I. El problema de su lectura historiográfica

El eminente habanero José Silverio Jorrín y Bramosio (La Habana, 1816-New York, 1897) es autor de uno de los documentos de diagnósticos más lúcidos y políticamente significativos de las crisis y tensiones que sacudieron la convivencia pacífica de los cubanos dentro de la Monarquía española en el siglo XIX. El llamado Folleto de Ginebra,1 publicado en 1876, en un momento en que la guerra que impulsaban los insurgentes se encontraba en una fase de estancamiento destructivo, quiere apelar a la opinión pública europea y estadounidense, en la búsqueda de una salida que conciliara la soberanía española con la dignidad y el progreso de los cubanos.

Y aunque ya me ocupé, si bien someramente del asunto, aquí, con algo de catarsis contra los rebeldes,

aprovecho la oportunidad para proponerte revisitar el tema, acaso con arguments más acabados. José Silverio Jorrín denuncia que la insurrección de Yara no puede entenderse sin remontarse a la fractura constitucional de 1836. Explica Jorrín que en ese año, las Cortes españolas «tomaron la decisión unilateral de excluir a los diputados de las provincias de ultramar del Congreso Nacional». Y es que cuando se habla de 1837 en la historia política de Cuba, con frecuencia se parte de una fórmula con valor moral añadido, porque con esa decisión, el constituyente sancionó el principio de especialidad frente al de asimilación, y sobre aquél redefinió las relaciones políticas de dichas provincias con las peninsulares o intramarinas. Las Cortes se cerraron para la isla, y ese cierre inaugura y engrosa la letanía de agravios que la propaganda nacionalista cubana ha fabricado y promovido como piedra angular de su relato de exclusión, desposesión y ruptura irreparable con la monarquía española.

Esa formulación simplista y maniquea que recae casi unilateralmente en una voluntad de España contiene sin embargo una cuota de verdad,2 pero suele dejar fuera elementos que, a mi juicio, tienen una innegable centralidad, y cuya omisión lastra la comprensión de un hecho histórico fundamental y gravísimo para la historia de Cuba, no solamente porque con él los cubanos perdimos una representación parlamentaria en la Cámara popular, sino que ese hecho ha sido contado con frecuencia sin las explicaciones históricas necesarias (Bernal Gómez, 2012; Valdés Domínguez, 1879).

La bibliografía no es uniforme. Existe una línea seria de historia constitucional que ha reconstruido con detalle la complejidad del problema ultramarino y del quiebre de 1837. Pero también es cierto que una parte relevante de la literatura ha tendido a presentar 1837 principalmente como exclusión, segregación o arranque de la ruptura cubana, sin desarrollar con la misma densidad el contexto estratégico de Madrid, la agencia conciliadora de las élites cubanas, el contexto geopolítico americano, y los compromisos internacionales contraídos por España.

II. Antecedentes históricos y económicos

La primera omisión importante, y que es absolutamente esencial para analizar 1837 es de orden económico, determinado por dos hechos históricos: (1) el breve lapso de ocupación inglesa de la Habana, y (2) la revolución de Santo Domingo. La transformación de Cuba no empezó con la revolución haitiana. Empezó antes. La toma de La Habana por los ingleses en 1762 fue el primer gran sacudimiento. La ocupación mostró el valor estratégico extraordinario de la ciudad, pero también abrió de manera brusca a Cuba a circuitos mercantiles más amplios del Atlántico. Nikolaus Böttcher mostró que las consecuencias de 1762-1763 fueron duraderas: se intensificaron el comercio, la importación de esclavos y la orientación económica de la isla hacia el Atlántico norte (Böttcher, 1997).

El salto decisivo llegó con la revolución de Saint-Domingue. El derrumbe del gran productor azucarero haitiano abrió para Cuba un espacio excepcional en el mercado atlántico. El ascenso no fue instantáneo, pero sí rápido y sostenido: hacia fines de la década de 1820 la isla ya aparecía como el principal productor mundial de azúcar, y hacia 1860 aportaba aproximadamente una cuarta parte de la oferta mundial (Tomich, 2003, 2018).

Ese crecimiento tuvo una condición básica: la expansión de la esclavitud. El mismo ciclo azucarero exigió más tierra, más capital y más mano de obra forzada. Por eso, el auge del azúcar y la continuidad de la trata no fueron procesos separados, sino partes de la misma transformación (Tomich, 2018). Ahí cambia de verdad la posición de Cuba dentro de la Monarquía. La isla pasó a ser una de las posesiones más ricas del reino. Ya no se trataba sólo de conservar la llave del Golfo, sino de preservar una economía de enorme rendimiento, ligada a una poderosa clase de hacendados. Cuanto más valiosa se volvía Cuba, menos dispuesta estaba la Monarquía a exponer su orden interno a los riesgos de una integración parlamentaria ordinaria que pusiera en riesgo el nuevo motor impulsor de la economía.

En este contexto surge la sacarocracia cubana, una élite de hacendados que manejaba capitales inmensos y que entendía que su prosperidad dependía de un orden social que el liberalismo ordinario no podía garantizar. Esa sacarocracia no fue una víctima pasiva de la exclusión de 1837; fue una coautora interesada. Para estos hacendados, la aplicación de la Constitución de 1837 en su totalidad —con su libertad de imprenta y derechos de asociación— era un «incendio» potencial para una sociedad donde la población esclavizada era el motor productivo. El pacto fue cínico pero efectivo: la élite cubana renunciaba a enviar diputados a Madrid a cambio de que Madrid, mediante las «leyes especiales», mantuviera a Cuba fuera del alcance de las leyes abolicionistas y preservara la paz en los ingenios.

III. Escenario internacional americano

Formado en las dos décadas anteriores. Un punto de partida obligado es el Tratado de Adams-Onís de 1819. España, debilitada por la invasión napoleónica y por el deterioro general de su posición en América, cedió las Floridas a los Estados Unidos a cambio de una delimitación que reconocía su soberanía sobre Texas. Sumado a la compra de Luisiana en 1803, ese acuerdo obligó a la Monarquía a reconocer que en el Golfo y en el Caribe ya no iba a contender sólo con potencias europeas, sino con un soberano local de enorme crecimiento territorial, asentado además sobre una amplia franja meridional de economía esclavista de plantación, lo cual suponía una importante fuente de preocupación para España: la isla quedaba frente a una potencia cercana cuya estructura económica presentaba afinidades profundas con la suya y cuya expansión geopolítica alteraba ya el equilibrio del área.

Poco después, la Doctrina Monroe dio a ese cambio una formulación política más clara. En 1823, los Estados Unidos declararon que el continente americano no debía quedar abierto a nuevas empresas coloniales europeas y que cualquier intento de extender el sistema político europeo en el hemisferio sería visto como una amenaza para su seguridad. La doctrina no equivalía todavía a control efectivo sobre todo el espacio americano, pero sí fijaba una dirección: la restauración del viejo poder europeo en América pasaba a ser, al menos en principio, una hipótesis hostil para España.

México reaccionó al mismo problema desde su propia posición y con una ambición propia. La política exterior de Lucas Alamán no fue un simple programa de cooperación amistosa, sino un intento de organizar a las nuevas repúblicas hispanoamericanas bajo una fórmula de concertación estable que preservara su independencia y reforzara su peso colectivo. La historiografía mexicana ha destacado que ese Pacto de Familia fue concebido como una política regional de gran escala y que México aspiraba a desempeñar en ella un papel rector. En ese sentido, puede leerse como una respuesta mexicana al mismo vacío estratégico que la Doctrina Monroe pretendía ocupar desde los Estados Unidos. Las dos potencias continentales más cercanas a Cuba aparecían, por tanto, como actores con vocación de ordenar el espacio americano, y ambas tenían razones para ver con recelo la permanencia de la soberanía española sobre la isla.

A ese cuadro se añadió en 1825 otro elemento de gran peso simbólico y político: el reconocimiento francés del Estado haitiano. Francia reconoció finalmente la independencia de Haití, pero lo hizo bajo presión armada y a cambio de una indemnización gigantesca. Ese acto cerraba formalmente un largo ciclo revolucionario y confirmaba que en el corazón del Caribe existía ya un Estado negro soberano, nacido de una revolución de esclavos y reconocido por una potencia europea. Para Cuba, cuya prosperidad descansaba cada vez más sobre la plantación esclavista, el efecto psicológico y político de ese precedente era enorme. Haití no era una abstracción; era un vecino cercano y un ejemplo inquietante.

Ese miedo no se alimentaba sólo de fantasías. Desde años antes, la isla había conocido conspiraciones y movimientos que enlazaban el descontento local con el clima revolucionario continental. La conspiración de Soles y Rayos de Bolívar, surgida en 1823, fue expresión directa de ese cruce entre influjo bolivariano, redes hispanoamericanas y proyecto separatista cubano. Y en 1825, el gran levantamiento esclavo de Matanzas volvió a mostrar que el orden interno de la isla era mucho menos estable de lo que la autoridad colonial deseaba aparentar. El Caribe que rodeaba a Cuba no ofrecía calma; ofrecía ejemplos de independencia, de insurrección y de contagio político.

V. El Tratado de Madrid de 1835 y el motín de la Granja de San Ildefonso

A partir de 1835, la contradicción se convirtió en un problema de gobierno inmediato. El Tratado de Madrid de 28 de junio de 1835 con Gran Bretaña endureció los compromisos contra la trata en el momento en que Cuba más dependía de ella. Cumplir el tratado significaba golpear la base material del sistema azucarero. España asumía compromisos internacionales cada vez más estrictos contra el tráfico esclavista, precisamente cuando la riqueza cubana 0dependía de manera creciente de esa misma estructura económica. La cuestión dejaba entonces de ser sólo militar o administrativa. Se convertía en una decisión difícil, casi imposible: cómo conservar una isla estratégica y riquísima sin desmontar el orden esclavista del que dependía buena parte de su prosperidad, y cómo hacerlo además dentro de un marco constitucional liberal que, llevado a sus últimas consecuencias, podía dar a los intereses cubanos un cauce de defensa parlamentaria incompatible con el nuevo rumbo formal del Estado.

Visto así, 1837 no fue simplemente un episodio de malquerencia metropolitana, ni tampoco una pura traición abstracta al constitucionalismo. Fue la formalización constitucional de una excepción que ya venía incubándose. Cuba siguió dentro del aparato político de la Monarquía, pero quedó apartada de la integración representativa ordinaria porque su valor estratégico y económico la convertía en un caso singular. La exclusión no nació en el vacío. Nació del cruce entre seguridad imperial, auge azucarero, esclavitud y presión internacional antitratista.

La solución de las «leyes especiales» no fue solo una expulsión de diputados, sino una regresión estratégica hacia lógicas de excepción. En la Cuarta Junta Preparatoria del 20 de octubre de 1836 (Diario de Sesiones, n.º 4), el debate sobre la validez de los poderes de los diputados de ultramar fue la fachada de este pacto. Durante las discusiones, el diputado González Alonso articuló la justificación del régimen de excepción bajo la tesis de que, en momentos de crisis, «no hay más ley que la de la necesidad» (C-0004-00015.pdf).

Esta «necesidad» era el mantenimiento del statu quo económico. La sacarocracia cubana, consciente de que la Constitución de 1812 era un «incendio» para una sociedad esclavista, aceptó el fin de la representación a cambio de autonomía fáctica. La Gaceta de Madrid (N.º 842, 1837) formalizó esta estructura bajo la premisa de que la homogeneidad legal era imposible. Una Cuba plenamente integrada podía llevar al centro del sistema la defensa de intereses esclavistas incompatibles con la política internacional del Estado. La «especialidad» permitió preservar el orden económico sin someterlo al escrutinio del parlamentarismo liberal ordinario.

V. Conclusiones

La solución de 1837 fue, ante todo, una necesidad impuesta por la Realpolitik. España optó por una fórmula de compromiso para asegurar la permanencia de Cuba en un contexto de vulnerabilidad estratégica y presión abolicionista. Este arreglo supuso que Cuba quedara al margen del régimen de libertades públicas, pero no implicó la revocación de la nacionalidad española de sus habitantes.

El verdadero precio del compromiso de 1837 fue conservar a Cuba dentro de España mediante un pacto de silencio y excepción: la metrópoli mantenía la soberanía y las rentas, mientras la sacarocracia conservaba su sistema productivo a salvo de las leyes comunes de la nación.

Muchas gracias y buena salud para todos.

Maikel Arista-Salado

El presente índice cronológico documenta, de manera sucinta, las principales actuaciones que ha promovido Cuba española (ACC) para solicitar la revisión de la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007, por considerar que su criterio interpretativo ha perjudicado gravemente las aspiraciones de quienes sostenemos que los naturales de Ultramar nacidos bajo soberanía española fueron españoles de origen. No se trata aquí de una controversia meramente académica, sino de un problema con consecuencias humanas y jurídicas concretas, pues esa doctrina administrativa ha servido para cerrar, en la práctica, una vía de reconocimiento que estimo ajustada a la historia, al derecho y a la propia lógica del vínculo político entre España y sus territorios de ultramar.

Con ese entendimiento, el 6 de enero de 2025 presenté ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública una petición formal de revisión del criterio. Al no haber recibido respuesta, acudí posteriormente al Defensor del Pueblo mediante una queja por silencio administrativo, que fue admitida a trámite. Más adelante, solicité también acceso íntegro al expediente administrativo de la Consulta, con el propósito de conocer con exactitud sus antecedentes, fundamentos y alcance. En conjunto, estas actuaciones reflejan un esfuerzo perseverante, aunque respetuoso de los cauces institucionales, encaminado a obtener no un privilegio, sino una reconsideración fundada de una interpretación administrativa que, a mi juicio, merece ser revisada.

III. Contra la Consulta de la Dirección de Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007.

1. Petición a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Reino de España. Asunto: Solicitud de revisión y, en su consecuencia, declaración de variación de criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar, radicada el 6 de enero de 2025 en el Consulado general de España en Chicago, con número de registro REGAGE25e00000730112

   

   Doc n.º 1

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2. Queja al Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública por silencio administrativo, incompatible con el derecho de petición, presentada en el Registro electrónico del Defensor del Pueblo el 11 de marzo de 2026, con número de entrada 26027185.

   

   Doc n.º 2

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3. Oficio del Defensor del Pueblo por el que se notifica admitida a trámite la queja, con registro de salida n.º 26036876 y fecha 19 de marzo de 2026.

   

   Doc n.º 3

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4. Escrito de solicitud de acceso a información pública, de 26 de marzo de 2026, dirigido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicitando copia integra, completa y legible del expediente administrativo relativo a la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre de 2007 (Anuario DGRN, 2007, vol. III, Estado civil, pp. 3586-3590), presentado en el Consulado general de España en Chicago, con numero de registro REGAGE26e00031545659.

Doc n.º 4

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Un descanso…

Sobre el antiguo derecho de petición

Hace algún tiempo escribí sobre este importantísimo y con frecuencia poco valorado derecho, que sin embargo hunde sus raíces en el código alfonsino del siglo XIII.

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¡Es hora de volver a casa!

Buena salud, buena suerte y muchas gracias.

Maikel Arista-Salado

«Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este pequeñísimo compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios»

I. Contenido, propósito y razón de esta compilación.

Este apéndice documental tiene por objeto exponer, desde la perspectiva del Derecho público español, los dos grandes obstáculos que hoy se oponen al reconocimiento de la nacionalidad española de los descendientes de los naturales de Ultramar. El primero de ellos es el artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, cuya entrada en vigor supuso para España la imposición de un proceso de desnaturalización masiva y forzosa de quienes hasta entonces eran sus nacionales de origen en Cuba y Puerto Rico.

La revisión de publicaciones académicas, institucionales y divulgativas sobre el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 muestra un patrón bastante estable: el tratado sigue muy presente como hito histórico, pero su recuerdo suele venir cargado de una valoración negativa asociada, ante todo, a la pérdida de territorios por parte de España y al nacimiento de la expansión ultramarina de los Estados Unidos. Incluso cuando el tratamiento es más neutro o pedagógico, el foco recae casi siempre en el fin de la guerra hispano-estadounidense, la renuncia de España a Cuba y la cesión de Puerto Rico, Guam y Filipinas. En unos casos se le presenta como el acto que convirtió a Estados Unidos en potencia mundial; en otros, como el cierre del llamado «desastre» español. Lo que domina, en suma, es la lectura geopolítica del tratado: mapas, soberanía, imperio, derrota, ocupación.

Sin embargo, esa memoria dominante deja en sombra su dimensión más grave y menos discutida: los efectos del tratado sobre la condición política de los habitantes de los territorios cedidos o renunciados. El tratado desde luego, no se limita a ordenar una transferencia territorial bajo las figuras de la renuncia de la soberanía y la cesión, sino que hace una distinción entre los españoles peninsulares residentes en esos territorios, a quienes permite conservar su vínculo de lealtad a la Corona si manifiestan esa voluntad dentro de un año después de la entrada en vigor del tratado, y los habitantes nativos de los territorios cedidos, cuya «condición política» queda entregada a la determinación del Congreso de los Estados Unidos. Y allí donde la ley no distingue, no cabe hacer la distinción. Si la ley constitucional española no distingue entre unos y otros, un tratado no debe tampoco hacerlo especialmente cuando el origen nacional es la vara para otorgar —o negar— derechos.

La literatura jurídica más seria sobre Puerto Rico no estudia el fenómeno de desconexión constitucional con España, sino que se centra únicamente en las nuevas relaciones de poder con Estados Unidos, al explotar el tema de la apatridia e indeterminación civil sobrevenidas. La conversación pública recuerda el Tratado de París como pérdida de suelo, pero rara vez lo recuerda también como operación sobre las personas, esto es, como el instrumento que desencadenó la desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios. A mi juicio, una de las mayores cegueras de la historiografía corriente: ha llorado bastante por el territorio y muy poco por los nacionales. Precisamente por esa asimetría doctrinal se hace este compendio: para reunir, ordenar y exponer un problema que la historiografía corriente ha tratado de modo fragmentario o marginal, a saber, que el Tratado de París fue también el instrumento de una desnaturalización masiva y forzosa de quienes habían nacido españoles en aquellos territorios.

El segundo obstáculo radica en la construcción de una doctrina administrativa que, por vía de analogía, ha terminado por equiparar a Cuba y Puerto Rico con el Sáhara y la Guinea españoles, aplicando a aquellos territorios una ratio decidendi elaborada para supuestos histórica, política y jurídicamente distintos. Esa traslación, cristalizada en la práctica administrativa contemporánea a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 y de su recepción por la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha servido para consolidar un criterio restrictivo que desconoce la singular posición constitucional, legislativa e institucional que Cuba y Puerto Rico ocuparon dentro de la Monarquía española en el siglo XIX.

