron relación directa; pero esa relación debe estudiarse dentro de estructuras políticas, económicas y sociales concretas, con el rigor científico que ha menester. El mismo rigor que ha de exigirse a los que, de manera irresponsable y acrítica, hablan de «una derrota pactada», o de «un hito en la gran traición» para referirse a 1898, o sugieren que el hispanismo está «contaminado de Ilustración y masonería». Y son voces relevantes en buena parte de la comunidad.

El hispanismo que a mi juicio necesitamos debe ser capaz de sostener, entre otras, dos verdades al mismo tiempo. La primera: la leyenda negra ha deformado profundamente la imagen de España y de su obra americana. La segunda: esa deformación no se derrota con simplificaciones de signo contrario, sino con una lectura más exigente de la historia. Solo una defensa sobria puede ser duradera. Solo una defensa documentada puede llegar a la universidad, a los tribunales, a los parlamentos, a los archivos, a los ministerios y a la opinión pública culta. Lo demás puede servir para animar una reunión; no sirve para fundar una doctrina.

Esta exigencia es todavía más importante cuando se habla de Cuba. La historia cubana ha sido narrada durante más de un siglo desde una matriz separatista que convirtió la ruptura con España en destino inevitable, el mambisado en arquetipo moral de la nación y la continuidad española en una forma de atraso, servilismo o extranjería. Frente a esa construcción, no basta responder que «todo fue culpa de Inglaterra», «todo fue culpa de la masonería» o «todo fue una conspiración contra España». Esa respuesta puede contener fragmentos de verdad, pero no alcanza el núcleo del problema.

El núcleo del problema es demostrar que Cuba no fue una exterioridad colonial separada del cuerpo histórico español, sino un territorio de Ultramar integrado en un orden jurídico, político y social determinado; que los naturales de Cuba no eran extranjeros frente a España; que participaron en estructuras civiles, militares, administrativas, judiciales, eclesiásticas, nobiliarias y parlamentarias; y que la ruptura de 1898 produjo consecuencias jurídicas concretas, entre ellas la desnaturalización impuesta por el artículo IX del Tratado de París. Ese argumento no se sostiene con lugares comunes. Se sostiene con derecho, historia institucional y prueba documental.

Por eso el hispanismo cubano debe aspirar a una forma superior de intervención pública. No debe avergonzarse de combatir la leyenda negra, pero tampoco debe quedar preso de una retórica defensiva y repetitiva. Su tarea no es fabricar una mitología de reemplazo, sino reconstruir una continuidad histórica ocultada, degradada o manipulada. Esa tarea exige rigor, porque cuanto más seria sea la reclamación, más hostil será el examen al que será sometida.

La madurez de una causa se mide por su capacidad para corregirse a sí misma. El hispanismo que no tolera matices se debilita. El hispanismo que confunde crítica con traición se encierra. El hispanismo que necesita héroes puros y enemigos absolutos termina pareciéndose demasiado a los relatos que combate. En cambio, un hispanismo con fuste puede defender a España sin convertirla en ídolo; puede denunciar la propaganda antihispánica sin caer en paranoia; puede reconocer errores sin entregar la tesis central; puede discutir con adversarios sin rebajarse a la consigna.

La cuestión, entonces, no es abandonar al público que llegó a la Hispanidad por indignación, intuición o reacción emocional. Ese público es valioso. Muchos han llegado primero por una frase, un video, una bandera, una celebración o una refutación sencilla de la leyenda negra. No hay que despreciar ese punto de partida. Hay que darle continuidad. Hay que decirle: esto que has intuido es importante, pero ahora hay que estudiarlo; esta emoción que has sentido es legítima, pero ahora hay que darle forma; esta causa que has abrazado merece más que consignas.

El paso siguiente es convertir la reacción en formación. Y después, la formación en institución.

Ese debe ser el horizonte: un hispanismo capaz de producir libros, seminarios, archivos digitales, cursos, repertorios documentales, estudios jurídicos, investigaciones genealógicas, ediciones críticas, expedientes probatorios y estrategias de intervención pública. Un hispanismo que no dependa de la repetición acrítica de los tres mismos culpables, sino de una comprensión entera y más sosegada del proceso histórico. Un hispanismo que pueda hablar a un público general sin embrutecer el argumento, y que pueda hablar a la academia sin perder su razón moral.

Salud y gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

Brochazos históricos y doctrinales de la ciudadanía en EE. UU.

Aunque en 1898 la Corte Suprema de los Estados Unidos todavía no había elaborado una doctrina completa sobre la protección del individuo frente a la privación arbitraria de la nacionalidad, el siglo XIX ofrece algunas señales sobre las que inferir cuál hubiese podido ser el entendimiento que de ella tenían tanto el gobierno federal en sentido lato cuanto los individuos que, en nombre de la Unión se sentaron en una habitación del Ministerio de Asuntos Exteriores (en la Quai d’Orsay): grosso modo, la ciudadanía se va consolidando como un estatuto personal absolutamente central del Derecho interno y, progresivamente, como un núcleo especialmente protegido de los derechos de la persona, plasmados en los códigos políticos de nuestros días, es decir, en las Constituciones.

Sin embargo, al ser la Constitución estadounidense de primera generación, nos encontramos en la antesala de la dogmática de los «derechos fundamentales», es decir, un régimen jurídico anterior a la ciudadanía, que se ocupa más bien de la condición de súbdito natural, y de un hondo calado jurisprudencial, que en el Derecho anglosajón podría traducirse como un derecho de common law.

¿Qué significa common law?

La expresión common law designa, en su sentido más característico, un Derecho que no nace exclusivamente de la ley escrita promulgada por la autoridad, sino más bien del razonamiento judicial acumulado en el tiempo. Se llama common porque es un Derecho «común» al reino, elaborado históricamente por los tribunales ingleses frente a particularismos locales (recordemos que es el rey el que imparte justicia, quien delega esa facultad en sus tribunales), y también porque expresa soluciones jurídicas que, al reiterarse y consolidarse, pasan a formar parte de un patrimonio común de la comunidad política. Por eso se contrapone al statutory law, esto es, al Derecho que procede de los statutes, de los actos formalmente dictados por el legislador. En términos continentales, cabría decir que el statutory law se aproxima a las leyes dadas o paccionadas, mientras que el common law se alimenta de las decisiones judiciales.

En su origen intelectual, esta tradición descansa sobre una convicción fundamental: el ser humano, por estar dotado de razón, posee cierta intuición de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Esa intuición no basta por sí sola para resolver conflictos concretos, pero constituye el humus desde el cual el juez razona. El magistrado no inventa arbitrariamente la justicia; más bien intenta descubrirla prudencialmente en las circunstancias del caso. De ahí que la decisión judicial sea un ejercicio de razón práctica: una búsqueda argumentada de lo justo. El Derecho, está en la vida, IVS IN VITAE como decían los antiguos. Por eso su color es el rojo, como el de la sangre, que trae vida.

La segunda idea fundamental es que en toda tradición jurídica existen normas dadas o promulgadas por la autoridad competente. La ley en su sentido más formal y estricto es el ejemplo paradigmático. Suelen formularse en un lenguaje abstracto y general. Precisamente por ello no pueden anticipar en detalle la infinita variedad de los casos humanos. Corresponde entonces al juez la difícil tarea de determinar si la situación concreta que tiene ante sí constituye, o no, una manifestación de la abstracción que la ley intuye. El núcleo duro del trabajo judicial sigue siendo interpretativo: extrapolar lo general a lo específico, lo abstracto a lo concreto, en la búsqueda de una justicia que se espera descanse en la letra y el espíritu de la ley.

Ambos procesos intelectuales —el razonamiento sobre lo justo cuando no hay ley precisa, y la interpretación concreta del texto cuando este existe— han generado, con el paso de los siglos, un cuerpo doctrinal estable y abundante. Ese conjunto de decisiones, distinciones y criterios, precisamente porque está razonado y sedimentado por la experiencia, acaba convirtiéndose también en Derecho, por derecho propio. Esa es la entraña del common law.

Algo semejante puede observarse en el Derecho romano. Mucho de lo que hoy conocemos de él es, en realidad, ius praetorium, es decir, derecho pretoriano. La magistratura romana surgió como órgano de gobierno y jurisdicción dentro de la República. La pretura como una de las magistraturas romanas tuvo una relevancia extraordinaria porque los praetores impartían justicia y, mediante sus edictos, razonaban la resolución de los litigios. Aunque no abolía formalmente el ius civile, lo corregía, suplía y ayudaba a aplicar. Su importancia radica en que mostraba cómo la interpretación jurídica no es una actividad secundaria, sino uno de los lugares originarios donde el Derecho verdaderamente vive, se ajusta a la realidad y se perfecciona.

¿Y a qué vino todo este cuento del common law? ¡Ah, sí! En la tradición inglesa, la condición de súbdito natural (natural subject) se ha entendido como un derecho de common law, como también lo es el matrimonio, por ejemplo. Esto quiere decir que no nació de una ley general que definiera de modo abstracto dicha condición, sino de la elaboración jurisprudencial de las cortes. El ejemplo paradigmático es el Caso Calvin o Case of the Postnati de 1608, en el que se fijó la doctrina según la cual quien nacía bajo la obediencia y protección natural del soberano era súbdito natural y no extranjero. Ese desarrollo jurisprudencial permite explicar por qué, en el ordenamiento estadounidense, existió durante buena parte del siglo XIX un aparente vacío legislativo en torno a la definición general de la ciudadanía por nacimiento: no porque la cuestión careciera de regla jurídica, sino porque se entendía en buena medida regulada por principios heredados del common law. Solo después de la Guerra Civil, con la Civil Rights Act de 1866 y, sobre todo, con la Decimocuarta Enmienda, esa regla fue trasladada al lenguaje positivo del Derecho federal estadounidense.

Los tratados de adquisición de territorio en la definición de ciudadanía

Los tratados que expandieron el territorio estadounidense durante el siglo XIX plantearon influyeron sobre la ciudadanía y la membresía política de los Estados Unidos, toda vez que fueron verdaderos puntos de inflexión donde concepciones de pertenencia nacional se cristalizaron en disposiciones legales concretas que generaron consecuencias duraderas para millones de personas.

Tratado de San Lorenzo (1795)

El Tratado de San Lorenzo —un acuerdo de límites, navegación y relaciones bilaterales con España— estableció límites territoriales definitivos entre Estados Unidos y el reino trasatlántico. Aunque este tratado no incorporó nuevos territorios a la Unión con poblaciones hispanas sustanciales inmediatamente, estableció como precedente legal que los tratados serían los instrumentos mediante los cuales Estados Unidos adquiriría territorios e, implícitamente, las poblaciones que los habitaban. Este precedente, atado aún al concepto de alianza perpetua y de anclaje a la tierra. La cuestión aparece, con fuerza, cuando Estados Unidos adquiere territorios y debe decidir qué estatuto corresponde a sus habitantes. Léase su Artículo VII:

ARTICULO VII.

Se ha convenido que los súbditos y ciudadanos de una de las Partes Contratantes, sus buques ó efectos, no podrán su-jetarse á ningun embargo ó detencion de parte de la otra, á causa de alguna expedicion militar, uso público ó particular de qualquiera que sea. Y en los casos de aprehension, deten cion, ó arresto, bien sea por deudas contraidas, ú ofensas co-metidas por algun ciudadano ó súbdito de una de las Partes Contratantes en la jurisdiccion de la otra, se procederá úni camente por orden y autoridad de la Justicia, y segun los trá mites ordinarios seguidos en semejantes casos. Se permitirá á los ciudadanos y súbditos de ambas Partes emplear los aboga-dos, procuradores, notarios, agentes o factores que juzguen mas á propósito en todos sus asuntos, y en todos los pleytos que podran tener en los tribunales de la otra Parte, a los quales se permitirá igualmente el tener libre acceso en las causas, y estar presentes á todo exâmen y testimonios que podrán ocurrir en los pleytos.1

Tratado de Cesión de la Luisiana (1803)

Así, el artículo III del Tratado de Cesión de la Luisiana (1803) estableció que los habitantes del territorio cedido serían incorporados a la Unión y admitidos, tan pronto como fuese posible conforme a la Constitución federal, al goce de los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, pero quedaban entretanto protegidos en su libertad, propiedad y religión. El lenguaje es bastante operativo: la cesión territorial no se agota en el suelo; abre un proceso de incorporación personal y de acceso a un estatuto de ciudadanía.

Tratado de Adams-Onís (1819)

La misma lógica reaparece en el Tratado Adams–Onís respecto de la cesión de las Floridas: sus habitantes serían incorporados lo antes posible según los principios constitucionales, y admitidos al goce de los privilegios, derechos e inmunidades de los ciudadanos de los demás Estados. Y en el caso de Texas, la admisión en la Unión «en pie de igualdad» con los Estados originarios conduce, por operación del Derecho constitucional interno, a la integración plena de sus ciudadanos en la ciudadanía estadounidense.

Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848)

Aquí aparece por primera vez un mecanismo de opción: los nacionales mexicanos en los territorios cedidos podían conservar su nacionalidad; pero debían declararlo en el plazo previsto, y la permanencia sin declaración operaba como elección de la ciudadanía de los Estados Unidos. La ciudadanía empieza, así, a tomar forma como estatuto articulado por reglas: incorporación, derechos, plazos y voluntad.

Ahora bien, esa evolución no fue lineal. De manera paralela, en Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857), la Corte Suprema negó —según la mayoría— la posibilidad de ciudadanía federal para las personas de ascendencia africana, al preterir su acceso a los derechos y privilegios propios de la naturaleza federal. El trauma político y jurídico de esa tesis ayuda a entender por qué, tras la Guerra de Secesión, la 14.ª Enmienda (1868) constitucionalizó una regla general: quienes nacen o se naturalizan en Estados Unidos y están sujetos a su jurisdicción, son ciudadanos del Estado.

Más tarde, esa intuición —la ciudadanía como estatuto personal y no como simple consecuencia automática de la diplomacia— se volvió doctrina constitucional explícita en la jurisprudencia de la Corte Suprema: en Afroyim v. Rusk (1967) sostuvo que un ciudadano no puede ser privado de su ciudadanía sin su voluntaria renuncia, esto es, sin un asentimiento personal inequívoco. Y en Vance v. Terrazas (1980) afinó el estándar: para que exista renuncia no basta con probar un «acto» legalmente tipificado; debe probarse además la intención de relinquish (abandonar) la ciudadanía, porque la pérdida de nacionalidad opera por renuncia, es decir, exige la manifestación de la voluntad, con lo cual se aleja de automatismos. En otras palabras, incluso cuando el ordenamiento permite renunciar, la renuncia tiene que ser un acto voluntario: la ciudadanía se pierde por decisión del ciudadano, no del Estado.

Corolario

El Tratado de París de 1898 rompe con la tradición dominante de los tratados estadounidenses de adquisición territorial porque sustituye la fórmula clásica de incorporación + promesa de derechos/ciudadanía por una cláusula de delegación al Congreso: los derechos civiles y el estatus político de los habitantes nativos de los territorios cedidos quedarían determinados por el Congreso. En el caso cubano, que no fue cedido, sino renunciado por España, hay silencio, pero la desnaturalización operó de similar manera. Esa fórmula aparece en el artículo IX del tratado y contrasta con la práctica anterior de Luisiana, Florida, Guadalupe Hidalgo y Alaska.

La ruptura, sin embargo, debe matizarse: la tradición anterior tampoco fue plenamente igualitaria. El tratado de Alaska excluyó expresamente a las “tribus nativas no civilizadas” de la admisión a los derechos de ciudadanía. Por tanto, París no inventa la desigualdad territorial, pero sí la eleva a un rango casi constitucional de modo nuevo al separar adquisición, incorporación y ciudadanía. La consecuencia más visible es que 127 años después, se trata de una norma aún vigente que a pesar de legalizar un acto que contraviene todo Derecho y toda práctica histórica, cuyo rango la ha hecho intocable y muy difícil de derogar, al tiempo que no ha sido contrastada y armonizada con el ordenamiento vigente. Más sobre esto en la próxima entrega…

Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

I. El problema de su lectura historiográfica

El eminente habanero José Silverio Jorrín y Bramosio (La Habana, 1816-New York, 1897) es autor de uno de los documentos de diagnósticos más lúcidos y políticamente significativos de las crisis y tensiones que sacudieron la convivencia pacífica de los cubanos dentro de la Monarquía española en el siglo XIX. El llamado Folleto de Ginebra,1 publicado en 1876, en un momento en que la guerra que impulsaban los insurgentes se encontraba en una fase de estancamiento destructivo, quiere apelar a la opinión pública europea y estadounidense, en la búsqueda de una salida que conciliara la soberanía española con la dignidad y el progreso de los cubanos.

Y aunque ya me ocupé, si bien someramente del asunto, aquí, con algo de catarsis contra los rebeldes,

aprovecho la oportunidad para proponerte revisitar el tema, acaso con arguments más acabados. José Silverio Jorrín denuncia que la insurrección de Yara no puede entenderse sin remontarse a la fractura constitucional de 1836. Explica Jorrín que en ese año, las Cortes españolas «tomaron la decisión unilateral de excluir a los diputados de las provincias de ultramar del Congreso Nacional». Y es que cuando se habla de 1837 en la historia política de Cuba, con frecuencia se parte de una fórmula con valor moral añadido, porque con esa decisión, el constituyente sancionó el principio de especialidad frente al de asimilación, y sobre aquél redefinió las relaciones políticas de dichas provincias con las peninsulares o intramarinas. Las Cortes se cerraron para la isla, y ese cierre inaugura y engrosa la letanía de agravios que la propaganda nacionalista cubana ha fabricado y promovido como piedra angular de su relato de exclusión, desposesión y ruptura irreparable con la monarquía española.

Esa formulación simplista y maniquea que recae casi unilateralmente en una voluntad de España contiene sin embargo una cuota de verdad,2 pero suele dejar fuera elementos que, a mi juicio, tienen una innegable centralidad, y cuya omisión lastra la comprensión de un hecho histórico fundamental y gravísimo para la historia de Cuba, no solamente porque con él los cubanos perdimos una representación parlamentaria en la Cámara popular, sino que ese hecho ha sido contado con frecuencia sin las explicaciones históricas necesarias (Bernal Gómez, 2012; Valdés Domínguez, 1879).

La bibliografía no es uniforme. Existe una línea seria de historia constitucional que ha reconstruido con detalle la complejidad del problema ultramarino y del quiebre de 1837. Pero también es cierto que una parte relevante de la literatura ha tendido a presentar 1837 principalmente como exclusión, segregación o arranque de la ruptura cubana, sin desarrollar con la misma densidad el contexto estratégico de Madrid, la agencia conciliadora de las élites cubanas, el contexto geopolítico americano, y los compromisos internacionales contraídos por España.

II. Antecedentes históricos y económicos

La primera omisión importante, y que es absolutamente esencial para analizar 1837 es de orden económico, determinado por dos hechos históricos: (1) el breve lapso de ocupación inglesa de la Habana, y (2) la revolución de Santo Domingo. La transformación de Cuba no empezó con la revolución haitiana. Empezó antes. La toma de La Habana por los ingleses en 1762 fue el primer gran sacudimiento. La ocupación mostró el valor estratégico extraordinario de la ciudad, pero también abrió de manera brusca a Cuba a circuitos mercantiles más amplios del Atlántico. Nikolaus Böttcher mostró que las consecuencias de 1762-1763 fueron duraderas: se intensificaron el comercio, la importación de esclavos y la orientación económica de la isla hacia el Atlántico norte (Böttcher, 1997).

El salto decisivo llegó con la revolución de Saint-Domingue. El derrumbe del gran productor azucarero haitiano abrió para Cuba un espacio excepcional en el mercado atlántico. El ascenso no fue instantáneo, pero sí rápido y sostenido: hacia fines de la década de 1820 la isla ya aparecía como el principal productor mundial de azúcar, y hacia 1860 aportaba aproximadamente una cuarta parte de la oferta mundial (Tomich, 2003, 2018).

Ese crecimiento tuvo una condición básica: la expansión de la esclavitud. El mismo ciclo azucarero exigió más tierra, más capital y más mano de obra forzada. Por eso, el auge del azúcar y la continuidad de la trata no fueron procesos separados, sino partes de la misma transformación (Tomich, 2018). Ahí cambia de verdad la posición de Cuba dentro de la Monarquía. La isla pasó a ser una de las posesiones más ricas del reino. Ya no se trataba sólo de conservar la llave del Golfo, sino de preservar una economía de enorme rendimiento, ligada a una poderosa clase de hacendados. Cuanto más valiosa se volvía Cuba, menos dispuesta estaba la Monarquía a exponer su orden interno a los riesgos de una integración parlamentaria ordinaria que pusiera en riesgo el nuevo motor impulsor de la economía.

En este contexto surge la sacarocracia cubana, una élite de hacendados que manejaba capitales inmensos y que entendía que su prosperidad dependía de un orden social que el liberalismo ordinario no podía garantizar. Esa sacarocracia no fue una víctima pasiva de la exclusión de 1837; fue una coautora interesada. Para estos hacendados, la aplicación de la Constitución de 1837 en su totalidad —con su libertad de imprenta y derechos de asociación— era un «incendio» potencial para una sociedad donde la población esclavizada era el motor productivo. El pacto fue cínico pero efectivo: la élite cubana renunciaba a enviar diputados a Madrid a cambio de que Madrid, mediante las «leyes especiales», mantuviera a Cuba fuera del alcance de las leyes abolicionistas y preservara la paz en los ingenios.

III. Escenario internacional americano

Formado en las dos décadas anteriores. Un punto de partida obligado es el Tratado de Adams-Onís de 1819. España, debilitada por la invasión napoleónica y por el deterioro general de su posición en América, cedió las Floridas a los Estados Unidos a cambio de una delimitación que reconocía su soberanía sobre Texas. Sumado a la compra de Luisiana en 1803, ese acuerdo obligó a la Monarquía a reconocer que en el Golfo y en el Caribe ya no iba a contender sólo con potencias europeas, sino con un soberano local de enorme crecimiento territorial, asentado además sobre una amplia franja meridional de economía esclavista de plantación, lo cual suponía una importante fuente de preocupación para España: la isla quedaba frente a una potencia cercana cuya estructura económica presentaba afinidades profundas con la suya y cuya expansión geopolítica alteraba ya el equilibrio del área.

Poco después, la Doctrina Monroe dio a ese cambio una formulación política más clara. En 1823, los Estados Unidos declararon que el continente americano no debía quedar abierto a nuevas empresas coloniales europeas y que cualquier intento de extender el sistema político europeo en el hemisferio sería visto como una amenaza para su seguridad. La doctrina no equivalía todavía a control efectivo sobre todo el espacio americano, pero sí fijaba una dirección: la restauración del viejo poder europeo en América pasaba a ser, al menos en principio, una hipótesis hostil para España.

México reaccionó al mismo problema desde su propia posición y con una ambición propia. La política exterior de Lucas Alamán no fue un simple programa de cooperación amistosa, sino un intento de organizar a las nuevas repúblicas hispanoamericanas bajo una fórmula de concertación estable que preservara su independencia y reforzara su peso colectivo. La historiografía mexicana ha destacado que ese Pacto de Familia fue concebido como una política regional de gran escala y que México aspiraba a desempeñar en ella un papel rector. En ese sentido, puede leerse como una respuesta mexicana al mismo vacío estratégico que la Doctrina Monroe pretendía ocupar desde los Estados Unidos. Las dos potencias continentales más cercanas a Cuba aparecían, por tanto, como actores con vocación de ordenar el espacio americano, y ambas tenían razones para ver con recelo la permanencia de la soberanía española sobre la isla.

A ese cuadro se añadió en 1825 otro elemento de gran peso simbólico y político: el reconocimiento francés del Estado haitiano. Francia reconoció finalmente la independencia de Haití, pero lo hizo bajo presión armada y a cambio de una indemnización gigantesca. Ese acto cerraba formalmente un largo ciclo revolucionario y confirmaba que en el corazón del Caribe existía ya un Estado negro soberano, nacido de una revolución de esclavos y reconocido por una potencia europea. Para Cuba, cuya prosperidad descansaba cada vez más sobre la plantación esclavista, el efecto psicológico y político de ese precedente era enorme. Haití no era una abstracción; era un vecino cercano y un ejemplo inquietante.

Ese miedo no se alimentaba sólo de fantasías. Desde años antes, la isla había conocido conspiraciones y movimientos que enlazaban el descontento local con el clima revolucionario continental. La conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, surgida en 1823, fue expresión directa de ese cruce entre influjo bolivariano, redes hispanoamericanas y proyecto separatista cubano. Y en 1825, el gran levantamiento esclavo de Matanzas volvió a mostrar que el orden interno de la isla era mucho menos estable de lo que la autoridad colonial deseaba aparentar. El Caribe que rodeaba a Cuba no ofrecía calma; ofrecía ejemplos de independencia, de insurrección y de contagio político.

V. El Tratado de Madrid de 1835 y el motín de la Granja de San Ildefonso

A partir de 1835, la contradicción se convirtió en un problema de gobierno inmediato. El Tratado de Madrid de 28 de junio de 1835 con Gran Bretaña endureció los compromisos contra la trata en el momento en que Cuba más dependía de ella. Cumplir el tratado significaba golpear la base material del sistema azucarero. España asumía compromisos internacionales cada vez más estrictos contra el tráfico esclavista, precisamente cuando la riqueza cubana 0dependía de manera creciente de esa misma estructura económica. La cuestión dejaba entonces de ser sólo militar o administrativa. Se convertía en una decisión difícil, casi imposible: cómo conservar una isla estratégica y riquísima sin desmontar el orden esclavista del que dependía buena parte de su prosperidad, y cómo hacerlo además dentro de un marco constitucional liberal que, llevado a sus últimas consecuencias, podía dar a los intereses cubanos un cauce de defensa parlamentaria incompatible con el nuevo rumbo formal del Estado.