A partir de ambos presupuestos, este apéndice no se limitará a describir una dificultad técnica en materia de nacionalidad, sino que intentará demostrar que nos hallamos ante un problema de rango constitucional: el de la continuidad histórica y jurídica de la nacionalidad española, el alcance de la potestad del Estado para privar de ella a sus nacionales de origen, y la legitimidad de una doctrina administrativa que, al desfigurar la naturaleza de los territorios de Ultramar, termina restringiendo injustamente un derecho de la máxima relevancia. En otras palabras, lo que aquí está en juego no es solo una discusión interpretativa, sino la necesidad de revisar críticamente uno de los puntos más oscuros y menos resueltos del ordenamiento español contemporáneo.

Además, este apéndice cumple una función de orden y transparencia documental: en ambos casos se publican los principales instrumentos jurídicos que integran el respectivo tracto procesal, de modo que el lector pueda seguir, con continuidad y precisión, la secuencia completa de actuaciones, peticiones, respuestas, omisiones administrativas, recursos y demás hitos relevantes. No se trata solo de aludir a los expedientes, sino de poner a la vista los textos que los conforman, para que pueda apreciarse de manera directa cómo se ha articulado jurídicamente cada controversia, cuáles han sido sus fundamentos, y en qué puntos concretos se manifiestan las resistencias institucionales que este libro denuncia.

II. Contra el artículo IX del Tratado de París, de 10 de diciembre de 1898

1. Petición al Consejo de Ministros. Asunto: denuncia del artículo IX del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre de 1898, relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y Puerto Rico, radicado en el Consulado general de España en Miami, el 7 de octubre de 2022, con número de registro 10094.

   

   Doc n.º 1

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2. Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 23 de febrero de 2023, por la que se da contestación al [Doc n.º 1] escrito de petición de don Maikel Arista-Salado y Hernández en el que solicita la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, notificada el 20 de marzo de 2023.

   

   Doc n.º 2

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3. Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, de 13 de abril de 2023 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra [Doc n.º 2] Orden dictada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 23 de febrero de 2022 (notificada el 20 de marzo), que deniega [Doc n.º 1] Petición al Consejo de Ministros.

   

   Doc n.º 3

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4. Escrito de demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Procedimiento Ordinario n.º 766/2023. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4.ª

   

   Doc. n.º 4

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5. Escrito del Abogado del Estado por el que se da contesta a [Doc. n.º 4] Demanda (16 de enero de 2024): Arista-Salado contra Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, n.º 766/2023

   

   Doc. n.º 5

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El 5 de noviembre de 1900, treinta y un delegados inauguraban una convención constituyente en el Irijoa, nombre de aquel magnífico teatro al que rebautizaron, como no podía ser de otra manera, Martí. La Convención Constituyente tuvo a su cargo la redacción del código de la naciente república, con un matiz: el gobierno interventor «sugirió amablemente» a los constituyentistas que aprobaran el texto de la Enmienda Platt1 como condición a la evacuación de las tropas estadounidenses. O sea aprobaba el texto aquel, o la república no nacía. Los delegados no tuvieron más remedio que aprobarlo como un apéndice a la Constitución, y que además, ordenaba la celebración de un tratado de relaciones entre Cuba y Estados Unidos que reprodujese el articulado del apéndice constitucional.

En esencia, la Enmienda Platt es una modificación ordinaria que se introduce en la «Ley sobre autorización de asignación de recursos presupuestarios para el sostenimiento del Ejército correspondiente al ejercicio fiscal, el cual concluye el 30 de junio de 1902», Pub. L. 56-803;2 31 Stat. 895, 897,3 pero por sí sola no surte efectos jurídicos en Cuba. La norma cubana fue el Apéndice constitucional, que luego sirvió de base al Tratado de Relaciones de 22 de mayo de 1903.

La consabida enmienda ha sido estigmatizada como un símbolo absoluto del abuso norteamericano. Durante décadas, se ha presentado como la prueba incontestable de que la república nació humillada, vejada. Es más: ha sido la coartada perfecta para endilgarle el epíteto de «neocolonial». Esa lectura no es gratuita: la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba, la consecuente imposición del Apéndice Constitucional y el Tratado de 1903, con todas sus consecuencias (v.gr.: limitación de la capacidad jurídica internacional, limitación de la deuda pública, derecho de intervención, estaciones navales, etc.) forman parte de otro de los perversos motores de la historia cubana: el antinorteamericanismo, que luego la propaganda marxista pintó como antiimperialismo.

La Enmienda Platt como una obligación que impone el Derecho internacional

Estados Unidos había derrotado a España, ocupado la isla y creado con sus propios actos la situación que daría nacimiento a la nueva república. Si se tiene en cuenta, además, que toda esta operación se hace contra la voluntad tácita del cuerpo electoral cubano, expresada en sendas elecciones, tanto las de 1897 para el régimen autonómico, como las generales de marzo de 1898 para diputados a Cortes, puede entenderse que Estados Unidos se hace responsable por la organización política que deja al retirarse de Cuba como se desprende de la interpretación del Tratado de París. En ese sentido, la Enmienda Platt es el mecanismo por el que se plantea la tutela estadounidense del futuro Estado nacional cubano, y solo podía hacerse antes de que este naciera plenamente.

Una vez que existiera un gobierno cubano ya instalado y operativamente funcional, no tendría sentido pensar que aceptaría de buen grado limitaciones sobre deuda, tratados, integridad territorial o intervención. Por eso el momento decisivo fue la Convención Constituyente, como único momento en el que se podía positivizar el protectorado de la novísima república.

Análisis crítico de las fuentes: la Enmienda Platt como mito político

No suele aparecer en las fuentes como una disposición histórica que se analiza con frialdad, sino como el centro de un campo semántico enteramente condenatorio. En torno a ella se agrupan, una y otra vez, vocablos como «humillante«, «férrea», «camisa de fuerza», «afrenta», «tutela», «dominación», «hegemonía», «intervención» y «protectorado», éste último además con una notable carga negativa. No se trata de adjetivos aislados, sino de una red verbal coherente que convierte la norma en emblema de subordinación nacional. En el discurso oficial cubano, esa operación es especialmente visible: el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores la inserta en el lenguaje del «plattismo» y de la pérdida de cubanía, mientras Cubadebate la define directamente como una «humillante y férrea camisa de fuerza».

Ese campo semántico funciona además como mecanismo de fijación ideológica: se convierte en símbolo total: resume tutela extranjera, lesión de soberanía y trauma fundacional de la república. Por eso aparecen formulaciones como «mecanismo de dominación», «instrumento de hegemonía» o fórmulas equivalentes sobre la nación «de rodillas». El hecho histórico deja de ser tal para convertirse en drama nacional, cargado de valor moral trascendente y en un gran pecado original.

Lo más revelador es que esa carga semántica no se limita al aparato estatal. Incluso en medios no oficiales o críticos del régimen, la Enmienda Platt sigue apareciendo asociada a registros como «humillantes condiciones», «intervenir cuando así lo estimaran», «preservar el orden» como eufemismo de intervención, o la idea de que Cuba quedó reducida a una soberanía disminuida.

Esa continuidad permite sostener, con bastante base, que la Enmienda ocupa en la memoria pública digital hispana un campo semántico casi enteramente negativo: no se la invoca para discutirla, sino para condenarla. Cuando un hecho histórica absorbe un vocabulario completo de humillación y dependencia, se convierte en mito político

Frente a esa lectura manida de la Enmienda Platt, mi posición es que aquellas cláusulas buscaban preservar un Estado que nacía frágil, devastado y en manos de élites poco fiables. Esta no es una idea inventada hoy para «lavarle la cara» a Washington. Incluso en documentos de la época aparecen voces cubanas que desconfiaban de una independencia brusca. González Lanuza,4 por ejemplo, rechazó la idea de una independencia «inmediata» y «absoluta», y sostuvo que, «para el bien de Cuba», convenía que la intervención durara un poco más, al menos hasta que existiera «un orden económico bien asentado».

Ese dato importa porque rompe una simplificación que se ha vuelto casi sagrada: la de que todo el país estaba unánimemente lanzado hacia la independencia total y que Estados Unidos vino solo a frustrar una voluntad nacional ya cerrada. La realidad fue bastante más compleja. El estudio de Inés Roldán de Montaud muestra que en las elecciones al parlamento insular de fines de 1897, el 80% de la Cámara de Representantes resultó autonomista, y que en las últimas elecciones generales celebradas bajo soberanía española, participó alrededor del 48% del cuerpo electoral, ya bajo el régimen de sufragio universal. La autora afirma que ese resultado respondía a la «fuerza real» del autonomismo. Eso no convierte aquellas elecciones en un plebiscito técnico, pero sí deja claro que la independencia inmediata no era la única opción viva en el país, ni por la que optaba la mayoría de la población.

En otras palabras: Estados Unidos no actuó sobre una tabla rasa. Intervino sobre una isla en guerra, con instituciones destruidas, con una experiencia autonómica recién estrenada y con una sociedad dividida. Ese dato obliga a abandonar el cuento de los malos españoles contra los buenos cubanos.

Un libro abiertamente hostil a la primera intervención norteamericana admite que el gobierno de ocupación trabajó en materias como sanidad, educación, finanzas, creación de: Tribunal Supremo, Guardia Rural y juzgados correccionales, ampliación de carreras en la Universidad de la Habana, alcantarillado, pavimentación de calles, etc. Eso no convierte la ocupación en una obra benéfica, ni tiene por qué serlo, pero sí desmonta la caricatura de que todo fue únicamente pillaje.

Lo más serio, entonces, es sostener dos cosas a la vez. Primera: el discurso tradicional cubano exagera cuando presenta la Enmienda Platt como si fuese solo una máquina de dominación imperial y nada más. Segunda: tampoco tiene sentido irse al extremo contrario y pintarla como un regalo providencial. Lo que hubo fue una fórmula de tutela, severa y discutible, nacida de una relación de fuerza, pero también de un problema real: cómo evitar que la nueva república se deshiciera antes de empezar.

Ese equilibrio se entiende mejor si se separan dos planos. Un plano es el de la preservación del Estado. Ahí puede decirse que limitar la deuda, impedir tratados que comprometieran la independencia o la integridad territorial de la nueva república, o exigir el saneamiento de la isla respondía a una lógica de garantía, que a su vez depende de otra garantía que es la que articula el Apéndice Constitucional.

Esa distinción sigue siendo útil hoy. No solo para cómo se crea la república de 1902, sino también para pensar el futuro. Cuba vive otra vez una devastación, esta vez causada por el aparato comunista. Hay colapso material, hambre, infraestructura arruinada y una crisis moral de enormes proporciones. En esas condiciones, hablar de «transición» como si bastara con quitar a una camarilla y celebrar elecciones al día siguiente es una ingenuidad. La experiencia histórica enseña que la libertad política necesita andamiaje institucional, reglas, garantías y tiempo, lo cual no significa que toda tutela deba convertirse en humillación permanente.

Por eso conviene dejar de usar la Enmienda Platt como espantajo antiyanqui. Sirve más como advertencia que como consigna. Advierte que una república puede nacer débil y necesitar garantías, y que también pueden degenerar en una tutela abusiva si no se reconocen sus límites. Y, sobre todo, advierte que la historia de Cuba no se entiende repitiendo mitos, sino examinando quién creó cada situación, quién asumió responsabilidades y quién fue capaz —o incapaz— de construir un Estado estable.

La Enmienda Platt no debe ser demonizada con la pereza mental del relato escolar. Fue una solución dura, imperfecta y polémica a un problema real. Quien quiera entender el pasado de Cuba —y prepararse para su futuro— haría bien en empezar por ahí.

Solicitud de Acceso a Información Pública a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

El pasado 25 de marzo de 2026 radiqué una Solicitud de acceso a información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El documento te lo dejo a líneas seguidas, al que he adjuntado en la última página el justificante de entrega, es decir, la prueba de que efectivamente quedó registrado en el Registro Electrónico de la Administración General del Estado, con número de registro: REGAGE26e00031545659

Solicitud de acceso a informacion publica

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Solicitud de Información pública al amparo de los artículos 12 y sgts. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. SOLICITA Primero.— Copia de la Consulta DGRN de 17 de septiembre de 2007 (Anuario DGRN 2007, vol. III, Estado civil, pp. 3585-3590) Segundo.— Copia íntegra del expediente administrativo relativo a su elaboración, tramitación, aprobación, archivo, difusión o comunicación.

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¿Cuáles son las razones por las que se hace esta solicitud?

La primera es probatoria. La solicitud no persigue solo conseguir una copia de un documento; persigue fijar oficialmente qué dijo exactamente la Consulta de 17 de septiembre de 2007, cómo se gestó, quién intervino en su elaboración y qué soporte documental tuvo. Eso importa porque, cuando un criterio administrativo ha producido efectos jurídicos tangibles sobre derechos subjetivos fundamentales o expectativas jurídicas, ya no basta con hablar de él de oídas o mediante citas parciales. Hay que ponerle cuerpo: texto auténtico, expediente, antecedentes, notas internas, informes. En derecho administrativo, muchas veces el poder no está solo en la resolución final, sino en el expediente que revela su lógica interna. El estudio del expediente nos indicará cuáles normativas se tuvieron en cuenta, y cuáles no.

La segunda es estratégica. Si esa Consulta ha servido como criterio para resolver asuntos de nacionalidad, entonces conocer su tramitación permite evaluar su solidez jurídica. Puede revelar si fue una respuesta aislada, una interpretación improvisada, una construcción sin verdadero respaldo normativo o, por el contrario, un criterio elaborado con cierta sistematicidad. Esa diferencia no es menor. Una cosa es enfrentarse a una disposición clara y formalmente asentada; otra, muy distinta, es desmontar un criterio administrativo que quizá ha operado durante años con más inercia que fundamento. Esta solicitud no sólo busca una información determinada, sino la seriedad, el fundamento que condujo a esa información.

La tercera es política e institucional. Obliga a la Administración a definirse. Si entrega la documentación, reconoce implícitamente que existe un criterio administrativo identificable, trazable y susceptible de escrutinio. Si no la entrega, o dice que no consta, o que no encuentra expediente, o que no hay estadísticas, eso también habla. Y habla mucho. Porque puede revelar opacidad, desorden administrativo o ausencia de soporte suficiente para un criterio que ha tenido efectos sobre personas concretas.

Campaña de recaudación de fondos

Si consideras meritorio el trabajo que realiza ACC, asociación que por añadidura ostenta el blasón de ser decana de la hispanidad, y si aprecias que nuestra labor debe proyectarse con fuerza bastante hasta que todos los cubanos sepan que nuestra ciudadanía originaria, la española, fue ilegalmente conculcada, y que sus descendientes deben ser reconocidos en la condición de sus mayores, por favor, comparte este correo con amigos, familiares y conocidos, involúcrate con la asociación si eres miembro, y si no, considera una membresía. Haznos preguntas, miles de preguntas, todas las que quieras.

Es necesario recordar que la asociación se sostiene únicamente con sus donaciones, y que hay costos de operación, empleo de recursos, etc., a los que no puedo hacer frente solo. Podremos hacer en la medida en que podamos disponer de los recursos necesarios para proyectar una voz respetuosa, pero contundente, madura y razonable en sus peticiones. Apoya con lo que puedas, todo es bienvenido. Puedes realizar tu donación pulsando el enlace siguiente.

Campaña GoFundMe

Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

La apertura de actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia confirma la relevancia institucional de una controversia que afecta directamente a los descendientes de españoles de Ultramar

Autonomía Concertada para Cuba informa a sus lectores que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja formulada frente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la falta de resolución expresa de la petición presentada el 6 de enero de 2025 para revisar y variar el criterio interpretativo aplicado a la nacionalidad española de origen de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898. La queja fue registrada el 11 de marzo de 2026, y en su escrito de 18 de marzo de 2026 el Defensor del Pueblo comunicó formalmente su admisión a trámite, indicando además que ya se habían iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia.

La admisión de la queja no resuelve todavía el fondo del asunto, pero sí supone que una institución constitucional ha considerado que la denuncia reúne los requisitos legales y merece supervisión. En un expediente que llevaba más de un año sin respuesta, esta actuación rompe, al menos por ahora, la cómoda rutina del silencio. Y eso, en materia de nacionalidad, no es poca cosa.

Aquí te dejo nuestra petición:

La queja presentada expone con precisión el núcleo del problema: el 6 de enero de 2025 se dirigió a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) una petición formal para que revisara el criterio interpretativo establecido por la Consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 17 de septiembre de 2007, en la que se solicita la revisión del criterio vigente, la dejación sin efecto de esa consulta y la declaración de un nuevo criterio interpretativo para los naturales de Cuba y Puerto Rico nacidos antes de la entrada en vigor del Tratado de París de 1898. Sin embargo, transcurrido más de un año desde su presentación, no se había recibido resolución alguna, ni notificación de inadmisión, ni requerimiento de subsanación, ni contestación de fondo. La propia queja recuerda que la Ley Orgánica 4/2001 impone plazos concretos y que la Ley 39/2015 obliga a la Administración a dictar resolución expresa.

Ahora bien, conviene no perder de vista que el silencio administrativo, siendo grave, no es el único problema. El problema de fondo es también el criterio cuya revisión se solicitó. La Consulta de 2007 constituye uno de los muchos dobleces administrativos y doctrinales que, en materia de nacionalidad, han afectado directa y especialmente a los descendientes de españoles de Ultramar. Esa Consulta es, a día de hoy, uno de los obstáculos que con mayor descaro y a ojos vista lacera el derecho de muchos cubanos que hoy reclaman la nacionalidad española. Aunque formalmente se presenta como un documento administrativo, su efecto práctico ha sido mucho mayor: ha operado durante años como si tuviera fuerza normativa, condicionando resoluciones, cerrando vías interpretativas y consolidando una lectura restrictiva del derecho a la nacionalidad española de origen.

Queja Al Defensor Del Pueblo Contra Dgsjfp

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Primero.— El 6 de enero de 2025 presenté escrito de petición con número de registro REGAGE25e00000730112, contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) Segundo.— A pesar del tiempo transcurrido, no he recibido resolución expresa ni notificación por parte de la DGSJFP sobre dicha petición. La inactividad persiste, sin motivación formal conocida. Tercero.- Estos hechos evidencian un funcionamiento anormal de la Administración. La falta de resolución expresa frente a una petición ejercitada en el marco del art. 29 constitucional vulnera un derecho fundamental (art. 11.1 LORDFP); y segundo porque la malograda gestión de la certificación del silencio y el tracto registral tiene un impacto directo en la seguridad jurídica y en el control ciudadano de la actuación administrativa.

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Ese es precisamente el punto que ACC viene denunciando. La consulta no se limita a ordenar una cuestión técnica interna. En la práctica, aplica al caso de Cuba y Puerto Rico un régimen doctrinal construido para el Sáhara, pese a que se trata de realidades históricas, constitucionales y jurídicas distintas. Esa equiparación no es inocua. Produce una rebaja artificial de la posición jurídica de Cuba y Puerto Rico dentro de la comunidad política española de su tiempo y sirve de base para restringir derechos a sus descendientes. En román paladino: se traslada una plantilla ajena a dos territorios para los que no fue hecha, y luego se pretende que el resultado sea Derecho.