Visto así, 1837 no fue simplemente un episodio de malquerencia metropolitana, ni tampoco una pura traición abstracta al constitucionalismo. Fue la formalización constitucional de una excepción que ya venía incubándose. Cuba siguió dentro del aparato político de la Monarquía, pero quedó apartada de la integración representativa ordinaria porque su valor estratégico y económico la convertía en un caso singular. La exclusión no nació en el vacío. Nació del cruce entre seguridad imperial, auge azucarero, esclavitud y presión internacional antitratista.

La solución de las «leyes especiales» no fue solo una expulsión de diputados, sino una regresión estratégica hacia lógicas de excepción. En la Cuarta Junta Preparatoria del 20 de octubre de 1836 (Diario de Sesiones, n.º 4), el debate sobre la validez de los poderes de los diputados de ultramar fue la fachada de este pacto. Durante las discusiones, el diputado González Alonso articuló la justificación del régimen de excepción bajo la tesis de que, en momentos de crisis, «no hay más ley que la de la necesidad» (C-0004-00015.pdf).

Esta «necesidad» era el mantenimiento del statu quo económico. La sacarocracia cubana, consciente de que la Constitución de 1812 era un «incendio» para una sociedad esclavista, aceptó el fin de la representación a cambio de autonomía fáctica. La Gaceta de Madrid (N.º 842, 1837) formalizó esta estructura bajo la premisa de que la homogeneidad legal era imposible. Una Cuba plenamente integrada podía llevar al centro del sistema la defensa de intereses esclavistas incompatibles con la política internacional del Estado. La «especialidad» permitió preservar el orden económico sin someterlo al escrutinio del parlamentarismo liberal ordinario.

V. Conclusiones

La solución de 1837 fue, ante todo, una necesidad impuesta por la Realpolitik. España optó por una fórmula de compromiso para asegurar la permanencia de Cuba en un contexto de vulnerabilidad estratégica y presión abolicionista. Este arreglo supuso que Cuba quedara al margen del régimen de libertades públicas, pero no implicó la revocación de la nacionalidad española de sus habitantes.

El verdadero precio del compromiso de 1837 fue conservar a Cuba dentro de España mediante un pacto de silencio y excepción: la metrópoli mantenía la soberanía y las rentas, mientras la sacarocracia conservaba su sistema productivo a salvo de las leyes comunes de la nación.

Muchas gracias y buena salud para todos.

Maikel Arista-Salado

El presente índice cronológico documenta, de manera sucinta, las principales actuaciones que ha promovido Cuba española (ACC) para solicitar la revisión de la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007, por considerar que su criterio interpretativo ha perjudicado gravemente las aspiraciones de quienes sostenemos que los naturales de Ultramar nacidos bajo soberanía española fueron españoles de origen. No se trata aquí de una controversia meramente académica, sino de un problema con consecuencias humanas y jurídicas concretas, pues esa doctrina administrativa ha servido para cerrar, en la práctica, una vía de reconocimiento que estimo ajustada a la historia, al derecho y a la propia lógica del vínculo político entre España y sus territorios de ultramar.

Con ese entendimiento, el 6 de enero de 2025 presenté ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública una petición formal de revisión del criterio. Al no haber recibido respuesta, acudí posteriormente al Defensor del Pueblo mediante una queja por silencio administrativo, que fue admitida a trámite. Más adelante, solicité también acceso íntegro al expediente administrativo de la Consulta, con el propósito de conocer con exactitud sus antecedentes, fundamentos y alcance. En conjunto, estas actuaciones reflejan un esfuerzo perseverante, aunque respetuoso de los cauces institucionales, encaminado a obtener no un privilegio, sino una reconsideración fundada de una interpretación administrativa que, a mi juicio, merece ser revisada.

III. Contra la Consulta de la Dirección de Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007.

1. Petición a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Reino de España. Asunto: Solicitud de revisión y, en su consecuencia, declaración de variación de criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar, radicada el 6 de enero de 2025 en el Consulado general de España en Chicago, con número de registro REGAGE25e00000730112

   

   Doc n.º 1

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2. Queja al Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública por silencio administrativo, incompatible con el derecho de petición, presentada en el Registro electrónico del Defensor del Pueblo el 11 de marzo de 2026, con número de entrada 26027185.

   

   Doc n.º 2

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3. Oficio del Defensor del Pueblo por el que se notifica admitida a trámite la queja, con registro de salida n.º 26036876 y fecha 19 de marzo de 2026.

   

   Doc n.º 3

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4. Escrito de solicitud de acceso a información pública, de 26 de marzo de 2026, dirigido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitando copia integra, completa y legible del expediente administrativo relativo a la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007 (Anuario DGRN, 2007, vol. III, Estado civil, pp. 3586-3590), presentado en el Consulado general de España en Chicago, con numero de registro REGAGE26e00031545659.

Doc n.º 4

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Un descanso…

Sobre el antiguo derecho de petición

Hace algún tiempo escribí sobre este importantísimo y con frecuencia poco valorado derecho, que sin embargo hunde sus raíces en el código alfonsino del siglo XIII.

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Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. Y si crees que esta causa merece abrirse paso, te pido que nos ayudes con una donación. No buscamos un gran mecenas. Nos bastaría con algo mucho más simple y, a la vez, más poderoso: que cada persona que pueda aportar contribuya con un dólar. A veces, las causas grandes no avanzan por una sola fortuna, sino por muchas convicciones pequeñas puestas en común.

Nuestro trabajo depende, ante todo, de que se nos escuche. Y para eso hacen falta medios, incluso en lo más básico: buenos micrófonos, mejor difusión, más capacidad para llevar esta voz donde hoy no llega. La tarea es ardua. No solo debemos presentar una idea que contradice más de un siglo de enseñanza pública en Cuba; también tenemos que lograr que en España este asunto, al menos, exista como cuestión pública. Ni siquiera aspiro de entrada a una opinión favorable. Me conformo, por ahora, con algo previo y más elemental: que se hable del tema, que se discuta, que deje de estar sepultado en el silencio. Si conseguimos eso, ya será mucho. Ayúdanos a dar esa batalla.

Donación GoFundMe

¡Es hora de volver a casa!

Buena salud, buena suerte y muchas gracias.

Maikel Arista-Salado

«Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este pequeñísimo compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios»

I. Contenido, propósito y razón de esta compilación.

Este apéndice documental tiene por objeto exponer, desde la perspectiva del Derecho público español, los dos grandes obstáculos que hoy se oponen al reconocimiento de la nacionalidad española de los descendientes de los naturales de Ultramar. El primero de ellos es el artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, cuya entrada en vigor supuso para España la imposición de un proceso de desnaturalización masiva y forzosa de quienes hasta entonces eran sus nacionales de origen en Cuba y Puerto Rico.

La revisión de publicaciones académicas, institucionales y divulgativas sobre el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 muestra un patrón bastante estable: el tratado sigue muy presente como hito histórico, pero su recuerdo suele venir cargado de una valoración negativa asociada, ante todo, a la pérdida de territorios por parte de España y al nacimiento de la expansión ultramarina de los Estados Unidos. Incluso cuando el tratamiento es más neutro o pedagógico, el foco recae casi siempre en el fin de la guerra hispano-estadounidense, la renuncia de España a Cuba y la cesión de Puerto Rico, Guam y Filipinas. En unos casos se le presenta como el acto que convirtió a Estados Unidos en potencia mundial; en otros, como el cierre del llamado «desastre» español. Lo que domina, en suma, es la lectura geopolítica del tratado: mapas, soberanía, imperio, derrota, ocupación.

Sin embargo, esa memoria dominante deja en sombra su dimensión más grave y menos discutida: los efectos del tratado sobre la condición política de los habitantes de los territorios cedidos o renunciados. El tratado desde luego, no se limita a ordenar una transferencia territorial bajo las figuras de la renuncia de la soberanía y la cesión, sino que hace una distinción entre los españoles peninsulares residentes en esos territorios, a quienes permite conservar su vínculo de lealtad a la Corona si manifiestan esa voluntad dentro de un año después de la entrada en vigor del tratado, y los habitantes nativos de los territorios cedidos, cuya «condición política» queda entregada a la determinación del Congreso de los Estados Unidos. Y allí donde la ley no distingue, no cabe hacer la distinción. Si la ley constitucional española no distingue entre unos y otros, un tratado no debe tampoco hacerlo especialmente cuando el origen nacional es la vara para otorgar —o negar— derechos.

La literatura jurídica más seria sobre Puerto Rico no estudia el fenómeno de desconexión constitucional con España, sino que se centra únicamente en las nuevas relaciones de poder con Estados Unidos, al explotar el tema de la apatridia e indeterminación civil sobrevenidas. La conversación pública recuerda el Tratado de París como pérdida de suelo, pero rara vez lo recuerda también como operación sobre las personas, esto es, como el instrumento que desencadenó la desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios. A mi juicio, una de las mayores cegueras de la historiografía corriente: ha llorado bastante por el territorio y muy poco por los nacionales. Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios.

El segundo obstáculo radica en la construcción de una doctrina administrativa que, por vía de analogía, ha terminado por equiparar a Cuba y Puerto Rico con el Sáhara y la Guinea españoles, aplicando a aquellos territorios una ratio decidendi elaborada para supuestos histórica, política y jurídicamente distintos. Esa traslación, cristalizada en la práctica administrativa contemporánea a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 y de su recepción por la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha servido para consolidar un criterio restrictivo que desconoce la singular posición constitucional, legislativa e institucional que Cuba y Puerto Rico ocuparon dentro de la Monarquía española en el siglo XIX.

A partir de ambos presupuestos, este apéndice no se limitará a describir una dificultad técnica en materia de nacionalidad, sino que intentará demostrar que nos hallamos ante un problema de rango constitucional: el de la continuidad histórica y jurídica de la nacionalidad española, el alcance de la potestad del Estado para privar de ella a sus nacionales de origen, y la legitimidad de una doctrina administrativa que, al desfigurar la naturaleza de los territorios de Ultramar, termina restringiendo injustamente un derecho de la máxima relevancia. En otras palabras, lo que aquí está en juego no es solo una discusión interpretativa, sino la necesidad de revisar críticamente uno de los puntos más oscuros y menos resueltos del ordenamiento español contemporáneo.

Además, este apéndice cumple una función de orden y transparencia documental: en ambos casos se publican los principales instrumentos jurídicos que integran el respectivo tracto procesal, de modo que el lector pueda seguir, con continuidad y precisión, la secuencia completa de actuaciones, peticiones, respuestas, omisiones administrativas, recursos y demás hitos relevantes. No se trata solo de aludir a los expedientes, sino de poner a la vista los textos que los conforman, para que pueda apreciarse de manera directa cómo se ha articulado jurídicamente cada controversia, cuáles han sido sus fundamentos, y en qué puntos concretos se manifiestan las resistencias institucionales que este libro denuncia.

II. Contra el artículo IX del Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898

1. Petición al Consejo de Ministros. Asunto: denuncia del artículo IX del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre de 1898, relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y Puerto Rico, radicado en el Consulado general de España en Miami, el 7 de octubre de 2022, con número de registro 10094.

   

   Doc n.º 1

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2. Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 23 de febrero de 2023, por la que se da contestación al [Doc n.º 1] escrito de petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández en el que solicita la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, notificada el 20 de marzo de 2023.

   

   Doc n.º 2

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3. Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, de 13 de abril de 2023 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra [Doc n.º 2] Orden dictada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 23 de febrero de 2022 (notificada el 20 de marzo), que deniega [Doc n.º 1] Petición al Consejo de Ministros.

   

   Doc n.º 3

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4. Escrito de demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Procedimiento Ordinario n.º 766/2023. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4.ª

   

   Doc. n.º 4

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5. Escrito del Abogado del Estado por el que se da contesta a [Doc. n.º 4] Demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, n.º 766/2023

   

   Doc. n.º 5

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El 5 de noviembre de 1900, treinta y un delegados inauguraban una convención constituyente en el Irijoa, nombre de aquel magnífico teatro al que rebautizaron, como no podía ser de otra manera, Martí. La Convención Constituyente tuvo a su cargo la redacción del código de la naciente república, con un matiz: el gobierno interventor «sugirió amablemente» a los constituyentistas que aprobaran el texto de la Enmienda Platt1 como condición a la evacuación de las tropas estadounidenses. O sea aprobaba el texto aquel, o la república no nacía. Los delegados no tuvieron más remedio que aprobarlo como un apéndice a la Constitución, y que además, ordenaba la celebración de un tratado de relaciones entre Cuba y Estados Unidos que reprodujese el articulado del apéndice constitucional.

En esencia, la Enmienda Platt es una modificación ordinaria que se introduce en la «Ley sobre autorización de asignación de recursos presupuestarios para el sostenimiento del Ejército correspondiente al ejercicio fiscal, el cual concluye el 30 de junio de 1902», Pub. L. 56-803;2 31 Stat. 895, 897,3 pero por sí sola no surte efectos jurídicos en Cuba. La norma cubana fue el Apéndice constitucional, que luego sirvió de base al Tratado de Relaciones de 22 de mayo de 1903.

La consabida enmienda ha sido estigmatizada como un símbolo absoluto del abuso norteamericano. Durante décadas, se ha presentado como la prueba incontestable de que la república nació humillada, vejada. Es más: ha sido la coartada perfecta para endilgarle el epíteto de «neocolonial». Esa lectura no es gratuita: la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba, la consecuente imposición del Apéndice Constitucional y el Tratado de 1903, con todas sus consecuencias (v.gr.: limitación de la capacidad jurídica internacional, limitación de la deuda pública, derecho de intervención, estaciones navales, etc.) forman parte de otro de los perversos motores de la historia cubana: el antinorteamericanismo, que luego la propaganda marxista pintó como antiimperialismo.

La Enmienda Platt como una obligación que impone el Derecho internacional

Estados Unidos había derrotado a España, ocupado la isla y creado con sus propios actos la situación que daría nacimiento a la nueva república. Si se tiene en cuenta, además, que toda esta operación se hace contra la voluntad tácita del cuerpo electoral cubano, expresada en sendas elecciones, tanto las de 1897 para el régimen autonómico, como las generales de marzo de 1898 para diputados a Cortes, puede entenderse que Estados Unidos se hace responsable por la organización política que deja al retirarse de Cuba como se desprende de la interpretación del Tratado de París. En ese sentido, la Enmienda Platt es el mecanismo por el que se plantea la tutela estadounidense del futuro Estado nacional cubano, y solo podía hacerse antes de que este naciera plenamente.

Una vez que existiera un gobierno cubano ya instalado y operativamente funcional, no tendría sentido pensar que aceptaría de buen grado limitaciones sobre deuda, tratados, integridad territorial o intervención. Por eso el momento decisivo fue la Convención Constituyente, como único momento en el que se podía positivizar el protectorado de la novísima república.

Análisis crítico de las fuentes: la Enmienda Platt como mito político

No suele aparecer en las fuentes como una disposición histórica que se analiza con frialdad, sino como el centro de un campo semántico enteramente condenatorio. En torno a ella se agrupan, una y otra vez, vocablos como «humillante«, «férrea», «camisa de fuerza», «afrenta», «tutela», «dominación», «hegemonía», «intervención» y «protectorado», éste último además con una notable carga negativa. No se trata de adjetivos aislados, sino de una red verbal coherente que convierte la norma en emblema de subordinación nacional. En el discurso oficial cubano, esa operación es especialmente visible: el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores la inserta en el lenguaje del «plattismo» y de la pérdida de cubanía, mientras Cubadebate la define directamente como una «humillante y férrea camisa de fuerza».

Ese campo semántico funciona además como mecanismo de fijación ideológica: se convierte en símbolo total: resume tutela extranjera, lesión de soberanía y trauma fundacional de la república. Por eso aparecen formulaciones como «mecanismo de dominación», «instrumento de hegemonía» o fórmulas equivalentes sobre la nación «de rodillas». El hecho histórico deja de ser tal para convertirse en drama nacional, cargado de valor moral trascendente y en un gran pecado original.

Lo más revelador es que esa carga semántica no se limita al aparato estatal. Incluso en medios no oficiales o críticos del régimen, la Enmienda Platt sigue apareciendo asociada a registros como «humillantes condiciones», «intervenir cuando así lo estimaran», «preservar el orden» como eufemismo de intervención, o la idea de que Cuba quedó reducida a una soberanía disminuida.

Esa continuidad permite sostener, con bastante base, que la Enmienda ocupa en la memoria pública digital hispana un campo semántico casi enteramente negativo: no se la invoca para discutirla, sino para condenarla. Cuando un hecho histórica absorbe un vocabulario completo de humillación y dependencia, se convierte en mito político

Frente a esa lectura manida de la Enmienda Platt, mi posición es que aquellas cláusulas buscaban preservar un Estado que nacía frágil, devastado y en manos de élites poco fiables. Esta no es una idea inventada hoy para «lavarle la cara» a Washington. Incluso en documentos de la época aparecen voces cubanas que desconfiaban de una independencia brusca. González Lanuza,4 por ejemplo, rechazó la idea de una independencia «inmediata» y «absoluta», y sostuvo que, «para el bien de Cuba», convenía que la intervención durara un poco más, al menos hasta que existiera «un orden económico bien asentado».

Ese dato importa porque rompe una simplificación que se ha vuelto casi sagrada: la de que todo el país estaba unánimemente lanzado hacia la independencia total y que Estados Unidos vino solo a frustrar una voluntad nacional ya cerrada. La realidad fue bastante más compleja. El estudio de Inés Roldán de Montaud muestra que en las elecciones al parlamento insular de fines de 1897, el 80% de la Cámara de Representantes resultó autonomista, y que en las últimas elecciones generales celebradas bajo soberanía española, participó alrededor del 48% del cuerpo electoral, ya bajo el régimen de sufragio universal. La autora afirma que ese resultado respondía a la «fuerza real» del autonomismo. Eso no convierte aquellas elecciones en un plebiscito técnico, pero sí deja claro que la independencia inmediata no era la única opción viva en el país, ni por la que optaba la mayoría de la población.

En otras palabras: Estados Unidos no actuó sobre una tabla rasa. Intervino sobre una isla en guerra, con instituciones destruidas, con una experiencia autonómica recién estrenada y con una sociedad dividida. Ese dato obliga a abandonar el cuento de los malos españoles contra los buenos cubanos.

Un libro abiertamente hostil a la primera intervención norteamericana admite que el gobierno de ocupación trabajó en materias como sanidad, educación, finanzas, creación de: Tribunal Supremo, Guardia Rural y juzgados correccionales, ampliación de carreras en la Universidad de la Habana, alcantarillado, pavimentación de calles, etc. Eso no convierte la ocupación en una obra benéfica, ni tiene por qué serlo, pero sí desmonta la caricatura de que todo fue únicamente pillaje.

Lo más serio, entonces, es sostener dos cosas a la vez. Primera: el discurso tradicional cubano exagera cuando presenta la Enmienda Platt como si fuese solo una máquina de dominación imperial y nada más. Segunda: tampoco tiene sentido irse al extremo contrario y pintarla como un regalo providencial. Lo que hubo fue una fórmula de tutela, severa y discutible, nacida de una relación de fuerza, pero también de un problema real: cómo evitar que la nueva república se deshiciera antes de empezar.

Ese equilibrio se entiende mejor si se separan dos planos. Un plano es el de la preservación del Estado. Ahí puede decirse que limitar la deuda, impedir tratados que comprometieran la independencia o la integridad territorial de la nueva república, o exigir el saneamiento de la isla respondía a una lógica de garantía, que a su vez depende de otra garantía que es la que articula el Apéndice Constitucional.

Esa distinción sigue siendo útil hoy. No solo para cómo se crea la república de 1902, sino también para pensar el futuro. Cuba vive otra vez una devastación, esta vez causada por el aparato comunista. Hay colapso material, hambre, infraestructura arruinada y una crisis moral de enormes proporciones. En esas condiciones, hablar de «transición» como si bastara con quitar a una camarilla y celebrar elecciones al día siguiente es una ingenuidad. La experiencia histórica enseña que la libertad política necesita andamiaje institucional, reglas, garantías y tiempo, lo cual no significa que toda tutela deba convertirse en humillación permanente.

Por eso conviene dejar de usar la Enmienda Platt como espantajo antiyanqui. Sirve más como advertencia que como consigna. Advierte que una república puede nacer débil y necesitar garantías, y que también pueden degenerar en una tutela abusiva si no se reconocen sus límites. Y, sobre todo, advierte que la historia de Cuba no se entiende repitiendo mitos, sino examinando quién creó cada situación, quién asumió responsabilidades y quién fue capaz —o incapaz— de construir un Estado estable.

La Enmienda Platt no debe ser demonizada con la pereza mental del relato escolar. Fue una solución dura, imperfecta y polémica a un problema real. Quien quiera entender el pasado de Cuba —y prepararse para su futuro— haría bien en empezar por ahí.

Solicitud de Acceso a Información Pública a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

El pasado 25 de marzo de 2026 radiqué una Solicitud de acceso a información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El documento te lo dejo a líneas seguidas, al que he adjuntado en la última página el justificante de entrega, es decir, la prueba de que efectivamente quedó registrado en el Registro Electrónico de la Administración General del Estado, con número de registro: REGAGE26e00031545659

Solicitud de acceso a informacion publica

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Solicitud de Información pública al amparo de los artículos 12 y sgts. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. SOLICITA Primero.— Copia de la Consulta DGRN de 17 de septiembre de 2007 (Anuario DGRN 2007, vol. III, Estado civil, pp. 3585-3590) Segundo.— Copia íntegra del expediente administrativo relativo a su elaboración, tramitación, aprobación, archivo, difusión o comunicación.

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¿Cuáles son las razones por las que se hace esta solicitud?

La primera es probatoria. La solicitud no persigue solo conseguir una copia de un documento; persigue fijar oficialmente qué dijo exactamente la Consulta de 17 de septiembre de 2007, cómo se gestó, quién intervino en su elaboración y qué soporte documental tuvo. Eso importa porque, cuando un criterio administrativo ha producido efectos jurídicos tangibles sobre derechos subjetivos fundamentales o expectativas jurídicas, ya no basta con hablar de él de oídas o mediante citas parciales. Hay que ponerle cuerpo: texto auténtico, expediente, antecedentes, notas internas, informes. En derecho administrativo, muchas veces el poder no está solo en la resolución final, sino en el expediente que revela su lógica interna. El estudio del expediente nos indicará cuáles normativas se tuvieron en cuenta, y cuáles no.

La segunda es estratégica. Si esa Consulta ha servido como criterio para resolver asuntos de nacionalidad, entonces conocer su tramitación permite evaluar su solidez jurídica. Puede revelar si fue una respuesta aislada, una interpretación improvisada, una construcción sin verdadero respaldo normativo o, por el contrario, un criterio elaborado con cierta sistematicidad. Esa diferencia no es menor. Una cosa es enfrentarse a una disposición clara y formalmente asentada; otra, muy distinta, es desmontar un criterio administrativo que quizá ha operado durante años con más inercia que fundamento. Esta solicitud no sólo busca una información determinada, sino la seriedad, el fundamento que condujo a esa información.

La tercera es política e institucional. Obliga a la Administración a definirse. Si entrega la documentación, reconoce implícitamente que existe un criterio administrativo identificable, trazable y susceptible de escrutinio. Si no la entrega, o dice que no consta, o que no encuentra expediente, o que no hay estadísticas, eso también habla. Y habla mucho. Porque puede revelar opacidad, desorden administrativo o ausencia de soporte suficiente para un criterio que ha tenido efectos sobre personas concretas.

Campaña de recaudación de fondos

Si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse con fuerza bastante hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía. Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras.

Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

Campaña GoFundMe

Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

La apertura de actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia confirma la relevancia institucional de una controversia que afecta directamente a los descendientes de españoles de Ultramar

Autonomía Concertada para Cuba informa a sus lectores que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja formulada frente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la falta de resolución expresa de la petición presentada el 6 de enero de 2025 para revisar y variar el criterio interpretativo aplicado a la nacionalidad española de origen de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898. La queja fue registrada el 11 de marzo de 2026, y en su escrito de 18 de marzo de 2026 el Defensor del Pueblo comunicó formalmente su admisión a trámite, indicando además que ya se habían iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia.

La admisión de la queja no resuelve todavía el fondo del asunto, pero sí supone que una institución constitucional ha considerado que la denuncia reúne los requisitos legales y merece supervisión. En un expediente que llevaba más de un año sin respuesta, esta actuación rompe, al menos por ahora, la cómoda rutina del silencio. Y eso, en materia de nacionalidad, no es poca cosa.

Aquí te dejo nuestra petición:

La queja presentada expone con precisión el núcleo del problema: el 6 de enero de 2025 se dirigió a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) una petición formal para que revisara el criterio interpretativo establecido por la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 17 de septiembre de 2007, en la que se solicita la revisión del criterio vigente, la dejación sin efecto de esa consulta y la declaración de un nuevo criterio interpretativo para los naturales de Cuba y Puerto Rico nacidos antes de la entrada en vigor del Tratado de París de 1898. Sin embargo, transcurrido más de un año desde su presentación, no se había recibido resolución alguna, ni notificación de inadmisión, ni requerimiento de subsanación, ni contestación de fondo. La propia queja recuerda que la Ley Orgánica 4/2001 impone plazos concretos y que la Ley 39/2015 obliga a la Administración a dictar resolución expresa.