Desde la perspectiva de ACC, ello entraña una restricción impropia de un derecho de la máxima jerarquía constitucional. La nacionalidad española no puede ser tratada como una dádiva graciosa de la Administración ni quedar sometida a analogías históricamente defectuosas. La nacionalidad es el vínculo jurídico-político fundamental entre la persona y su comunidad natural. Por eso, cualquier restricción de su reconocimiento exige un estándar especialmente riguroso de legalidad, motivación y coherencia histórica. Cuando una consulta administrativa funciona como una limitación material para el acceso a la nacionalidad de origen, estamos ante algo más serio que un simple criterio de despacho.

ACC lleva denunciando abiertamente esta situación, al menos, desde enero de 2025, cuando se presentó formalmente ante la DGSJFP la petición de revisión de ese criterio administrativo. Aquella actuación no fue retórica ni ornamental. Fue un requerimiento institucional, fundado en Derecho, para que la Administración revisara un entendimiento restrictivo que viene produciendo efectos concretos sobre personas concretas. Lo mínimo exigible era una respuesta motivada. Ni siquiera eso ocurrió.

La respuesta del Defensor del Pueblo tiene, por tanto, una relevancia que excede el plano procedimental. Al admitir la queja y abrir actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, la institución reconoce implícitamente que aquí existe una cuestión digna de examen institucional que afecta el ejercicio de un derecho fundamental, la nacionalidad. No estamos ante una discusión académica marginal, ni un preciocismo legislativo. Estamos ante un problema de legalidad administrativa, de interpretación de un derecho que entronca con los derechos a la memoria y de justicia histórica respecto de los descendientes de españoles de Ultramar.

Exp. n.º 26036876 - Defensor del Pueblo admite la queja a trámite

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Estudiada la queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los rsquisitos establecido en el artículo 54 de la Constitución española, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensor del Pueblo. Se inician las actuaciones oportunas ante la Secretaría de Estado de Justicia.

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ACC mantendrá su actuación por los cauces legales y con la firmeza que exige la entidad del asunto. Seguiremos sosteniendo que la cuestión de la nacionalidad de los naturales de Cuba y Puerto Rico anteriores a 1898 no puede seguir resolviéndose mediante analogías impropias, consultas administrativas elevadas de hecho a dogma y silencios burocráticos incompatibles con el Estado de Derecho. La verdad histórica no se corrige con formularios, y los derechos no deben quedar a merced de atajos administrativos.

La admisión a trámite de esta queja no cierra la controversia, pero sí intenta poner presión sobre la DGSJFP, e incluso sobre el Secretario de Estado de Justicia para que obtener el resultado que la ley determina. Queda pendiente la vía judicial si estos refuerzos can en saco roto.

El Semanario seguirá informando sobre el curso de estas actuaciones y sobre todos los esfuerzos dirigidos a restaurar la verdad jurídica e histórica en materia de nacionalidad para los descendientes de españoles de Ultramar.

Inicia la batalla en tribunales federales estadounidenses contra el Tratado de París

Comenzamos los esfuerzos para involucrar a los EE. UU. en el manejo de esta nefanda arbitrariedad. En la próxima entrega daremos muchos más detalles sobre esta iniciativa. Recientemente supimos que el puertorriqueño Eddie Ortiz ha interpuesto una demanda judicial en el Tribunal federal de distrito (1era instancia) para el Distrito Central de la Florida, y tuvo la amabilidad de enviarnos la demanda. ¡Éxitos!

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA
ORLANDO DIVISION

EDWIN OBIDIO ORTIZ MONTAÑEZ, Pro Se,

Plaintiff,

v.

UNITED STATES OF AMERICA,

Defendant.

Civil Action No. ___________

PETITION FOR DECLARATORY AND EQUITABLE RELIEF
SEEKING RESTORATION OF PUERTO RICO’S AUTONOMOUS GOVERNMENT
UNLAWFULLY INTERRUPTED IN 1898

I. INTRODUCTION

This is a pro se petition seeking declaratory and equitable relief arising from the unlawful interruption, dismantling, and permanent suppression of the duly constituted Autonomous Government of Puerto Rico, established under Spanish law and ratified by the 1897 Autonomic Constitution (Carta Autonómica), following the United States military invasion of Puerto Rico in 1898.

The 1897 Autonomic Constitution was not a mere administrative charter. It was a Royal Decree of constitutional rank, enacted by the Spanish Crown and recognized by the Spanish Cortes. It established Puerto Rico as a self-governing political entity within the Kingdom of Spain, subordinated to the Spanish Constitution of 1876, yet permanent in character and alterable only by petition of Puerto Rico or Cuba themselves. It constituted Puerto Rico’s own constitution inside the Spanish constitutional system.

Plaintiff does not seek monetary damages, reparations, or compensation. This Petition seeks institutional restoration, legal recognition, and constitutional correction of a government that lawfully existed and was removed through foreign overreach, without the consent of the governed.

Plaintiff asserts that Puerto Rico’s present political condition is the direct result of this overreach, producing a 125-year constitutional vacuum, systematic misdirection of its population, and the erasure of democratically elected autonomous institutions.

II. JURISDICTION AND VENUE

This Court has jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. §§ 1331 and 2201, as this action arises under the Constitution, treaties of the United States, and federal law.

Venue is proper in the Middle District of Florida, Orlando Division, as Plaintiff resides within this District and seeks declaratory and equitable relief against the United States.

III. PARTIES

Plaintiff is Edwin Obidio Ortiz, a United States citizen born in the continental United States; son of Edwin Ovidio Ortiz Toro, a native-born Puerto Rican; and grandson of Antonio Carlos Ortiz Ramírez, born in Puerto Rico in 1897, the same year the Autonomic Constitution was enacted—rendering this action both legal and generationally symbolic.

Defendant is the United States of America.

IV. PUERTO RICO WAS A SELF-GOVERNING POLITICAL ENTITY PRIOR TO 1898

Puerto Rico was not a colony devoid of institutions.

In 1809, Puerto Rico was formally recognized as part of the Spanish nation and granted representation in the Spanish Cortes.

The Spanish Constitution of 1812 (Cádiz Constitution) declared that all Spaniards of both hemispheres constituted one nation, granting Puerto Ricans Spanish nationality and parliamentary representation.

The Spanish Constitution of 1876 reaffirmed Puerto Rico’s constitutional status and representation within Spain’s national legislative framework.

In 1897, Spain enacted the Autonomic Constitution of Puerto Rico, creating a fully autonomous government with:

An elected insular Parliament

An insular Council of Secretaries

Control over internal governance

Fiscal authority

Judicial administration

Spain retained only defense and foreign relations.

V. DEMOCRATIC ELECTIONS UNDER THE 1897 AUTONOMIC CONSTITUTION

On March 27, 1898, Puerto Rico conducted island-wide general elections pursuant to the 1897 Autonomic Constitution.

Historical records indicate that approximately 70–71% of registered voters participated, an exceptionally high level of civic engagement for the era.

The Liberal Fusionist Party, led by Luis Muñoz Rivera, received an overwhelming majority of the popular mandate—estimated at approximately 80% resulting in the formation of a legitimate autonomous government chosen by the people of Puerto Rico. Muñoz Rivera assumed the position of Secretary of State of the Autonomous Government, alongside other duly elected officials.

Within months of these elections, and before the autonomous government could complete a single full year of constitutional governance, the United States invaded Puerto Rico in July 1898, forcibly dissolving a democratically elected government lawfully established through popular vote.

VI. THE 1898 INVASION AND TREATY OF PARIS CONSTITUTED FOREIGN OVERREACH

The Treaty of Paris (1898) was executed without Puerto Rican participation, consent, or representation.

Article IX of the Treaty provided Spanish nationals born in Spain a one-year option to retain Spanish nationality. No equivalent option or notice was extended to native-born Puerto Ricans, rendering the population stateless.

This constituted foreign governmental overreach, stripping Puerto Rico of:

Its elected government

Its constitutional institutions

Its citizenship framework

Its economic autonomy

VII. STATELESSNESS AND LEGAL LIMBO (1898–1917)

From 1898 to 1917, Puerto Ricans existed in a condition of statelessness, deprived of Spanish nationality and denied United States citizenship.

During this period, Puerto Ricans were described by U.S. officials and courts as “nationals,” a classification comparable to that of American Samoa, reflecting profound constitutional ambiguity.

United States citizenship was imposed by statute in 1917, without plebiscite or consent, coinciding with military conscription.

VIII. SYSTEMATIC DISMANTLING OF AUTONOMY BY APPOINTED GOVERNORS

Following the invasion, U.S.-appointed military and civil governors dismantled Puerto Rico’s autonomous structures, including:

Elimination of Puerto Rico’s currency

Displacement of local banking systems

Termination of international trade relationships

Restructuring of education and civil institutions

Prior to 1898, Puerto Rico maintained its own currency, banks, export industries, and trade with Europe and Latin America. These systems were eliminated by imposition, not democratic choice.

IX. THE MYTH OF SELF-GOVERNMENT UNDER THE ELA (COMMONWEALTH)

The Estado Libre Asociado (ELA), established in 1952, did not grant sovereignty or remove Congressional authority.

Puerto Rico remains an unincorporated territory subject to Congress’s plenary power under the Territorial Clause. Congress retains authority to override, modify, or nullify Puerto Rico’s laws and constitution, as confirmed by Supreme Court decisions including Downes v. Bidwell, Harris v. Rosario, Sánchez Valle, and by the imposition of PROMESA in 2016.

If Puerto Rico were genuinely self-governing, PROMESA would have been constitutionally impossible.

X. MISDIRECTION THROUGH NON-BINDING REFERENDA

Puerto Rico has held seven plebiscites: 1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020, and 2024.

All were legally null and void ab initio because Puerto Rico remains unincorporated. Congress has never granted incorporation, rendering each referendum legally ineffective from inception.

XI. DENIAL OF PRESIDENTIAL VOTING RIGHTS (IGARTÚA CASES)

In Igartúa de la Rosa v. United States and related cases, federal courts denied presidential voting rights to Puerto Ricans not due to incapacity, but because Puerto Rico remains unincorporated, confirming structural disenfranchisement.

XII. REPRESENTATION UNDER SPAIN VS. DISENFRANCHISEMENT UNDER U.S. RULE

Under Spanish sovereignty, Puerto Rico elected representatives to Spain’s national legislature. Ramón Power y Giralt, a Puerto Rican, served as a deputy in the Spanish Cortes, demonstrating full participation in sovereign governance.

Under U.S. rule, Puerto Rico has never had voting representation in Congress or the Senate. The Resident Commissioner holds no floor vote.

XIII. CONTRAST WITH OTHER U.S. TERRITORIES

Hawaii was incorporated shortly after annexation and admitted as a state following a binding plebiscite.

Puerto Rico remains unincorporated 125 years later.

Palmyra Atoll, an incorporated and virtually uninhabited territory, possesses greater constitutional standing than Puerto Rico’s 3.2 million residents.

XIV. PATTERN OF IDEOLOGICAL SUPPRESSION

The carpetas surveillance program demonstrates systematic suppression of political self-determination through ideological policing and intimidation.

XV. RELIEF REQUESTED

Plaintiff respectfully requests that this Court:

A. Declare that the 1898 termination of Puerto Rico’s autonomous government constituted unlawful foreign overreach.

B. Declare that Puerto Rico remains a non-self-governing territory under domestic and international law.

C. Declare that the autonomous government of 1897–1898 was lawfully constituted and democratically elected.

D. Order the United States to initiate formal dialogue with Puerto Rico and the Kingdom of Spain to facilitate lawful restoration and decolonization.

E. Order that Puerto Ricans displaced to the United States due to economic hardship or natural disasters be permitted to vote in any future status referendum from abroad.

F. Order that any future referendum be conducted as a standalone election, separate from local partisan elections.

G. Grant such further equitable relief as justice requires.

XVI. CONCLUSION

This Petition does not seek compensation.

It seeks restoration of government, dignity, and lawful continuity interrupted by force.

Puerto Rico asks not for something new, but for the return of what already existed.

Respectfully submitted,

Edwin Obidio Ortiz

Pro Se

A todos los que han donado, compartido y acompañado este esfuerzo: gracias.

Cada aporte confirma que esta causa no está sola. Lo que estamos construyendo no es solo una campaña, sino una estructura seria para defender una verdad histórica y una reclamación de justicia que durante demasiado tiempo ha sido ignorada.

Seguimos avanzando. Detrás de cada paso hay horas de estudio, organización, estrategia y trabajo constante para darle forma institucional y jurídica a esta lucha. Nada de esto ocurre por inercia. O se empuja, o se queda en el olvido.

Su apoyo nos permite seguir empujando.

Gracias por creer en este proyecto, por sostenerlo y por ayudar a que más personas conozcan una causa que merece salir de la sombra.

Seguimos.

Historiografía constitucional cubana

por Maikel Arista-Salado

En agosto de 2025 publiqué en este boletín algunas ideas sobre cómo, a mi juicio, el discurso nacionalista va pervirtiendo hasta nuestra comprensión del pasado. Lo hace a través de dos elementos que operan de manera simultánea: el marcado y la atomización; el marcado es la impresión de ciertos axiomas, dogmas, desde edades muy tempranas, antes de que se forme una mínima capacidad de raciocinio, verbigracia: la bandera cubana es la más linda del mundo. A simple vista puede parecer una nimiedad, pero de una en una se construyen complejos sistemas simbólicos de un profundísimo calado psicológico. La atomización, por su parte, garantiza que ese relato no aparezca como una consigna aislada, sino como una verdad distribuida y reproducida por todos los miembros del cuerpo social y a través de sus manifestaciones culturales: desde los manuales escolares hasta la literatura, desde el preámbulo de un texto constitucional hasta las canciones populares.

Así se produce la apariencia de consenso, continuidad y coherencia. En el campo de la historiografía constitucional, este doble mecanismo permite que ciertos textos —Guáimaro, Jimaguayú, la Yaya— queden marcados como hitos fundacionales casi sagrados, mientras el constitucionalismo español que rigió efectivamente en Cuba durante buena parte del siglo XIX es atomizado, esto es, descompuesto en menciones sueltas, referencias marginales o simples antecedentes coloniales sin densidad propia.

La historiografía constitucional cubana puede leerse como un ejemplo particularmente eficaz de atomización, es decir, es otra vez el mismo relato de epopeya redentora llevado en forma de publicación académica para lograr un objetivo: justificar la existencia del Estado cubano. En agosto de 2025 publiqué algunas líneas sobre cómo una destacada catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de la Habana se convierte en operadora de esta atomización al considerar que la ciudadanía como status cívico de los cubanos se inaugura con las constituciones mambisas o «pre-estatales», lo cual automáticamente niega la existencia de ese derecho en el ordenamiento jurídico español, del que formaban parte los cubanos.

Una de las trampas más persistentes de cierta historiografía cubana consiste en mencionar el constitucionalismo español solo para quitárselo de encima. El artículo de Santiago Bahamonde Rodríguez y Fabricio Mulet Martínez sobre Jimaguayú es un buen ejemplo. Desde el sumario se ve dónde está el corazón del texto:

«II. Marco general del constitucionalismo revolucionario cubano de la segunda mitad del siglo XIX. III. Las Constituciones de la Guerra de los Diez Años. IV. El pensamiento martiano… V. La Asamblea Constituyente de Jimaguayú».1

No hay un apartado equivalente dedicado al orden constitucional español vigente en Cuba. El diseño del artículo ya delata la preferencia: España queda como un telón de fondo, como un accesorio, o una exterioridad.

Los autores admiten que Cuba «permaneció bajo el dominio colonial español a lo largo de todo el siglo XIX» y que la invasión napoleónica y las Cortes de Cádiz actuaron como catalizador de los primeros replanteamientos político-jurídicos en la isla. Incluso afirman que ahí pueden situarse «los albores del constitucionalismo cubano». Pero, hecha esa concesión, el relato gira enseguida hacia las conspiraciones, la guerra y las constituciones insurgentes. Cádiz aparece como una obligada introducción, para luego solazarse en Jimaguayú.

Sobre Guáimaro, ya me he pronunciado aquí, aquí:

y aquí:

Lo más llamativo es la contradicción que el propio artículo deja expuesta. Bahamonde y Mulet conceden que las constituciones mambisas tuvieron un «alcance en extremo limitado» y una «vigencia efectiva más que cuestionable», pues solo regían en las «estrechas fronteras» del campo insurrecto. Añaden además que, para Montoro y Govín, habían nacido «en la guerra y para la guerra», sin verdadera «fuerza normativa» en sentido estricto. Y, sin embargo, pese a esa eficacia reducida, les dedican el grueso del análisis y las convierten en el centro del relato constitucional.

El derecho español, que fue el orden positivo general de la isla durante décadas, queda reducido a unas líneas introductorias. En cambio, los textos insurgentes, aunque jurídicamente precarios, reciben toda la densidad doctrinal y toda la carga épica. No porque rigieran más, sino porque sirven mejor a una narrativa nacionalista. El artículo lo dice sin querer cuando explica cómo la «literatura de campaña» y autores posteriores «redimensionaron el valor del constitucionalismo revolucionario», hasta el punto de sostener que con él se erigía “por primera” un Estado propiamente cubano.

Este patrón no es exclusivo de Bahamonde y Mulet. Rafael Rojas incurre en una versión más elegante del mismo problema. Reconoce que la historia constitucional cubana tiene un «momento liberal (1812-1901)»2 y admite que en Cuba rigieron “las cinco constituciones peninsulares” —1812, 1837, 1845, 1869 y 1876— bajo “el régimen constitucional colonial del imperio español”. Pero una secuencia de más de ocho décadas de derecho vigente queda comprimida en una formulación general, mientras el interés del relato se desplaza hacia las grandes etapas ideológicas.

El resultado de todo esto es grave: se fabrica la impresión de que entre Cádiz y Jimaguayú hubo poco más que coloniaje amorfo, una especie de vacío sin verdadera sustancia constitucional. Y una vez fabricado ese vacío, las constituciones mambisas pasan a parecer necesarias, inevitables, fundacionales. Pero el vacío no estaba en la historia; estaba en la pluma. Cuba no pasó de la nada a la manigua. Pasó por un largo siglo de constitucionalismo español, desigual y excepcional si se quiere, pero real. Borrarlo o comprimirlo no aclara la historia, sino que sigue envolviendo en hagiografías inventadas a los cuatreros insurgentes.

Maikel Arista-Salado

Don Buenaventura Abárzuza y Ferrer

por Alejandro Fernández de Castro

Cuando Buenaventura Abárzuza y Ferrer estampó su firma en el Tratado de París, en diciembre de 1898, ponía fin a más de cuatro siglos de historia compartida entre España y la tierra que lo vio nacer. Había llegado a aquella mesa de negociación por un largo camino que empezó en La Habana, siguió en Cádiz y terminó en los ministerios de Madrid. Su biografía es la de un político liberal atrapado en la tormenta perfecta del final de siglo: la de un hombre que quiso reformar para conservar cuando ocupó el cargo de Ministro de Ultramar, pero terminó asistiendo, como firmante, a la liquidación. Fue ministro de Ultramar entre el 4 de noviembre de 1894 y el 23 de marzo de 1895, un período breve, pero decisivo, en el que intentó articular una salida descentralizadora para las Antillas españolas.

Nació en La Habana en 1841, hijo mayor del matrimonio formado por Teresa Ferrer y José Abárzuza Imbrech. Ella era habanera; él, un gaditano que había cruzado el Atlántico para hacer fortuna en el comercio indiano. Su historia no era excepcional: miles de españoles peninsulares se establecían en la isla, formaban familia con españolas naturales de Cuba y, en muchos casos, echaban raíces definitivas allí. Otros, sin embargo, tomaban un camino distinto: regresaban a la Península con sus mujeres y sus hijos, trayéndose consigo los capitales acumulados y aquel aire de América que los distinguía. Debe advertirse, no obstante, que algunas fichas parlamentarias posteriores consignan 1843 como año de nacimiento, aunque otras fuentes de referencia biográfica lo sitúan en 1841.

La familia Abárzuza Ferrer perteneció a estos últimos. Cuando Buenaventura era todavía un niño, su padre decidió fijar la residencia familiar en Cádiz, ciudad que era por entonces la antesala de América, llena de barcos, de negocios y de noticias de Ultramar. José Abárzuza, hombre bien relacionado, se integró rápidamente en la élite local: fue diputado provincial, vocal de Instrucción Pública, regidor municipal, y accionista del ferrocarril, del Banco de Cádiz y de la naviera de Antonio López. En ese ambiente de burguesía mercantil se crió el muchacho, que desde muy joven formó parte, junto a su padre y sus hermanos, de la casa comercial Abárzuza Hermanos.

La madre, Teresa Ferrer, aparece en las fuentes como “la habanera”, pero esa precisión no era entonces una rareza exótica. Era simplemente una española de una provincia lejana, y su presencia en Cádiz recordaba los lazos que unían ambos lados del Atlántico. Que su hijo llegara a ser ministro de la Corona no requería ningún trámite extraordinario: los nacidos en Cuba eran españoles de pleno derecho, y cuando la familia regresó a la Península, conservaron esa condición sin necesidad de naturalización alguna. España consideraba suyos a los nacidos en las Antillas españolas.

Antes de ocupar Ultramar, Abárzuza ya había recorrido una trayectoria política y diplomática notable: fue diputado en el Sexenio, periodista vinculado al entorno de Castelar, embajador en París durante la Primera República y, más tarde, senador del Reino. Ese perfil explica por qué no fue elegido al azar para encargarse del problema antillano: era un hombre del régimen, pero también un político con experiencia en transacciones delicadas.

Su paso por el Ministerio de Ultramar tuvo un objetivo preciso: contener la crisis de Ultramar mediante una fórmula de descentralización política y administrativa. El proyecto que impulsó, construido sobre la base de los planes anteriores de Antonio Maura, pero corregido para hacerlo más aceptable dentro del sistema de la Restauración, buscaba ofrecer a Cuba y Puerto Rico una cuota real de autogobierno sin romper la unidad de la Monarquía. En Puerto Rico, la historiografía señala expresamente que fue nombrado para encargarse de ese rediseño reformista; en Cuba, la ley asociada a su nombre preveía un Consejo de Administración con capacidad para preparar el presupuesto insular, imponer tributos locales y gestionar amplios ramos de la administración interior, desde las obras públicas y las comunicaciones hasta la instrucción pública, la beneficencia y la sanidad.

El sentido político de aquella reforma era claro: Madrid empezaba, por fin, a renunciar a intervenir directamente en ciertos ámbitos de la administración local antillana, transfiriéndolos a instituciones radicadas en las propias islas. Era, en sustancia, un intento de reformar para conservar: conceder gobierno propio para mantener la soberanía compartida bajo la Corona. Pero el proyecto nació tarde, en medio de un clima ya envenenado por la desconfianza, la polarización y la inminencia de la guerra. La Ley de Bases fue aprobada en marzo de 1895, apenas días antes de la dimisión de Abárzuza; quedó así marcada desde su origen por la precariedad política y por la rapidez con que los acontecimientos militares la desbordaron.

Tres años después, en 1898, se sentó a negociar la paz, pero pagando por ella el enorme precio de la unidad territorial de España. Hubo de ser el trago más amargo de su vida.

La guerra civil de 1895 a través de la familia Freyre de Andrade

por don Alejandro Fernández de Castro

La historia de Cuba es, ante todo, historia de España. Durante más de cuatro siglos, la isla fue una prolongación natural de la madre patria, una provincia española de ultramar donde se forjó una identidad hispánica compartida a ambos lados del Atlántico. Frente a la narrativa interesada que habla de una «conquista» entre extraños, la realidad documental demuestra que Cuba era España, habitada por españoles que construyeron su prosperidad bajo el amparo de la Corona. La Guerra de 1895 no fue, por tanto, un conflicto entre naciones extranjeras, sino una guerra civil entre españoles, el episodio más doloroso de una familia que se desgarraba a sí misma.

Para comprender esta verdad histórica, nada mejor que observar una estirpe que encarna este vínculo indisoluble: la familia Freyre de Andrade. Su árbol genealógico, sus servicios militares y su entrega a España y a Cuba constituyen la prueba irrefutable de que la historia de la isla es, en esencia, historia de España.

Un patriarca desde el mar: Servicio a la Real Armada Española

La presencia española en Cuba no fue la de unos administradores lejanos y explotadores, sino la de familias que durante generaciones sirvieron a la Corona y edificaron el país con su trabajo, su esfuerzo y su sangre. El origen de los Freyre de Andrade en la isla lo establece el abuelo de nuestro personaje principal, Don Fernando Freyre de Andrade y Mella, cuya trayectoria ejemplifica la España que construyó Cuba.

Natural de Ferrol (La Coruña, Galicia), cuna de la Marina española y corazón de la Armada que protegió las rutas con América, Don Fernando dedicó su vida al servicio de la Real Armada. Su hoja de servicios es la de un oficial ejemplar: ingresó en las Reales Compañías de Guardias-Marinas en 1818, alcanzando el grado de Teniente de Navío. Su pericia y lealtad a España le llevaron a ocupar puestos de alta responsabilidad en la administración naval de la isla, siendo nombrado Ayudante de Matrículas y, crucialmente, Capitán del puerto de Batabanó, en la isla de Cuba. Este cargo le convertía en la máxima autoridad marítima de esa región, responsable del control portuario, el comercio y la defensa del territorio español. Los españoles no solo “conquistaban”, como falsamente se afirma: gestionaban, poblaban, defendían y amaban esta tierra como parte de la nación.

Su integración en la sociedad cubana fue total, porque no había sociedad cubana separada de la española: todo era España. El 5 de octubre de 1836, en la parroquia del Espíritu Santo en La Habana, contrajo matrimonio con Doña María Ramona Van-Herck y Beyens. Ella era natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), perteneciente a una familia con profundísimas raíces militares: su padre, Don Francisco Teófilo Van-Herck y Arzola, era Coronel de Infantería de los Reales Ejércitos. Este matrimonio entre un oficial de la Armada y la hija de un coronel del Ejército, celebrado en una iglesia habanera bajo el amparo de la Corona, simboliza la unidad indisoluble de la familia española en ambos lados del Atlántico.

La siguiente generación: defendiendo a España en África

El legado español y la conciencia de pertenencia a una gran nación se transmitieron a la siguiente generación. El hijo del matrimonio, Don Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck, nació en La Habana y fue bautizado en la misma parroquia del Espíritu Santo el 19 de agosto de 1837. Era, por tanto, un español nacido en territorio español ultramarino. Y como buen español, siguió la tradición familiar de servir a la patria con honor.

Don Fernando Freyre de Andrade y Van-Herck fue Capitán de Infantería de los Ejércitos Nacionales. Su servicio no se limitó a las guarniciones de la isla, sino que acudió a defender los intereses de España allí donde la patria lo necesitaba. Participó heroicamente en la Guerra de África de 1859, luchando a las órdenes del General O’Donnell y ganándose una de las más altas distinciones militares: la Cruz de África. Este hecho es de una importancia capital: un español nacido en Cuba empuñó las armas para defender el honor y la integridad territorial de España en el norte de África, demostrando que la lealtad a la nación española no solo no estaba reñida con el amor por su tierra natal, sino que lo fortalecía. Falleció en La Habana el 17 de septiembre de 1888, dejando un legado de honor y servicio que honrarían sus hijos.

El drama de la guerra civil: de magistrado español a general del bando separatista

La figura cumbre de esta saga es Fernando Freyre de Andrade y Velázquez, nacido en La Habana el 10 de septiembre de 1863. Su vida es el espejo perfecto de la tragedia que supuso la guerra civil de 1895, cuando españoles de uno y otro lado del espectro político se enfrentaron en un conflicto fratricida. Formado en las más altas instituciones de la nación, se graduó como abogado en la Universidad de Madrid y revalidó su título en la Universidad de La Habana en 1885. Su carrera en la administración de justicia española fue meteórica: en 1890 era fiscal sustituto de la Audiencia de La Habana, y para 1894 ya era Magistrado suplente. Era, sin duda, un español exitoso que había alcanzado altas cotas de responsabilidad gracias a las instituciones de la madre patria.

Sin embargo, como muchos españoles de ultramar, discrepaba profundamente de las políticas erráticas de los sucesores del General Martínez Campos. Fue precisamente su patriotismo, su deseo de una España mejor y más justa, lo que le llevó a tomar una decisión dramática. En 1896, en lugar de permanecer impasible ante lo que consideraba errores del gobierno, se trasladó a Estados Unidos y se puso a las órdenes de Tomás Estrada Palma. No traicionaba a su patria, sino que elegía un bando en una guerra que enfrentaba a españoles entre sí. Integró la tercera expedición que llegó a Cuba en octubre de 1896.

El General Máximo Gómez, español nacido en Baní (actual República Dominicana), que había hecho de la causa cubana la suya, lo incorporó como Comandante de Caballería a su Cuartel General. Para 1897, fue elegido representante y el Consejo de Gobierno revolucionario, reconociendo su excepcional formación española y su prestigio, lo nombró Jefe del Jurídico Militar con el grado de General de Brigada. El antiguo magistrado formado en Madrid se convirtió en la máxima autoridad judicial del bando separatista. Paradójicamente, los conocimientos y la formación que España le había proporcionado los utilizaba ahora en su contra.

Tras la intervención estadounidense, que truncó cualquier posibilidad de reconciliación entre españoles, y el fin de la guerra, Freyre de Andrade, como tantos otros, continuó su vida en la nueva República. Fue Fiscal del Supremo, Secretario de Gobernación, Presidente de la Cámara de Representantes y, finalmente, Alcalde de La Habana en 1912.

Conclusión: Una familia, dos Españas, una misma sangre

La trayectoria de los Freyre de Andrade no es la excepción, sino la prueba fehaciente de la españolidad de Cuba y de la naturaleza civil del conflicto de 1895. El abuelo fue un oficial de la Armada que sirvió a España en territorio español; el padre fue un Capitán condecorado por luchar por España en África; el hijo fue un magistrado español que, por sus convicciones políticas, se alzó en armas contra el gobierno de su propia nación para intentar construir una nueva.

Negar el origen español de los cubanos es un ejercicio de manipulación histórica que ignora que hombres como Fernando Freyre de Andrade y Velázquez estudiaron en Madrid gracias a las instituciones españolas, ejercieron la ley en La Habana bajo soberanía española y, cuando llegó el momento, lucharon con la misma pasión que sus padres y abuelos, aunque en el bando contrario. La Guerra de 1895 no fue una conquista de extraños, sino el último y más desgarrador episodio de una larga guerra civil entre españoles que, divididos por sus ideas pero unidos por su sangre, su lengua y su historia, decidieron el futuro de una de las provincias más queridas y españolas de la nación. Porque antes de ser cubanos, fueron españoles; y muchos, en el fondo, lo siguieron siendo siempre.

Referencias:

Santa Cruz y Mallén, F. X. de. (1943). Historia de familias cubanas (Tomo 3). Editorial Hércules.

EcuRed. (s. f.). Familia Freyre de Andrade (Rama cubana). Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://www.ecured.cu/Familia_Freyre_de_Andrade_(Rama_cubana)

Geneanet. (s. f.). Pessoa: ANDRADE, La Habana, Cuba – Pesquisar todos os registos [Base de datos]. Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://pt.geneanet.org/fonds/individus/?country__0__=CUB&go=1&nom=ANDRADE&page=2&region__0__=LHA&size=50&zonegeo__0__=La+Habana,+Cuba

Heráldica de apellidos. (s. f.). Origen y significado del apellido Freyre de Andrade. Recuperado el 28 de febrero de 2026, de https://heraldicadeapellidos.com/index.php/origen-de-los-apellidos/origen-de-apellidos-letra-f/9164-origen-y-significado-del-apellido-freyre-de-andrade

La nacionalidad como derecho histórico

por Maikel Arista-Salado

Me ha sorprendido la enorme resistencia de los cubanos a reconocer que nuestra ciudadanía antes de 1898 era la española. El cuento independentista necesita la orfandad política para existir. Vaya por delante que «ciudadanía» es un término muy reciente, pero su origen funcional está en la «naturaleza» de la época medieval y moderna. La naturaleza era una condición personal mediante la cual un individuo tenía pleno reconocimiento en la comunidad política: no era una metáfora identitaria, sino un estatuto jurídico que delimitaba quién pertenecía y quién quedaba fuera.

En el régimen indiano, además, la extranjería no se definía por un «sentimiento nacional», sino por la territorialidad del derecho: «la extranjería es una aplicación del principio de territorialidad de la ley» (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Y lo decisivo es que esa territorialidad no operaba respecto del virreinato como si Indias fuese un país distinto, sino respecto de Castilla como reino rector; por eso, como consecuencia de la accesión, «se era extranjero… respecto de los reinos de Castilla, y… también respecto de todo el territorio de Indias» (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Si se podía ser extranjero en Indias por referencia a Castilla, también se podía ser natural en Indias por esa misma referencia: pertenencia política plena, no una pertenencia degradada.

Este es el punto que echa por tierra la leyenda de la orfandad. La Monarquía no concibió Indias como una fábrica de «quasi-ciudadanos», sino como un espacio incorporado, donde el estatuto personal se organizaba con categorías internas. No por casualidad, desde muy temprano el nacimiento ultramarino aparece jurídicamente computado dentro del radio de la naturaleza. Oropeza destaca que los hijos nacidos “en los reinos castellanos (lo cual incluye a la isla La Española) también serían considerados naturales” (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Traducido al lenguaje contemporáneo: en el circuito jurídico que nace con la conquista, la pertenencia política se podía adquirir y consolidar en ultramar.

Por eso el artículo IX del Tratado de París de 1898 debe leerse como el punto de partida de una ruptura violenta del estatuto personal: la mutilación por tratado de un vínculo que había sido construido, reconocido y practicado durante siglos. Si la naturaleza castellana, luego española, ha sido siempre el vínculo político fundamental de la Monarquía, entonces la desnaturalización de 1898 vulneró un derecho consolidado durante más de veinte generaciones. Otra de las razones por las cuales Y esa es, precisamente, la razón por la cual el mito independentista necesita negar la continuidad: porque admitirla obliga a reconocer que en 1898 no nacimos políticamente; nos despojaron.

El problema de la nacionalidad española de los cubanos no empieza en 1898 ni se decide con categorías del Estado-nación proyectadas hacia atrás. Empieza en la arquitectura jurídico-política que acompaña a la conquista, la incorporación y el gobierno de Indias. En ese mundo, lo que hoy llamamos “ciudadanía” se articulaba mediante nociones premodernas —naturaleza, vecindad y vasallaje— que cumplían una función equivalente: delimitar pertenencia al cuerpo político y acceso a sus efectos jurídicos. Por eso, para comprender el alcance del artículo IX del Tratado de París, hay que reconstruir primero qué significaba ser “natural” en el derecho indiano y cómo se definía, en espejo, la condición de “extranjero”.

La extranjería, en el derecho indiano y castellano, no se presenta como un atributo biográfico inherente, sino como una imputación jurídica dependiente de un sistema normativo territorial. La idea se formula con nitidez: “La extranjería es una aplicación del principio de territorialidad de la ley” (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX). Esa frase obliga a abandonar lecturas identitarias o esencialistas: el extranjero no “es” extranjero por esencia, sino que “resulta” extranjero cuando el ordenamiento, desde una lógica territorial, le atribuye esa categoría. La pertenencia, por tanto, no es una cuestión moral sino de estatuto personal reconocido por el derecho.

La consecuencia inmediata es sustantiva: la extranjería en Indias se definía, de entrada, por referencia a Castilla como reino rector. Dicho de otro modo, no se trataba de una extranjería «virreinal» o «local», sino de una extranjería respecto de los reinos que proyectaban su régimen personal sobre los territorios incorporados. En este marco, la figura que explica la integración y sus efectos personales es la accesión. La doctrina indiana que recoge Oropeza distingue entre «reinos unidos» (con una misma naturaleza, sin extranjería interna) y «reinos separados» (con naturaleza distinta y extranjería recíproca). Y, en ese esquema, afirma: «Mediante la figura de la accesión, se unieron las islas Canarias y (no sin discusión) las Indias» (Oropeza Chávez, 2018, p. 17). El inciso “no sin discusión” no debilita el argumento: revela que la disputa fue sobre el título y la técnica de integración, no sobre la realidad funcional de la proyección del régimen personal. Si Indias se integra por accesión, entonces el aparato conceptual de naturaleza/extranjería se vuelve aplicable de manera coherente a los nacidos y residentes en los territorios americanos.

Este punto es decisivo para nuestra tesis, porque permite enunciar la continuidad de la nacionalidad española de los cubanos como continuidad de estatuto personal. No se trata de afirmar que Indias era «igual» a Castilla en todo (nadie serio sostendría eso), sino que, en lo que aquí importa —la adscripción personal al cuerpo político—, el ordenamiento opera con categorías integradoras. La pertenencia no surge por una concesión tardía del siglo XIX; se asienta en una tradición institucional que arranca con la propia construcción jurídica de la Monarquía en ultramar. ¿Qué quiere decir esto? Que

La prueba más útil para un alegato de continuidad no es, sin embargo, una declaración abstracta, sino una regla operativa que muestre que el nacimiento en ultramar podía computar, jurídicamente, como nacimiento dentro del marco de la naturaleza. En ese sentido, retomo el análisis de la real cédula de 8 de febrero de 1505. Allí se recoge que ciertos extranjeros avecindados con bienes raíces, matrimonio de larga duración y asiento en los reinos podían «pasar por naturales como hijos que hayan nacido» (Archivo General de Indias, 1505/8 de febrero, como se cita en Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Oropeza subraya además un elemento capital para el hilo indiano: «los hijos de esos extranjeros nacidos en los reinos castellanos (lo cual incluye a la isla La Española) también serían considerados naturales» (Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Aquí se condensa un argumento que, bien trabajado, es demoledor contra cualquier tesis que pretenda presentar a los nacidos en el Nuevo Mundo como sujetos políticamente «externos» por definición: desde los albores del régimen indiano, un territorio americano podía computar en la lógica de reinos para efectos de naturaleza. Si el ordenamiento admite ese cómputo, la pertenencia política de los naturales de ultramar deja de ser una construcción tardía y se convierte en una continuidad histórica jurídicamente rastreable.