Ahora bien, conviene no perder de vista que el silencio administrativo, siendo grave, no es el único problema. El problema de fondo es también el criterio cuya revisión se solicitó. La Consulta de 2007 constituye uno de los muchos dobleces administrativos y doctrinales que, en materia de nacionalidad, han afectado directa y especialmente a los descendientes de españoles de Ultramar. Esa Consulta es, a día de hoy, uno de los obstáculos que con mayor descaro y a ojos vista lacera el derecho de muchos cubanos que hoy reclaman la nacionalidad española. Aunque formalmente se presenta como un documento administrativo, su efecto práctico ha sido mucho mayor: ha operado durante años como si tuviera fuerza normativa, condicionando resoluciones, cerrando vías interpretativas y consolidando una lectura restrictiva del derecho a la nacionalidad española de origen.

Queja Al Defensor Del Pueblo Contra Dgsjfp

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Primero.— El 6 de enero de 2025 presenté escrito de petición con número de registro REGAGE25e00000730112, contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) Segundo.— A pesar del tiempo transcurrido, no he recibido resolución expresa ni notificación por parte de la DGSJFP sobre dicha petición. La inactividad persiste, sin motivación formal conocida. Tercero.- Estos hechos evidencian un funcionamiento anormal de la Administración. La falta de resolución expresa frente a una petición ejercitada en el marco del art. 29 constitucional vulnera un derecho fundamental (art. 11.1 LORDFP); y segundo porque la malograda gestión de la certificación del silencio y el tracto registral tiene un impacto directo en la seguridad jurídica y en el control ciudadano de la actuación administrativa.

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Ese es precisamente el punto que ACC viene denunciando. La consulta no se limita a ordenar una cuestión técnica interna. En la práctica, aplica al caso de Cuba y Puerto Rico un régimen doctrinal construido para el Sáhara, pese a que se trata de realidades históricas, constitucionales y jurídicas distintas. Esa equiparación no es inocua. Produce una rebaja artificial de la posición jurídica de Cuba y Puerto Rico dentro de la comunidad política española de su tiempo y sirve de base para restringir derechos a sus descendientes. En román paladino: se traslada una plantilla ajena a dos territorios para los que no fue hecha, y luego se pretende que el resultado sea Derecho.

Desde la perspectiva de ACC, ello entraña una restricción impropia de un derecho de la máxima jerarquía constitucional. La nacionalidad española no puede ser tratada como una dádiva graciosa de la Administración ni quedar sometida a analogías históricamente defectuosas. La nacionalidad es el vínculo jurídico-político fundamental entre la persona y su comunidad natural. Por eso, cualquier restricción de su reconocimiento exige un estándar especialmente riguroso de legalidad, motivación y coherencia histórica. Cuando una consulta administrativa funciona como una limitación material para el acceso a la nacionalidad de origen, estamos ante algo más serio que un simple criterio de despacho.

ACC lleva denunciando abiertamente esta situación, al menos, desde enero de 2025, cuando se presentó formalmente ante la DGSJFP la petición de revisión de ese criterio administrativo. Aquella actuación no fue retórica ni ornamental. Fue un requerimiento institucional, fundado en Derecho, para que la Administración revisara un entendimiento restrictivo que viene produciendo efectos concretos sobre personas concretas. Lo mínimo exigible era una respuesta motivada. Ni siquiera eso ocurrió.

La respuesta del Defensor del Pueblo tiene, por tanto, una relevancia que excede el plano procedimental. Al admitir la queja y abrir actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, la institución reconoce implícitamente que aquí existe una cuestión digna de examen institucional que afecta el ejercicio de un derecho fundamental, la nacionalidad. No estamos ante una discusión académica marginal, ni un preciocismo legislativo. Estamos ante un problema de legalidad administrativa, de interpretación de un derecho que entronca con los derechos a la memoria y de justicia histórica respecto de los descendientes de españoles de Ultramar.

Exp. n.º 26036876 - Defensor del Pueblo admite la queja a trámite

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Estudiada la queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los rsquisitos establecido en el artículo 54 de la Constitución española, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensor del Pueblo. Se inician las actuaciones oportunas ante la Secretaría de Estado de Justicia.

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ACC mantendrá su actuación por los cauces legales y con la firmeza que exige la entidad del asunto. Seguiremos sosteniendo que la cuestión de la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898 no puede seguir resolviéndose mediante analogías impropias, consultas administrativas elevadas de hecho a dogma y silencios burocráticos incompatibles con el Estado de Derecho. La verdad histórica no se corrige con formularios, y los derechos no deben quedar a merced de atajos administrativos.

La admisión a trámite de esta queja no cierra la controversia, pero sí intenta poner presión sobre la DGSJFP, e incluso sobre el Secretario de Estado de Justicia para que obtener el resultado que la ley determina. Queda pendiente la vía judicial si estos refuerzos can en saco roto.

El Semanario seguirá informando sobre el curso de estas actuaciones y sobre todos los esfuerzos dirigidos a restaurar la verdad jurídica e histórica en materia de nacionalidad para los descendientes de españoles de Ultramar.

Inicia la batalla en tribunales federales estadounidenses contra el Tratado de París

Comenzamos los esfuerzos para involucrar a los EE. UU. en el manejo de esta nefanda arbitrariedad. En la próxima entrega daremos muchos más detalles sobre esta iniciativa. Recientemente supimos que el puertorriqueño Eddie Ortiz ha interpuesto una demanda judicial en el Tribunal federal de distrito (1era instancia) para el Distrito Central de la Florida, y tuvo la amabilidad de enviarnos la demanda. ¡Éxitos!

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA
ORLANDO DIVISION

EDWIN OBIDIO ORTIZ MONTAÑEZ, Pro Se,

Plaintiff,

v.

UNITED STATES OF AMERICA,

Defendant.

Civil Action No. ___________

PETITION FOR DECLARATORY AND EQUITABLE RELIEF
SEEKING RESTORATION OF PUERTO RICO’S AUTONOMOUS GOVERNMENT
UNLAWFULLY INTERRUPTED IN 1898

I. INTRODUCTION

This is a pro se petition seeking declaratory and equitable relief arising from the unlawful interruption, dismantling, and permanent suppression of the duly constituted Autonomous Government of Puerto Rico, established under Spanish law and ratified by the 1897 Autonomic Constitution (Carta Autonómica), following the United States military invasion of Puerto Rico in 1898.

The 1897 Autonomic Constitution was not a mere administrative charter. It was a Royal Decree of constitutional rank, enacted by the Spanish Crown and recognized by the Spanish Cortes. It established Puerto Rico as a self-governing political entity within the Kingdom of Spain, subordinated to the Spanish Constitution of 1876, yet permanent in character and alterable only by petition of Puerto Rico or Cuba themselves. It constituted Puerto Rico’s own constitution inside the Spanish constitutional system.

Plaintiff does not seek monetary damages, reparations, or compensation. This Petition seeks institutional restoration, legal recognition, and constitutional correction of a government that lawfully existed and was removed through foreign overreach, without the consent of the governed.

Plaintiff asserts that Puerto Rico’s present political condition is the direct result of this overreach, producing a 125-year constitutional vacuum, systematic misdirection of its population, and the erasure of democratically elected autonomous institutions.

II. JURISDICTION AND VENUE

This Court has jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. §§ 1331 and 2201, as this action arises under the Constitution, treaties of the United States, and federal law.

Venue is proper in the Middle District of Florida, Orlando Division, as Plaintiff resides within this District and seeks declaratory and equitable relief against the United States.

III. PARTIES

Plaintiff is Edwin Obidio Ortiz, a United States citizen born in the continental United States; son of Edwin Ovidio Ortiz Toro, a native-born Puerto Rican; and grandson of Antonio Carlos Ortiz Ramírez, born in Puerto Rico in 1897, the same year the Autonomic Constitution was enacted—rendering this action both legal and generationally symbolic.

Defendant is the United States of America.

IV. PUERTO RICO WAS A SELF-GOVERNING POLITICAL ENTITY PRIOR TO 1898

Puerto Rico was not a colony devoid of institutions.

In 1809, Puerto Rico was formally recognized as part of the Spanish nation and granted representation in the Spanish Cortes.

The Spanish Constitution of 1812 (Cádiz Constitution) declared that all Spaniards of both hemispheres constituted one nation, granting Puerto Ricans Spanish nationality and parliamentary representation.

The Spanish Constitution of 1876 reaffirmed Puerto Rico’s constitutional status and representation within Spain’s national legislative framework.

In 1897, Spain enacted the Autonomic Constitution of Puerto Rico, creating a fully autonomous government with:

An elected insular Parliament

An insular Council of Secretaries

Control over internal governance

Fiscal authority

Judicial administration

Spain retained only defense and foreign relations.

V. DEMOCRATIC ELECTIONS UNDER THE 1897 AUTONOMIC CONSTITUTION

On March 27, 1898, Puerto Rico conducted island-wide general elections pursuant to the 1897 Autonomic Constitution.

Historical records indicate that approximately 70–71% of registered voters participated, an exceptionally high level of civic engagement for the era.

The Liberal Fusionist Party, led by Luis Muñoz Rivera, received an overwhelming majority of the popular mandate—estimated at approximately 80% resulting in the formation of a legitimate autonomous government chosen by the people of Puerto Rico. Muñoz Rivera assumed the position of Secretary of State of the Autonomous Government, alongside other duly elected officials.

Within months of these elections, and before the autonomous government could complete a single full year of constitutional governance, the United States invaded Puerto Rico in July 1898, forcibly dissolving a democratically elected government lawfully established through popular vote.

VI. THE 1898 INVASION AND TREATY OF PARIS CONSTITUTED FOREIGN OVERREACH

The Treaty of Paris (1898) was executed without Puerto Rican participation, consent, or representation.

Article IX of the Treaty provided Spanish nationals born in Spain a one-year option to retain Spanish nationality. No equivalent option or notice was extended to native-born Puerto Ricans, rendering the population stateless.

This constituted foreign governmental overreach, stripping Puerto Rico of:

Its elected government

Its constitutional institutions

Its citizenship framework

Its economic autonomy

VII. STATELESSNESS AND LEGAL LIMBO (1898–1917)

From 1898 to 1917, Puerto Ricans existed in a condition of statelessness, deprived of Spanish nationality and denied United States citizenship.

During this period, Puerto Ricans were described by U.S. officials and courts as “nationals,” a classification comparable to that of American Samoa, reflecting profound constitutional ambiguity.

United States citizenship was imposed by statute in 1917, without plebiscite or consent, coinciding with military conscription.

VIII. SYSTEMATIC DISMANTLING OF AUTONOMY BY APPOINTED GOVERNORS

Following the invasion, U.S.-appointed military and civil governors dismantled Puerto Rico’s autonomous structures, including:

Elimination of Puerto Rico’s currency

Displacement of local banking systems

Termination of international trade relationships

Restructuring of education and civil institutions

Prior to 1898, Puerto Rico maintained its own currency, banks, export industries, and trade with Europe and Latin America. These systems were eliminated by imposition, not democratic choice.

IX. THE MYTH OF SELF-GOVERNMENT UNDER THE ELA (COMMONWEALTH)

The Estado Libre Asociado (ELA), established in 1952, did not grant sovereignty or remove Congressional authority.

Puerto Rico remains an unincorporated territory subject to Congress’s plenary power under the Territorial Clause. Congress retains authority to override, modify, or nullify Puerto Rico’s laws and constitution, as confirmed by Supreme Court decisions including Downes v. Bidwell, Harris v. Rosario, Sánchez Valle, and by the imposition of PROMESA in 2016.

If Puerto Rico were genuinely self-governing, PROMESA would have been constitutionally impossible.

X. MISDIRECTION THROUGH NON-BINDING REFERENDA

Puerto Rico has held seven plebiscites: 1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020, and 2024.

All were legally null and void ab initio because Puerto Rico remains unincorporated. Congress has never granted incorporation, rendering each referendum legally ineffective from inception.

XI. DENIAL OF PRESIDENTIAL VOTING RIGHTS (IGARTÚA CASES)

In Igartúa de la Rosa v. United States and related cases, federal courts denied presidential voting rights to Puerto Ricans not due to incapacity, but because Puerto Rico remains unincorporated, confirming structural disenfranchisement.

XII. REPRESENTATION UNDER SPAIN VS. DISENFRANCHISEMENT UNDER U.S. RULE

Under Spanish sovereignty, Puerto Rico elected representatives to Spain’s national legislature. Ramón Power y Giralt, a Puerto Rican, served as a deputy in the Spanish Cortes, demonstrating full participation in sovereign governance.