La otra pieza que conviene fijar es la distinción entre autorización puntual y cambio de estatuto. El derecho indiano conoció licencias y mercedes para actividades específicas, pero cuando se pretendía consolidar pertenencia con plenitud de efectos se acudía a la carta de naturaleza. Y aquí la autora es inequívoca: «la carta de naturaleza era constitutiva y no declarativa de derechos» (Oropeza Chávez, 2018, p. 149). Es decir: no bastaba el arraigo sociológico; la naturaleza existía cuando se estaba en titularidad de la carta. Esto muestra, a la vez, que la pertenencia era un instituto serio del estatuto personal y que el sistema disponía de mecanismos jurídicos para integrar; no era un régimen diseñado para mantener, como regla, a los ultramarinos en una condición política degradada.

Con estas bases, el puente hacia Cuba se vuelve estrictamente jurídico. Cuba, como territorio indiano de la Monarquía, se inserta en el mismo universo normativo donde la pertenencia se articula mediante naturaleza, donde la extranjería se imputa desde una lógica territorial (Oropeza Chávez, 2018, p. XXX), donde Indias se integra por accesión (Oropeza Chávez, 2018, p. 17) y donde el nacimiento en territorio americano puede operar, en contextos relevantes, como nacimiento dentro del circuito de naturaleza (Oropeza Chávez, 2018, p. 132). Por tanto, sostener que los cubanos carecen de una continuidad de nacionalidad española previa a 1898 equivale a negar la propia racionalidad histórica del estatuto personal indiano. La nacionalidad española de los cubanos —en tanto continuidad funcional de la naturaleza— no es una invención de última hora: es un derecho consolidado por siglos de integración jurídico-institucional.

Y precisamente aquí se revela la naturaleza real del artículo IX del Tratado de París de 1898: no es una simple “reordenación” de pertenencias por traslado de soberanía; es una ruptura impuesta sobre un estatuto personal previamente consolidado. Si durante cuatro siglos la pertenencia se estructuró como condición personal (naturaleza) dentro de un orden que integró Indias por accesión y que admitió, desde temprano, el cómputo ultramarino para efectos de naturalidad, entonces la desnaturalización producida por el artículo IX opera como una amputación jurídica: corta por acto internacional un vínculo personal que no era mera expectativa, sino titularidad. Esto es lo que tu libro puede y debe afirmar con precisión: en 1898 no se apaga un vínculo reciente; se vulnera un derecho consolidado por cuatro siglos.

En el Antiguo Régimen, naturaleza funciona como ciudadanía histórica; y el artículo IX, leído desde esa continuidad, deviene un acto de disposición masiva sobre la condición personal, con consecuencias de desposesión, lo cual convierte un agravio histórico en un problema jurídico de primer orden.

Referencias

Archivo General de Indias. (1505, 8 de febrero). Real Cédula al doctor Sancho de Matienzo y a Francisco de Pinelo, tesorero y factor de la Casa de la Contratación, en respuesta a carta al secretario Gaspar de Gricio sobre diversos asuntos relativos a mercancías de extranjeros, entre otros temas [Manuscrito]. Sección Gobierno, Indiferente General, Indiferente, 418, L.1, ff. 145v–146v. Sevilla, España. (Citada en Oropeza Chávez, 2018, p. 132).

Oropeza Chávez, A. B. (2018). La extranjería en el derecho indiano: De las Partidas a la Recopilación de 1680. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. ISBN 978-607-30-1131-0.

La entrevista provocó el comentario crítico de Eddie Ortiz, amigo de esta casa, del tenor siguiente:

«Quiero responder con respeto a los comentarios de Maikel sobre Puerto Rico. Primero, es importante reconocer algo fundamental. Muchos cubanos, incluyendo a Maikel, sienten una profunda gratitud hacia los Estados Unidos porque este país les brindó oportunidades y estabilidad. Esa experiencia merece respeto y cada persona tiene derecho a sentirse agradecida por el país que le abrió las puertas. Sin embargo, la experiencia personal o el agradecimiento individual no pueden utilizarse para definir la realidad política de Puerto Rico ni para minimizar las condiciones estructurales bajo las cuales viven los puertorriqueños. El análisis de Puerto Rico debe basarse en su realidad legal y política, no en percepciones personales ni en comparaciones generales.

Independientemente del término que se utilice, colonia o territorio describen la misma condición legal. Puerto Rico no es soberano, no es igual a los estados y está sujeto a la autoridad plenaria del Congreso de los Estados Unidos. Bajo la ley federal y las decisiones del Tribunal Supremo, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él en igualdad de condiciones. Tanto una colonia como un territorio comparten la característica esencial de estar bajo el control de otra nación sin plena autonomía política. Cambiar la terminología o llamarlo una anomalía no cambia la naturaleza de la relación.

También es importante aclarar el argumento sobre los plebiscitos. Con frecuencia se afirma que los puertorriqueños han decidido mantener su estatus, pero lo que muchos no entienden es que ninguno de los siete plebiscitos celebrados ha sido vinculante. Todos fueron creados y financiados por el gobierno local y ninguno fue autorizado ni comprometido por el Congreso de los Estados Unidos. La única entidad con autoridad para cambiar el estatus político de Puerto Rico es el Congreso. Mientras el Congreso no convoque o se comprometa a un referéndum vinculante, estos procesos no representan una verdadera autodeterminación. En la práctica, han funcionado como herramientas políticas internas para movilizar votantes sin consecuencias legales reales.

Cuando se afirma que Puerto Rico no está oprimido, es necesario entender que la opresión moderna no siempre se manifiesta con fuerza militar o represión visible. También existe a través de estructuras legales donde las decisiones fundamentales son impuestas sin representación democrática plena. Puerto Rico está sujeto a políticas federales que ningún estado enfrenta. Entre ellas se encuentran el Acta Jones, que encarece el costo de los bienes al restringir el transporte marítimo; la ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo no electo con autoridad superior al gobierno local; la aplicación de leyes federales sin representación con voto en el Congreso; la ausencia del derecho al voto presidencial; las limitaciones para negociar acuerdos comerciales o relaciones internacionales; la imposibilidad de establecer políticas económicas soberanas; y programas contributivos como el Acta 60 que favorecen a inversionistas externos mientras muchos residentes locales enfrentan presión económica y desplazamiento. Cuando una población está sujeta a decisiones tomadas por autoridades que no puede elegir ni remover, existe una forma clara de subordinación estructural.

El argumento de que Puerto Rico está mejor que otros países de América Latina también debe analizarse con cuidado. La apariencia de desarrollo no equivale a estabilidad económica ni a bienestar general. Más del cuarenta por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza, la migración masiva ha reducido significativamente la población, miles de escuelas han cerrado, los servicios de salud se han debilitado y muchos trabajadores ganan menos de veinticinco mil dólares al año. Industrias altamente rentables, incluyendo el sector farmacéutico, operan bajo incentivos contributivos especiales mientras los salarios locales permanecen bajos. Tener alimentos disponibles o infraestructura moderna no significa que la economía esté funcionando para la mayoría de la población.

La migración tampoco debe presentarse como una ventaja estructural. Los puertorriqueños no abandonan la isla simplemente porque pueden hacerlo, sino por la falta de oportunidades económicas, la escasez de empleos, el cierre de escuelas y hospitales y la inestabilidad general. Una migración masiva y sostenida no es un beneficio, es una señal clara de debilidad estructural.

La diferencia fundamental entre Puerto Rico y los países de América Latina es la soberanía. Las naciones latinoamericanas pueden negociar tratados, establecer su propia política económica, definir sus relaciones internacionales y tomar decisiones sin la aprobación de otro país. Puerto Rico no puede hacer ninguna de estas cosas sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la raíz del problema.

Reconocer las oportunidades que ofrece Estados Unidos y sentir gratitud por ellas es válido a nivel personal. Pero el análisis político debe hacerse sobre la base de la estructura legal, los poderes reales y las limitaciones existentes. Gratitud y realidad política no son lo mismo. Cuando se examina el sistema en su totalidad, las limitaciones de soberanía, la subordinación estructural y la desigualdad política de Puerto Rico no pueden negarse.»

Mi respuesta

Gracias, Eddie; aprecio el tono de tu comentario y lo tomo con la seriedad que merece. Empiezo por reconocer lo obvio: Puerto Rico no es soberano, no es un estado, y su relación con Estados Unidos está jurídicamente subordinada al poder del Congreso, lo cual no puede arreglarse con eufemismos. Llamarlo «territorio» no lo convierte en «igual», y llamarlo «colonia» tampoco lo convierte automáticamente en África de 1900. Son marcos distintos, pero el problema de fondo —la desigualdad política— existe.

En lenguaje político se usan como armas, pero históricamente “colonia” describe un tipo de dominación imperial con jerarquías raciales y economías de extracción, sobre todo después de la Conferencia de Berlín. Puerto Rico hoy vive una anomalía constitucional, sí, pero también tiene ciudadanía estadounidense, libre movilidad, derechos federales aplicables, tribunales federales, y un nivel de integración institucional que no encaja en el molde colonial clásico.

Por otro lado, hay que tener cuidado con las frases totalizantes «todo está bien», En re4lación con los plebiscitos, es cierto que no son vinculantes, pero tampoco son irrelevantes. Es decir, el hecho de que no sean vinculantes, o que no hayan sido vinculantes, no les resta legitimidad. Han mostrado por décadas que no hay fuerza para la independencia, por lo tanto, el argumento de la soberanía no tiene relevancia ninguna. Hay un elemento que me preocupa, y es que si defendemos a capa y espada que España no tuvo colonias en América, y para ello damos una serie de elementos históricos, jurídicos, etc., la misma vara ha de funcionar para EE. UU., en lugar de apelar a las emociones. Yo no he dicho ni que a Puerto Rico «le va bien», ni que «la emigración es una ventaja». He dicho que los boricuas pueden perfectamente fijar su residencia en cualquiera de los estados de la unión, y eso, sí es una ventaja que no tiene ningún país hispanoamericano, cuyos habitantes muchas veces no tienen la posibildidad ni siquiera de plantearse emigrar.

Por último, te agradezco tus comentarios y tu visión, lamento que tanto tú como otros miembros de este foro dediquen cuartillas a una opinión de una persona que no es especialista en el tema, en un programa sobre Cuba y EE. UU., en el que PR fue un tema tangencial, absolutamente periférico.

Es verdad que uno no tiene que tener una opinión sobre cuanto acontece en el mundo. Es verdad también, como me decía mi abuela, «calladito te ves más bonito», pero a veces hay que hablar, y hay que alzar la voz, porque el silencio se vuelve complicidad, y porque si quiero «ser justo», como manda mi moto, y si yo espero tocar el corazón de quienes me leen (por improbables que fueren esos lectores), también debo ser capaz de la empatía, y del sentido común, pero sobre todo porque es un tema que no me es tan ajeno. Así que aquí va, y que salga el sol por do saliere.

En los círculos hispanistas se ha condenado la captura del terrorista, narcotraficante, dictador, y asesino de Nicolás Maduro, y de su esposa, otra que bien baila. Uno de esos artículos ha sido escrito por Marcelino Lastra. Lo pueden consultar aquí.

Marcelino Lastra intenta ganar el argumento con una jugarreta retórica: instala la idea de que la diferencia “fundamental” entre el chavismo y el régimen anterior sería, en esencia, una diferencia porcentual entre indicadores económicos. Ese encuadre es un reduccionismo peligroso —por no decir doloso— porque borra aquello que define a un régimen autoritario: la violencia política sistemática y la negación organizada de la agencia ciudadana.

El artículo del señor Lastra pivota en tres ideas esenciales: que el chavismo se condena (o se «explica») casi exclusivamente por el deterioro de unos índices socioeconómicos comparados con 1998; que María Corina Machado no es una dirigente política con agencia propia y respaldo real, sino un icono «fabricado» por el exilio y funcional a una intervención extranjera; y que Trump, aun cuando ejecuta el golpe decisivo, queda moralmente inhabilitado porque arrastra la «culpa heredada» de prácticas sucias de administraciones anteriores. Un truco sucio es querer desplazar el juicio sobre la tiranía desde la represión, la tortura, el fraude y la negación sistemática de la voluntad popular hacia un debate de porcentajes y coherencias morales ajenas; y así, al desacreditar simultáneamente al régimen caído, a la principal líder opositora y al actor externo que lo derriba, el lector termina sin héroes, sin legitimidades y, casualmente, solo con una consigna huérfana: «unidad hispana», sin programa. Este artículo del señor Lastra es un insulto a cualquiera que pueda hacer memoria elemental.

Los números importan. Pero cuando se usan para desplazar el aspecto humano, huele raro… El chavismo no es, ante todo, un problema de «índices fríos». Es un aparato de coerción. Y eso no es un eslogan: es lo que describen, con nombre y apellido, mecanismos internacionales de investigación. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos, ha documentado patrones de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones de corta duración, violencia sexual y un plan coordinado para silenciar a críticos y opositores.

Omitir esto es ser consciente de una complicidad sospechosa con fuerzas que no respetan derechos humanos.

Hablemos del Helicoide, por ejemplo, no como metáfora literaria, sino como un lugar que aparece recurrentemente en denuncias de malos tratos y tortura vinculadas al aparato de inteligencia. Usted puede discutir matices, contextos y responsabilidades individuales, pero no puede barrer el tema debajo de la alfombra y pretender que la discusión central es cuánto subió o bajó un indicador.

Tampoco menciona la represión letal, la violencia política, la persecución persistente, el encarcelamiento arbitrario como forma de gobierno. Ese silencio no es neutro. Y cuando se reordenan prioridades así, el lector termina creyendo que el problema principal de Venezuela es una cuestión de «gestión» y no un elemento estructural del sistema, enquistado a sangre y fuego. Pasar eso por alto es muy peligroso.

Luego está el éxodo. Si quiere un dato duro —ya que tanto le gustan— aquí está el más demoledor: el número de refugiados y migrantes venezolanos ronda los 7,9 millones, según datos consolidados por gobiernos y recogidos por ACNUR. Eso no es un «indicador económico» más. Millones no abandonan su país por una discusión académica sobre modelos productivos. Se van cuando el Estado deja de ser el hogar natural de esas personas, cuando se vuelve hostil.

Otro punto grave de su enfoque es lo que insinúa. Sugerir que la celebración masiva de la caída de Maduro sería señal de «confusión» popular es de una bajeza especialmente perversa: disminuye a los venezolanos, los infantiliza y les arrebata su agencia política, como si la libertad solo pudiera ser interpretada por analistas iluminados. No, señor Lastra. La agencia es consustancial al ser humano. Un pueblo que ha vivido persecución, censura, cárcel, hambre, familias rotas y exilio no «se confunde» cuando celebra el fin de un tirano. Negarle esa capacidad es repetir, con otro tono, la misma lógica paternalista de los regímenes que se creen dueños del país con aquello de que «el pueblo no entiende».

¿Y qué pasa con el fraude electoral para enmascarar la voluntad popular? Usted, señor Lastra, tiene todo el derecho de estar en las antípodas políticas de la oposición venezolana, como es evidente que lo está, pero no reconocer ese triunfo electoral demuestra que anida en usted un profundo desprecio por la democracia, que no tiene nada que ver con ser de izquierdas o de derechas, de arriba, de abajo o del costado.

María Corina Machado no es una figura decorativa. Fue el rostro más visible de una estrategia opositora centrada en una elección en condiciones muy adversas, y aún así esa mujer logró demostrar el fraude obsceno del gobierno. ¿O me va a decir usted, señor Lastra, que también las actas son huecas? Tras las presidenciales de 2024, el Centro Carter afirmó que esa elección no cumplió estándares internacionales de integridad y que no podía considerarse democrática, al subrayar la falta de publicación de resultados desagregados por mesa, como una ruptura grave de principios electorales elementales. En paralelo, Associated Press reportó que un grupo independiente de expertos electorales legitimó las actas presentadas por la oposición como prueba de la derrota de Maduro, y análisis periodísticos basados en esas actas pusieron en duda los resultados oficiales. WOLA, por su parte, describió el proceso en un entorno de condiciones injustas y cierre del espacio cívico.

¿O es que vamos a desconocer así, de manera tan grosera, la voluntad popular?

Usted puede discrepar de líderes opositores, de estilos, de coaliciones. Pero despreciar la evidencia y, peor, despreciar al pueblo que se aferra a esa evidencia para defender su voto, es de un cinismo mayúsculo, tanto más cuando viene disfrazado de razonamiento.

Ahora bien, sobre el episodio que enmarca su artículo —la caída y captura de Maduro— hay una discusión seria que conviene no simplificar. Reuters reportó la detención y el traslado a Nueva York, y también el debate internacional sobre la legalidad del operativo, incluso en el marco de Naciones Unidas. Yo no tengo problema en reconocer el dato político: millones respiraron aliviados y celebraron. Y sí: gracias, presidente Trump, por haber puesto el capital político sobre la mesa cuando tantos prefieren la prudencia cómoda. Pero una cosa es agradecer el desenlace y otra canonizar cualquier método como si la fuerza, por sí sola, fuera legitimidad. Precisamente porque yo pienso en Cuba —y en cualquier tiranía como la iraní— conviene recordar no se trata aquí de legitimar el uso de la fuerza, sino que éste debe tener un sustrato doctrinal, una evidencia sólida, y en el caso de las tiranías mencionadas, es abrumadora.

Por último, su solución «hispanista». Aquí coincido con una crítica esencial: es, como mínimo, éticamente cuestionable proponer el hispanismo como salida cuando carece de programa político. Sin instrumentos, plazos, alianzas y mecanismos verificables, el hispanismo no pasa de ser una construcción estética, y aquí voy un poco más allá: usted, señor Lastra, que lleva no sé ni cuántas décadas supuestamente en el hispanismo, ¿con cuánta doctrina hispanista ha contribuido usted? Si la unidad iberoamericana es su horizonte, perfecto: escriba el plan. Cooperación consular y documental; recuperación de activos y anticorrupción transnacional; garantías electorales mínimas; protección regional del asilo y del refugio; reconstrucción institucional gradual. Sin eso, su «unidad» es una palabra bonita para encubrir vacío. Y lo peor: con una espantosa tranquilidad normalizamos esa vacuidad… y esa mediocridad.

Este artículo sí lo escribo para defender la democracia y los derechos humanos. Claro que sí. Lo escribo para defender la libertad; pero sobre todo la dignidad humana de quienes viven bajo regímenes totalitarios. Si su análisis reduce Venezuela a números, mi respuesta es que los venezolanos, que en su inmensísima mayoría están muy felices de no tener al Bigotes pistolero en Miraflores, no son estadísticas, son personas, privadas por casi tres décadas de esa libertad hueca. Yo me fui de Cuba hace casi veinte años y me encanta la libertad hueca, es más de lo que tenía.

Gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

Esta semana quiero compartir un dato concreto: en los últimos siete días hemos recaudado US$426 de los USD$3,500 que inicialmente nos hemos propuesto recaudar para cubrir gastos se van acumulando, que parece que no, pero suman. La campaña fue anunciada en el número anterior, que aquí te dejo:

Lo recaudado no es una cifra enorme, pero sí es una señal clara: hay gente dispuesta a sostener esta causa con hechos. Y eso, para mí, vale doble. Vale por el dinero —que es la médula práctica del esfuerzo— y vale por el mensaje: que no estamos solos, que hay comunidad, y que la idea está caminando.

Como prometí, esto va con transparencia. En los próximos días publicaré un resumen sencillo de ingresos y gastos, y seguiremos avanzando en la separación de funciones para que el control del dinero no dependa de una sola persona: el Presidente ejecuta y administra; el Tesorero aprueba pagos y reembolsos; y para montos mayores, doble autorización.

Gracias a todos los que donaron y a los que compartieron. Si aún no has podido aportar, compartir el anuncio también cuenta: es la manera más rápida de convertir una causa en una voz que se escuche. Seguimos.

Desenfoques y contradicciones en la propuesta de nacionalidad reparativa del Prof. Maldonado

— ¿Pero de nuevo con la misma matraquilla? ¡Ay hijo, ya dale luz a ese ser! Cada cual por su camino que después viene cualquiera a decirte que la tienes cogida con él, como el guanajo ese que te puso que no le quitas el dedo a Maldonado porque no incluyó a los cubanos en su propuesta.
— ¡No, mamá! Me quedan par de cosas por decir. Y sí, a veces siento que estoy gritando bajo el agua. Lo más probable es que ese guanajo no se haya leído ni una página de ninguno de los documentos o artículos que llevo tres años publicando.
— Pero si nadie entiende lo que tú escribes de todas maneras, hijo. Tú estás como la cubana esa de la serie mexicana de los vampiros, que a mi no se me entiende, amisementiendeperfectamentetodo…
— ¡Así mismo! Y ya saltará alguien a decir «qué bien habla el inglés esta muchacha!» Oye, me comí todo lo que quedaba de la natilla. Te quedó rica. Besos.

Cobertura mediática

La propuesta de una «nacionalidad reparativa» para Puerto Rico ha recibido una cobertura inusual y persistente. Para una idea presentada en un entorno académico, su salto al debate público ha sido rápido y ruidoso. Eso no es necesariamente malo. Lo malo es que, cuando el marco mediático se fija primero y el análisis jurídico es relegado o preterido, el debate queda atrapado en consignas: «reparación», «caso único», «lealtad», «merecimiento».1 Y la nacionalidad no debería discutirse como consigna. A continuación una pequeña bibliografía a la mano.

Antecedentes históricos necesarios

En el verano de 2024, un distinguido puertorriqueño cercano al movimiento reunificacionista —llamémosle C— me pide que yo le explique a un abogado que él había procurado los puntos esenciales sobre los esfuerzos que Autonomía Concertada para Cuba (ACC) estaba realizando por la vía judicial, a fin de lograr el reconocimiento de la ciudadanía española para cubanos y puertorriqueños. Confieso que la petición me irritó. No por falta de respeto hacia C, sino por lo que la solicitud implicaba: la comodidad de tercerizar la lectura y el estudio de un expediente serio en alguien que, en esencia, ya había organizado el material, lo había publicado y lo venía defendiendo públicamente desde hacía años.

Aun así, le respondí con cortesía: con mucho gusto podía enviarle al abogado el texto de la petición, y además tenía a su disposición el pódcast, el boletín de ACC y el cuerpo doctrinal que sostiene esta causa desde hace más de un siglo: Ferrán Núñez, el marqués de Cervera, Rafael María de Labra, y tantos otros. Lo mínimo que uno puede exigir, cuando se habla de nacionalidad y de un hecho jurídico como la desnaturalización de 1898, es lectura. Hay que sentarse a leer. Envié la información prometida a C y supe luego que pasó una larga temporada en España. Cuando me negué rotundamente a apoyar o a ser parte de ese circo, la llamada telefónica de C con el propósito de que limase asperezas con Maldonado confirmó la existencia de ese nexo.

Ese episodio personal no lo traigo por anécdota, sino porque revela algo más profundo: el modo en que ciertos sectores desean aproximarse a la cuestión de la ciudadanía española. Quieren el resultado sin el proceso; el titular sin el rigor de la arquitectura jurídica; el «argumentario» sin el esfuerzo previo y casi ciclópeo de integrar historia, doctrinas, legislación para la síntesis de un producto que se opone a los discursos narrativos de Estados Unidos, España y Cuba. Y en ese ambiente, donde muchos quieren soluciones rápidas y símbolos rentables, prosperan propuestas como la «nacionalidad reparativa»: un producto narrativo listo para consumo mediático, aunque su sustancia jurídica sea más que discutible, dañina.

A fines de octubre de 2024, aparece un artículo en un periódico que hace referencia a la «nacionalidad reparativa» como punto central de la ponencia del profesor Maldonado en un congreso —sin penas ni glorias— organizado por la Universidad Carlos III. Lo llamativo aquí es que resulta muy difícil establecer una relación razonablemente lógica entre la propuesta de nacionalidad reparativa y el título de la ponencia que se presenta al congreso. Dicho en otras palabras: además de que el mencionado título es un pleonasmo en toda regla, sobre todo si se compara con los otros títulos presentados, resulta bastante arduo, o yo diría sospechoso, que de una conferencia intitulada Preferencias histórico-culturales en el derecho español de nacionalidad desde el prisma de las relaciones exteriores,2 salga una propuesta de nacionalidad «reparativa» sólo para los boricuas, basado en circunstancias muy especiales, encima con todo un andamiaje justificativo en hechos históricos inconexos o que deliberadamente falsean la realidad y conclusiones que apelan a una moralidad teleológica absolutamente disparatada.

Una cosa es presentar una reflexión académica sobre «preferencias histórico-culturales»3, para darle sentido a la palabra compuesta) en el derecho de nacionalidad, y otra muy distinta es salir del aula con un dispositivo político completo, con lemas, con marco moral, con destinatarios privilegiados y con exclusiones implícitas. Eso no parece el producto espontáneo de una ponencia; parece un paquete ya armado, esperando el momento de ser lanzado al debate público con la cobertura adecuada. Intuyo, sospecho, atisbo alguna relación entre la información que entregué a C en el verano, para un abogado, y la versión con la que se descuelga Maldonado unos meses más tarde.

Y cuando algo entra al debate público de esa forma tan atropellada —con cobertura inusual, repetición de consignas y un relato hecho a la medida de los boricuas, con errores jurídicos e históricos notables— conviene preguntarse: ¿qué se está vendiendo exactamente? ¿Quién o quiénes se benefician de la recepción de esta idea?

En la próxima sección entraré en la sustancia: por qué el concepto de «reparación» aplicado a la nacionalidad es peligrosamente maleable; cómo la inclusión de un criterio de «lealtad» que nunca ha pertenecido a la institución de la nacionalidad, transforma ese derecho en una recompensa; y por qué una medida verdaderamente reparativa, si pretende ser coherente con el principio de igualdad, no puede escoger arbitrariamente a unos desnaturalizados en detrimento de otros, con nuevo lenguaje, la misma discriminación que dice corregir.

Nacionalidad emocional y jurídica

Hay que separar planos. En lo humano y simbólico, es comprensible que muchos puertorriqueños deseen reconectar con España, y una forma de hacerlo es mediante la solicitud de la nacionalidad, y aunque es una sola, hablemos de dos vertientes: una de ellas tiene un componente que está mediado por la cultura, llamémosle, con fines didácticos, nacionalidad emocional o emotiva. Cuando algunas personas dicen que la nacionalidad debe darse a quien ame el país, es decir, que el elemento afectivo sea condición sine qua non, vamos a referirnos a una nacionalidad emocional.

En el ámbito jurídico, la nacionalidad se rige por normas de derecho municipal, o sea, de naturaleza pública, y que vinculan en una sola categoría a todos los habitantes de un Estado, cuya consecuencia más notable es que ese vínculo genera un estado civil con consecuencias muy específicas que vienen determinadas por la ley, y que incluyen derechos de participación y un conjunto de deberes. Si se invoca «reparación», el estándar debe ser más alto: debe haber método, fuentes y criterios compatibles con los principios de igualdad que han sido constitucionalizados.

El profesor Maldonado argumenta que Puerto Rico constituye un «caso único, singularísimo y especialmente sangrante» y apoya esa excepcionalidad en varios elementos. El más llamativo, por sus implicaciones, es el de la ausencia de una rebelión amplia contra España en el siglo XIX. A esa singularidad añade, además, el hecho de que Puerto Rico no habría tenido una oportunidad de desarrollarse como nación independiente con una nacionalidad propia plena, y una historia constitucional «interina» hasta la carta autonómica de 1897. Con ese conjunto de premisas propone una ley «reparativa» y, para demostrar viabilidad, la modela sobre precedentes legislativos recientes: sefardíes, memoria histórica y memoria democrática.

Mi crítica ha sido desde un inicio diametralmente opuesta a la idea, no a la persona. La idea que promueve el Prof. Maldonado contradice principios constitucionales elementales. Desde que la desplegó en noviembre de 2024 me he opuesto frontal y sistemáticamente a ella. Una cosa es diseñar un procedimiento inspirado en precedentes. Otra distinta es justificar el acceso a la nacionalidad sobre criterios morales, de identidad o de conducta histórica. En un Estado de derecho, una reparación auténtica se basa en un hecho jurídico lesivo y en el universo de afectados. Si el agravio es el Tratado de París (cosa además que asume sin mencionar fuentes, lo que debe ser de rigor), la pregunta relevante es jurídica: quiénes eran españoles conforme al ordenamiento vigente, qué ocurrió con su estatus y cómo se repara hoy, con criterios objetivos, apegados a la ley.

La ausencia o presencia de rebelión no puede ser el mecanismo que legitime el acceso a una ciudadanía reparativa. Si el fundamento es «no se rebelaron», el mensaje implícito es que la nacionalidad se concede como premio a la lealtad y no como restitución de un derecho lesionado. Eso es conceptualmente incompatible con «reparación». Reparar no es premiar; reparar es restituir. Y si la restitución se condiciona a un juicio moral —bastante festinado diría yo—sobre el comportamiento político de nuestros ancestros, la propuesta pierde el carácter reparativo y adquiere uno más asociado a un privilegio, lo cual estaría prohibido por el artículo 14 de la Constitución española que consagra la igualdad ante la ley, porque selecciona a algunos dentro de un universo que estuvo afectado por el mismo tipo de lesión jurídica, y el criterio de selección es la rebelión. El derecho moderno es particularmente sensible a los criterios que discriminan por conducta política, adhesión identitaria o mérito cultural. No es difícil anticipar la crítica: ¿por qué unos sí y otros no, si la lesión que se invoca se presenta como jurídica? Al dejar a personas lesionadas fuera de la selección sin un interés legítimo es moralmente indefendible. Además, es estratégicamente torpe porque el argumento de la rebelión por sí solo no justifica ni la excepcionalidad ni genera un derecho a una reparación, es un argumento diseñado sólo para sacar a los cubanos de la iniciativa, con lo cual, introduce un elemento de mala fe incluso.

El Prof. Maldonado comete un desliz a mi juicio imperdonable, al decir que la nacionalidad reparativa se justifica porque «la mayoría de los puertorriqueños eran medio peninsulares», lo cual es indicativo de un escaso dominio de la materia. Es peligroso y no puede pasar por alto porque este argumento introduce una jerarquización de la españolidad, o sea, el caso de Puerto Rico es excepcional y merecen la nacionalidad porque son más españoles. La peninsularidad no es un marcador de nacionalidad. Si eran españoles, condición monocategorial que no admite gradaciones ni aproximantes, lo eran por condición política y jurídica, no por «porcentaje» de peninsularidad ni por proximidad genealógica a la península. Reintroducir escalas de «más» y «menos» español es un retroceso y, peor, repite la intuición discriminatoria que históricamente degradó a los españoles de ultramar, la misma intuición que el Estado español ha convertido en norma vigente y que desconoce la nacionalidad española originaria de los naturales de Cuba y Puerto Rico antes de 1898.

Desde el punto de vista procedimental o adjetivo, es valioso destacar que la propuesta del Prof. Maldonado incluye plazos, pruebas, exámenes de conocimientos, etc., pero aquí también discrepo del modelo escogido porque lo que ha hecho ha sido copiar cláusula por cláusula el diseño procedimental de la ley de sefardíes, que resuelve una serie de problemas o situaciones propias de esas comunidades, pero que son absolutamente impropias para los descendientes de Ultramar. En ese sentido, la reparación de un derecho fundamental es incompatible con un examen de conocimientos, e incompatible con un procedimiento abreviado o vía preferente para personas que tengan especiales vínculos. Si el Estado español quiere reconocer esos especiales vínculos, para eso existen las técnicas promocionales del Derecho y hay un artículo maravilloso del Prof. Juan Pérez Lledó sobre el tema, La nacionalidad no es para eso.

Insisto en que la ligereza con la que el Prof. Maldonado ha asumido este proyecto se hace patente con el plazo acotado de dos años para solicitar la nacionalidad. La reparación no puede estar sujeta a plazos tan breves si se tiene en cuenta la cantidad de personas que pueden beneficiarse con la ley, la necesaria divulgación sobre la documentación que se exige y la negociación de su identificación sobre todo dentro del sistema de archivos cubano, que presenta un importante grado de deterioro, atraso tecnológico, etc., de tal suerte que las solicitudes se hagan con suficiente tiempo lo cual debe garantizar mejor calidad de los expedientes y menos tiempo de los funcionarios revisando, y que no terminen colapsando el registro civil español o amenacen el adecuado funcionamiento de los servicios consulares.

Una búsqueda preliminar de fuentes habría arrojado el trabajo que por más de veinte años ha realizado Estela Marina Cabrera Pérez al defender una modificación del Código Civil en el ámbito de la ciudadanía que incluya entre sus apartados los supuestos para descendientes de españoles de Ultramar. Pero nada de esto menciona el Prof. Maldonado, como tampoco que el obstáculo más importante para el acceso a la nacionalidad española es la vigencia del artículo IX del Tratado Paz, cuyo último párrafo, curiosamente, prohíbe al legislador español la promulgación que cualquier norma que afecte los derechos civiles y la condición política de los naturales de Puerto Rico. ¿Entonces por qué insiste en una ley y mucho menos reparativa?

Si, según Maldonado, el Estado español tiene un deber moral, entonces no hay ninguna obligación de reparar; pero si luego afirma que «todo está en la ley» y que el derecho «está claro», entonces sugiere que hubo un derecho lesionado y, por tanto, una obligación jurídica correlativa. Ante estas contradicciones en el discurso del Prof. Maldonado, sería esclarecedor consultar la obra escrita; pero resulta que nada ha sido publicado ni presentado a la Mesa del Congreso. Esta falta de transparencia no es un detalle menor: impide verificar fuentes, delimitar el supuesto de hecho y evaluar la coherencia técnica de la propuesta. Y cuando lo que se anuncia es una vía extraordinaria de acceso a la nacionalidad —es decir, una modificación del perímetro de la ciudadanía— la carga de precisión debe ser máxima. Sin texto articulado, sin exposición de motivos formal y sin un respaldo documental comprobable, la «nacionalidad reparativa» queda reducida a un argumento de tertulia: eficaz para titulares, débil para el Estado de derecho.

La conducta opaca del Prof. Maldonado no debe ser recompensada, sobre todo porque su propuesta es un callejón sin salida, y yo pienso peor, creo que es un caballo de Troya destinado a dinamitar toda posibilidad de una triangulación eficaz entre cubanos y puertorriqueños para lograr el reconocimiento de nuestro derecho.

Texto refundido (N.º 67)

La tesis de Maldonado parte de muchos lugares oscuros, como veremos, uno de los cuales es una buena voluntad de las Cortes, es decir, que el Estado español, y como acto graciable, mediante una ley, presumiblemente inspirada en la que en 2015 legisló en materia de nacionalidad para los descendientes de judíos sefardíes, que asimismo la otorgue a los puertorriqueños descendientes de los que en 1898 y en virtud del artículo IX del Tratado de París, fueron despojados de ella. Y aquí empieza el rosario de incongruencias de Maldonado.

Primero: reconoce que la nacionalidad española de los puertorriqueños fue usurpada por el Tratado de París, lo cual a todas luces es un acto ilegal, nulo, que privó arbitrariamente a los españoles de Ultramar de su nacionalidad de origen, es decir, la nacionalidad con la que nacieron. Si la ciudadanía es una relación jurídica entre el Estado y el ciudadano, y sólo el Estado tiene la fuerza, el poder suficiente para causar la pérdida de la ciudadanía, y esa privación causada por el artículo IX genera responsabilidad, y por la teoría de la sucesión de Estados, el Estado español hoy, al menos en lo que respecta a los derechos fundamentales, es responsable por actos y omisiones cometidos por sus antecesores. Maldonado diluye esa responsabilidad al mejor estilo hegeliano al negar su existencia con lo cual, su proyecto no deja de ser un saludo a la bandera, porque como ya dije anteriormente, pero insisto, si no hay responsabilidad, entonces no hubo daño y sin él, ¿qué se va a reparar?

El video que presenta Rafael Maldonado, con su propuesta de «nacionalidad española reparativa» para Puerto Rico, parte de una premisa que conviene analizar con cuidado: la idea de que el caso puertorriqueño es singularísimo, distinto de los demás territorios ultramarinos perdidos por España en 1898, y que por ello merece un trato diferenciado. El orador, con buena retórica y abundante despliegue de erudición, intenta demostrar que Puerto Rico no se rebeló, que permaneció leal, y que fue injustamente despojado de la nacionalidad española por un Tratado de París que se firmó en abierta vulneración del orden constitucional español. Hasta ahí, nada que objetar: esas son verdades históricas. El problema surge cuando se toma esa verdad parcial y se la convierte en argumento político para crear un privilegio jurídico exclusivo para una parte, con malsano olvido de los demás.

España no puede permitirse, a estas alturas, construir una historia a la carta. El despojo de la nacionalidad en 1898 no fue una injusticia exclusiva de Puerto Rico: fue una injusticia general contra todos los naturales de ultramar, incluidos los cubanos, los filipinos y los habitantes de las Marianas, Palaos o Guam —que en buena lid habría que investigar si fueron afectados por la desnaturalización masiva y forzosa—. El artículo IX del Tratado de París no distingue entre unos y otros, y la violación del artículo primero de la Constitución de 1876 afectó de manera universal a quienes habían nacido españoles de derecho. Plantear un reconocimiento parcial —como si Puerto Rico mereciera reparación mientras Cuba debe resignarse al olvido— no es una forma de justicia histórica, sino de reeditar el agravio con otro nombre.