Under U.S. rule, Puerto Rico has never had voting representation in Congress or the Senate. The Resident Commissioner holds no floor vote.

XIII. CONTRAST WITH OTHER U.S. TERRITORIES

Hawaii was incorporated shortly after annexation and admitted as a state following a binding plebiscite.

Puerto Rico remains unincorporated 125 years later.

Palmyra Atoll, an incorporated and virtually uninhabited territory, possesses greater constitutional standing than Puerto Rico’s 3.2 million residents.

XIV. PATTERN OF IDEOLOGICAL SUPPRESSION

The carpetas surveillance program demonstrates systematic suppression of political self-determination through ideological policing and intimidation.

XV. RELIEF REQUESTED

Plaintiff respectfully requests that this Court:

A. Declare that the 1898 termination of Puerto Rico’s autonomous government constituted unlawful foreign overreach.

B. Declare that Puerto Rico remains a non-self-governing territory under domestic and international law.

C. Declare that the autonomous government of 1897–1898 was lawfully constituted and democratically elected.

D. Order the United States to initiate formal dialogue with Puerto Rico and the Kingdom of Spain to facilitate lawful restoration and decolonization.

E. Order that Puerto Ricans displaced to the United States due to economic hardship or natural disasters be permitted to vote in any future status referendum from abroad.

F. Order that any future referendum be conducted as a standalone election, separate from local partisan elections.

G. Grant such further equitable relief as justice requires.

XVI. CONCLUSION

This Petition does not seek compensation.

It seeks restoration of government, dignity, and lawful continuity interrupted by force.

Puerto Rico asks not for something new, but for the return of what already existed.

Respectfully submitted,

Edwin Obidio Ortiz

Pro Se

A todos los que han donado, compartido y acompañado este esfuerzo: gracias.

Cada aporte confirma que esta causa no está sola. Lo que estamos construyendo no es solo una campaña, sino una estructura seria para defender una verdad histórica y una reclamación de justicia que durante demasiado tiempo ha sido ignorada.

Seguimos avanzando. Detrás de cada paso hay horas de estudio, organización, estrategia y trabajo constante para darle forma institucional y jurídica a esta lucha. Nada de esto ocurre por inercia. O se empuja, o se queda en el olvido.

Su apoyo nos permite seguir empujando.

Gracias por creer en este proyecto, por sostenerlo y por ayudar a que más personas conozcan una causa que merece salir de la sombra.

Seguimos.

Historiografía constitucional cubana

por Maikel Arista-Salado

En agosto de 2025 publiqué en este boletín algunas ideas sobre cómo, a mi juicio, el discurso nacionalista va pervirtiendo hasta nuestra comprensión del pasado. Lo hace a través de dos elementos que operan de manera simultánea: el marcado y la atomización; el marcado es la impresión de ciertos axiomas, dogmas, desde edades muy tempranas, antes de que se forme una mínima capacidad de raciocinio, verbigracia: la bandera cubana es la más linda del mundo. A simple vista puede parecer una nimiedad, pero de una en una se construyen complejos sistemas simbólicos de un profundísimo calado psicológico. La atomización, por su parte, garantiza que ese relato no aparezca como una consigna aislada, sino como una verdad distribuida y reproducida por todos los miembros del cuerpo social y a través de sus manifestaciones culturales: desde los manuales escolares hasta la literatura, desde el preámbulo de un texto constitucional hasta las canciones populares.

Así se produce la apariencia de consenso, continuidad y coherencia. En el campo de la historiografía constitucional, este doble mecanismo permite que ciertos textos —Guáimaro, Jimaguayú, la Yaya— queden marcados como hitos fundacionales casi sagrados, mientras el constitucionalismo español que rigió efectivamente en Cuba durante buena parte del siglo XIX es atomizado, esto es, descompuesto en menciones sueltas, referencias marginales o simples antecedentes coloniales sin densidad propia.

La historiografía constitucional cubana puede leerse como un ejemplo particularmente eficaz de atomización, es decir, es otra vez el mismo relato de epopeya redentora llevado en forma de publicación académica para lograr un objetivo: justificar la existencia del Estado cubano. En agosto de 2025 publiqué algunas líneas sobre cómo una destacada catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de la Habana se convierte en operadora de esta atomización al considerar que la ciudadanía como status cívico de los cubanos se inaugura con las constituciones mambisas o «pre-estatales», lo cual automáticamente niega la existencia de ese derecho en el ordenamiento jurídico español, del que formaban parte los cubanos.

Una de las trampas más persistentes de cierta historiografía cubana consiste en mencionar el constitucionalismo español solo para quitárselo de encima. El artículo de Santiago Bahamonde Rodríguez y Fabricio Mulet Martínez sobre Jimaguayú es un buen ejemplo. Desde el sumario se ve dónde está el corazón del texto:

«II. Marco general del constitucionalismo revolucionario cubano de la segunda mitad del siglo XIX. III. Las Constituciones de la Guerra de los Diez Años. IV. El pensamiento martiano… V. La Asamblea Constituyente de Jimaguayú».1

No hay un apartado equivalente dedicado al orden constitucional español vigente en Cuba. El diseño del artículo ya delata la preferencia: España queda como un telón de fondo, como un accesorio, o una exterioridad.

Los autores admiten que Cuba «permaneció bajo el dominio colonial español a lo largo de todo el siglo XIX» y que la invasión napoleónica y las Cortes de Cádiz actuaron como catalizador de los primeros replanteamientos político-jurídicos en la isla. Incluso afirman que ahí pueden situarse «los albores del constitucionalismo cubano». Pero, hecha esa concesión, el relato gira enseguida hacia las conspiraciones, la guerra y las constituciones insurgentes. Cádiz aparece como una obligada introducción, para luego solazarse en Jimaguayú.

Sobre Guáimaro, ya me he pronunciado aquí, aquí:

y aquí:

Lo más llamativo es la contradicción que el propio artículo deja expuesta. Bahamonde y Mulet conceden que las constituciones mambisas tuvieron un «alcance en extremo limitado» y una «vigencia efectiva más que cuestionable», pues solo regían en las «estrechas fronteras» del campo insurrecto. Añaden además que, para Montoro y Govín, habían nacido «en la guerra y para la guerra», sin verdadera «fuerza normativa» en sentido estricto. Y, sin embargo, pese a esa eficacia reducida, les dedican el grueso del análisis y las convierten en el centro del relato constitucional.

El derecho español, que fue el orden positivo general de la isla durante décadas, queda reducido a unas líneas introductorias. En cambio, los textos insurgentes, aunque jurídicamente precarios, reciben toda la densidad doctrinal y toda la carga épica. No porque rigieran más, sino porque sirven mejor a una narrativa nacionalista. El artículo lo dice sin querer cuando explica cómo la «literatura de campaña» y autores posteriores «redimensionaron el valor del constitucionalismo revolucionario», hasta el punto de sostener que con él se erigía “por primera” un Estado propiamente cubano.

Este patrón no es exclusivo de Bahamonde y Mulet. Rafael Rojas incurre en una versión más elegante del mismo problema. Reconoce que la historia constitucional cubana tiene un «momento liberal (1812-1901)»2 y admite que en Cuba rigieron “las cinco constituciones peninsulares” —1812, 1837, 1845, 1869 y 1876— bajo “el régimen constitucional colonial del imperio español”. Pero una secuencia de más de ocho décadas de derecho vigente queda comprimida en una formulación general, mientras el interés del relato se desplaza hacia las grandes etapas ideológicas.

El resultado de todo esto es grave: se fabrica la impresión de que entre Cádiz y Jimaguayú hubo poco más que coloniaje amorfo, una especie de vacío sin verdadera sustancia constitucional. Y una vez fabricado ese vacío, las constituciones mambisas pasan a parecer necesarias, inevitables, fundacionales. Pero el vacío no estaba en la historia; estaba en la pluma. Cuba no pasó de la nada a la manigua. Pasó por un largo siglo de constitucionalismo español, desigual y excepcional si se quiere, pero real. Borrarlo o comprimirlo no aclara la historia, sino que sigue envolviendo en hagiografías inventadas a los cuatreros insurgentes.

Maikel Arista-Salado

Don Buenaventura Abárzuza y Ferrer

por Alejandro Fernández de Castro

Cuando Buenaventura Abárzuza y Ferrer estampó su firma en el Tratado de París, en diciembre de 1898, ponía fin a más de cuatro siglos de historia compartida entre España y la tierra que lo vio nacer. Había llegado a aquella mesa de negociación por un largo camino que empezó en La Habana, siguió en Cádiz y terminó en los ministerios de Madrid. Su biografía es la de un político liberal atrapado en la tormenta perfecta del final de siglo: la de un hombre que quiso reformar para conservar cuando ocupó el cargo de Ministro de Ultramar, pero terminó asistiendo, como firmante, a la liquidación. Fue ministro de Ultramar entre el 4 de noviembre de 1894 y el 23 de marzo de 1895, un período breve, pero decisivo, en el que intentó articular una salida descentralizadora para las Antillas españolas.

Nació en La Habana en 1841, hijo mayor del matrimonio formado por Teresa Ferrer y José Abárzuza Imbrech. Ella era habanera; él, un gaditano que había cruzado el Atlántico para hacer fortuna en el comercio indiano. Su historia no era excepcional: miles de españoles peninsulares se establecían en la isla, formaban familia con españolas naturales de Cuba y, en muchos casos, echaban raíces definitivas allí. Otros, sin embargo, tomaban un camino distinto: regresaban a la Península con sus mujeres y sus hijos, trayéndose consigo los capitales acumulados y aquel aire de América que los distinguía. Debe advertirse, no obstante, que algunas fichas parlamentarias posteriores consignan 1843 como año de nacimiento, aunque otras fuentes de referencia biográfica lo sitúan en 1841.

La familia Abárzuza Ferrer perteneció a estos últimos. Cuando Buenaventura era todavía un niño, su padre decidió fijar la residencia familiar en Cádiz, ciudad que era por entonces la antesala de América, llena de barcos, de negocios y de noticias de Ultramar. José Abárzuza, hombre bien relacionado, se integró rápidamente en la élite local: fue diputado provincial, vocal de Instrucción Pública, regidor municipal, y accionista del ferrocarril, del Banco de Cádiz y de la naviera de Antonio López. En ese ambiente de burguesía mercantil se crió el muchacho, que desde muy joven formó parte, junto a su padre y sus hermanos, de la casa comercial Abárzuza Hermanos.

La madre, Teresa Ferrer, aparece en las fuentes como “la habanera”, pero esa precisión no era entonces una rareza exótica. Era simplemente una española de una provincia lejana, y su presencia en Cádiz recordaba los lazos que unían ambos lados del Atlántico. Que su hijo llegara a ser ministro de la Corona no requería ningún trámite extraordinario: los nacidos en Cuba eran españoles de pleno derecho, y cuando la familia regresó a la Península, conservaron esa condición sin necesidad de naturalización alguna. España consideraba suyos a los nacidos en las Antillas españolas.

Antes de ocupar Ultramar, Abárzuza ya había recorrido una trayectoria política y diplomática notable: fue diputado en el Sexenio, periodista vinculado al entorno de Castelar, embajador en París durante la Primera República y, más tarde, senador del Reino. Ese perfil explica por qué no fue elegido al azar para encargarse del problema antillano: era un hombre del régimen, pero también un político con experiencia en transacciones delicadas.

Su paso por el Ministerio de Ultramar tuvo un objetivo preciso: contener la crisis de Ultramar mediante una fórmula de descentralización política y administrativa. El proyecto que impulsó, construido sobre la base de los planes anteriores de Antonio Maura, pero corregido para hacerlo más aceptable dentro del sistema de la Restauración, buscaba ofrecer a Cuba y Puerto Rico una cuota real de autogobierno sin romper la unidad de la Monarquía. En Puerto Rico, la historiografía señala expresamente que fue nombrado para encargarse de ese rediseño reformista; en Cuba, la ley asociada a su nombre preveía un Consejo de Administración con capacidad para preparar el presupuesto insular, imponer tributos locales y gestionar amplios ramos de la administración interior, desde las obras públicas y las comunicaciones hasta la instrucción pública, la beneficencia y la sanidad.

El sentido político de aquella reforma era claro: Madrid empezaba, por fin, a renunciar a intervenir directamente en ciertos ámbitos de la administración local antillana, transfiriéndolos a instituciones radicadas en las propias islas. Era, en sustancia, un intento de reformar para conservar: conceder gobierno propio para mantener la soberanía compartida bajo la Corona. Pero el proyecto nació tarde, en medio de un clima ya envenenado por la desconfianza, la polarización y la inminencia de la guerra. La Ley de Bases fue aprobada en marzo de 1895, apenas días antes de la dimisión de Abárzuza; quedó así marcada desde su origen por la precariedad política y por la rapidez con que los acontecimientos militares la desbordaron.

Tres años después, en 1898, se sentó a negociar la paz, pero pagando por ella el enorme precio de la unidad territorial de España. Hubo de ser el trago más amargo de su vida.

La guerra civil de 1895 a través de la familia Freyre de Andrade

por don Alejandro Fernández de Castro

La historia de Cuba es, ante todo, historia de España. Durante más de cuatro siglos, la isla fue una prolongación natural de la madre patria, una provincia española de ultramar donde se forjó una identidad hispánica compartida a ambos lados del Atlántico. Frente a la narrativa interesada que habla de una «conquista» entre extraños, la realidad documental demuestra que Cuba era España, habitada por españoles que construyeron su prosperidad bajo el amparo de la Corona. La Guerra de 1895 no fue, por tanto, un conflicto entre naciones extranjeras, sino una guerra civil entre españoles, el episodio más doloroso de una familia que se desgarraba a sí misma.

Para comprender esta verdad histórica, nada mejor que observar una estirpe que encarna este vínculo indisoluble: la familia Freyre de Andrade. Su árbol genealógico, sus servicios militares y su entrega a España y a Cuba constituyen la prueba irrefutable de que la historia de la isla es, en esencia, historia de España.

Un patriarca desde el mar: Servicio a la Real Armada Española

La presencia española en Cuba no fue la de unos administradores lejanos y explotadores, sino la de familias que durante generaciones sirvieron a la Corona y edificaron el país con su trabajo, su esfuerzo y su sangre. El origen de los Freyre de Andrade en la isla lo establece el abuelo de nuestro personaje principal, Don Fernando Freyre de Andrade y Mella, cuya trayectoria ejemplifica la España que construyó Cuba.

Natural de Ferrol (La Coruña, Galicia), cuna de la Marina española y corazón de la Armada que protegió las rutas con América, Don Fernando dedicó su vida al servicio de la Real Armada. Su hoja de servicios es la de un oficial ejemplar: ingresó en las Reales Compañías de Guardias-Marinas en 1818, alcanzando el grado de Teniente de Navío. Su pericia y lealtad a España le llevaron a ocupar puestos de alta responsabilidad en la administración naval de la isla, siendo nombrado Ayudante de Matrículas y, crucialmente, Capitán del puerto de Batabanó, en la isla de Cuba. Este cargo le convertía en la máxima autoridad marítima de esa región, responsable del control portuario, el comercio y la defensa del territorio español. Los españoles no solo “conquistaban”, como falsamente se afirma: gestionaban, poblaban, defendían y amaban esta tierra como parte de la nación.

Su integración en la sociedad cubana fue total, porque no había sociedad cubana separada de la española: todo era España. El 5 de octubre de 1836, en la parroquia del Espíritu Santo en La Habana, contrajo matrimonio con Doña María Ramona Van-Herck y Beyens. Ella era natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), perteneciente a una familia con profundísimas raíces militares: su padre, Don Francisco Teófilo Van-Herck y Arzola, era Coronel de Infantería de los Reales Ejércitos. Este matrimonio entre un oficial de la Armada y la hija de un coronel del Ejército, celebrado en una iglesia habanera bajo el amparo de la Corona, simboliza la unidad indisoluble de la familia española en ambos lados del Atlántico.

La siguiente generación: defendiendo a España en África

El legado español y la conciencia de pertenencia a una gran nación se transmitieron a la siguiente generación. El hijo del matrimonio, Don Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck, nació en La Habana y fue bautizado en la misma parroquia del Espíritu Santo el 19 de agosto de 1837. Era, por tanto, un español nacido en territorio español ultramarino. Y como buen español, siguió la tradición familiar de servir a la patria con honor.

Don Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck fue Capitán de Infantería de los Ejércitos Nacionales. Su servicio no se limitó a las guarniciones de la isla, sino que acudió a defender los intereses de España allí donde la patria lo necesitaba. Participó heroicamente en la Guerra de África de 1859, luchando a las órdenes del General O’Donnell y ganándose una de las más altas distinciones militares: la Cruz de África. Este hecho es de una importancia capital: un español nacido en Cuba empuñó las armas para defender el honor y la integridad territorial de España en el norte de África, demostrando que la lealtad a la nación española no solo no estaba reñida con el amor por su tierra natal, sino que lo fortalecía. Falleció en La Habana el 17 de septiembre de 1888, dejando un legado de honor y servicio que honrarían sus hijos.

El drama de la guerra civil: de magistrado español a general del bando separatista

La figura cumbre de esta saga es Fernando Freyre de Andrade y Velázquez, nacido en La Habana el 10 de septiembre de 1863. Su vida es el espejo perfecto de la tragedia que supuso la guerra civil de 1895, cuando españoles de uno y otro lado del espectro político se enfrentaron en un conflicto fratricida. Formado en las más altas instituciones de la nación, se graduó como abogado en la Universidad de Madrid y revalidó su título en la Universidad de La Habana en 1885. Su carrera en la administración de justicia española fue meteórica: en 1890 era fiscal sustituto de la Audiencia de La Habana, y para 1894 ya era Magistrado suplente. Era, sin duda, un español exitoso que había alcanzado altas cotas de responsabilidad gracias a las instituciones de la madre patria.

Sin embargo, como muchos españoles de ultramar, discrepaba profundamente de las políticas erráticas de los sucesores del General Martínez Campos. Fue precisamente su patriotismo, su deseo de una España mejor y más justa, lo que le llevó a tomar una decisión dramática. En 1896, en lugar de permanecer impasible ante lo que consideraba errores del gobierno, se trasladó a Estados Unidos y se puso a las órdenes de Tomás Estrada Palma. No traicionaba a su patria, sino que elegía un bando en una guerra que enfrentaba a españoles entre sí. Integró la tercera expedición que llegó a Cuba en octubre de 1896.

El General Máximo Gómez, español nacido en Baní (actual República Dominicana), que había hecho de la causa cubana la suya, lo incorporó como Comandante de Caballería a su Cuartel General. Para 1897, fue elegido representante y el Consejo de Gobierno revolucionario, reconociendo su excepcional formación española y su prestigio, lo nombró Jefe del Jurídico Militar con el grado de General de Brigada. El antiguo magistrado formado en Madrid se convirtió en la máxima autoridad judicial del bando separatista. Paradójicamente, los conocimientos y la formación que España le había proporcionado los utilizaba ahora en su contra.

Tras la intervención estadounidense, que truncó cualquier posibilidad de reconciliación entre españoles, y el fin de la guerra, Freyre de Andrade, como tantos otros, continuó su vida en la nueva República. Fue Fiscal del Supremo, Secretario de Gobernación, Presidente de la Cámara de Representantes y, finalmente, Alcalde de La Habana en 1912.

Conclusión: Una familia, dos Españas, una misma sangre

La trayectoria de los Freyre de Andrade no es la excepción, sino la prueba fehaciente de la españolidad de Cuba y de la naturaleza civil del conflicto de 1895. El abuelo fue un oficial de la Armada que sirvió a España en territorio español; el padre fue un Capitán condecorado por luchar por España en África; el hijo fue un magistrado español que, por sus convicciones políticas, se alzó en armas contra el gobierno de su propia nación para intentar construir una nueva.

Negar el origen español de los cubanos es un ejercicio de manipulación histórica que ignora que hombres como Fernando Freyre de Andrade y Velázquez estudiaron en Madrid gracias a las instituciones españolas, ejercieron la ley en La Habana bajo soberanía española y, cuando llegó el momento, lucharon con la misma pasión que sus padres y abuelos, aunque en el bando contrario. La Guerra de 1895 no fue una conquista de extraños, sino el último y más desgarrador episodio de una larga guerra civil entre españoles que, divididos por sus ideas pero unidos por su sangre, su lengua y su historia, decidieron el futuro de una de las provincias más queridas y españolas de la nación. Porque antes de ser cubanos, fueron españoles; y muchos, en el fondo, lo siguieron siendo siempre.

Referencias:

Santa Cruz y Mallén, F. X. de. (1943). Historia de familias cubanas (Tomo 3). Editorial Hércules.

EcuRed. (s. f.). Familia Freyre de Andrade (Rama cubana). Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://www.ecured.cu/Familia_Freyre_de_Andrade_(Rama_cubana)

Geneanet. (s. f.). Pessoa: ANDRADE, La Habana, Cuba – Pesquisar todos os registos [Base de datos]. Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://pt.geneanet.org/fonds/individus/?country__0__=CUB&go=1&nom=ANDRADE&page=2&region__0__=LHA&size=50&zonegeo__0__=La+Habana,+Cuba

Heráldica de apellidos. (s. f.). Origen y significado del apellido Freyre de Andrade. Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://heraldicadeapellidos.com/index.php/origen-de-los-apellidos/origen-de-apellidos-letra-f/9164-origen-y-significado-del-apellido-freyre-de-andrade

La nacionalidad como derecho histórico

por Maikel Arista-Salado

Me ha sorprendido la enorme resistencia de los cubanos a reconocer que nuestra ciudadanía antes de 1898 era la española. El cuento independentista necesita la orfandad política para existir. Vaya por delante que «ciudadanía» es un término muy reciente, pero su origen funcional está en la «naturaleza» de la época medieval y moderna. La naturaleza era una condición personal mediante la cual un individuo tenía pleno reconocimiento en la comunidad política: no era una metáfora identitaria, sino un estatuto jurídico que delimitaba quién pertenecía y quién quedaba fuera.

En el régimen indiano, además, la extranjería no se definía por un «sentimiento nacional», sino por la territorialidad del derecho: «la extranjería es una aplicación del principio de territorialidad de la ley» (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Y lo decisivo es que esa territorialidad no operaba respecto del virreinato como si Indias fuese un país distinto, sino respecto de Castilla como reino rector; por eso, como consecuencia de la accesión, «se era extranjero… respecto de los reinos de Castilla, y… también respecto de todo el territorio de Indias» (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Si se podía ser extranjero en Indias por referencia a Castilla, también se podía ser natural en Indias por esa misma referencia: pertenencia política plena, no una pertenencia degradada.

Este es el punto que echa por tierra la leyenda de la orfandad. La Monarquía no concibió Indias como una fábrica de «quasi-ciudadanos», sino como un espacio incorporado, donde el estatuto personal se organizaba con categorías internas. No por casualidad, desde muy temprano el nacimiento ultramarino aparece jurídicamente computado dentro del radio de la naturaleza. Oropeza destaca que los hijos nacidos “en los reinos castellanos (lo cual incluye a la isla La Española) también serían considerados naturales” (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Traducido al lenguaje contemporáneo: en el circuito jurídico que nace con la conquista, la pertenencia política se podía adquirir y consolidar en ultramar.

Por eso el artículo IX del Tratado de París de 1898 debe leerse como el punto de partida de una ruptura violenta del estatuto personal: la mutilación por tratado de un vínculo que había sido construido, reconocido y practicado durante siglos. Si la naturaleza castellana, luego española, ha sido siempre el vínculo político fundamental de la Monarquía, entonces la desnaturalización de 1898 vulneró un derecho consolidado durante más de veinte generaciones. Otra de las razones por las cuales Y esa es, precisamente, la razón por la cual el mito independentista necesita negar la continuidad: porque admitirla obliga a reconocer que en 1898 no nacimos políticamente; nos despojaron.

El problema de la nacionalidad española de los cubanos no empieza en 1898 ni se decide con categorías del Estado-nación proyectadas hacia atrás. Empieza en la arquitectura jurídico-política que acompaña a la conquista, la incorporación y el gobierno de Indias. En ese mundo, lo que hoy llamamos “ciudadanía” se articulaba mediante nociones premodernas —naturaleza, vecindad y vasallaje— que cumplían una función equivalente: delimitar pertenencia al cuerpo político y acceso a sus efectos jurídicos. Por eso, para comprender el alcance del artículo IX del Tratado de París, hay que reconstruir primero qué significaba ser “natural” en el derecho indiano y cómo se definía, en espejo, la condición de “extranjero”.

La extranjería, en el derecho indiano y castellano, no se presenta como un atributo biográfico inherente, sino como una imputación jurídica dependiente de un sistema normativo territorial. La idea se formula con nitidez: “La extranjería es una aplicación del principio de territorialidad de la ley” (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Esa frase obliga a abandonar lecturas identitarias o esencialistas: el extranjero no “es” extranjero por esencia, sino que “resulta” extranjero cuando el ordenamiento, desde una lógica territorial, le atribuye esa categoría. La pertenencia, por tanto, no es una cuestión moral sino de estatuto personal reconocido por el derecho.