Hay que decirlo con claridad: la autonomía de 1897 fue tan válida en Puerto Rico como en Cuba. Que la insurrección cubana la hiciera a la postre inviable en la Isla Grande no quita el hecho jurídico de que, en ambos casos, se reconoció la condición provincial, con derechos y con voz en las Cortes. Si se acepta que Puerto Rico fue provincia de ultramar, también ha de aceptarse que Cuba lo fue. Si se defiende que el despojo de la nacionalidad fue ilegítimo en San Juan, también lo fue en la Habana. El argumento del «singularísimo caso puertorriqueño» es, pues, una falacia de exclusión que debilita la solidez de la reclamación. No hay nada más peligroso que levantar causas sobre privilegios artificiales, porque convierten la reparación en un nuevo motivo de división.

Otra grieta en el discurso es el uso del paralelo con los sefardíes. No niego la nobleza del gesto de España en 2015, pero el caso sefardí, si bien se trata igualmente de una desnaturalizacion masiva y forzosa, tiene un fundamento distinguible: se trataba de descendientes de súbditos expulsados de los reinos peninsulares medievales, no de ciudadanos en el marco del Estado constitucional moderno, desnaturalizados en abierta violación del texto de 1876. Los naturales de ultramar no precisan «similitud» con los sefardíes: su derecho es más sólido, porque descansa en la legalidad vigente al momento del despojo. Llamarlo «reparativo» es incluso un error conceptual: no se trata de reparar, sino de restituir lo que nunca debió perderse. La nacionalidad de origen no se concede por gracia: se reconoce porque es un derecho fundamental, adquirido e inalienable.

Además, el planteamiento ignora la responsabilidad política de España frente a la integridad de su propio marco constitucional. En lugar de insistir en la excepcionalidad de Puerto Rico, lo coherente es denunciar en su conjunto la nulidad de aquel artículo IX que privó a millones de españoles —cubanos, puertorriqueños, filipinos— de su condición jurídica. Seleccionar un caso y olvidarse de los demás es, en el mejor de los escenarios, una torpeza política; en el peor, una injusticia que reitera la discriminación histórica.

La posición que propone Maldonado en su propuesta de ley reparativa es altamente nociva porque instala premisas falsas para construir una realidad jurídica de conveniencia. Como programa jurídico se queda corto y hasta resulta peligroso: corto, porque no atiende a la totalidad de los afectados; peligroso, porque establece un precedente parcialista, donde la reparación depende del grado de «docilidad histórica» de cada territorio. ¿Acaso el precio de la justicia es la sumisión? ¿Merece más derechos quien no se rebeló? Esa es la conclusión implícita, y es profundamente injusta. He insistido en más de una oportunidad que la ciudadanía no es un premio por la lealtad, no puede operar de esa manera.

El camino correcto, a mi juicio, no es otorgar «nacionalidades reparativas» al por menor, sino exigir la derogación del artículo IX del Tratado de París y el reconocimiento pleno de la nacionalidad de origen a todos los descendientes de los naturales de ultramar. Solo así se salda la deuda, solo así se repara de verdad, solo así se evita que la historia vuelva a repetirse en clave de desigualdad. Los puertorriqueños, sí; pero también los cubanos, también los españoles de Filipinas, y los que lo eran también siendo naturales de las demás islas cedidas. La justicia no puede ser selectiva, ni la historia puede escribirse con favoritismos.

El proyecto de Maldonado, con erudición y buena intención cuestionables, se convierte en una reivindicación a medias que se parapeta en la negación sistemática a los cubanos de ese mismo derecho. Reconoce una herida conveniente, como conveniente y parcial también es la cura que propone. Y las curas parciales, como enseña la historia, suelen ser fuente de nuevas enfermedades. España no necesita parches, necesita coherencia: o todos, o ninguno.

Maldonado tampoco parece haberse percatado —porque no hizo la diligencia debida— de que su proyecto choca frontalmente con el propio artículo IX del Tratado de París. Allí se estableció que la condición política y los derechos civiles de los habitantes naturales de los territorios cedidos a los Estados Unidos serían determinados por el Congreso de ese país. Esto significa, en la práctica, que España renunció a legislar sobre la ciudadanía de los puertorriqueños, transfiriendo esa competencia al parlamento estadounidense. Si esa es la cláusula vigente, entonces las Cortes Generales carecen de facultades para otorgar unilateralmente la nacionalidad española a los puertorriqueños. El proyecto de «nacionalidad reparativa» ignora esta restricción básica, y por tanto incurre en un vicio de origen: intenta legislar sobre lo que el propio tratado quitó de las manos del legislador español.

Muchas gracias a todos,

Maikel Arista-Salado

Fragmento de la entrevista «a seis manos» entre Baudilio Martínez, director de La Voz de Borinquen, Eddie Ortiz, presidente de The National Puerto Rico and Spain Initiative, y servidor conversando sobre los muchos dobleces que el Tratado de París impone a los descendientes de Ultramar, especialmente acerca de cómo se implementa el derecho de opción. De inmediato te dejo la entrevista completa.

Si el hispanismo quiere avanzar una agenda real —que no mueran en las consignas— hay un punto que, a mi juicio, es medular. No es la «reunificación» como palabra grandilocuente, sino la nacionalidad como condición jurídica básica. Lo digo con modestia porque no pretendo erigirme en árbitro del movimiento, pero me cuesta entender que tantos espacios hispanistas pasen por alto lo que, en términos prácticos, puede ser el motor de todo lo demás. Si hay un asunto capaz de ordenar el debate y forzar resultados verificables, es éste.

Ello sostiene un orden lógico: primero la nacionalidad; después, si alguien quiere discutir reunificación o fórmulas políticas, que lo haga, pero como segundo capítulo. Pretender «reunificar» sin resolver el problema previo de quién es quién en términos de ciudadanía es construir un techo sin paredes. No es que desprecie el horizonte reunificacionista; al contrario, lo considero no solamente una consecuencia posible y deseable, sino en el caso cubano, posiblemente la única opción que puede garantizar desarrollo y paz. Pero sin la reparación del agravio jurídico, la reunificación se vuelve un discurso flotante, dependiente del clima político del día. Y yo no estoy defendiendo un favor: estoy defendiendo un derecho fundamental, ilegalmente conculcado por la más nefanda violencia aplicada por EE. UU. sobre España.

El centro de gravedad de todo esto, tal como lo explico, es el artículo IX del Tratado de París. Ahí señalo una fractura que me parece atendible: se introduce una distinción práctica entre españoles, permitiendo una opción efectiva a unos —en el debate se precisa que, en la realidad, a los nacidos en la península— y negándosela a otros, aunque todos eran españoles bajo el ordenamiento previo. Esa distinción no es un tecnicismo inocuo; es el corazón de la arbitrariedad. Porque la ciudadanía, entendida seriamente, no admite grados ni porcentajes: o se es español o no se es. Lo contrario es admitir una ciudadanía de «primera» y otra de «segunda» dentro del mismo sujeto político, y eso no es coherente con la idea misma de nacionalidad, al menos no en el ámbito español.

Para reforzar el punto, traigo una comparación histórica: durante mucho tiempo, en las cesiones territoriales operaba una práctica casi automática —cambia el soberano, cambian las adscripciones políticas— y, con el desarrollo del enfoque humanitario, se instala la lógica de un «derecho de opción», esto es, la posibilidad de que el individuo elija su pertenencia, y que no esté atado a la tierra. Si existe opción, debe existir para todos los afectados, no sólo para un subconjunto definido por el lugar de nacimiento. Si no, lo que se llama «opción» se convierte en una herramienta de ingeniería política: un mecanismo para seleccionar quién conserva continuidad y quién queda cortado.

Esa desnaturalización garantizó que los cubanos quedasen imposibilitados de regresar a su antigua patria. Si se mantiene la ciudadanía, se mantiene una continuidad política que puede tener consecuencias —sociales, demográficas, incluso electorales— y eso es precisamente lo que se intenta impedir. Es una operación magistral que se sella con el apéndice constitucional, es decir, si el artículo IX impide que los cubanos individualmente conserven su ciudadanía española, la enmienda Platt clausura la posibilidad de que el Estado lo haga. Se despoja a una población de su condición para cerrar puertas, neutralizar retornos, impedir que el cuerpo político se reconstituya. Por eso repito que el foco no debe dispersarse: el artículo IX es la «madre del cordero», el punto del que cuelga lo demás.

No se trata de un solo obstáculo. Otro doblez que atenta contra el derecho fundamental de los cubanos a la ciudadanía española es la doctrina administrativa y judicial en España que, según se comenta, ha encuadrado a Cuba y Puerto Rico bajo razonamientos que los degradan a un estatus colonial o los aproximan a categorías posteriores que no les corresponden. Mi respuesta es que ese razonamiento no se sostiene bien si uno mira con cuidado: se apoya en normas que, en rigor, no prueban la inexistencia de ciudadanía. Que un territorio se rija por «leyes especiales» no equivale, por sí solo, a negar la condición de ciudadano. Y subrayo un dato que considero dinamita lógica: si un texto posterior afirma que los naturales de ultramar «perdieron» la nacionalidad, entonces admite, por definición, que antes la tenían. Ese solo verbo —perder— desarma muchos atajos argumentales.

Luego aparece el debate del Sáhara como espejo y como trampa. Se menciona una sentencia de 1999 y una consulta de 2007 que intenta extender por «identidad de razón» ese marco a Cuba y Puerto Rico. Al respecto, objeté dos cosas: primero, que aplicar un esquema posterior a una realidad anterior choca con el principio de irretroactividad (al menos como regla general del orden jurídico). Segundo, que la identidad de razón es falsa, porque Cuba y Puerto Rico no eran territorios bajo administración española, sino que España ejercía la plena soberanía en ambas islas, que formaban con el resto de la península, un solo cuerpo político: hubo representación, elecciones, participación institucional. Si el Sáhara se describe como «territorio español» pero no territorio nacional en cierto razonamiento, ese molde no puede calcarse mecánicamente sobre realidades que sí formaban parte del circuito político español de su tiempo.

Insisto en que aquí no se le está pidiendo a España ningún favor. Si esto se aborda como un asunto de benevolencia legislativa —convencer a diputados, etc.—, se desnaturaliza el problema. Los derechos fundamentales no dependen de la complacencia de turno; su ejercicio y defensa vienen garantidos por el Estado y son los tribunales los órganos encargados de hacerlos valer. Por eso digo, en mi opinión profana, que los tribunales son el vehículo natural. No se está pidiendo limosnas de ciudadanía, sino que esta causa, precisamente, busca lo contrario: reafirmar que se trató de una privación arbitraria y, por tanto, resarcible con medidas efectivas.

Ahora bien, también soy práctico: litigar cuesta. En el intercambio se habla sin romanticismo de dinero, de contratar equipos especializados, de evitar la improvisación. La coordinación entre organizaciones —y la posibilidad de abrir frentes también en tribunales norteamericanos— aparece como un paso lógico en una lucha larga, cuesta arriba, pero no imposible si se sostiene con difusión y estructura.

Cierro, entonces, con una idea que recorre todo el tramo: esto no es un capricho identitario ni una nostalgia teatral. Es una reclamación de coherencia del Estado con su propia historia jurídica.

Lanzamiento de la campaña en GoFundMe

En octubre de 2022 presenté una petición al Consejo de Ministros, usando del derecho fundamental de petición, reconocido en la Constitución española y regulado por ley orgánica. En ella solicité la denuncia del artículo IX del Tratado de París de 1898. Esa petición se ha convertido hoy en una demanda judicial que pende en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, rollo 766/2023.

Ese artículo, impuesto por la Comisión estadounidense que negociaba en París el texto definitivo del tratado, forzó a España a decretar la desnaturalización masiva y forzosa los españoles nacidos en Ultramar, i.e.: Cuba y Puerto Rico.

Desde el advenimiento del régimen democrático, España ha venido sistemáticamente enfrentándose a su pasado con una ejemplar gallardía, al resarcir importantes deudas históricas en los descendientes de aquellos que fueron preteridos, verbigracia, los judíos sefardíes o los emigrados por la guerra civil; pero nadie habla de los casos de Cuba y Puerto Rico, cuyos naturales, españoles de origen por ley y por tradición, fueron despojados arbitrariamente de la nacionalidad que durante 4 siglos ostentó su estirpe.

Se trata de una urgencia impostergable, y es por eso que esta demanda reviste especial importancia, por primera vez en 127 años, es decir, durante toda la vida jurídica del tratado, el artículo IX ha pervivido y pervive hoy como la norma europea más antigua en vigor que legaliza la privación arbitraria de la nacionalidad, lo cual contradice medio milenio de práctica jurídica y medio siglo de normativa y jurisprudencia de los tribunales europeos.

El artículo IX fue ilegal al momento de su firma, pero sigue siendo ilegal hoy. La ciudadanía es un derecho fundamental, el derecho a tener derechos, y su privación arbitraria, una clara violación de normas imperativas de Derecho Internacional general.

Su donación sostiene tres frentes concretos:

1. Batalla judicial: exigen cotejo de jurisprudencia, honorarios a procuradores y abogados, tasas, traslados, etc. En la medida en que aumente la importancia del tribunal, suelen corresponder los gastos y honorarios asociados al litigio.

2. Investigación documental: el acceso a bases de datos, pero por otra parte el mantenimiento de aquellas que genere nuestra investigación genera costos, en cumplimiento de las leyes de protección de datos, así como hospedaje, dominio, etc.

3. Divulgación: porque una injusticia desconocida es vulnerable. Si no se explica, no se entiende; si no se entiende, nadie la defiende; si nadie la defiende, el poder la archiva. La divulgación debe ser cuantitativamente abarcadora y ello implica generar varios modelos discursivos con distintos niveles de complejidad, según aconsejen las particularidades de cada comunidad, pero la idea es llegar a todos, hasta el último cubano.

¿Y qué gano yo con esto?, podría preguntarse:

Que cubanos y puertorriqueños nos reconciliemos con nuestro pasado y con nuestra madre, que se haga justicia con aquellos que perdieron una parte importante de su identidad, que la ley se respete y el Derecho prevalezca, y si encima —¡oh gracia divina!— los cubanos podemos recobrar nuestra libertad, y podemos entrar al primer mundo de la mano de España, y poder seguir leyendo la historia en el mismo idioma en que fue escrita, y leer como propia la poesía que escribieron nuestros abuelos, ¡qué felicidad tan grande! Gana quizá algo más íntimo: la tranquilidad, el desasosiego de haber contribuido a saber quiénes somos, de dónde venimos y de qué pata cojeamos. Es una apuesta por la verdad, que yo llamo «verdad benedictina», al recordar el lema de Benedicto XVI «Cooperatores veritatis».

https://gofund.me/897334abd

¿Qué hace su aporte, en la práctica?

- Mantiene vivo el expediente y bien defendido.
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- Financia la obtención y organización de pruebas.
- Sostiene la comunicación pública con seriedad (no propaganda barata).
- Evita que esta lucha dependa del agotamiento personal de una sola persona.

No le pido una fe ciega. Le pido apoyo consciente. Y le ofrezco algo a cambio: transparencia y credibilidad, ejes centrales de mi accionar.

Ayúdame a ganar esta batalla en defensa de los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la ciudadanía española.

¡Es hora de volver a casa!

Maikel Arista-Salado

Sobre la pérdida de la nacionalidad

Me revienta el eufemismo formulaico de «pérdida de la nacionalidad». El concepto de «pérdida de la nacionalidad» es una construcción legal que existe en muchos ordenamientos jurídicos, entre ellos el español, uno de cuyos exponentes es el tristement célebre real decreto de 11 de mayo de 1901, que en su parte dispositiva, lejos de disponer, declara que los naturales de Ultramar perdieron su nacionalidad. Sin embargo, yo diría que es engañoso como mínimo, ya que se usa indistintamente en situaciones fundamentalmente distintas: por un lado, la pérdida voluntaria, que ocurre cuando un individuo, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, renuncia expresamente a su nacionalidad al adoptar otra, o bien esta pérdida opera por imperio de la ley en el caso que el ordenamiento no contemple la doble nacionalidad. Por otro lado tenemos la desnaturalización forzosa, que implica la privación involuntaria de la nacionalidad, a menudo bajo circunstancias de dudosa legalidad, especialmente cuando se trata de una nacionalidad originaria y no se ha adquirido otra en su lugar. El concepto legal en una situación de esta naturaleza no puede ser el de pérdida, sino privación arbitraria o desnaturalización forzosa. A mi juicio, es imprescindible establecer una distinción clara entre ambos conceptos, al marcar una diferencia meridiana y categórica entre la «pérdida de la nacionalidad» como un acto voluntario, y la «desnaturalización forzosa o privación arbitraria», entendida como un acto lesivo a la dignidad humana y contrario al Derecho internacional. El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha declarado, en fecha tan reciente como 2023 y en respuesta a la desnaturalización forzosa impuesta por el Estado nicaragüense a opositores, que es función del Estado garantir el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia.

Entendemos, por lo tanto, que es un eufemismo insistir en la pérdida de la nacionalidad española por parte de los cubanos y puertorriqueños tras la Guerra Hispanoamericana de 1898. La firma del Tratado de París supuso una desnaturalización forzosa para los españoles de Ultramar. España quedó obligada, en virtud del artículo IX de dicho instrumento internacional, a privar a sus ciudadanos de un vínculo sagrado para lo que carecía entonces, como carece hoy el Estado español, de capacidad jurídica para hacerlo. En la actualidad, diversos movimientos buscan revertir este hecho mediante acciones legales y políticas que demandan la restitución de la ciudadanía española a los descendientes de aquellos despojados en 1898, uno de ellos es el que encabeza Cuba española, con una demanda que pende en la Audiencia Nacional y que por primera vez en 127 años, invita a un tribunal español a revisar la constitucionalidad de dicho artículo.

Este artículo examina la ilegalidad del Tratado de París desde una perspectiva jurídica, la viabilidad de la reivindicación de la nacionalidad española para cubanos y puertorriqueños, y las comparaciones con otros precedentes históricos en los que España ha concedido la nacionalidad a comunidades que históricamente fueron parte de su territorio.

La ilegalidad del Tratado de París (1898)

Uno de los principales argumentos en la reivindicación de la nacionalidad española para cubanos y puertorriqueños radica en la falta de legitimidad del Tratado de París. Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

• Desnaturalización forzosa: El retiro de la ciudadanía española a cubanos y puertorriqueños se hizo sin su consentimiento y sin ofrecerles una opción para mantenerla. Fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad y convertidos en apátridas. El artículo IX del Tratado de París es hoy la norma europea vigente más antigua que promueve la apatridia.