La consecuencia inmediata es sustantiva: la extranjería en Indias se definía, de entrada, por referencia a Castilla como reino rector. Dicho de otro modo, no se trataba de una extranjería «virreinal» o «local», sino de una extranjería respecto de los reinos que proyectaban su régimen personal sobre los territorios incorporados. En este marco, la figura que explica la integración y sus efectos personales es la accesión. La doctrina indiana que recoge Oropeza distingue entre «reinos unidos» (con una misma naturaleza, sin extranjería interna) y «reinos separados» (con naturaleza distinta y extranjería recíproca). Y, en ese esquema, afirma: «Mediante la figura de la accesión, se unieron las islas Canarias y (no sin discusión) las Indias» (Oropeza Chávez, 2018, p. 17). El inciso “no sin discusión” no debilita el argumento: revela que la disputa fue sobre el título y la técnica de integración, no sobre la realidad funcional de la proyección del régimen personal. Si Indias se integra por accesión, entonces el aparato conceptual de naturaleza/extranjería se vuelve aplicable de manera coherente a los nacidos y residentes en los territorios americanos.

Este punto es decisivo para nuestra tesis, porque permite enunciar la continuidad de la nacionalidad española de los cubanos como continuidad de estatuto personal. No se trata de afirmar que Indias era «igual» a Castilla en todo (nadie serio sostendría eso), sino que, en lo que aquí importa —la adscripción personal al cuerpo político—, el ordenamiento opera con categorías integradoras. La pertenencia no surge por una concesión tardía del siglo XIX; se asienta en una tradición institucional que arranca con la propia construcción jurídica de la Monarquía en ultramar. ¿Qué quiere decir esto? Que

La prueba más útil para un alegato de continuidad no es, sin embargo, una declaración abstracta, sino una regla operativa que muestre que el nacimiento en ultramar podía computar, jurídicamente, como nacimiento dentro del marco de la naturaleza. En ese sentido, retomo el análisis de la real cédula de 8 de febrero de 1505. Allí se recoge que ciertos extranjeros avecindados con bienes raíces, matrimonio de larga duración y asiento en los reinos podían «pasar por naturales como hijos que hayan nacido» (Archivo General de Indias, 1505/8 de febrero, como se cita en Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Oropeza subraya además un elemento capital para el hilo indiano: «los hijos de esos extranjeros nacidos en los reinos castellanos (lo cual incluye a la isla La Española) también serían considerados naturales» (Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Aquí se condensa un argumento que, bien trabajado, es demoledor contra cualquier tesis que pretenda presentar a los nacidos en el Nuevo Mundo como sujetos políticamente «externos» por definición: desde los albores del régimen indiano, un territorio americano podía computar en la lógica de reinos para efectos de naturaleza. Si el ordenamiento admite ese cómputo, la pertenencia política de los naturales de ultramar deja de ser una construcción tardía y se convierte en una continuidad histórica jurídicamente rastreable.

La otra pieza que conviene fijar es la distinción entre autorización puntual y cambio de estatuto. El derecho indiano conoció licencias y mercedes para actividades específicas, pero cuando se pretendía consolidar pertenencia con plenitud de efectos se acudía a la carta de naturaleza. Y aquí la autora es inequívoca: «la carta de naturaleza era constitutiva y no declarativa de derechos» (Oropeza Chávez, 2018, p. 149). Es decir: no bastaba el arraigo sociológico; la naturaleza existía cuando se estaba en titularidad de la carta. Esto muestra, a la vez, que la pertenencia era un instituto serio del estatuto personal y que el sistema disponía de mecanismos jurídicos para integrar; no era un régimen diseñado para mantener, como regla, a los ultramarinos en una condición política degradada.

Con estas bases, el puente hacia Cuba se vuelve estrictamente jurídico. Cuba, como territorio indiano de la Monarquía, se inserta en el mismo universo normativo donde la pertenencia se articula mediante naturaleza, donde la extranjería se imputa desde una lógica territorial (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX), donde Indias se integra por accesión (Oropeza Chávez, 2018, p. 17) y donde el nacimiento en territorio americano puede operar, en contextos relevantes, como nacimiento dentro del circuito de naturaleza (Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Por tanto, sostener que los cubanos carecen de una continuidad de nacionalidad española previa a 1898 equivale a negar la propia racionalidad histórica del estatuto personal indiano. La nacionalidad española de los cubanos —en tanto continuidad funcional de la naturaleza— no es una invención de última hora: es un derecho consolidado por siglos de integración jurídico-institucional.

Y precisamente aquí se revela la naturaleza real del artículo IX del Tratado de París de 1898: no es una simple “reordenación” de pertenencias por traslado de soberanía; es una ruptura impuesta sobre un estatuto personal previamente consolidado. Si durante cuatro siglos la pertenencia se estructuró como condición personal (naturaleza) dentro de un orden que integró Indias por accesión y que admitió, desde temprano, el cómputo ultramarino para efectos de naturalidad, entonces la desnaturalización producida por el artículo IX opera como una amputación jurídica: corta por acto internacional un vínculo personal que no era mera expectativa, sino titularidad. Esto es lo que tu libro puede y debe afirmar con precisión: en 1898 no se apaga un vínculo reciente; se vulnera un derecho consolidado por cuatro siglos.

En el Antiguo Régimen, naturaleza funciona como ciudadanía histórica; y el artículo IX, leído desde esa continuidad, deviene un acto de disposición masiva sobre la condición personal, con consecuencias de desposesión, lo cual convierte un agravio histórico en un problema jurídico de primer orden.

Referencias

Archivo General de Indias. (1505, 8 de febrero). Real Cédula al doctor Sancho de Matienzo y a Francisco de Pinelo, tesorero y factor de la Casa de la Contratación, en respuesta a carta al secretario Gaspar de Gricio sobre diversos asuntos relativos a mercancías de extranjeros, entre otros temas [Manuscrito]. Sección Gobierno, Indiferente General, Indiferente, 418, L.1, ff. 145v–146v. Sevilla, España. (Citada en Oropeza Chávez, 2018, p. 132).

Oropeza Chávez, A. B. (2018). La extranjería en el derecho indiano: De las Partidas a la Recopilación de 1680. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. ISBN 978-607-30-1131-0.

La entrevista provocó el comentario crítico de Eddie Ortiz, amigo de esta casa, del tenor siguiente:

«Quiero responder con respeto a los comentarios de Maikel sobre Puerto Rico. Primero, es importante reconocer algo fundamental. Muchos cubanos, incluyendo a Maikel, sienten una profunda gratitud hacia los Estados Unidos porque este país les brindó oportunidades y estabilidad. Esa experiencia merece respeto y cada persona tiene derecho a sentirse agradecida por el país que le abrió las puertas. Sin embargo, la experiencia personal o el agradecimiento individual no pueden utilizarse para definir la realidad política de Puerto Rico ni para minimizar las condiciones estructurales bajo las cuales viven los puertorriqueños. El análisis de Puerto Rico debe basarse en su realidad legal y política, no en percepciones personales ni en comparaciones generales.

Independientemente del término que se utilice, colonia o territorio describen la misma condición legal. Puerto Rico no es soberano, no es igual a los estados y está sujeto a la autoridad plenaria del Congreso de los Estados Unidos. Bajo la ley federal y las decisiones del Tribunal Supremo, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él en igualdad de condiciones. Tanto una colonia como un territorio comparten la característica esencial de estar bajo el control de otra nación sin plena autonomía política. Cambiar la terminología o llamarlo una anomalía no cambia la naturaleza de la relación.

También es importante aclarar el argumento sobre los plebiscitos. Con frecuencia se afirma que los puertorriqueños han decidido mantener su estatus, pero lo que muchos no entienden es que ninguno de los siete plebiscitos celebrados ha sido vinculante. Todos fueron creados y financiados por el gobierno local y ninguno fue autorizado ni comprometido por el Congreso de los Estados Unidos. La única entidad con autoridad para cambiar el estatus político de Puerto Rico es el Congreso. Mientras el Congreso no convoque o se comprometa a un referéndum vinculante, estos procesos no representan una verdadera autodeterminación. En la práctica, han funcionado como herramientas políticas internas para movilizar votantes sin consecuencias legales reales.

Cuando se afirma que Puerto Rico no está oprimido, es necesario entender que la opresión moderna no siempre se manifiesta con fuerza militar o represión visible. También existe a través de estructuras legales donde las decisiones fundamentales son impuestas sin representación democrática plena. Puerto Rico está sujeto a políticas federales que ningún estado enfrenta. Entre ellas se encuentran el Acta Jones, que encarece el costo de los bienes al restringir el transporte marítimo; la ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo no electo con autoridad superior al gobierno local; la aplicación de leyes federales sin representación con voto en el Congreso; la ausencia del derecho al voto presidencial; las limitaciones para negociar acuerdos comerciales o relaciones internacionales; la imposibilidad de establecer políticas económicas soberanas; y programas contributivos como el Acta 60 que favorecen a inversionistas externos mientras muchos residentes locales enfrentan presión económica y desplazamiento. Cuando una población está sujeta a decisiones tomadas por autoridades que no puede elegir ni remover, existe una forma clara de subordinación estructural.

El argumento de que Puerto Rico está mejor que otros países de América Latina también debe analizarse con cuidado. La apariencia de desarrollo no equivale a estabilidad económica ni a bienestar general. Más del cuarenta por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza, la migración masiva ha reducido significativamente la población, miles de escuelas han cerrado, los servicios de salud se han debilitado y muchos trabajadores ganan menos de veinticinco mil dólares al año. Industrias altamente rentables, incluyendo el sector farmacéutico, operan bajo incentivos contributivos especiales mientras los salarios locales permanecen bajos. Tener alimentos disponibles o infraestructura moderna no significa que la economía esté funcionando para la mayoría de la población.

La migración tampoco debe presentarse como una ventaja estructural. Los puertorriqueños no abandonan la isla simplemente porque pueden hacerlo, sino por la falta de oportunidades económicas, la escasez de empleos, el cierre de escuelas y hospitales y la inestabilidad general. Una migración masiva y sostenida no es un beneficio, es una señal clara de debilidad estructural.

La diferencia fundamental entre Puerto Rico y los países de América Latina es la soberanía. Las naciones latinoamericanas pueden negociar tratados, establecer su propia política económica, definir sus relaciones internacionales y tomar decisiones sin la aprobación de otro país. Puerto Rico no puede hacer ninguna de estas cosas sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la raíz del problema.

Reconocer las oportunidades que ofrece Estados Unidos y sentir gratitud por ellas es válido a nivel personal. Pero el análisis político debe hacerse sobre la base de la estructura legal, los poderes reales y las limitaciones existentes. Gratitud y realidad política no son lo mismo. Cuando se examina el sistema en su totalidad, las limitaciones de soberanía, la subordinación estructural y la desigualdad política de Puerto Rico no pueden negarse.»

Mi respuesta

Gracias, Eddie; aprecio el tono de tu comentario y lo tomo con la seriedad que merece. Empiezo por reconocer lo obvio: Puerto Rico no es soberano, no es un estado, y su relación con Estados Unidos está jurídicamente subordinada al poder del Congreso, lo cual no puede arreglarse con eufemismos. Llamarlo «territorio» no lo convierte en «igual», y llamarlo «colonia» tampoco lo convierte automáticamente en África de 1900. Son marcos distintos, pero el problema de fondo —la desigualdad política— existe.

En lenguaje político se usan como armas, pero históricamente “colonia” describe un tipo de dominación imperial con jerarquías raciales y economías de extracción, sobre todo después de la Conferencia de Berlín. Puerto Rico hoy vive una anomalía constitucional, sí, pero también tiene ciudadanía estadounidense, libre movilidad, derechos federales aplicables, tribunales federales, y un nivel de integración institucional que no encaja en el molde colonial clásico.

Por otro lado, hay que tener cuidado con las frases totalizantes «todo está bien», En re4lación con los plebiscitos, es cierto que no son vinculantes, pero tampoco son irrelevantes. Es decir, el hecho de que no sean vinculantes, o que no hayan sido vinculantes, no les resta legitimidad. Han mostrado por décadas que no hay fuerza para la independencia, por lo tanto, el argumento de la soberanía no tiene relevancia ninguna. Hay un elemento que me preocupa, y es que si defendemos a capa y espada que España no tuvo colonias en América, y para ello damos una serie de elementos históricos, jurídicos, etc., la misma vara ha de funcionar para EE. UU., en lugar de apelar a las emociones. Yo no he dicho ni que a Puerto Rico «le va bien», ni que «la emigración es una ventaja». He dicho que los boricuas pueden perfectamente fijar su residencia en cualquiera de los estados de la unión, y eso, sí es una ventaja que no tiene ningún país hispanoamericano, cuyos habitantes muchas veces no tienen la posibildidad ni siquiera de plantearse emigrar.

Por último, te agradezco tus comentarios y tu visión, lamento que tanto tú como otros miembros de este foro dediquen cuartillas a una opinión de una persona que no es especialista en el tema, en un programa sobre Cuba y EE. UU., en el que PR fue un tema tangencial, absolutamente periférico.