• Corrupción y traición: La clase política española de la época actuó de manera negligente (quizá culposa), al permitir que las antiguas provincias fueran cedidas a Estados Unidos sin respetar la voluntad de sus ciudadanos, voluntad que fue manifestada y debidamente documentada en las elecciones de abril de 1898, en las que participó cerca del 50% del padrón electoral, con una clara mayoría decantada por conservar sus lazos con España.

Estos elementos cuestionan la validez del tratado y abren la posibilidad de una revisión jurídica ante instancias como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, o instancias europeas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Existen antecedentes en los que España ha concedido la nacionalidad a comunidades que históricamente formaron parte de su territorio. Algunos de los más relevantes son:

• Los sefardíes: En 2015, España aprobó una ley que permitía a los descendientes de judíos sefardíes expulsados en 1492 recuperar la nacionalidad española.

• Los saharauis: España ha concedido la nacionalidad a personas del Sáhara Occidental, reconociendo sus lazos históricos con el territorio y recientemente ha admitido a trámite parlamentario una ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los naturales de aquella provincia bajo administración española.

Si bien estos casos tienen características particulares, demuestran que España ha reconocido su responsabilidad histórica con antiguas comunidades. Bajo esta misma lógica, los cubanos y puertorriqueños deberían poder optar por la nacionalidad española.

Nacionalidad española de los saharauis

Recientemente, el Congreso de los Diputados admitió a trámite parlamentario una proposición de ley para otorgar la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a aquellas personas nacidas en el Sáhara occidental durante la administración española. El País y El Mundo reportaron sobre este notable acontecimiento con algunos tímidos comentarios. Aquí te presento algunas ideas sobre su repercusión en relación con los esfuerzos de Cuba española para lograr lo mismo para los descendientes de los españoles desnaturalizados de Ultramar. Bifurcación del análisis de los efectos para cubanos y puertorriqueños que podría tener la aprobación de dicha proposición de ley en materia de adquisición de la nacionalidad española de origen:

(1) teoría de la identidad de ratio: el criterio interpretativo vigente impuesto por una Consulta de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) de septiembre de 2007, establece que existe una identidad de ratio entre el Sahara y los territorios de Ultramar como Cuba y Puerto Rico antes de 1898, por lo tanto, si las Cortes determinan que los saharuis nacidos bajo administración española tienen derecho a la nacionalidad, entonces, por esa presunta identidad de ratio, también lo tendrían cubanos y puertorriqueños nacidos antes de 1898, incluso diría antes de 1902 para evitar la apatridia. Este es el statu quo. Si se aprueba, al ser más favorable, podría aplicarse retroactivamente a casos pendientes.

Este es el criterio interpretativo que aplica el Estado español a día de hoy, a pesar de que, a mi juicio, es completamente ilegal, incluso prima facie, y me cuesta trabajo entender cómo es posible que una consulta de la DGRN tan notablemente deficiente y vulneradora de derechos fundamentales se haya mantenido en plena vigencia por pasi dos décadas, y que en todo ese tiempo ningún catedrático de Derecho constitucional —de casi una centena—, ningún fiscal —de más de dos mil—, ni ningún Defensor de los muchos pueblos que conforman la nacionalidad española, haya dicho jamás un ¡ay!, con lo cual se consolida una vulneración estructural del Estado español con respecto del disfrute del derecho humano a la nacionalidad.

(2) teoría de la soberanía: España no fue potencia administradora en Cuba y Puerto Rico, sino que ejerció soberanía plena, renunciada en uno y otro caso por el Tratado de París. Si una administración de territorio puede generar lazos de ciudadanía, entonces los de la soberanía plena son indiscutibles, porque la soberanía plena presupone un lazo de mayor peso, importancia o entidad que los de una administración. Por lo tanto, el parlamento español vendría obligado a reconocer la ciudadanía española para cubanos y puertorriqueños.

Como ya he dicho en otra oportunidad, el artículo IX del Tratado de Paris de 1898, impuesto por los comisionados norteamericanos es inconstitucional por las siguientes razones:
- Reconoce el derecho de nacionalidad solamente a los súbditos españoles naturales de la península, quienes deben acudir a una oficina de registro para declarar su voluntad de mantener la nacionalidad española. España no sólo pare españoles en la península, también existen españoles africanos y españoles insulares, y también, cómo no, españoles ultramarinos como los que por cuatro siglos poblaron las Antillas. El tratado no reconoce el derecho de opción a ningún español natural de Cuba o Puerto Rico, a pesar de que eran ciudadanos de origen.

- Ningún tratado ni ningún gobierno puede obligar a ningún español a inscribirse en ningún registro que no sea el Civil, a cuyo cargo se encuentran las autoridades civiles españolas. El registro de la población es una obligación del Estado que no puede delegar ni negociar por tratado. Es una cuestión de soberanía.

- La ciudadanía o nacionalidad española es una relación jurídica que se establece entre el ciudadano y el Estado, en este caso el español, sin que un tercer Estado tenga capacidad jurídica suficiente para intervenir en ella. No es jurídicamente posible traficar la nacionalidad originaria de los españoles en un tratado. La nacionalidad no puede ser nunca objeto de un tratado ni público ni privado. Es un bien no disponible. Su adquisición es ius cogens, que no admite derogación ni por tratado, con lo cual, todo el artículo IX es inconstitucional.

- La aplicación del art. IX del Tratado de Paz supuso la desnaturalización masiva y forzosa de todos los españoles naturales de Ultramar, al no poder ni siquiera ejercer el derecho de opción. Al ser esos españoles despojados forzosamente de su nacionalidad originaria y convertidos en apátridas, tanto el Estado norteamericano al imponer esa pena, como el español en su aquiescencia, incurren en responsabilidad internacional.

- Forzar de manera dolosa la apatridia de los españoles naturales de Ultramar es crimen de lesa humanidad, habida cuenta que la ciudadanía es el derecho a tener derechos.

- La desnaturalización masiva y forzosa de españoles originarios de Ultramar nunca fue transcrita al Registro civil, y por lo tanto, carece de un elemento esencial para su validez, tal y como lo ordena la legislación en esa materia.

El 6 de marzo pasado se cumplieron 2 meses de haber presentado la Petición de variación del criterio interpretativo relativo a la adquisición de la nacionalidad española de origen de los naturales de Ultramar antes de la entrada en vigor del Tratado de París ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia de España (DGSJFP).

La Dirección General de Registros y del Notariado (antecesora de la DGSJFP), en una consulta de septiembre de 2007, determinó que los territorios de Cuba y Puerto Rico, en materia de su calidad para generar lazos civiles de ciudadanía, tienen la misma naturaleza que los del Sáhara español «por identidad de ratio». Además de nunca probar tal cosa con lo cual hay una vulneración importante de la seguridad jurídica, esta conclusión alcanzada por el mencionado superior órgano administrativo tiene tres problemas insalvables que anulan la teoría de una presunta identidad de ratio: 1º, España ejerció en el Sáhara un dominio cualitativamente inferior a la soberanía plena. En tanto potencia administradora de dicho territorio, ejerció una tutela limitada como consecuencia de un título de dominio de naturaleza contractual, pactada, con jefes tribales nómades, que a su vez tenían vínculos previos con el sultán de Marruecos; 2º, el marco jurídico por el que se regula el Sáhara abarca el siglo XX y tiene como base «quasi-constitucional» las leyes fundamentales del franquismo, por lo tanto, resulta imposible aplicarlo retroactivamente a la Restauración, que tiene su propio marco jurídico que descansa en la Constitución de 1876, la retroactividad de las leyes está taxativamente prohibida por la Constitución española; y 3º, pasa por alto el Derecho positivo español, como la ley de 9 de enero de 1879 o los reales decretos de 2 de abril de 1881 y 25 de noviembre de 1897.

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Maikel Arista-Salado

¿Cómo va la demanda para reconocer nacionalidad española a cubanos? Entrevista de Tania Costa (Cibercuba)

En esta segunda entrevista con Tania Costa (Cibercuba) explico cómo ocurrió la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles de origen por operación del artículo IX del Tratado de París de 1898: los nacidos en Cuba eran españoles de origen, gozaban de los mismos derechos políticos que los residentes en la península; sin embargo, durante las Conferencias de París en las que se «negociaba» el tratado definitivo de paz, la Comisión estadounidense impuso el texto del artículo IX a pesar de las sostenidas protestas de Eugenio Montero Ríos, a la sazón, presidente de la contraparte española. Resulta que a siglo y cuarto de vigencia de dicho tratado, la noción de la nacionalidad española de los cubanos, resulta para nosotros, no ya una novedad, sino una proposición que provoca rechazo en algunos, entre otras razones, porque desmonta varios de los mitos que alimentan el nacionalismo cubano. Dicho en otras palabras: el Estado cubano se sostiene en una lógica moral que presupone el desamparo o la desidia de España con respecto a una Cuba que, en este anecdotario nationalista, tiene que ser una colonia en el sentido más denigrante y limitador.

El éxito casi absoluto de la etiqueta «colonial», y del repertorio de presuntos agravios de España, y por extensión, los españoles, contra los cubanos, no se explica por la robustez de la evidencia histórica —que es débil—, ni por su fortaleza ideológica —cuyos argumentos han sido sistemática, cumplida y repetidamente refutados—, sino por su eficacia política. Insisto en desmontar una de estas premisas ideológicas con las que nos han marcado, como si fuésemos ganado, antes incluso de que podamos tener uso de razón. Cuba no fue una «colonia» en el sentido extractivista y discriminatorio del que se abandera el nacionalismo. Sin embargo, en la Cuba de la Restauración, los cubanos elegíamos representantes al parlamento de la nación a la que pertenecíamos y teníamos voz y voto en la vida local. La España moderna —el Estado constitucional español— nace con los cubanos dentro, como ciudadanos españoles de pleno derecho, lo cual hace tanto más injusto su expulsión del seno político de la patria, expulsión que se mantiene en nuestros días, perpetuada, por ejemplo, por la Consulta de la Dirección General de Registro y el Notariado de 2007.

Insisto también: la independencia es una medida de última ratio, o sea, extraordinaria, porque implica un reacomodo, a veces bastante abrupto, de relaciones previamente consolidadas, y porque en ocasiones devienen ajusted violentos, con importantes pérdidas de vidas. En el caso cubano, la coartada colonial funciona de manera estupenda para justificar la independencia, como si fuera una salida moralmente obligatoria. Aquí opera nuevamente la dicotomía «cabrón de la vida/comemierda» que explicó Guillermo Rodríguez Rivera en su Por el camino de la mar o nosotros los cubanos, citado en el N.º 74 de esta publicación, sólo que, en lugar de ser un individuo, toma forma de cierta relación moral colectiva, en cuya virtud, el colectivo de españoles es solidariamente responsable frente al colectivo de cubanos, por ciertos agravios, explotacoines, represiones, etc.

Todo cubano siente, desde algún lugar de sí, ese reclamo del honor que le insufló el mulato Maceo, el hombre al que él creció oyendo llamar el Titán de Bronce. Pero aquel viejo «que no me jodan», alimentado por muchos años de frustraciones, viene también desde algún lugar de su conciencia para contribuir a la conformación de su ética, que no es únicamente la de tiempos de guerra.
(…) Ello, a fin de cuentas, cimenta su fama de «cabrón de la vida», que es una suerte de envés del «comemierda»—lo pongo en el modo en el que él lo dice, y que resulta muy grosero para un extranjero—es acaso lo peor que, para él mismo, pueda ser considerado un cubano.
El «comemierda» —continúa Rodríguez— es un «perdedor» no por sus defectos intrínsecos, sino porque es manipulado, porque alguien lo usa para su beneficio. El «comemierda» no es que lo sea esencialmente, sino que «lo cogen de comemierda». Hay un error en su apreciación, una tonta ingenuidad en su conducta que el otro le induce a ejercer o que el otro utiliza para aprovecharse de ella. Ser «cogido de comemierda» implica una derrota que daña hondamente la autoestima del cubano.⁴

Llamar a Cuba «colonia» equivale a decir: «nos cogieron de comemierda». La historiografía sitúa a todos los cubanos y sin hacer mayores distingos, en la categoría de víctimas, urgidos de un presunto derecho de desquite que necesita, por definición casi existencial, fabricar un culpable: España/los españoles; que convierte la excusa de la independencia en un imperativo moral kantiano, una salida obligatoria, ineludible, y que descalifica toda disidencia como traición. Para mayor pudor, la voraz propaganda nacionalista se apropió (como se apropia hoy) indebidamente del gentilicio cubano, de tal suerte que, al oponerse al de español, genere apartamientos. Los cubanos dejamos incluso de reconocernos como españoles, todo lo cual ha contribuido sin dudas a profundizar esa deriva o ese corte artificial que produjo la la entrada en vigor del Tratado de París pero en particular, su artículo IX, porque antes de dicha vigencia, todos los españoles de Cuba eran cubanos y todos los cubanos eran españoles.

La operación retórica es simple y diabólica: para vender una ruptura extrema necesitas razones extremas. De ahí el guion: «España oprime, desprecia, conculca derechos». La rapidez con que ese postulado se impone se debe, por un lado, a una campaña publicitaria agresiva y sistemática organizada por el PRC, dirigida con precisión desde la Delegación en Nueva York, que se alimenta de la red de intelectuales y publicistas que Martí había tejido —una auténtica maquinaria de persuasión transnacional, capaz de convertir una opción política en destino inevitable. Y, por el otro lado, se explica por el retraimiento y la fatiga estratégica de la diplomacia española, que sale maltrecha de dos guerras civiles: la de Cuba y la Tercera Carlista. Con un Estado exhausto y una narrativa insurgente en modo ofensiva permanente, el marco interpretativo «colonial» no triunfa porque sea verdadero: triunfa porque quedó sin rival serio.

Por último: con asaz frecuencia publican los periódicos españoles, tanto peninsulares como antillanos de fines del XIX, actos de violencia entre cubanos y españoles, generalmente iniciados por los cubanos contra los españoles, por el simple hecho de ser españoles, con el uso del tristemente célebre machete, machete p’arriba y machete p’abajo, y machete pa to’el mundo. Esos hechos, tomados en su conjunto, y perpetrados a suficiente escala pueden constituir la manifestación física del odio al español que venían desarrollando los grupos rebeldes bajo sus órganos de publicidad, como Patria.

Ese odio al español, una vez establecida la república se convierte en política de Estado. Habría que hablar de la Ley Secades, una ley de 1919 que autorizaba al presidente de la República a despedir a toda persona que, antes de la independencia hubiese apoyado al elemento español.

Luego entramos en la fricción identitaria: si reclamar ciudadanía española te convierte en «antipatriota». Mi respuesta es simple: una cosa no quita la otra. Ser cubano no se anula por reconocerte parte de una tradición política más amplia, igual que un gallego no deja de ser español por ser gallego. Critico el nacionalismo por su lógica de «soy distinto, por tanto necesito un Estado para mí», y defiendo que la cultura —comida, música, costumbres— no prueba la necesidad de una nacionalidad distinta.

Algo más sobre el arquetipo mambí: no puede ser el único molde de nación y que, como se ha contado y glorificado, institucionaliza la violencia. No lo digo para insultar a nadie ni para negar complejidades, sino para exigir una relectura: si queremos un país viable, no podemos construir identidad política sobre el saqueo elevado a epopeya. Y sí, soy consciente: «con eso en la isla ya estaría fusilado». Hay que abrir el debate donde se prohíbe debatir.

La entrevista aterriza después en lo práctico: explico que la demanda busca que un tribunal español examine la constitucionalidad de ese artículo IX y que, si es necesario, el recorrido puede llegar más arriba (constitucional, instancias europeas). Pero esto no lo gana un individuo. Si no se vuelve un estado de opinión, no hay fuerza social que empuje. ¿Qué necesitamos?: difusión, presión cívica y, donde haya comunidad cubana con capacidad política (España incluida), el voto: porque así funciona el poder, nos guste o no.

En relación con la recién agotada LMD, se habla del desastre documental que enfrentan los cubanos con la Ley de Nietos: en Cuba no basta con «soy nieto». Hay trabas adicionales, registros dispersos, archivos difíciles, y un sistema que parece diseñado para agotar a cualquiera. Yo recomiendo método: poner los documentos sobre la mesa, reconstruir hacia atrás (nacimientos, bautismos, impuestos, protocolos notariales, archivos militares, consulados), y dejar la narrativa para después. El funcionario no evalúa cuentos: evalúa papeles.

Aclaramos además un punto sensible: esto no es solo cosa de blancos. Tras la extensión del marco constitucional a Cuba (1881 y el principio de ius soli), los nacidos en Cuba —salvo hijos de extranjeros— eran españoles; y que la ruptura de 1898 fue artificial. Se toca también el tema de las bisabuelas: una española podía perder nacionalidad al casarse con extranjero, pero el cubano no encaja como extranjero en ese régimen histórico; por tanto, el argumento de pérdida no debería operar igual.

Cierro con dos ideas que repito porque me parecen decisivas. 1ª: esto no es solo «conseguir un pasaporte»; se trata aquí de recomponer nuestras historias individuales, y por extensión, las de los pueblos a los que simultáneamente pertenecemos, al resarcir, con un merecido reconocimiento y con arreglo a Derecho, la nacionalidad originaria de una parte del pueblo español que fue ilegalmlente cercenado de su cuerpo político; si con ello, esos españoles cuyos derechos de toda clase han sido conculcados, pueden recobrar su nacionalidad, y con ella, su libertad, no habrá en la historia escrita un acto mayor justicia, y que ese acto, lo escriba España, y concretamente los españoles de esta generación, sería motivo de verdadero orgullo por generaciones. 2ª: la existencia de la demanda judicial, por sí sola, no podrá prevalecer contra el statu quo, alimentado por diversos intereses, entre ellos, el peso de más de un siglo de intereses geopolíticos acumulados, y otro tanto de desidia. Por lo tanto, el éxito depende esencialmente de que podamos, en principio cubanos, boricuas y españoles, articular un estado de opinión que nos obligue a salir del existenciario virtual que hoy ocupamos.

Aquí te dejo la primera entrevista con Tania Costa, publicada el 29 de septiembre de 2025 en nuestro canal de YouTube:

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Según L’Osservatore Romano, «Cooperatores veritatis» fue el motto o lema de Joseph Ratzinger1 como arzobispo de Múnich, que mantuvo tras su elección al solio pontificio, sobre el que reinó como Benedicto XVI (2005-2013). Literalmente significa «colaboradores de la verdad» (3 Jn. 8. 1). En tiempos de tanto relativismo y verdades individuales, el lema rescata la idea de una verdad que no puede ser impuesta, ni someterse al voto de la mayoría, sino que se manifieste como expresión diáfana del culto a la colaboración voluntaria y transversal de individuos, ciudadanos en definitiva. Una verdad que se reconozca y sea servida, y si fuere incómoda, pues que sea, como todo lo que no se deja domesticar.

La verdad debe atravesar todos los ámbitos de la existencia desde la academia —política, derecho, historia, ciencia— hasta la conciencia personal, y los frijoles diarios. La libertad, por lo tanto, es condición esencial para esa verdad. Sin libertad no hay verdad practicable. Donde no hay libertad…

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